La presidenta Zayira Jordán confirmó que se dispone a la total subordinación con los mandatos de la junta de control fiscal
CLARIDAD
“Quien tenga oídos para oír, que oiga” —Marcos 4:9
Estas palabras, que al menos tres evangelistas le atribuyen a Jesucristo, parece que se repiten hoy, al interior del primer centro docente del país. Los organismos que representan al estudiantado, profesorado y los trabajadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) han estado escuchando; no como cualquier persona con oídos, sino como gente cuya vida depende de interpretar y accionar, es decir, trazar un plan para defender la vida que perciben amenazada. La UPR es la vida para muchos y muchas personas, pues —como expresó el Consejo General de Estudiantes (CGE) de la UPR, Recinto de Río Piedras, en un comunicado de prensa— es “un proveedor indispensable de servicios esenciales para la seguridad, la salud y el bienestar del pueblo puertorriqueño”.
La presidenta Zayira Jordán Conde expresó, el lunes en declaraciones escritas, “la necesidad de una transformación que redunde en un aumento de ingresos y reducción de gastos, así como con el cumplimiento de acciones acordadas con la Junta de Supervisión Fiscal que le permitirá a la institución a acceder a un total de $172 millones en custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)”.
Luego, explicó que su plan para estabilizar las finanzas de la institución será cumplir con las 30 acciones impuestas por la junta de control fiscal (JCF) para liberar $172 millones en custodia de la OGP. “El enfoque de esta administración es cumplir con esas acciones para que se liberen los fondos”, según expresiones de Jordán Conde que reseñó El Vocero.
Estas expresiones se hicieron luego de que el miércoles y jueves de la semana anterior, el programa Jugando Pelota Dura dedicó gran parte de su programa a hablar del “desastre de las finanzas” en la UPR, diciendo que había que “ajustar cinturones”. El asunto lo trajo Jorge Colberg Toro quien figura como talento fijo del programa y es “asesor voluntario” de la presidenta Jordán Conde. El exreprsentante también integró el comité de transición de la gobernadora Jenniffer González, al igual que el CPA Juan Zaragoza, quien estuvo como invitado del programa de TV.
La comunidad académica no solo ha prestado atención a las palabras de Jordán Conde y sus asesores externos, que gozan de espacios privilegiados en la TV. También, ha salido a poner al descubierto aquellas “falsedades” e intentos de manipulación que ha detectado en sus discursos. Tal como la parábola del sembrador, no dejaron que el mensaje cayera en terreno pedregoso y actuaron sin distracciones para denunciarlo.
La Junta de Retiro de la UPR publicó un comunicado, el 18 de septiembre, denunciando y aclarando las expresiones que se hicieran en Jugando Pelota Dura sobre la salud financiera del sistema de retiro: “Esas expresiones, además de faltarle a la verdad, generan incertidumbre en detrimento a nuestra matrícula y el país”.
El sindicato de Trabajadores de la UPR denunció, a su vez, que la presidenta, principalmente a través de Colberg y la producción de Jugando Pelota Dura, han estado manipulando información sobre las finanzas institucionales con el propósito aparente de legitimar acciones como la reducción de plantilla de empleados, la eliminación de beneficios y “perpetuar el pago de sueldos de miseria”. Así mismo lo hizo la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes.
El sindicato, además, señaló la ironía de que se hable de incumplimiento con las directrices de la JCF, cuando ese ente incumple con la Ley 1 de 1966 que asigna a la UPR el 9.6% de los ingresos del Estado. “La ley asignaría mucho más dinero a la institución, justo en momentos en que el gobierno celebra ingresos récord. Es imposible que la UPR cumpla con requerimientos absurdos de la JCF luego de que esta le quitara sobre $500 millones… Es como si un verdugo quisiera que la víctima no sangrara cuando le corta la cabeza”, resaltaron. Agregaron que, a falta de empresas multimillonarias que donen a la universidad, como en Estados Unidos, aquí corresponde al Estado hacer esa inversión.
El CGE de la UPR-RP convocó a una reunión extraordinaria para este miércoles, luego de pedir la destitución inmediata de la presidenta por las actuaciones que consideraron como “incapacidad de liderar con transparencia, responsabilidad fiscal y respeto a la gobernanza universitaria”. La denunciaron por ceder “espacios de decisión estratégica a asesores externos con claros conflictos de interés, entregando la política institucional a manos ajenas a la comunidad universitaria”.
La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) también concedió entrevistas expresando su desacuerdo con estas expresiones y proceder. El vicepresidente de este sindicato, Jorge LeFevre, aseguró que hay otras alternativas para allegar fondos a la institución, como la negociación colectiva en la cual actualmente está involucrada la APPU con la administración universitaria. “Entendemos que un convenio, que establece claramente adónde irán los fondos, podrá facilitar que la administración vaya a la JCF a pedir más fondos”, argumentó.
¿Cuáles son las 30 acciones?
En una carta con fecha del 30 de mayo, el director ejecutivo de la JCF, Robert F. Mujica, Jr., le expuso a la gobernadora González que el presupuesto de la UPR está en “incumplimiento” con los planes fiscales que ese mismo ente certificó. La junta requiere, entre otras acciones, que la UPR reduzca la contribución del plan médico de los empleados, pero además ha detenido aumentos de nómina, entre otros, solicitando justificaciones.
En el plan fiscal de 2021, la JCF habla de 11 medidas a ser implementadas por la UPR. Entre ellas, continuar aumentando el costo de matrícula conforme a la inflación, eliminar 13 de las 16 exenciones de matrícula (dejando exclusivamente los asistentes de maestros, estudiantes de honor y veteranos), aumentar el costo de otros cargos por servicios, centralizar gastos administrativos de los recintos, y sustituir el sistema de retiro de beneficio definido por una cuenta de contribuciones definidas (401k).
Al momento de publicación, ni la JCF ni la administración de la UPR habían contestado en qué documento se basan cuando hablan de las “30 acciones”. Los gremios de trabajadores y docentes tampoco tenían acceso a este documento.
“En apenas 90 días de gestión, la Dra. Jordán Conde […] ha evitado la publicación de informes que sustentan sus determinaciones, debilitando la rendición de cuentas”, denunció el CGE de la UPR-RP.
Jordán Conde aseguró estar comprometida con la misión de la UPR y el bienestar de sus estudiantes. Asimismo, dijo que se propone comenzar una gira por los 11 recintos y unidades, para escuchar sus inquietudes y “brindar información precisa sobre el alcance de la situación financiera, así como las medidas que se evalúan”.
Por su parte, el presidente de la Junta de Retiro de la UPR, Luis Vicenty Santini, indicó que es incorrecto hablar de deudas actuariales como si fueran deudas contables, como hizo Colberg Toro en el programa. Actualmente, hay un caso en los tribunales para que la administración de la UPR haga las aportaciones correspondientes al fideicomiso del sistema de retiro. “El asunto es que la Universidad no quiere hacer las aportaciones que le corresponde, en contubernio con la Junta de Control Fiscal”, indicó.
