El gran problema de la violencia de género en Puerto Rico es la impunidad rampante que apodera a los agresores. Y ésta es el resultado de la indolencia, la apatía y la ineficiencia de la Policía, del Gobierno y demás instituciones del Estado, y de la sociedad en general, para tomar las medidas radicales que se requieren para frenar este problema.
La conmemoración del Día Internacional de No más violencia contra las mujeres nos toca este año en medio de circunstancias muy adversas. Como parte de los requisitos de cumplimiento de la llamada Reforma de la Policía- que le exige el Tribunal Federal a la Policía de Puerto Rico- se acaba de publicar un informe devastador que indica que, entre el 1 de enero y el 20 de agosto de este año 2019, el Negociado de la Policía intervino en 4, 121 incidentes de violencia doméstica en nuestro país. De esa cifra monumental, solo se consiguieron 48 convicciones. Esto da la medida de la impunidad rampante que convierte en letra muerta las leyes y políticas públicas sobre la violencia doméstica en nuestro país.
Particularmente alarmante es la disonancia de las cifras sobre los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, esa manifestación extrema de la violencia de género que tanto consterna cuando ocurre, pero a la que tan poco seguimiento se le da. Según el primer estudio sobre los feminicidios en Puerto Rico, la cantidad real de asesinatos de mujeres que ocurren en nuestro país es otro dato no aclarado, y aparentemente subestimado, en las estadísticas que recopilan la Policía y demás dependencias involucradas del Estado. Hace apenas unas semanas se dieron a conocer los resultados de ese primer esfuerzo para documentar y analizar el contexto en que ocurren los asesinatos de mujeres por motivo de género en Puerto Rico. El estudio- una colaboración de las organizaciones sin fines lucro Proyecto Matria y Kilómetro 0- fue titulado La persistencia de la indolencia: feminicidio en Puerto Rico 2014-2018 y contiene no solo información muy valiosa sobre los asesinatos de mujeres ocurridos en Puerto Rico durante los pasados cinco (5) años, sino también el contexto en que ocurrieron y cómo se ubica Puerto Rico respecto a otros países en el conocimiento y análisis de la situación, y en la atención y medidas correctivas que requiere este grave problema de salud pública y de derechos humanos.
Para la realización del estudio, se partió de los datos recopilados y archivados por Carmen Castelló en Seguimiento de Casos (información sobre asesinatos de mujeres en Puerto Rico), y sus resultados son muy impactantes. Se concluye que en Puerto Rico ocurre un feminicidio cada siete (7) días, tres (3) por cada 100,000 mujeres. Esto coloca a Puerto Rico entre los países de América Latina y El Caribe con altas tasas de feminicidios, junto a República Dominicana y Perú. En el contexto de Estados Unidos, Puerto Rico ocupa, junto al estado de Tennessee, la posición número 13 en asesinatos de mujeres por razón de género, una de las tasas más altas en dicho país. En dicho estudio se encontró también que no existe congruencia en la recopilación de datos de asesinatos por género en la Policía de Puerto Rico, lo cual ocasiona que dichos casos sean sub informados o colocados en otras categorías. No existe tampoco consenso en Puerto Rico de lo que constituye un feminicidio ni cómo reportarlo o catalogarlo, lo cual incide en la desinformación e invisibilidad que existe sobre esta grave situación. Estos datos contundentes, junto a la brutal admisión de que solo la ínfima parte de los casos de violencia de género terminan en convicciones en los tribunales, da la medida de la severidad del problema, y de por qué existen razones más que justificadas para declarar la violencia machista como una emergencia nacional, tal y como lo reclaman los grupos activistas por los derechos de las mujeres en el País.
El gran problema de la violencia de género en Puerto Rico es la impunidad rampante que apodera a los agresores. Y ésta es el resultado de la indolencia, la apatía y la ineficiencia de la Policía, del Gobierno y demás instituciones del Estado, y de la sociedad en general, para tomar las medidas radicales que se requieren para frenar este problema, que cada vez más destruye las vidas de nuestras mujeres y sus familias. La Gobernadora, Wanda Vázquez, debía saber esto y ser su principal promotora, ya que ella ocupó antes la silla de Procuradora de las Mujeres, y conoce muy bien que la indolencia que reflejan las estadísticas oficiales es no solo real sino letal para las decenas de mujeres asesinadas cada año, y para las otras miles que son abusadas diariamente.
El hecho de que el 25 de noviembre sea la fecha anual para la jornada mundial de No Más Violencia contra las Mujeres indica la magnitud del problema generalizado de violencia machista en la inmensa mayoría de las sociedades. Este es el resultado del machismo atávico que aún rige las relaciones entre los géneros en el mundo entero, una condición de dominación y opresión que se resiste a cambios que generen una mayor equidad y justicia para las mujeres, o que por lo menos, garanticen su integridad física y su derecho a vivir en paz. Por eso, aunque las mujeres constituyen la mayoría numérica de la población mundial, aún enfrentan la indiferencia y la marginalización que las coloca en incalculables riesgos físicos y emocionales solo por el hecho de ser mujeres.
Ninguna sociedad puede preciarse de ser civilizada si en ella persisten las actitudes y prácticas que permiten el abuso, la violencia y la impunidad contra sus mujeres. Puerto Rico tiene un largo trecho caminado en el conocimiento y análisis de la situación, y de las medidas que pueden implantarse- algunas inmediatamente- para garantizar que nuestras mujeres no estén tan vulnerables y desprotegidas ante sus posibles agresores. Ante los datos ineludibles que nos confrontan, no existe otra opción que seguir luchando como país para abolir la violencia de género que nos desgarra, y por la cual pagamos un elevado costo social.