Los legisladores del Partido Popular Democrático (PPD),  y  los del Partido Nuevo Progresista (PNP)  detuvieron la aprobación del proyecto que declaraba una moratoria de construcción en las costas, sin darle importancia a la destrucción de la Reserva Natural Bahía de Jobos,  de las cientos de estructuras destruidas en la zona marítimo terrestre en Rincón, así como en otros pueblos, ni siquiera el sonado caso de Sol y Playa en Rincón,  y otras cientos de construcciones en litorales costeros que provocan  daños naturales  con el resultado incluso de la privatización de la playa, o el daño a futuras generaciones que puede provocar el alza en el nivel del mar

En el caso del Senado, aun cuando el proyecto PS 43 recibió un apoyo amplio de expertos y organizaciones, en dicho cuerpo  no se bajó la medida por falta de votos y en la Cámara presentaron un Informe Negativo bajo premisas incorrectas, denunció el asesor ambiental del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Víctor Alvarado Guzmán, en comunicado de prensa.

El Secretario de Asuntos Ambientales del PIP, dio a conocer  que líderes del PPD del área norte rechazan la medida. En el caso de la delegación del PNP dijo que le habían informado que esta no favorecería la moratoria. A estos se sumaron senadores y senadoras del área de Arecibo y Carolina.

“Incluso, el presidente del Senado ha levantado objeciones. Esto a pesar de los informes positivos, y que la portavoz alterna del PPD, Gretchen Hau Irizarry, quien presidió las vistas públicas realizadas sobre el proyecto, solicitó unirse como coautora del mismo, como ya habían hecho la senadora Ana Irma Rivera Lassén y el senador Rafael Bernabe Riefkohl. Una vez más, rojos y azules se niegan a aceptar la realidad de la crisis climática que afecta las costas y las advertencias de los expertos sobre la necesidad de la moratoria”, comentó Alvarado Guzmán.

El PS 43 de la autoría de la  senadora del PIP María de Lourdes Santiago Negrón, tiene un Informe Positivo suscrito por las Comisiones de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor; y de Agricultura y Recursos Naturales, pero fue dejado en asuntos pendientes.

Por su parte, la senadora María de Lourdes Santiago resaltó lo urgente e indispensable de la acción legislativa en el tema de nuestras costas.

“A vista de todas, se construye en áreas que deben ser protegidas, los responsables disfrutan de impunidad y las amenazas a la integridad del territorio son ignoradas. El PS 43 es una propuesta para poner un detente temporal a construcciones en las áreas aledañas a la zona marítimo terrestre (ZMT), y para forzar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a cumplir su obligación de realizar el deslinde en todo el archipiélago, hasta tanto se apruebe legislación más abarcadora que, por ejemplo, redefina en armonía con nuestra realidad geográfica el concepto de ZMT”, explicó la senadora.

Entre los que apoyan la moratoria están el Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático, varios alcaldes y legislaturas municipales, además de decenas de organizaciones ambientales comunitarias alrededor de la isla.

Santiago Negrón, censuró que el  que “todavía no se puedan asegurar los votos para una medida tan sensata y sencilla es una señal de la poca conexión de ciertos sectores con las recomendaciones de la comunidad científica, la falta de atención a la seguridad de nuestras comunidades costeras, y el escaso compromiso con un desarrollo sostenible que tome en cuenta el impacto de la crisis climática que vivimos”.

En el caso de la Cámara de Representantes, el portavoz del PIP  Denis Márquez Lebrón, denunció la irresponsabilidad de la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje de la Cámara de Representantes, al presentar un Informe negativo del PC 116.

“Lo que hizo la Comisión de Recursos Naturales es una soberana hipocresía, ante los eventos que han ocurrido en este país. Ir a Bahía de Jobos en Salinas, para que construcciones ilegales que atentan contra la zona marítimo terrestre haya que removerlas; ir a la zona de Rincón y exigir la remoción de construcciones ilegales en la costa; y ahora hablar de que no se puede establecer una ley de moratoria, me parece que es insostenible”, resaltó Denis Márquez.

El legislador  del PIP calificó de un insulto al proceso legislativo y falsedad  decir en el informe que el proyecto no es enmendable, cuando en el Senado el PS 43, que es este mismo proyecto,  fue enmendado y mejorado por la Comisión de Desarrollo Económico y Servicios Esenciales.

“Lo que están haciendo con el informe negativo, es negarle al medio ambiente en Puerto Rico una oportunidad de restaurarse. Le están negando a las organizaciones que defienden el ambiente, un instrumento para preservar las costas del país. Y es negar la realidad de la crisis climática, y la exigencia de diversos sectores de que, en lo que se aprueba una nueva ley de costas, es necesario una moratoria de construcción en las costas”, finalizó  Márquez Lebrón.

