CLARIDAD
La situación de falta de presupuesto que enfrentan los albergues que atienden a víctimas de violencia de género es histórica. En las recientes décadas, esta falta ha sido un problema consistente hasta llegar al año pasado, en el cual se aplicaron unos recortes sistemáticos en todas las fuentes de fondos que ascienden a sobre a $850 mil.
La presidenta de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, Coralys León Morales, a preguntas de CLARIDAD, indicó que los fondos que suelen recibir los albergues se otorgan, unos, en el caso de fondos federales, por medio del Departamento de Justicia de Puerto Rico, por el Departamento de la Familia y por la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM), y otros son los llamados donativos de la Legislatura de Puerto Rico. En el caso de los donativos legislativos, los albergues y sus organizaciones tienen que competir con organizaciones de otras características, por lo que no hay una partida garantizada.
La Red Nacional acoge a 50 organizaciones no gubernamentales (ONG), que a su vez administran nueve albergues especializados en atender víctimas de violencia de género, los únicos que existen en el país que ofrecen servicios. De parte del Estado no ofrece este servicio. De acuerdo con la presidenta de la Red, los albergues necesitan un presupuesto de entre $3 a $2 millones anuales, cifra que no tiene ninguno en su presupuesto.
León Morales aclaró que hubo un error en lo divulgado al decir que la OPM recibió la asignación de $1.6 millones para los albergues. En la reunión el 16 de marzo entre miembros de la Red y la procuradora Astrid Piñeiro Vázquez, esta aclaró que no todo el dinero era para los albergues. Según se les informó, solo la cantidad de $ 120 mil van a ser otorgados a tres albergues que ya tenían los fondos asignados. El otro millón será asignado mediante convocatoria. León Morales afirmó que al presente los albergues están manejando la reducción de los fondos VOCA (siglas en inglés de Victims of Crime Act), que son la principal fuente de presupuesto.
La presidenta de la Red dio a conocer que, además de reunirse con la procuradora, se han reunido con una asesora de la gobernadora, la secretaria de Estado y con Justicia. En el caso de la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, hubo una conversación franca y se le presentó la propuesta de establecer un impuesto a la venta de armas y sus aditamentos. Aunque dijo que todavía no han tenido la oportunidad de presentar la propuesta a la Legislatura, sí se incluyó en un memorial explicativo de una resolución presentada por la senadora Álvarez Conde, pero la Comisión de Hacienda del Senado que preside la senadora Migdalia Padilla le emitió un informe negativo a la resolución.
León Morales defendió que todas las áreas geográficas del país tienen albergues y que no hacen falta más, sino que hace falta más recursos para poder sostener y ampliar los servicios. Aseguró que nunca ha habido una partida en el presupuesto del gobierno para estas organizaciones y que es la primera vez en la última década que se presenta una propuesta para fondos recurrentes. El pasado año, los albergues atendieron a 570 féminas víctimas de violencia de género.
En una reciente gestión, los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) Domingo Torres García y Estrella Martínez Soto anunciaron en comunicado de prensa la radicación de la Resolución Conjunta de la Cámara 322 para asignar $1.5 millones a organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios directos a sobrevivientes.
«Reconocemos que, aunque el Estado tiene una responsabilidad, son las organizaciones sin fines de lucro y los refugios quienes brindan el apoyo incondicional y directo en el momento de mayor vulnerabilidad. No podemos permitir que la falta de recursos burocráticos limite su capacidad de salvar vidas», expresó el representante Torres García.
Por su parte, la representante Martínez Soto enfatizó que esta asignación presupuestaria responde a la persistencia de un problema que, a pesar de los estados de emergencia previos, sigue reflejando cifras alarmantes. En Puerto Rico, se procesaron más de 9,000 órdenes de protección anuales entre 2022 y 2023.
«La violencia de género se combate con determinación y recursos. Con esta resolución, buscamos que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) distribuya estos fondos de manera estratégica, asegurando que el dinero llegue a donde realmente se necesita: a la operación diaria de quienes atienden a las sobrevivientes», añadió la Representante.
La medida fue avalada por la Red Nacional de Albergues.
