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LUMA: un desastre para el país

Foto: Archivo CLARIDAD

 

CLARIDAD

Un desastre para el país y para la transición necesaria hacia la energía de fuentes renovables ha sido el resultado de la privatización del sistema eléctrico mediante el contrato de LUMA Energy.  “Lejos de los ahorros y eficiencias que el Gobierno aseguraba que este contrato traería, lo que hemos visto es que la tarifa de luz se ha encarecido aun más y que el servicio ha empeorado”, señaló la ingeniera Ingrid Vila Biaggi, portavoz de la coalición Queremos Sol y presidenta de CAMBIO PR.

Las declaraciones se emitieron en un comunicado de prensa, al cumplirse un año de que esa empresa asumiera el control del sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Este es un contrato malo para el país. Desde el inicio alertamos de que LUMA iba a enfrentar grandes problemas a causa de su propia decisión de no contratar la mayoría de la fuerza laboral de la AEE, perdiendo así literalmente décadas de experiencia acumulada con el sistema eléctrico del país”. La ingeniera apuntó también que, a pesar de tener menos empleados y estos contar con poca experiencia, LUMA ha sobrepasado su presupuesto laboral desde que comenzó operaciones, gasto que el pueblo está pagando.

La abogada ambiental Ruth Santiago también denunció que “nunca ha habido transparencia ni fiscalización adecuada sobre el contrato de LUMA y es más que evidente que la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AP3) no tiene ni la capacidad ni el peritaje en asuntos energéticos para fiscalizar a LUMA”. Santiago destacó que el Negociado de Energía tampoco ha ejercido sus funciones de fiscalización y que tardó casi un año en rendir un informe sobre el fuego en Monacillos, de junio pasado, sin requerir a LUMA que adoptara cambios operacionales. El Negociado nunca ha rendido un informe en su investigación de la falla de una línea de transmisión que provocó una avería de la planta Costa Sur en agosto pasado.

Por otro lado, la coalición planteó que LUMA ha tardado mucho en acceder a los fondos de FEMA disponibles y que todavía propone utilizar esos fondos para fortalecer el sistema centralizado y basado en la energía de combustibles fósiles. Según los planesde LUMA, la compañía no va a invertir nada de los aproximadamente $14 mil millones de FEMA en energía renovable ni sistemas de almacenamiento. Un estudio de modelaje publicado el año pasado por la organización CAMBIO demostró que Puerto Rico podría alcanzar un nivel de 75 % energía renovable en 15 años y que, de invertirse $9.6 mil millones de los fondos federales para esta transformación, resultaría en una tarifa estable de un aproximado de 15 centavos por kWh.

“Si LUMA sigue en su ruta, vamos a perder la gran oportunidad de los fondos federales para llevarnos a un sistema eléctrico resiliente, asequible y limpio”, puntualizó Federico Cintrón Moscoso, director ejecutivo de la organización comunitaria El Puente.

La Coalición advirtió el que la AP3 continúa  con el proceso de la privatización completa de la AEE y que ha indicado que va a seleccionar contratistas para operar las plantas existentes de la AEE a finales de junio. Esto implica que en este momento se están confeccionando los contratos para la privatización de la generación utilizando el mismo modelo leonino del contrato de LUMA, bajo la cual las empresas privadas no van a tener que invertir sus propios fondos en las plantas ni tener que respetar los derechos laborales de los empleados de la AEE.

“Reclamamos a la Asamblea Legislativa que detenga este proceso de privatización de la generación de la AEE. Este proceso va a resultar en más aumentos en la tarifa y retrasos en cumplir con el marco legal para la energía renovable y por introducir nuevos intereses privados que van a seguir operando las plantas de combustibles fósiles”, agregó Adriana González, portavoz del Sierra Club. “El proceso de privatización con LUMA ya ha sido un fracaso, y no podemos seguir repitiendo los mismos errores”.

