El examen de lo que presentan en el actual año de elecciones las plataformas de los partidos políticos con respecto al derecho a la vivienda, las propuestas para una recuperación justa y la situación de las mujeres más allá del asunto de la violencia de género es parte de la agenda de trabajo la organización Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) para el año 2024.
En conferencia de prensa, el equipo de trabajo de ALPR, encabezado por su directora ejecutiva, licenciada Ariadna Goudreau Aubert, y las licenciadas Verónica González y Verónica Rivera, ofrecieron un balance respecto a la gestión del actual gobierno en cuanto al uso de los dineros asignados a Puerto Rico para la reconstrucción por los recientes desastres, en particular lo que tiene que ver con vivienda y otras obras de infraestructura.
La directora ejecutiva de ALPR aclaró que el propósito de pasar balance es tener una perceptiva de dónde se está en el uso de los fondos; no para posicionarse a favor de un u otro candidato. El mensaje, dijo, es mirar un poco lo que han sido las promesas, cómo se ha invertido el dinero en el proceso de reconstrucción, no solo en María, sino por Fiona, los terremotos y el sistema eléctrico. No obstante, reparó en que, de momento, todas esas promesas que ahora surgen de parte del gobernador, Pierluisi, se utilizan como promesas de campaña en un juego de palabras, como proyectos prioritarios y proyectos críticos, los cuales son proyectos de administración.
“Cuando hablamos del dinero de la recuperación o medidas por desastres, se ha convertido en dinero para la obra, para lo que sea que es la obra que se promete”. Al respecto, lamentó que aunque hay más de $58 mil millones en fondos asignados para la mitigación de los desastres de huracanes, terremotos y la pandemia, “no ha habido ni para obra, ni para recuperación”.
En esa dirección, el equipo de ALPR presentó datos de los desembolso de las diferentes asignaciones para que el Gobierno de Puerto Rico atendiese cada uno de las situaciones de desastre que ha enfrentado el país desde el huracán María en el 2017 hasta el presente con la epidemia del COVID. “Amerita conocer la situación actual para entender por qué es importante enfocarnos en garantizar el derecho a permanecer en las viviendas y en Puerto Rico; a no ser objeto de desahucios después de un huracán o terremoto y a tener una vida y trabajo dignos”, señaló la licenciada González Rodríguez, coordinadora de Litigios de la organización. Por ejemplo, el llamado programa R3 (Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación), a noviembre del 2023, había contabilizado 3,900 reparaciones, 1,910 reconstrucciones y 892 reubicaciones. La experiencia ha sido que menos de un tercio de las personas logra su reubicación.
Mientras, el acceso a vivienda mediante hipoteca se ha visto afectado por el aumento de 20 a 40 % en los costos de construcción. El Departamento de la Vivienda otorgó 10,479 nuevas hipotecas en el 2023 y el Programa (público) de Asistencia al Comprador ayudó a casi 7,000 familias.
Un dato que presentó ALPR y que presenta interrogantes sobre la política pública del derecho a la vivienda es el hecho de un aumento de 20 % en los desahucios; 2,528 por falta de pago en el año que acaba de pasar, comparado con 2,042 en 2022. El 31 % de estos desahucios fueron en vivienda pública, y el 56 % eran mujeres. La licenciada Godreau Aubert comentó que muchos de esos desahucios se ejecutan por cantidades de seis, once y cuarenta dólares y que mientras las personas acuden al tribunal sin representación legal, el administrador privado del complejo público paga a abogados privados quienes cobran mucho más que la deuda de las personas.
En el caso de los fondos CDBG-DR por huracanes se han pagado $2.8 mm y el 93 % ya está comprometido en vivienda.
La directora ejecutiva de ALPR alertó de que hay cosas que nunca se van a poder resolver, ya que existe una falta de planificación en los procesos, como por ejemplo, asignación a proyectos que llevan más de 30 años en planificación, que es el caso de la Carretera 10, que de momento se ha convertido en una nueva obra con los fondos de mitigación.
Otro aspecto que trajeron a la atención de la supuesta recuperación es lo que tiene que ver con la reubicación de las personas y las comunidades. “Los datos de reubicación son preocupantes. La mayoría de la gente no ha logrado la reubicación, no consiguen vivienda por muchos factores. Algunos están fuera de las manos del Gobierno, otros no”, indicó la abogada comunitaria, Rivera Torres. Entre los factores, señaló que algunos vendedores no quieren participar del programa, otros prefieren recibir el dinero cash y a eso se añade el aumento en los precios de construcción, lo que provoca que para la mayoría de las familias sea imposible comprar una casa. A pesar de que es la asignación más grande que se ha visto, de los fondos $2.8 mil millones, las monitorías a los contratistas que reciben ese dinero son mínimas. Este mismo señalamiento, indicó, lo hizo el año pasado la oficina del inspector de HUD (Departamento de la Vivienda de Estados Unidos). “Aquí hay una bandera que levantar en ese proceso”.
En tanto, la directora ejecutiva de Ayuda Legal denunció que se puede hablar de falta de transparencia en todos los procesos que tienen que ver con los fondos para la energía.
De cara a las elecciones
La licenciada Goudreau Aubert, explicó que siempre se ha sabido que la pobreza tiene rostro de mujer y que siempre que se atiende el tema de la mujer es desde el tema de la violencia doméstica. Pero aunque, “la violencia doméstica es uno terrible, devastador, ver a las mujeres solo como víctimas de violencia doméstica es olvidarse de otros aspectos. Las mujeres son también actoras dentro del proceso del derecho a permanecer. Con eso en mente, hablamos de esa fuerza trabajadora de las mujeres, el 40 % según datos del 2022”.
Al respecto, anunció el inicio de una Unidad de Trabajo Digno, una iniciativa de educación, apoyo legal y representación legal a mujeres en situaciones laborales. De cara a las elecciones 2024, Ayuda Legal planteó que entre los temas que entienden ameritan convertirse en compromisos electorales dirigidos a vivienda, trabajo y rendición de cuentas gubernamentales figuran la rendición de cuentas de contratistas en la recuperación; requerir divulgación efectiva de los datos de la recuperación para programas de mitigación, de energía, terremotos y Fiona; acceso a la presentación de querellas por incumplimiento de ley y prácticas discriminatorias de la banca, en especial contra las sobrevivientes de violencia doméstica.
Entre estos temas, no escapa el alquiler a corto plazo. Godreau Aubert apuntó que el Gobierno no quiere agarrar el tema, por lo que hace falta un registro de arrendadores para atender el discrimen de la vivienda, que tiene que ver con los anuncios que sólo promocionan la vivienda en inglés. Sobre esta práctica, se han llevado casos a nivel federal.
