Las razones sobran, a diez años de la imposición de la ley Promesa, que impuso al país una Junta de Control Fiscal (JCF). Por eso, más de una veintena de organizaciones de diversos quehaceres exhortaron al pueblo a manifestarse este próximo martes 30 de junio para exigir la salida del ente colonial y dictatorial.
“Luego de 10 años, se hace claro el deterioro y el daño educativo, cultural, económico, ambiental, político y de los servicios esenciales, causado por la Junta de Control Fiscal”, expresa el manifiesto, leído por Emilio Nieves, en la conferencia de prensa donde se anunció la convocatoria a la manifestación.
“Durante una década, la Junta ha impuesto una agenda de austeridad para los que menos tienen, recortes y privatizaciones que han debilitado servicios esenciales, erosionado derechos laborales y agravado las condiciones de vida de miles de familias en el país. Sus políticas solo han contribuido al aumento de la pobreza, al desplazamiento de comunidades y a la emigración forzada de personas que no encuentran oportunidades para desarrollarse y permanecer en su tierra”, continúa el texto.
Nieves recordó que lo primero que hizo la Junta al llegar fue tratar de recortar un 25% de las pensiones de todos los jubilados del gobierno. “Por ahí fue que arrancó la Junta y la privatización que ha impuesto estamos hablando de una Junta que está de la mano con Luma y con Genera”.
Resaltó que las organizaciones convocantes pueden especificar el impacto, los daños que ha tenido la JCF en Puerto Rico. “Ya no se trata de ideas, de sentimientos, se trata de lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido, lo que hemos padecido”. En ese sentido señaló que en la representación de los diversos sectores convocantes, educativos, universitarios, políticos hay una coincidencia y es que han identificado que “esa dictadura nos hace daño”.
Un aspecto que dijo había que señalar es que, al evaluar estos diez años de la JCF en Puerto Rico, el gobierno de Jenniffer González ha sido el más afín a la Junta. Al respecto, resaltó que el secretario de la gobernación, Francisco Domenech, es el que dirige la AP 3 (Autoridad Asesoría Financiera y Agencia Fiscal), que es el vínculo del gobierno con la Junta. “La agenda la están construyendo juntos, por eso el énfasis en la contratación y la privatización. Por lo tanto, el gobierno es parte de este problema pero el común denominador sigue siendo la Junta porque es que también el gobierno ha usado de excusa a la Junta, ‘la junta no me deja’ el país tiene que saberlo y entenderlo porque se proyectan como que están opuestos a la Junta pero ni políticamente están en contra de la JCF”.
Otro de los que se expresó fue Raúl Báez Sánchez, portavoz de la Federación de Maestros, quien denunció que a instancias de la JCF el gobierno ha cerrado masivamente escuelas públicas, mientras se abren escuelas charter y se le destinan fondos públicos, se le reduce el presupuesto a los estudiantes de educación especial e impide que se apruebe una escala salarial que le haga justicia al magisterio.
Por su parte, la joven Marina Rodríguez Seguí, portavoz del Movimiento Estudiantil de la UPR en Río Piedras, se refirió a los ataques de la JCF a la educación universitaria con la implementación de un plan fiscal cuyos con recortes al presupuesto han provocado deterioro en la infraestructura, afectado la calidad académica con menos secciones, menos profesores y menos acceso a la Universidad por el aumento en matrícula. También hizo alusión a la precariedad en los servicios de agua y luz y la política de privatización de los servicios públicos.
Mientras Eric Albizu, de Amigos del Mar y del Movimiento Ambiental Revolucionario, denunció que durante una década las organizaciones ambientales han defendido y resistido la “ofensiva ecocida” de la JCF que propone poner el desarrollo económico por encima de la naturaleza. “La ofensiva ecocida que llevamos viviendo no es casualidad. Esto es un plan, al cual se han prestado los gobiernos del PNP”.
El joven repasó todo el conjunto de leyes que recientemente se ha presentado en relación a aspectos ambientales como la redefinición de la zona marítimo terrestre, eliminar la protección de la zona del Karso, la imposición de una fianza para objetar un proyecto de construcción, la reforma de permisos y la creación de una sombrilla de varias agencias gubernamentales que deberían defender nuestra naturaleza, lo que ha dejado es al Departamento de Recursos Naturales casi inútil. “Hemos estado denunciando esta dictadura y seguiremos aquí hasta que se vaya porque se tiene que ir”, expresó en referencia a la JCF.
En tanto, la portavoz de la Jornada se Acabaron las Promesas, Jocelyn Velázquez, puso el acento en que se unían al llamado partiendo de que la JCF es una imposición colonial. “No podemos desvincular el problema político del problema de la ley Promesa, que son diez años de su imposición, se cumplen este 30 de junio. Por eso es que convocamos al pueblo a movilizarse, no únicamente denunciamos el deterioro de la infraestructura, salud, educación, de vivienda, el desplazamiento, todos esos problemas que sufrimos todos los días. También tenemos que sufrir que esto es un coloniaje y que es una superestructura que eliminó los mínimos espacios de democracia que habían en Puerto Rico”.
Con la consigna ‘Pa’ fuera la Junta’, las organizaciones convocantes exhortaron al pueblo a manifestarse este próximo 30 de junio a partir de las 4:00 de la tarde frente a las oficinas de la JCF en la avenida Luis Muñoz Rivera. Nieves indicó que el reclamo de ‘fuera la Junta’ tiene resonancia en la diáspora de Estados Unidos por lo que se esperan manifestaciones de organizaciones en Pensilvania, Nueva York, Chicago y Florida. “No estamos solos en ese aspecto pero el pueblo tiene que unirse mayoritariamente en este esfuerzo”.