 

 

Mirada al País:La pedagogia de la esperanza

Foto: upr.edu

 

Especial para CLARIDAD

Puerto Rico es un país donde la desesperanza, los problemas sociales, los conflictos y las consecuencias constantes del colonialismo que nos arropa, hacen cada día más difícil la convivencia social y la justicia social. Todos los días los medios de comunicación nos avasallan con noticias terribles de violencia y criminalidad mientras que la Junta de Control Fiscal cada día ordena o revoca acciones del Gobierno y de la Legislatura que podrían beneficiar a diversos sectores de la sociedad.

Los arrestos por actos de corrupción de alcaldes y funcionarios del PNP y del PPD, son la orden del día como consecuencia, claramente, del histórico clientelismo político y de una conducta por décadas de los partidos que han gobernado que, no solo han provocado pérdida de fondos públicos, sino también un mensaje oscuro, deshonesto, en perjuicio de la administración pública de Puerto Rico.

La Legislatura no está exenta de muchas de las complejidades de los problemas de este país. El PNP y el PPD siguen legislando para proteger grandes intereses como, por ejemplo, la nueva ley de permisos, la cobardía de la mayoría del Senado de no llevar a votación la moratoria de la construcción en las costas, o no aprobar legislación para detener a los secuaces de la Ley 22 y sus acciones en contra de las comunidades de Puerto Rico. Además, la constante desorganización en el quehacer legislativo, la ausencia de disciplina legislativa, los intentos de aprobar legislación que van en contra de los derechos de las mujeres y de su libertad de decidir, siguen siendo parte de una terrible agenda legislativa.

En contraste a este cuadro, en ocasiones desolador, atestiguamos las actividades y acciones de diversos sectores de la sociedad que provocan debates, crean conocimiento, promueven la justicia social, generan arte y cultura, que sirven como constantes alicientes y promotores de que debemos continuar con una agenda de transformación social, en donde el optimismo, la perseverancia y la constancia deben ser norte de tantos objetivos inconclusos.

El miércoles primero de junio, en el Recinto de Río Piedras de nuestra Universidad de Puerto Rico, se llevó a cabo uno de esos eventos que son parte de ese conjunto de proyectos y acciones que nos conmueven, que nos retan, que nos provocan y que son necesarios para entender cómo funciona este país, cómo son sus políticas públicas y por qué nos queda mucho camino por recorrer. Me refiero al acto de reconocimiento de la primera clase graduanda del programa de estudios universitarios para personas confinadas de la Universidad de Puerto Rico, Mediante esta actividad se reconocieron a cuatro mujeres y ocho hombres confinados en las cárceles de Puerto Rico, quienes lograron graduarse de nuestra Universidad con un bachillerato en Estudios Generales. Este programa dirigido por la doctora Edna Benítez, con el apoyo del Departamento de Corrección y, con la participación de un conjunto de nuestros profesoras y profesores de la Universidad, rompió la muralla de la exclusión y con el paradigma de la imposibilidad de la transformación del ser humano.

En dicha actividad se reconoció el logro titánico de alzarse con un diploma universitario a: Ilka Cruz Rosario, Juan M. Negrón Ayala, Camilo J. Arango Latorre, Coraly Campos Rodríguez, Verónica Jiménez Nevárez, Miguel A. Nieves Domínguez, Raúl Reyes Chalas, Christopher Reyes Pérez, Javier Rodríguez Rodríguez, Jedery F. Santana Durán, Javier Santos García y Omayra Torres Sánchez.

Foto: upr.edu

Este evento, además de hacer los reconocimientos, nos sirvió a muchos de los presentes a continuar reflexionando sobre la realidad carcelaria en Puerto Rico, sobre el discrimen a la mujer en las cárceles, sobre la terrible política del país de extensas condenas de cárcel, sobre la constante visión arcaica de la Legislatura de aumentar las penas, sobre la necesidad de incluir la perspectiva de género en el sistema penitenciario, de los reclamos de injusticia en los procesos judiciales, sobre la necesidad del perdón y la creencia en la redención de los seres humanos y, en que la desigualdad social, la pobreza, el racismo y el discrimen son totalmente vinculantes a la realidad de la población penal de Puerto Rico.

