CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Aunque no lo quiere reconocer ante el País, la Junta de Control Fiscal (JCF) reconoce ante el tribunal que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no puede pagar su deuda de más de $11,000 millones.

Esa es la interpretación que hace el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, siglas en inglés) sobre el Best Interests Test, documento que la Junta presentó al Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, el pasado 12 de  diciembre.

El análisis de IEEFA está contenido en  su estudio, La Junta de Control Fiscal Advierte que los bonos de Puerto Rico podrían perder su valor, y señala que por primera vez desde que se creó la JCF en 2016, el ente ha reconocido de manera oficial que utilizando suposiciones presupuestarias razonables, no hay dinero para devolver los más de los $11,000 millones de deuda pendiente de la AEE.

Al examinar el documento presentado por la JCF, IEEFA hace un recorrido por las acciones de la Junta en su negociación y en el cambio en sus dos primeros planes de ajuste de deuda (PAD), lo que deja en evidencia sus contradicciones, así como su empeño e intención de pagar a los bonistas.

En agosto de 2023, la JCF modificó el PAD por tercera vez, redujo el pago a $2,500 millones (una tasa de recuperación alrededor del 25 % para los tenedores de bonos) y ofreció una nueva estructura de tarifas para respaldar la deuda heredada, así como supuestamente maximizar la energía renovable.

El análisis de IEEFA, firmado por su director de Análisis Financiero, Tom Sanzillo, resume que el análisis de la JCF para la  tasa de recuperación del 25 %, “mostró que las recuperaciones de deuda oscilaban entre cero y aproximadamente $2,600 millones, siendo la variación reflejo de diferentes supuestos sobre las ventas futuras de la PREPA”, (siglas en inglés).

En resumen, IEEFA señala que esta es la primera vez que la JCF o cualquier fuente oficial ha planteado la posibilidad de que el nivel de dificultades fiscales de la AEE signifique que la empresa no tiene dinero para pagar sus deudas.

Por parte de IEEFA, Sanzillo expone que los resultados de sus análisis realizados a lo largo de siete años concluyen que los ingresos disponibles de la AEE para cubrir la deuda deberían ser cero. No obstante, IEEFA admite que esto no quiere decir que los tenedores de bonos y otros demandantes  tendrían una recuperación de cero.

El planteamiento de IEEFA es que las aseguradoras, los abogados, contadores, ingenieros y todos los demás proveedores que participaron en el trámite de los bonos deberían establecer un fondo común para liquidar las reclamaciones de los distintos acreedores, incluidos los bonistas, los acreedores no garantizados y las pensiones. Apuntó al hecho de que todos los proveedores en términos colectivos tienen al menos $12 mil millones en activos gestionados, por lo que este fondo común puede satisfacer las reclamaciones y puede ayudar mucho a resolver la situación de deuda de la AEE.

“La negligencia de los proveedores de trámites que condujeron a la quiebra ha sido ampliamente documentada. La pauta abusiva de fijación de honorarios de los asesores  es una cuestión de procedimiento que se extiende más allá de la declaración de quiebra”, afirma IEEFA.

A juicio del ente especializado en los temas económicos de la producción de energía eléctrica a nivel internacional,  las acciones a tomar por parte de la JCF y, por ende, el Gobierno de Puerto Rico deberían ser establecer un fondo común para liquidar todas las reclamaciones; exigirle a todas las aseguradoras que cubran sus obligaciones; ejercer acciones legales; establecer un inspector general independiente del sector privado para supervisar más de cerca la gestión financiera de las empresas de servicios públicos. Además, proporcionar recursos para pagar el 100 % del valor perdido de los pequeños tenedores de bonos de la isla. Según confirmó IEEFA a CLARIDAD, la toma de acciones legales no requeriría de una auditoría de la deuda de la AEE.

