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El bombardeo sistemático con misiles contra pequeños botes civiles desarmados en el mar Caribe y el océano Pacífico, con el que Estados Unidos inauguró su ofensiva para restaurar su hegemonía sobre América Latina, tiene un expediente preparatorio de más de veinte años y antecedentes muy anteriores
Fue en el 2004, cuando la Casa Blanca emitió “La estrategia nacional para seguridad marítima”, pero en el siglo pasado hubo grandes bombardeos planificados contra población civil, como el de Guernica por los nazis y las dos bombas atómicas contra Japón por EEUU.
“Si el sistema de capas de seguridad marítima no detiene a los terroristas (en pequeños botes), entonces habrá que interceptarlos y derrotarlos, preferiblemente en alta mar”, dice el informe, fechado el 20 de noviembre de 2004 y que obra en el archivo presidencial. El documento cubre diversos aspectos de la seguridad marítima y tiene secciones específicas sobre el peligro del uso de pequeñas embarcaciones por parte de terroristas, a partir del ataque suicida al USS Cole, el 12 de octubre de 2000, en el puerto de Adén, en Yemen, que dejó 17 marineros muertos y 40 heridos.
El plan estratégico era claro en que se refería a pequeñas embarcaciones tripuladas por terroristas y artilladas para atacar barcos de guerra, tanqueros y grandes embarcaciones civiles. No tiene alusión, ni referencia alguna, a los retos que pudieran representar botes civiles desarmados, a pesar de producirse apenas un año después de que la Armada de EEUU fuera retirada de Vieques luego de décadas de resistencia civil, en la que se destacaron los desafíos de los pescadores en sus lanchas.
De hecho, durante los últimos treinta años del siglo XX y primeros años del presente siglo XXI, las resistencias civiles puertorriqueñas lograron el desalojo de las bases militares de Culebra y Vieques, de la base aérea de Ramey Field en Aguadilla y de la estación naval de Roosevelt Roads, en Ceiba. Nada de eso está en el informe de 2004, pero este año, no sólo la Armada y la Fuerza Aérea de EEUU han retomado sus bases en Puerto Rico, sino que estrenan el ataque a mansalva de lanchas de pescadores, con 21 hundimientos y más de 80 víctimas fatales.
Eso no parece que fuera pensable en 2004. Tres años después, en junio de 2007, La Heritage Foundation publicó el informe “Botes pequeños, grandes preocupaciones”, con el que el tema comenzó a tomar otros matices. El informe fue escrito por el estratega James Carafano, quien, por ese entonces en la Casa Blanca, era consejero principal de la presidencia.
El año anterior, en 2006, el comandante de la Guardia Costanera, almirante Thad Allen, había convocado la atención de sectores interesados en defensa y la industria marítima para que se produjera un esfuerzo conjunto y concertado para, de la misma manera que se establecieron sistemas de seguridad terrestre y aérea después de los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono en 2001, se diseñara otro para atender el peligro de ataques en botes pequeños,
Así se produjo el plan de 2008, que no pasó de esbozos generales sobre el uso de los recursos existentes.
En octubre de 2010, el Instituto Naval de Estados Unidos publicó el ensayo “La amenaza olvidada”, escrito por el capitán retirado Jim Howe, también de la guardia costanera, sobre la necesidad de establecer sistemas y desarrollar estrategias para enfrentar posibles ataques de botes pequeños. En el escrito, el capitán Howe planteó que era “cuestión de tiempo” para que terroristas usaran las embarcaciones pequeñas para atacar puntos en las extensas costas estadounidenses.
El capitán Howe propuso específicamente que se “desarrollen -rápidamente- tecnologías para mejorar la detección de anomalías y las capacidades defensivas” ante la amenaza de pequeñas embarcaciones. Pero, otra vez, el tema era el uso de esos botes por terroristas.
El círculo comenzó a cerrarse en 2015, cuando la Casa Blanca decretó, de manera solemne, que Venezuela representaba una “amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EEUU”. Esa declaración no se daba en el vacío, sino que, desde el golpe fallido del 2002, la política estadounidense desarrolló estrategias múltiples para derrocar la revolución bolivariana, pero ahora había base para “defender” militarmente a EEUU en la costa norte de América del Sur.
En febrero de este año, en su informe al Congreso, el jefe del Comando Sur, almirante Alvin Holsey, planteó que las 35 organizaciones criminales transnacionales identificadas como tales por EEUU en América Latina en 2023, ya habían amasado cerca de 358.000 millones de dólares y grandes recursos armados. El almirante Holsey advirtió que las organizaciones criminales, en combinación con la inestabilidad y la corrupción de los gobiernos, podían servir para abrir camino a la influencia “maligna” de Rusia y China y que había “poco tiempo” para actuar.
Lo que no dijo Holsey en su informe fue que ese mismo mes de febrero habían sido destituida la jefatura legal conjunta -Judge Avocate General- en las fuerzas armadas porque la Casa Blanca entendía que sus altos oficiales objetaban lo que se planeaba hacer, según informó la revista New Yorker. Su juicio, según informe del periódico The Guardian, fue sustituido por un panel especial que se reunió el 21 de julio pasado, en el que participaron jefes del Pentágono, la Casa Blanca y la Oficina del Consejero Legal del Departamento de Justicia, entre otros.
Se trataba de las acciones a tomarse contra las pequeñas embarcaciones a las que se atribuía ser de los nuevos designados como “narco terroristas”.
Ese informe, según The Guardian, daba su “bendición” a los ataques a los botes usando como base el argumento de que era una acción de legítima defensa por parte de EEUU. Aunque eso fue refutado en agosto por el JAG del comando sur, coronel Paul Meagher -según informe de la cadena NBC- la suerte estaba echada.
El 2 de septiembre, EEUU mostró al mundo su nueva tecnología guerrera.
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Con el paso del tiempo, aquel esfuerzo estudiantil se convirtió en un precedente. Antes del centenario de Albizu en 1991, ya existían instituciones con su nombre, como nuestra escuela en Levittown y la Biblioteca Pública de Aguas Buenas. Pero fue precisamente el movimiento iniciado en la década de 1970, con estudiantes y maestros como protagonistas, el que abrió camino para que más espacios públicos adoptaran el nombre de Albizu Campos. En el centenario de su natalicio, celebrado en 1991, Puerto Rico rindió homenaje con actividades culturales y políticas, la inauguración del Parque Monumento Pedro Albizu Campos en Ponce, la publicación de bibliografías y hasta la emisión de monedas conmemorativas. Todo ello demuestra que nuestra lucha estudiantil fue precursora de un movimiento más amplio de reconocimiento al líder nacionalista.