De igual forma esta actividad fue un reflejo del poder de la educación, de la realidad de que una inmensa parte de la población penal no ha podido culminar sus estudios básicos y menos aún universitarios. Es, además, una clara manifestación de la importancia y lo fundamental que es nuestra Universidad en la sociedad puertorriqueña. Esta celebración se llevó a cabo por el esfuerzo y mérito de los propios estudiantes pero, también, por el compromiso de nuestra Universidad, de sus profesores, del legado del Profesor Fernando Picó, y del relevo de batón de la doctora Edna Benítez.

Una de las graduandas en los actos de graduación, Ilka Cruz Rosario, nos expresó:

“Propongo, aseguro y confirmo con certeza que la educación universitaria es fundamental para que la persona encarcelada comience su rehabilitación”. Entiendo que la concentración menor del programa de estudios de Mujer y Género debe ser un requisito para todo el estudiantado de la Universidad de Puerto Rico, porque este me ayudó a desarrollar mi pensamiento crítico y fue una herramienta esencial para escribir mi tesina”.

De igual forma otro graduando, Juan Negrón, expresó:

“Como sociedad, no tenemos muchas opciones para escoger. Nuestra opción está entre la libertad o el encierro, entre la educación o el castigo”.

Desde nuestro espacio en la Legislatura logramos la aprobación del Proyecto de la Cámara 467 para enmendar el Artículo 308 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de aclarar los términos para cualificar para la consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra, en los casos de menores procesados como adultos y enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según enmendada, con el propósito de atemperar la “Ley Orgánica de la Junta de Libertad Bajo Palabra.

La única manera que no se viola la disposición constitucional que prohíbe la imposición de castigos crueles e inusitados a los ciudadanos, cuando se procesa un menor como adulto, es garantizándole un proceso de rehabilitación, que incluya la posibilidad de libertad bajo palabra.

La profesora Edna Benítez, al dirigirse a los presentes expresó, que el programa demostró una vez más que cada ser humano es rehabilitable, “a veces, hay que creer para ver, de eso se trata la pedagogía de la esperanza”, y añado también, de la libertad en todas sus manifestaciones.

 

 

 

Tirijala  con la ley electoral

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

En el 2020 la Legislatura dominada por el Partido Nuevo Progresista configuró y aprobó un Código Electoral, Ley 58-2020, dirigido a facilitarle ganar las elecciones y perpetuarse en el mando de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Ahora el Partido Popular Democrático pretende hacer lo mismo y afianzar el bipartidismo.

Recientemente, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, radicó un proyecto dirigido a enmendar el código electoral del 2020, en cuya redacción solo participaron los comisionados electorales del PPD, Ramón Torres, y el del PNP, Edwin Mundo, aseguraron fuentes a CLARIDAD.

Preguntamos al respecto a la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), licenciada María de Lourdes Santiago Negrón, y esta recordó que el 2 de enero del 2021 radicó una propuesta para que se formara una comisión especial en que todo el mundo se sentara sin ideas preconcebidas a delinear un nuevo reglamento electoral, y no pasó nunca nada. También radicó una medida para garantizar la representación de todos los partidos políticos que quedaron inscritos en las elecciones.

“Con ese proyecto no pasó nada. Si estamos hoy en la Comisión Electoral es por virtud de una resolución judicial”, precisó.

A estas dos gestiones se le suma el envío de una carta al presidente del Senado pidiéndole hablar sobre el tema de la reforma electoral. También hubo acercamientos personales en más de una ocasión para que todos los portavoces de los partidos se sentaran hablar sobre la necesidad de la reforma electoral. No fue hasta la semana pasada que el presidente del Senado le anticipó que iba a presentar el proyecto.

La senadora del PIP censuró la acción de Dalmau Santiago y la describió de arbitraria, con la voluntad de imponerse, ignorando las preocupaciones principales del país, que son las irregularidades en los votos especiales y la capacidad de fiscalización interna en la CEE. Señaló que ninguno de esos problemas son atendidos en el proyecto presentado.

