Por Cándida Cotto
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La comunidad de Toa Baja, representada por la organización ambiental Toabajeños en Defensa del Ambiente, lanzó una declaración de moratoria en la construcción de estructuras y proyectos en la zona marítimo-terrestre y espacios aledaños a su costa hasta que se apruebe una ley de costas.
La organización sostiene que la medida es una de carácter preventivo, motivada por la inacción de la Legislatura y de las agencias gubernamentales responsables de conservar y proteger nuestra costa. Según la declaración, la moratoria significa que “se combatirá de manera amplia y contundente cualquier actividad que impacte la condición sensitiva existente de nuestra costa, afectada mucho antes de los eventos de Irma y María”.
Se denunció además que ante el grave problema de la erosión costera, los legisladores se han limitado a aprobar resoluciones de estudios que no se realizan y a anunciar comisiones que nunca se conforman, que son inoperantes o nadie les hace caso y que solo tienen como objetivo entretener y engañar a la población. En cambio, son indiferentes ante los proyectos de análisis científicos y de grandes retos, como los de Moratoria y Ley de Costas, radicados por los legisladores Juan Dalmau y Dennis Márquez, desde el primer día de sesión de la Asamblea Legislativa. Ambos legisladores pertenecen al Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
El grupo también denunció que tras el embate del huracán María y la situación surgida con los permisos y los nuevos códigos de construcción, la Presidenta de la Junta de Planificación se ha expresado en beneficio del sector privado-empresarial y en detrimento de la conservación de la costa y el medio ambiente, además de que el gobierno y sus agencias no han sido diligentes en la implantación de las leyes y reglamentos que tienen como misión proteger y conservar nuestras playas y nuestras costas.
Otro aspecto que se trajo a la discusión pública es que con el cambio climático ya no se trata de establecer balances entre proyectos de desarrollo y la conservación de la costa, sino que se trata de actuar con medidas de mitigación y con la estricta aplicación de las normas, leyes y reglamentos existentes.
Los ambientalistas censuran que tanto el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos, el Programa de Manejo de Costas, así como las alianzas que se han nombrado con agencias federales (como el Cuerpo de Ingenieros) hayan fallado en su misión de conservar y proteger la zona costera y los terrenos colindantes.
Por su parte, Juan Camacho, portavoz, indicó a CLARIDAD que debido a la inacción gubernamental y ante el peligro que la erosión representa, algunos sectores han comenzado a exigir “certificados de emergencia” que los faculte a realizar trabajos de mitigación a corto plazo en los lugares afectados. Estos certificados son permisos para que cada cual resuelva su problema de la manera que entienda, aunque la alternativa no sea la correcta y lejos de ayudar agudice el problema. Camacho exhorta a las comunidades en municipios costeros a que declaren su propia moratoria.
Ante la declaración de moratoria, Toabajeños en Defensa del Ambiente demandó que se discuta el PS 129, radicado por Dalmau, que establecería una nueva ley de costa. El grupo informó que promoverá el que se establezca un programa de educación agresivo sobre los efectos (y mitigación) del cambio climático en la costa en todas las escuelas públicas y privadas del Municipio y en otras entidades cívicas de la comunidad. Incluso comenzará una consulta para el desarrollo de un proyecto de siembra de vegetación típica costera, la cual es una de las actividades de mitigación de la erosión más viable, económica y participativa que existe.
Toa Baja es uno de los 44 municipios costeros del país. Su área costera, conocida como Ensenada Boca Vieja, comprende desde Palo Seco hasta el Balneario de Punta Salinas y está considerada un área ecológicamente sensitiva.