Consultada por este semanario sobre su parecer a lo planteado por IEEFA, la directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana por la Auditoría del Crédito Público (CCACP), licenciada Eva Prados Rodríguez, advirtió sobre la necesidad de investigar los conflictos de intereses e ilegalidad de los que intervinieron en la venta de bonos.  Esta sostuvo que desde el principio IEEFA señaló que si hay que buscar alguna fuente de repago para los bonistas, no es dentro de las arcas de la AEE, ya que sus gastos superan sus ingresos,  “que es lo que está diciendo la Junta. Y si quieren alguna recuperación, presenten las debidas reclamaciones a aquellos actores que faltaron a su deber en este proceso, los que tienen su responsabilidad, como lo son las aseguradoras e intermediarios”.

Agregó que IEEFA  se aprovecha de la expresión de la Junta de “o ustedes aprovechan lo que les estamos ofreciendo o se pueden quedar sin nada porque cuando se revise bien la realidad fiscal de la AEE se van a dar cuenta de que no hay dinero”. Plantea que  los bonistas deben dirigir sus cañones a los underwritters que los aconsejaron a comprar los bonos y que las aseguradoras asuman.  “Es ahí a donde deben estar dirigiendo sus esfuerzos”.

Prados Rodríguez, quien forma parte de la campaña No más Aumentos, coincidió con nuestra apreciación de que al dejar implícito en el tribunal que la AEE no tiene dinero para pagar su deuda a los bonistas no lo dice al pueblo de Puerto Rico e insiste en su PAD. A su juicio, es cuestionable  la ejecutoria de la Junta, que evidencia que su intención siempre ha sido pagarles a los bonistas. Desde el inicio del pleito, la Junta  pudo haber presentado el argumento de que la AEE no puede pagar su deuda. “Claro, y más aun, en todo caso, es lo que IEEFA trata también de decir, que ustedes (se refiere a la JCF) reconocen nuevamente que la AEE no cuenta con dinero y que es muy poco probable que se le pueda pagar a los bonistas. Pero aun así les propone un plan de pago”.

Prados Rodríguez, coincidió con el argumento de IEEFA sobre la preocupación de cómo va a quedar Puerto Rico en un escenario donde se cancelen todos los bonos y la AEE finalmente se quede sin pagar. “Es mejor presentarse en una nueva emisión de bonos como una entidad que no tiene deudas pendientes, que acudir al mercado con una deuda que no puede pagar, como pretende la JCF”.

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

La reclamación de la carbonera AES Puerto Rico de un cambio en el contrato que conlleva un pago adicional data de hace dos años, según se desprende de otras vistas celebradas por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NE), señaló el experto en Derecho Ambiental, Pedro Sadeé Lloréns, a este semanario.

La petición de la enmienda la hace primero AES a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y luego la AEE lo presenta al Negociado, y ambos,  la AEE y AES, acuden ante el NE a defender su petición.

La  aprobación por parte del NE de una enmienda al contrato de AES y la AEE de un pago adicional de $185 millones ha recibido el rechazo por parte de los sectores que favorecen el uso de otras alternativas, como la energía solar.

El licenciado Sadeé Lloréns levantó varias interrogantes, desde el punto de vista legal y procesal, que, a su juicio, se desprenden de la resolución emitida por el NE aprobando la enmienda. La primera de ellas es cómo se ha tramitando este reclamo de responsabilidad de la AEE fuera del trámite de quiebra de la AEE.

El segundo, es que tanto la negociación entre la AEE y AES antes de someterse el caso al NE fue secreta, no estuvo disponible a revisión pública. La Junta de Directores de la AEE aprobó la petición  en una reunión; pero sin conocimiento público. La AEE incluso contrató peritos para estudiar la petición, y el público no sabe cuánto costaron esos peritos.

Otro señalamiento es que de la resolución no existe evidencia de la premisa del Negociado, de que  si no se le daba ese dinero a AES, la planta iba a dejar de operar, la que, dijo, es una premisa importante.  “Es una especie de chantaje: o me pagas o cierro. Ante la inestabilidad del sistema, como alegan ellos, proceden a aprobar el cambio, pero no surge evidencia en la resolución, no hay apoyo para eso en lo que dice en el Negociado. Tampoco surge suficiente base para la premisa legal de por qué hay que pagarle  a AES ni dónde está el fundamento para que el pueblo de Puerto Rico  tenga que pagar ese dinero adicional”.