Se supone que el proyecto vaya a vistas públicas, pero la portavoz del PIP en el Senado duda de que ese proceso se dé y haya consenso, dado a que el último día para la aprobación de medidas es el 25 de junio. A su juicio, es necesario sentarse con tranquilidad a la mesa. El elemento de más peso en la propuesta de Dalmau Santiago es que la presidencia de la CEE sea decidida por la Asamblea Legislativa, distinto a lo acostumbrado, que es que siempre en este nombramiento ha funcionado el elemento de consenso entre los comisionados.

 

Para la senadora del PIP, quien fue comisionada electoral de su partido, no es tarea de la Asamblea Legislativa el nombramiento del comisionado electoral. Esto plantea unos problemas de conflicto, ya que los legisladores van a votar por la persona que dirige el proceso electoral, siendo ellos candidatos. “Eso está muy lejos de ser el mecanismo adecuado”.

La licenciada Santiago Negrón coincidió con que el proyecto presentado es un retroceso, por lo que es importante volver a los tiempos del consenso. “Conocemos lo que pasó en el 2020. Nunca en este país se había tenido que posponer un evento electoral por cuestiones administrativas, y pasó con las primarias. Eso no es poca cosa, no es liviano”, expresó.

Sobre este asunto, afirmó que el proyecto da la impresión de haberse redactado con el insumo del PNP y cerrado a las otras instituciones políticas. “El PPD necesita los votos del PNP para pasar el proyecto. Es desafortunado, es triste, abusivo, y reitera que el PPD no sabe leer al país”.

El control de la CEE

Por su parte, el comisionado electoral del PIP, licenciado Roberto Iván Aponte Berríos, expuso que, a la luz de la experiencia de las elecciones del 2020, lo más importante que habría que cambiar en el actual Código Electoral es precisamente lo que tiene que ver con la pluralidad y representatividad de todos los partidos en la toma de decisiones de la CEE y en los niveles electorales que se atienden en unas elecciones generales. Puntualizó que, sobre todo, es de ese primer aspecto que parte todo lo demás. De igual manera, en vista del caos que hubo en las elecciones pasadas, otro elemento a atender es la fiscalización y la transparencia en el proceso de cómo se atiende el voto adelantado.

“Lamentablemente, el código electoral que aprobó el PNP llevó a que no haya los procesos de fiscalización que había en años anteriores. Por ejemplo, no se solicitó certificado médico que diga las razones por las que una persona no puede moverse y tiene que quedarse en su casa, que es por lo que se acude a su casa a buscar el voto de esa persona. Eso permitió que no se sepa cuánta gente votó ilegalmente. De igual manera, se debe analizar mucho más la representación de todos los partidos que tienen que ver con eso”.

Relató que en las elecciones pasadas hubo pueblos como Corozal y Naranjito, pueblos pequeños, en que más de dos mil personas solicitaron el voto adelantado. Estas rutas para tomar estos votos se hicieron supuestamente en 10 días, lo que le parece un proceso atropellado que en muchas ocasiones no contó con fiscalización.

El comisionado electoral del PIP comentó que con el pasar de los años el voto adelantado se ha ido ampliando y en este se incluye el voto ausente; pero por alguna razón, el voto ausente fue menor en estas recientes elecciones que en elecciones previas, “cosa que choca, porque uno pensaba que se iba a disparar. Lo que fue contundente en términos de cantidad fue el voto adelantado en Puerto Rico, sea voto a domicilio, hospitales, por correo”.

Este hizo la advertencia de que los cambios que requiere el Código Electoral para que la estructura de la CEE no esté controlada por los dos partidos de mayoría no están contemplados en el proyecto presentado por el presidente del Senado: “El proyecto que presenta José Luis Dalmau el pasado viernes no cambia la estructura de la Comisión, es el código electoral del PNP para el PPD”.

