Por Cándida Cotto / CLARIDAD
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Más allá de la discusión del Plan Integrado de Recursos (PIR) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en el Negociado de Energía (NEPR), un grupo de entidades religiosas y por su parte el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, siglas en inglés) han hecho llegar a la Gobernadora planteamientos ambientales, así como interrogantes respecto a la capacidad de la firma contratada por la AEE, New Fortres Energy (NFE) para la conversión y suministro de gas en las unidades 5 y 6 de la Central de San Juan.
La carta de las entidades religiosas que representan a las comunidades que rodean la planta que van desde Cataño, Guaynabo, Puerto Nuevo, en San Juan está firmada en primera instancia por el Obispo Felipe Lozada, del Concilio de Iglesias de Puerto Rico, fue recibida en la Fortaleza el 29 de enero. En la misiva los grupos presentan sus preocupaciones de la peligrosidad que representa el proyecto de gasificación. Para empezar el proyecto de almacenar gas metano será en una embarcación que atracará de manera permanente en las inmediaciones de los muelles Ay B en San Juan que pertenecen a la Autoridad de Puertos (AP). Advierten que por necesidad, la operación que pretende NFE conllevará el tránsito repetido de embarcaciones con gas metano desde la boca de la Bahía de San Juan, donde se almacenará el gas en una embarcación estacionaria conocida como “floating storage unit”, (FSU). Añaden que debido a las restricciones de espacio y seguridad de la Bahía de San Juan, el tránsito de embarcaciones con gas metano paralizará de manera parcial, el uso de la carretera, lo que tendrá implicaciones negativas para el tránsito e incluso la seguridad potencial de los cruceros turísticos “que es de tanta importancia económica para San Juan y el País en general”.
Además de argumentar que cercano a las instalaciones de NFE ubican sectores residenciales donde habitan miles de personas, eso incluye a los residentes del Viejo San Juan, cercano a las instalaciones y eventual operaciones de NFE la operación del despacho de los camiones que transportarán el gas metano se encuentra en la Avenida Kennedy, por donde transitan a diario miles de personas. Como si no fuera suficiente denunciaron que el lugar escogido por NFE para construir su facilidad de importación y despacho de gas metano es uno expuesto a riesgos de inundación, inseguridad sísmica y los efectos del aumento en los niveles del mar.
También traen a la atención los riesgos inevitables que estudios e investigaciones han comprobado conlleva el tránsito, el almacenamiento y entrega de gas metano, debido a su características físicas y químicas.
Más aun plantean que sus investigaciones sobre el proyecto han revelado el hecho sorprendente de que ninguna agencia del gobierno de Puerto Rico ha considerado los riesgos potenciales a la seguridad humana tanto de los residentes cercanos o de empleados de la AEE, de los que ubican en la Avenida Kennedy o los barcos cruceros. Denunciaron que los permisos que se le han concedido a NFE para construir sus facilidades han sido de manera aislada y fragmentada.
Otra revelación que trae el grupo de religiosos es que un estudio comisionado por la misma AEE a la empresa Galway Energy Advisors, LLC en el 2015 señaló problemas de riesgos y seguridad de la opción de un barco flotante para almacenar gas metano por lo que la AEE ya conoce los riesgos que conlleva esta operación.
Por si fuera poco denunciaron además que la Comisión Federal que Reguladora de la Energía (FERC, siglas en inglés), encargada de autorizar y de velar por ciertos aspectos de seguridad de este tipo de instalaciones no ha autorizado ni intervenido previo a la construcción de NFE.
En fin las organizaciones le piden a la gobernadora Wanda Vázquez Garced a que intervenga para que se garantice la participación ciudadana para evaluar el proyecto, el cual no ha tenido vistas públicas, ni siquiera tienen una consulta de ubicación.
En una entrevista por separado el licenciado en Derecho Ambiental, Pedro Saadé Lloréns, quien es interventor en las vistas sobre el PIR en el NEPR, confirmó a CLARIDAD que la AEE ha declarado en las vistas que la NFE le ha dicho que ha tenido reuniones de carácter privado con el FERC. Esta acción señaló Saadé Lloréns ya de por si es irregular. El proyecto -dijo- requiere una declaración de impacto ambiental (DIA), la cual tampoco tiene.
Por su parte la carta de IEEFA, (del 29 de enero) firmada por el director de finanzas, Tom Sanzillo, señala que, según publicado por Capitol Forum, un servicio privado de información de mercado, (el 22 de enero de 2020), NFE se enfrenta a un estado financiero deteriorado en toda su empresa.
El informe de CF dice que NFE no aseguró financiamiento para su propuesta planta de licuefacción de gas natural de Pensilvania y tiene retrasos significativos en proyectos en Jamaica, la República Dominicana e Irlanda, así como Puerto Rico. Según el informe, “la administración no ha puesto un solo proyecto en servicio a tiempo desde que se convirtió en una empresa pública”.
El informe incluso previene que en el futuro, NFE está significativamente expuesta al riesgo de los precios de las materias primas y al crecimiento de las energías renovables en los mercados que está tratando de suministrar con gas natural. Los analistas -dice IEEFA- han llegado a la conclusión de que la situación de NFE es “fatal”.
Otro asunto que trae a la atención IEEFA es el hecho de que NFE está moroso en su entrega de gas natural al proyecto de San Juan. Se supone que el proyecto originalmente se completara y estuviese en funcionamiento en junio de 2019. IEEFA denunció que los retrasos son inexplicables.
Aun cuando Zansillo atribuyó que este es el primer y sustancial esfuerzo de la AEE para apoyar su importante esfuerzo de reconstrucción, reparó en “que la ejecución exitosa es importante por razones de política, ahorros fiscales y para enviar el mensaje de que Puerto Rico ha cambiado y puede cumplir sus promesas”.
No obstante IEEFA llamó a la atención a lo que argumenta son los riesgos para Puerto Rico de firmar un contrato para este proyecto con una nueva empresa, la cual denunció está políticamente conectada y con poca trayectoria en el negocio del gas natural.
“Aunque este contrato se firmó antes de que usted se convirtiera en Gobernadora, actualmente están en marcha nuevos contratos para la concesión del sistema de transmisión y distribución, la privatización del sistema de generación y las reparaciones de daños causados por terremotos. La historia de la contratación políticamente impulsada en el sistema eléctrico no se puede permitir que continúe si Puerto Rico va a tener una red eléctrica funcional”, reclamó Sanzillo.
Hay recordar que en otro análisis del 2018, IEEFA ya había denunciado que la propuesta de la AEE de gasificación era una sospechosa y que estaba defendida por intereses fuera de la isla. En ese momento denunció que el convertir tan solo las dos unidades en la planta de San Juan a gas natural y agregar esa capacidad a la generación de gas natural existente -eso fue antes del colapso de Costa Sur con los terremotos que se han sucedido este año- le permitiría a la AEE llegar al 60% de generación de gas natural para el año fiscal 2023.
El contrato de AEE con NFE tiene un potencial de 20 años.