CLARIDAD

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La presidenta de la Asociación de Hogares de Cuido, Juanita Ojeda, expresó preocupación por los efectos que pueda causar la nueva orden del Departamento de Salud (DS) que exige que toda visita de familiares a un centro de cuido de envejecientes deba presentar una prueba negativa de COVID-19 realizada  72 horas antes.

La nueva directriz del DS (Carta Circular 2022- 011-A del 16 de junio) establece que todo visitante deberá presentar un resultado negativo de COVID-19  proveniente de una prueba viral cualificada (prueba de amplificación del ácido nucleico, NAAT, o pruebas de antígeno) realizada dentro de un término de setenta y dos (72) horas antes de acceder al establecimiento, que haya sido procesada por un profesional de la salud autorizado. Se podrán utilizar pruebas caseras siempre y cuando los resultados hayan sido reportados a través del BioPortal del Departamento de Salud.

“No todo el mundo tiene la facilidad de internet y computadora para subir esos resultados y no todos los adultos mayores tienen las destrezas para poder entrar al portal y hacer el registro, porque es bien complicado, no es un portal que sea amigable al usuario”, reaccionó Ojeda,  a CLARIDAD.

Esta se refiere a que gran parte de las personas que visitan a los envejecientes que están en hogares de cuido son también personas mayores.

“Esto nos complica la situación porque, la verdad, muchas veces los hijos no están en Puerto Rico y son otras personas, adultos mayores, que quieren visitar a su familiar que está en la institución. Nos trae una preocupación bien grande porque entendemos que esa es una carga que se le está poniendo a ese familiar que no tiene las destrezas”. Además, dijo que le extraña y sorprende que los proveedores de servicios estén eximidos de la orden, cuando estos sí representan un peligro al moverse de hogar en hogar.

Ojeda confirmó que antes de la comunicación el DS no hizo ningún acercamiento a los hogares de cuido para conocer su parecer. Aparentemente, el DS  considera  que las personas que se están enfermando es por las visitas, cuando la mayoría de las visitas a los centros y hogares de cuido son de otros  adultos mayores que no tienen conducta de riesgo. Acotó que son muy pocos los jóvenes que visitan los hogares. El DS  no ha dado cifras que confirmen que el mayor porciento de las personas mayores que se están enfermando provenga de centros de cuido.

La preocupación mayor es que este requisito disminuya las visitas de familiares, que es lo que más necesitan las personas en los hogares de cuido prolongado. “Es ese contacto con su familiar querido, a veces no es el medicamento. Y que el adulto mayor no pueda recibir la visita de quien siempre lo visita porque no tiene el acceso a la prueba… Creo que hay que repensar cuando se toman decisiones para nuestras instituciones; que nos consulten cuál ha sido la experiencia”.

Ojeda  invitó a la reflexión, a que  “miremos la parte emocional de que ya estaban tan contentos porque ya tenían a su familiar, de por lo menos mirarlos al aire libre. Esto viene a trastocar esa comunicación tan bonita que había”.

En entrevista por separado, otra dueña de un hogar coincidió con que la experiencia es que la mayoría de las personas que visitan los centros de cuido prolongado son adultos mayores. Muy pocas veces reciben visitas de jóvenes.

“La orden parece sencilla, pero no todos los que visitan tiene acceso a computadora e internet. Tampoco es la realidad, mucho menos quizás de un adulto mayor, que no tiene el llamado teléfono inteligente. Están asumiendo que las personas envejecientes que se están enfermando es por las personas que visitan los hogares”. Reiteró que no se sabe de dónde el DS saca esa conclusión.

Sí confirmó que ha tenido empleados que se han contagiado —aunque muy pocos, ya que estos están vacunados— porque son las personas que entran y salen con regularidad. En ese caso el o la trabajadora no acude al centro y tiene que cumplir la cuarentena.

Un aspecto que trajo a la atención es que se está confundiendo a las égidas, que son viviendas para una persona mayor que todavía lleva una vida independiente, que tiene la  capacidad de estar sola. “Esos sí se contagian. Entonces hablan de égidas y enseguida la gente piensa en hogar. Son dos cosas distintas. Las égidas no es lo mismo que el hogar de cuido prolongado. Están responsabilizando al sector que no es”.

Ambas entrevistadas  subrayaron que los centros de cuidado prolongado u hogares de cuido mantienen sus medidas de prevención para los visitantes desde que comenzó la pandemia, como requerir prueba de que la persona tiene sus dosis de vacunas completas, el uso de la mascarilla, la toma de la temperatura, la coordinación de las visitas en número y horario limitado y el distanciamiento. Con lo que sí están de acuerdo es con que se les exijan pruebas a las personas no vacunadas que quieran visitarles “porque no tiene ningún tipo de protección. Eso es un escenario bien distinto a una persona vacunada”.