Aponte Berríos denunció que el objetivo del PNP es eliminar los partidos de minoría con el Código Electoral del 2020. Pero el del PPD va más allá. “En esta ocasión, básicamente, la toma de decisiones sería por dos partidos políticos, lo que ellos llaman partidos electorales principales. Hay un lenguaje que es la trampa de todo: la definición de ‘comisionado electoral propietario’. Esa definición se refiere a aquellos comisionados electorales pertenecientes a los partidos electorales principales”. Según el proyecto, los partidos principales son los que sacan 25 % o más de los votos íntegros. Así, que esa es la intención obvia, y va más allá. Hay otro lenguaje, casi al final de la ley, que cuando habla de consultas de estatus, referendums, dice que quienes analizarán y aprobarán la papeleta de la campaña de orientación serán los partidos electorales principales.

El comisionado del PIP censuró el que con ello se cambie de manera dramática el asunto de representatividad en la toma de decisiones de la Comisión. Esto constituye “lo contrario al reclamo del pueblo puertorriqueño con los resultados de las elecciones del 2020, que quiere más pluralidad, más transparencia”.

Además de eliminar la participación de todos los comisionados electorales de los partidos que hayan quedado inscritos en unas elecciones, en el nombramiento del presidente de la CEE se propone que el juez no tenga que ser un juez de primera instancia, como lo es ahora, sino que puede ser de cualquier nivel. Otro cambio que acoge a los dos partidos es el que dispone que solo haya un secretario de la CEE, pero le agrega que habrá un subsecretario para el segundo partido.

Un aspecto adicional que hay que cambiar es el que tiene que ver con las figuras de destaque; pero el PPD y PNP lo trastocan a su favor. Aponte Berríos indicó que en las pasadas elecciones el PNP tuvo más de 600 destaques. Esta fue la razón de que se vieran tantos miembros de ese partido durante el recuento en el Coliseo. En lo que describió como increíble, es que ahora el PPD redactó un lenguaje que dice que los partidos principales no van a tener límite alguno en los destaques, mientras que el presidente de la Comisión decidirá si los otros partidos puedan tener entre cinco a seis destaques.

El asunto de la veda electoral es otro cambio que el PIP considera pertinente hacer en el Código Electoral. Aponte Berríos señaló que esta es una propuesta histórica del PIP, que lamentable en ningún momento la Legislatura ha querido aprobar. La propuesta es que la veda electoral se extienda a cuatro años en lugar de uno. La veda, argumentó, ahorraría millones de fondos públicos y evitaría el que un alcalde, representante, senador o gobernador pretenda resaltar su imagen durante su incumbencia pautando anuncios, como suelen hacer algunos, con su nombre o colores de su partido, lo que le deriva en una ventaja ante otros contendientes.

El proyecto también propone bajar el número de las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) a 13, cambiar el horario de votación a 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Esto, Aponte Berríos lo calificó de una bobería propuesta por Edwin Mundo y aceptada por el PPD. Otro absurdo, dijo, es que se dispone que el día de las elecciones se va a votar por el presidente de Estados Unidos. Esto ya estaba en el código del PNP, pero se atrasó en las pasadas elecciones debido a la consulta de estatus.

Ambos entrevistados coincidieron en que es evidente que el PNP y PPD están reaccionando a los resultados de las elecciones pasadas, que saben que cualquiera de los dos podría perder en las próximas elecciones y que están afianzando el bipartidismo. “Lo hemos visto en todos los renglones”, subrayó Aponte Berríos.

 

 

 

 

Movimientos sociales de América Latina se darán cita en la Cumbre de los Pueblos

 

Varios movimientos políticos y sociales de América Latina y una amplia participación de diferentes sectores en Estados Unidos se darán cita en Los Ángeles, California para celebrar la Cumbre de los Pueblos.

Stephanie Weatherbee Brito, miembro de la Asamblea Internacional de los Pueblos explicó que, como parte de las actividades a desarrollarse en el seno de la Cumbre de los Pueblos, foro paralelo a la Cumbre de las América, “organizaciones populares y movimientos en los Estados Unidos buscan llamar atención a todos los temas que son importantes para los pueblos y las luchas que se van a cabo en este país”.