Sadeé Lloréns también cuestionó que AES reclame gastos por la disposición de las cenizas, dado a que  el contrato original ya estipulaba que la carbonera tenía que disponer de las cenizas fuera del país. Más aun, apuntó que AES tenía conocimiento de la peligrosidad y de lo incierto y débil de la posibilidad de disponer de las cenizas con facilidad.

En entrevista por separado, Agustín Irizarry, quien fue representante de los consumidores en la Junta de Directores de la AEE,  catalogó la enmienda al contrato como un rescate a AES con fondos públicos.  Igual cuestionó la justificación del NE para pagarle más a AES de que supuestamente producir  electricidad quemando carbón es más barato que utilizar otras maneras.

Irizarry, quien es profesor de Ingeniería Eléctrica, explicó que el NE además le ha permitido a la carbonera utilizar una razón de tasa de calor (Heat rate) más baja de lo que normalmente  utilizan las plantas de carbón  en Estados Unidos. Mientras más pequeño sea el número del Heat rate, más ineficiente es la máquina produciendo combustible.  El permitir el uso de un Heat rate más bajo, señaló,  es un reconocimiento por parte del NE de que  la planta de AES ha envejecido.

“En vista de que el Negociado reconoce que la planta está envejecida, pienso que el Negociado le pasa la mano en ese sentido. AES se comprometió a producir electricidad por 25 años con un Heat rate de 11 mil. Se supone que haga inversiones de mantenimiento para mantener su Heat rate a ese valor. Si lo descuida, no hace las inversiones, ese Heat rate va a crecer, va a ganar menos dinero produciendo electricidad. Eso lo sabía AES el día que firmó el contrato. Sabía lo que le iba a pasar y lo que tenía que hacer. Si no lo hace, quiebra”.

Igual que otras voces, Irizarry censuró que el NE no haya examinado todas las alternativas que tiene  para producir electricidad y comentó que aquí hay unos programas de eficiencia energética con los cuales LUMA arrastra los pies. “Vamos a pagar más dinero a AES por producir la misma electricidad. El aumento se verá en el ajuste por combustible”.

Otro asunto que reprobó es que el NE mantenga en privado los documentos sometidos por  AES. “Eso  es una pocavergüenza. AES no incurre en ningún riesgo de pérdida de negocios porque se sepan esos valores. Esa información no representa ningún riesgo para la seguridad de nadie”.

CLARIDAD

La organización denunció parte de los problemas que complican la experiencia educativa de este sector poblacional vulnerable

El regreso a clases, sin importar la escuela o el semestre, siempre está lleno de contratiempos en el sistema público de enseñanza, de acuerdo con la presidenta del Comité Timón, Carmen Warren. La situación, planteó la lideresa en entrevista con CLARIDAD, se ha agudizado con los años para toda la población estudiantil, particularmente para quienes reciben servicios del Programa de Educación Especial. Tras sucesos como la llegada de la Junta de Control Fiscal (JCF), el embate del huracán María y la inesperada pandemia, Warren reafirmó la necesidad de reclamar una educación básica,  que incluya materiales y recursos que maximicen la independencia de estos estudiantes.

“Quienes no tienen un hijo de Educación Especial, no saben lo que pasa”, sostuvo Warren. De acuerdo con la presidenta del Comité Timón, uno de los problemas más recurrentes durante el regreso a clases es la falta de transporte seguro y efectivo, una de las tareas principales del Departamento de Educación (DE).

“Ellos (el Departamento) tienen la obligación de brindar transportación a todos los estudiantes. Para eso existen distintas alternativas, por si el estudiante no puede llegar”, añadió la presidenta de la organización comunitaria, compuesta de padres, madres y encargados. Para quienes no llegan al plantel con su propio método de transporte, existen tres apoyos institucionales que, normalmente, fungen como opciones alternas: una guagua escolar que recoja a varios estudiantes, un transportista privado en casos más complicados y, por último, un reembolso de $0.40- por milla- que expide el Departamento a encargados.

