CLARIDAD
La gasificadora New Fortress Energy (NFE) lleva ya cinco años operando los muelles A, B y C de la bahía de San Juan sin tener un permiso definitivo de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, siglas en inglés). En otras palabras, NFE opera de manera ilegal desde el 2021.
En tanto, la Junta de Control Fiscal (JCF), el director de la Autoridad de Energía Eléctrica y director de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AP3), Josué Colón, discuten sobre si el ente fiscal aprobó o debió aprobar el contrato de arrendamiento que la Autoridad de Puertos le otorgó a NFE más un forcejeo con la pretensión de NFE de obtener un contrato por 15 años para suplir gas a un costo de $20 mil millones.
La JCF le solicitó a la AP3 que le presente el contrato y cualquier modificación al mismo antes del 24 de julio de 2025 y que incluya la documentación sobre la valoración del contrato, así como cualquier proceso de contratación relacionado.
Al margen de la discusión han quedado las comunidades y organizaciones ambientales que desde el 2019 denunciaron el peligro que representa la operación del puerto de gas de NFE y luego su operación ilegal. En noviembre del 2024 las organizaciones lograron que FERC llevara a cabo unas vistas públicas sobre la operación de NFE. Consultado por CLARIDAD, Federico Cintrón Nolla, director ejecutivo de El Puente-Enlace Latino, una de las organizaciones que promovió que se celebrara la vista, indicó que se suponía que a inicios del reciente mes de junio NFE le presentara a FERC una declaración de impacto ambiental (DIA) para someter a comentarios públicos. Por el contrario, NFE no presentó la DIA y solicitó que se pospusiera su entrega. Todavía no se sabe para qué fecha se pospuso su entrega.
Cintrón Nolla compartió que de parte de las organizaciones continúan informando a FERC de todo lo sucedido y de la discusión pública con NFE en Puerto Rico. Admitió que le preocupa lo que pueda estar sucediendo en Washington con FERC, la cual no tiene una oficina en Puerto Rico.
Por su parte, el representante legal de las organizaciones, Pedro Saadé Lloréns, confirmó a este medio que aunque FERC determinó que tenía jurisdicción y que, por ende, NF tenía que presentar una solicitud ante la agencia para operar el terminal con permanencia, le permitió continuar operando en lo que se tramitaba la solicitud. Es decir, NFE no tiene aún la autorización final definitiva de la FERC para operar. En este momento, agregó, el tiempo para terminar con la solicitud es indeterminado.
Desde inicios de su ubicación, las comunidades alrededor de la planta de NFE levantaron su preocupación por el peligro que esta representa. Las comunidades que circundan la planta son Pueblo Viejo; los sectores Amelia, Sabana y la barriada Vietnam de Guaynabo; el sector La Puntilla y el pueblo de Cataño; el sector Barriada Borinquén, en Puerto Nuevo, y el noroeste y noreste de la Urbanización Puerto Nuevo, en San Juan. Miles viven a tan solo a una milla de distancia, algunos a solo 400 metros de la planta de NFE.
A preguntas de CLARIDAD a la JCF de, si estaba consciente de que New Fortress no tiene un permiso final de la agencia FERC para operar el puerto y se inclinaba a favorecer un contrato sin un permiso final El ente fiscal se limitó a decir:
“La Junta de Supervisión está al tanto de los asuntos entre New Fortress Energy y la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC), que responden a un tema de conocimiento público. Sin embargo, la Junta de Supervisión no revisó el contrato de 2018 entre la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico y New Fortress Energy, ya que el contrato no se presentó ante Junta de Supervisión para su aprobación. La Junta de Supervisión se encuentra evaluando la situación relacionada a New Fortress Energy”.