Añadió que defienden que los Estados Unidos no debe intervenir en las relaciones y los procesos democráticos en otros países ya que ese gobierno debe “atender a las necesidades y a las injusticias que se dan a cabo dentro de este propio país”.

A la vez, expresó su solidaridad con todas las luchas antiimperialistas que se dan a lo largo de la América Latina y el Caribe y denunció las sanciones contra Cuba, Venezuela y otros procesos democráticos que se llevan a cabo en la región.

La joven activista informó que, durante los próximos 3 días, la programación de la Cumbre de los Pueblos incluirá ponencias de organizaciones a lo largo de los Estados Unidos, pero también de América Latina.

“Tenemos invitados del Movimiento Sin Tierra, de COPINH y muchas otras organizaciones. Además, contaremos con ponencias de reconocidos compañeros”.

Recientemente, el gobierno de los Estados Unidos negó la visa a la delegación cubana invitada a la Cumbre de los Pueblos en Los Ángeles.

Entre las 23 personas de la sociedad civil de la isla a quienes se les impidió viajar al encuentro están la reconocida científica y médica cubana Tania Crombet, el ganador de medalla olímpica Reineris Salas, el líder estudiantil cristiano queer Jorge González y otros, incluidos periodistas, artistas, sindicalistas y líderes comunitarios.

 

 

En segunda vuelta, Petro deberá ganarle al sistema, a Hernández y al abstencionismo

 

Por Camilo Rengifo Marín

Uno de los desafíos de la centroizquierda es revertir el histórico desinterés y el abstencionismo en las elecciones.

A pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas del 19 de junio, donde más de 39 millones están habilitados para votar, el centroizquierdista Gustavo Petro encabeza las encuestas ante el inesperado contrincante, Rodolfo Hernández, el outsider trumpista y admirador de Adolfo Hitler, al que desde los medios hegmónicos promocionan en un empate técnico con el candidato progresista.

Colombia está en la ola de consolidación de una centroizquierda en el poder, por primera vez en el país. Petro y la coalición Colombia Humana han protagonizado una campaña complicada y plagada de amenazas y atentados, incluyendo un plan de una banda de narcotraficantes, para atentar contra su vida.

Uno de los desafíos de la centroizquierda es revertir el histórico desinterés y el abstencionismo en las elecciones. El 29 de mayo superó el 45 por ciento de los habilitados para votar.

Es el ejercicio efectivo y la reafirmación de la más vieja de las democracias del continente, afirman los epígonos del régimen político. Es una democracia fincada en la formalidad del voto, en medio de la imparable cascada de masacres por parte de militares, paramilitares y narcotraficantes, de asesinatos de líderes sociales y comunitarios, así como de firmantes de la paz pactada entre Gobierno y Farc en 2016.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador mandó un abrazo a Gustavo Petro, al lamentar que el político de izquierda enfrenta una “guerra sucia de lo más indigno y cobarde” de los conservadores sin ética, comentarios que la cancillería colombiana se dio por aludida y que calificó de “una injerencia desobligante en los asuntos internos de nuestro país”

Gustavo Petro, un economista de 62 años del centroizquierdista Pacto Histórico, se impuso en la primera ronda electoral con poco más del 40% de los votos, superando al empresario Rodolfo Hernández de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, con algo más del 28% de los sufragios.

La oligarquía colombiana que ha gobernado por décadas en Colombia, ha contado con el apoyo irrestricto de los gobiernos estadounidenses, para ejecutar esta hegemonía de la derecha política, económica y militar del país del norte, que ha tenido –hasta ahora- con Iván Duque el último de los actores proestadounidenses, el “exitoso” modelo que muestran a la región y al mundo los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden por igual.

Colombia es un país con una profunda crisis económica, derivado no sólo de la pandemia de la Covid 19, sino también de la inexistencia de cambios estructurales de un modelo político, económico y social, que ha generado un país con una profunda brecha social y económica en uno de las naciones más neoliberales del continente.