“Muchas veces, estos pagos (de reembolso) nunca llegan, cuando le toca al Estado tramitarlos. Es un proceso que, por ley, debe tardar 30 días, pero que puede tardar meses, a veces años”, comentó Warren.

En el caso del semestre de enero 2024, la falta de transporte fijo resultó en múltiples deslices, como en los casos en que choferes asignados desconocían dónde recoger a un estudiante, o en las instancias en que, ni siquiera, el DE había contratado un método alterno.

No obstante, el transporte solo es uno de los problemas que enrevesan el aprendizaje de los estudiantes de Educación Especial. El notorio pleito de Rosa Lydia Vélez, iniciado en 1980, concluyó en que el DE debía ofrecer un “Remedio Provisional” de servicios especializados y, también, una indemnización a los padres, madres y encargados que enfrentan la negligencia estatal.

“El Remedio Provisional resultó del pleito Rosa Lydia Vélez. Este recurso, que se supone que preste los servicios necesarios, puede variar desde evaluaciones de terapia hasta la contratación de asistentes de servicio”, explicó Warren. La presidenta del Comité Timón enfatizó en la importancia del rol de estos asistentes de servicios especializados, cuyas tareas están relacionadas con apoyar a aquellos estudiantes que requieren mayor atención.

El 14 de febrero día de San Valentín de 2024 se cumplen 22 años desde que el DE incumple con las 87 estipulaciones resultantes del pleito. Como resultado del impago, el Departamento ha tenido que pagar multas que, en 2013, llegaron a ascender a los $10,000 diarios, de acuerdo con Warren. De aproximadamente 100,000 a 200,000 familias debieron ser indemnizadas. De esta cifra, solo cerca de 8,000 recibieron el desembolso.

El tema de la indemnización,  que suponía compensar los perjuicios que muchos encargados sufrieron, fue paralizado con la llegada de la JCF. “(El DE) Siempre plantea que la Junta de Control Fiscal limita al Departamento, pero ellos (la Junta) han desmentido, con documentación, todo lo que el DE nos ha dicho que no puede hacer por esas limitaciones”, denunció Warren.

Pero, no todas las problemáticas tienen síntomas tan severos, cuenta Warren. Según la madre activista, muchos de los estorbos que enfrentan padres son situaciones de acomodo, como en el caso de la cantidad de estudiantes por salón. Es decir, que existan suficientes opciones para que un estudiante con, por ejemplo, trastornos de ansiedad pueda integrarse a un salón que se ajuste a sus necesidades, que muchas veces son sensoriales.

“La pandemia afectó muchísimo a la comunidad escolar porque, durante ese tiempo, los estudiantes no aprendían igual, y muchos se quedaron atrás. Los pasaban aunque estuvieran reprobando sus clases”, contó Warren sobre los cambios en el aprendizaje con la implementación de tecnología para ofrecer clases.

Este patrón- de dejar a los estudiantes pasar de grado aunque no hayan adquirido las destrezas que suponían aprender del año anterior- es uno de los factores que incide en los problemas que enfrenta la población de Educación Especial al graduarse.  De acuerdo con Warren, este sector demográfico enfrenta escollos al salir de la escuela, como la consecución de vivienda, empleo y otros recursos para llevar una vida independiente.

“Quieren (el Departamento) salir de ellos y no tener que cumplir con lo que dice la ley”, aseguró Warren sobre los estudiantes de Educación Especial. Asimismo, la lideresa reiteró que no hay un porqué a las carencias del DE, que cuenta con el mayor presupuesto del país. Incluso, Warren detalló que la mayoría de los procesos quedan estancados en la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

“El problema más grande es que el Estado no se ocupa de lo que tiene que hacer, que es darle un servicio fundamental a la población. Eso incluye informar y educar a la gente sobre sus derechos porque, de no saberlos, pueden caer en la complicidad que permite estas negligencias”, denunció la presidenta del Comité Timón.