Las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Senado y Cámara, en conferencia de prensa, dieron a conocer que presentaron una resolución para ordenar una investigación sobre denuncias de un alegado esquema de intercambio de votos por drogas y otros favores ilícitos dentro de las cárceles de Puerto Rico con fines de beneficio electoral para la actual administración.
La resolución RS 500 radicada por los senadores del PIP surgió a raíz de revelarse en un reportaje del medio ProPublica que una investigación federal había reunido pruebas sólidas de fraude electoral en las elecciones del 2024 en Puerto Rico. El fraude consistió en que miembros de la pandilla Los Tiburones en cárceles en Puerto Rico y personal del Departamento de Corrección presionaron a los confinados e intercambiaron drogas entre ellos a cambio de que votaran por la actual gobernadora, Jenniffer González Colón.
Según reveló ProPublica, el pasado 2 de mayo, días después de que Trump ganara la presidencia y aquí González Colón la gobernación, el presidente ordenó detener la investigación. En diciembre del 2024, ya la fiscalía federal en Puerto Rico había presentado una acusación formal contra 34 reclusos.
La senadora María de Lourdes Santiago apuntó que las alegaciones de intervención partidista indebida en los espacios carcelarios anteceden al reportaje de ProPublica, al igual que los señalamientos sobre trasiego de sustancias. “Ninguna pretensión seria de fiscalizar la gestión de ésta y de pasadas administraciones puede ignorar esa situación con las severas implicaciones que tiene”, expresó.
La RS 500 instruye a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano en el Senado y a su contraparte en la Cámara de Representantes a realizar una pesquisa exhaustiva sobre estas denuncias. Además de hacer referencia a lo divulgado por el medio estadounidense, se reseña lo vertido por la Comisión de Derechos Civiles en torno al proceso electoral en las cárceles, con especial énfasis en las denuncias hechas a través de su director, Lcdo. Ever Padilla, en cuanto a violaciones a la privacidad de los reclusos durante el proceso de votación, así como las quejas presentadas por escrito por reclusos describiendo experiencias de presión para votar en la primaria del Partido Nuevo Progresista (PNP) de 2024.
El representante Denis Márquez Lebrón subrayó: “No debemos tomar a la ligera información que apunta a que hechos descritos en un pliego acusatorio no se traducen en la radicación de cargos ni descartar la impresión de que ello responde a instrucciones de Fiscalía Federal. Si en otros casos se exige investigar la actuación del Departamento de Justicia de Puerto Rico, no puede aplicarse un criterio distinto cuando la duda recae sobre instancias federales”.
Por su parte, en declaraciones escritas a CLARIDAD, la Unión Americana e Libertades Civiles (ACLU, en inglés) capitulo de Puerto Rico, reaccionó a las denuncias:“La manera como una persona ejerce su voto, sin embargo, debe ser absolutamente libre y voluntaria, sin que exista de por medio amenazas, chantajes o actos violentos que obliguen a una persona a votar de cierta manera en beneficio de algún candidato en particular.
”Esto es más significativo cuando hablamos de personas privadas de su libertad, una población que está bajo la custodia absoluta del Estado y que, según demostró el Caso Morales Feliciano, ha estado sometida a violencia institucional, condiciones de seguridad deficientes y servicios de alimentación y salud insuficientes e inadecuados”.
ACLU expresó que espera que las autoridades federales y estatales actúen con total transparencia y compromiso genuino en el ejercicio de su deber. Advirtió que abandonar una investigación y la evidencia disponible sobre un posible esquema de voto fraudulento en las cárceles “lacera la confianza de quienes creemos en la democracia y apostamos al ejercicio del voto como expresión máxima de la voluntad popular. La democracia participativa exige pulcritud en los procesos electorales y certeza sobre sus resultados”.
El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en comunicado de prensa también exigió respuestas ante el alegado esquema. “Más allá de los hechos específicos, este caso refleja un patrón preocupante: denuncias sobre irregularidades electorales que no se investigan hasta el final. Casos relacionados con voto adelantado, procesos en instituciones y querellas formales han seguido una trayectoria similar. Comienzan con seriedad, pero terminan sin conclusiones ni rendición de cuentas”, señaló la pasada Comisionada Electoral del MVC, Lillian Aponte.
Mientras, la coordinadora general del MVC, Eva Prados, señaló; “La democracia no puede sostenerse sobre la incertidumbre ni sobre la falta de transparencia. La confianza en los procesos electorales depende de la capacidad de las instituciones de investigar de manera independiente, completa y sin interferencias”.