Los sucesivos gobiernos, ligados al paramilitarismo y al narcotráfico, crearon un país subsidiario de Estados Unidos y de Israel. El gobernar de esta manera es lo que ha posibilitado la conformación de un verdadero portaviones de los intereses de Washington en el continente sudamericano: ocho bases militares del Pentágono, agresor de su vecino venezolano, centro de espionaje regional y, como si fuera poco, centro de producción y distribución de drogas, para los propios Estados Unidos y Europa.

Segunda vuelta

Las elecciones se desarrollan en medio de una crisis severa del sector público de salud, con escasísima protección económica a los sectores más golpeados por la pandemia,  la inseguridad crónica y los altísimos niveles de corrupción, abusos de poder, el nepotismo y una crisis que alcanza también aspectos éticos, que hacen impresentable, por ejemplo, que el candidato de la derecha, Rodolfo Hernández diga que su bandera de lucha sea acabar con la corrupción, cuando él ha sido acusado de la misma conducta, cuando alcalde de Bucaramanga.

Nunca un candidato en primera vuelta había sacado una votación tan alta como Gustavo Petro. Doscientos años de historia han sorteado el poder entre conservadores y liberales que han pretendido mutar como partido de la U, Cambio Radical, Centro Democrático, Colombia Justa, Verdes, Oxígeno, Centro Esperanza, etc. Nunca las ideas de izquierda que hoy están representadas en el Pacto Histórico han estado tan cerca de ser gobierno.

Le ganó al presupuesto millonario que destinó el gobierno Duque a los alcaldes, gobernadores, fiscales que apoyaban a Fico Gutiérrez, violando la ley de garantías electorales. Les ganó a los empresarios que amenazaron a los empleados con despedirlos si no votaban por Fico, a la procuradora Cabello al destituir a la mansalva a Daniel Quintero (alcalde de Medellín.)

Le ganó a los medios tradicionales de comunicación parcializados, que privilegiaban las noticias a favor del candidato uribista y lanzaban campañas difamatorios y falsas, además de alimentar las ideas del Petro expropiador. Venció a la desinformación de Semana, W Radio, el Colombiano, El tiempo, Caracol, RCN, a los 45 clanes que apoyaron a Fico y, que hoy, migraron a la campaña de Hernández, recuerda John Jairo León Núñez en Las2orillas.

A pesar que los principales dirigentes del Centro Democrático (uribismo) y los principales partidos tradicionales (Liberal, Conservador, La U y Cambio Radical) se alinearon con Fico Gutiérrez, se observa que en relación a los 10.373.080 de votos obtenidos por Duque en la segunda vuelta de 2018, 5.315.070 de esos electores decidieron alinearse con el “outsider” Hernández, que le quitó 638.139 votos al centro y/o a otros sectores, pero el grueso de su votación proviene de los partidos que apoyaron a Duque en 2018.

La pregunta que se hacen los analistas es si esto es resultado de una orden  o una estrategia oculta del uribismo para jugar con dos candidatos, para finalmente unificarse y derrotar al progresismo, o si hubo un brote rebelde dentro del uribismo y los partidos tradicionales, con quienes se cansaron de seguir detrás de esas camarillas o buscar un camino para salir de la confrontación con la izquierda. Encontraron en Hernández una alternativa para no votar al uribismo… pero tampoco al Pacto Histórico.

Lo cierto es que casi la mitad de la población –según los resultados de la primera vuelta- se resiste a apoyar a Petro y al Pacto Histórico. Y es allí donde la centroizquierda debe afinar su estrategia para no espantar votos: no todos los que apoyan a Hernández, el candidato vendido como “emergente, de cambio”, son uribistas porque no apoyan a Petro . La autocrítica del progresismos debiera centrarse en no lograr romper con el abstencionismo, que aparece como la única forma de ganar en la segunda vuelta.

“Nos dejamos llevar a una campaña de tensiones, ataques y tramas de calado tradicional, politiquero y personalista. Similar a como nos dejamos provocar en el estallido social. No orientamos ni controlamos a nuestros “petristas fanáticos” que son un lastre pesado. No fuimos lo suficientemente cuidadosos en la escogencia de algunos candidatos al Senado que se han convertido en una carga “maluca” que nos la explotan los contrarios”, señala Fernando Dorado desde la mirada del Pacto Histórico,

Añade que tras la primera vuelta, el Pacto Histórico continua en la misma senda de recibir apoyos y hacer acuerdos “por arriba”, pasando de ser una fuerza que retaba al establecimiento oligárquico y quería cambiar a las instituciones cooptadas y al servicio del gran capital, los grandes terratenientes y al narcotráfico, a tener que llamar a los partidos tradicionales y a los grandes empresarios a defender las “instituciones democráticas”.

Esas instituciones “que están siendo amenazadas por el candidato Hernández (el antipolítico, antisistema, populista, autoritario y uribista). Hemos pasado de arañar al cielo a nadar en el purgatorio. Tenemos todo para ganar, si corregimos”, afirma Duque.

Obviamente,  Rodolfo Hernández no es garantía de cambio en Colombia, pero advierten que cuanto más se lo ataque más se le ayudará a crecer. Es cierto que puede convertirse en un Trump, Bolsonaro, Bukele o Duterte, porque existen las fuerzas sociales y tendencias políticas y culturales a nivel global que empujan en esa dirección, aprovechando los errores y de la debilidad de los demócratas y de las izquierdas. En gran medida Hernández es “nuestra creación” (de igual manera a como la “izquierda armada” construyó a Uribe), añade

 “Vivir sabroso” y la democracia

El slogan de la campaña presencial de Gustavo Petro y Francia Márquez en el Pacto Histórico –Vivir sabroso- ha despertado las críticas a través de las redes sociales, señalando que invita a la dependencia, la vagancia y a esperar subsidios del Estado, por lo que la mejor opción es “trabajar mucho y duro”.

“Vivir sabroso ha sido parte del lenguaje tradicional que en nuestras comunidades hemos usado siempre, no es de ahora. Si va al Chocó la gente habla de vivir sabroso, así como si va al Cauca, a a cualquier región del Pacífico. No significa que seamos vagos, como lo han querido hacer creer y desdibujar ese contexto que para nosotros es parte de nuestra identidad. Vivir sabroso es vivir con derechos”, indicó Francia.

Francia Márquez, una mujer afro que se pagó sus estudios de derecho trabajando como empleada doméstica y que jamás ostentó un cargo público, se ha convertido en un fenómeno que ha roto todos los esquemas de la política local. Frente a ella, Hernández difícilmente podrá argumentar que representa los intereses de las élites. Francia sostiene un poderoso mensaje feminista con el que atacar al exalcalde de Bucaramanga, que suele hacer comentarios machistas.

Los estrategas de Petro saben que son dos hombres los que se disputan la presidencia, pero que serán las mujeres las que decidan quién acaba en la Casa de Nariño.

Por su parte, el poeta y ensayista  Carlos Fajardo afirma que Colombia sufrió en las pasadas elecciones del 29 de mayo el triunfo de la emocracia(política de las emociones), social y cotidiana, no de la democracia moderna, racional, pensante, reflexiva, donde se manejan las ideologías con base a las pasiones inmediatistas y populistas. Espontaneísmo visceral, desprecio al pensamiento racional democrático, una pasión ideológica, enajenada, lo cual desafía cualquier sensatez, cualquier alteridad, cualquier respeto a la diferencia.

“Sus consecuencias son predecibles: odio combinado con fe y creencia, dogmatismos, persecuciones, acusaciones y, por ende, paranoias y atrocidades”, dice. Hoy, las ideologías se organizan con base en la emoción pasional de los ciudadanos, gracias a los medios tradicionales, a las redes digitales y a las lógicas del mercado neoliberal.

Reproducido de www.rebelion.org

El autor es  economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)