Eduardo A. Lugo Hernández
Por años, la exigencia de resiliencia ha estado en la boca de muchos en los medios de comunicación y en el sector político. Lo han establecido como un imperativo individual en un escenario político-social que responsabiliza a las personas por las consecuencias de las deficiencias gubernamentales. A pesar de que estas concepciones ven la resiliencia como un proceso individual de aguante y recuperación, la realidad es que la resiliencia es un proceso colectivo en dónde debe haber recursos externos, al igual que internos para poder manejar la adversidad.
Michael Ungar, trabajador social canadiense, define la resiliencia como la capacidad para navegar los recursos psicológicos, sociales, culturales y físicos que sostienen el bienestar. Si bien es cierto que Ungar explora este fenómeno desde el punto de vista individual, su definición también sirve para comprender como comunidades en Puerto Rico se autogestionan para acceder al ecosistema de fondos y colaboraciones multisectoriales para propiciar su resiliencia energética. En este sentido pensar en la resiliencia energética comunitaria incluye los recursos internos de las comunidades y la disponibilidad de recursos financieros y de apoyo técnico que sean culturalmente competentes para fortalecerles.
En Puerto Rico, comunidades empobrecidas, que sufren con mayor fuerza las consecuencias de la inconsistencia energética, han colaborado con investigadores en la Universidad de Puerto Rico y con organizaciones sin fines de lucro para desarrollar centro de resiliencia energética, instalando placas solares con baterías en los techos de centros comunales u otra infraestructura crítica en la comunidad. Estas iniciativas son clave para que personas en la comunidad puedan refrigerar medicamentos, conectar equipo médico, cargar celulares, entre muchas otras cosas necesarias, después de un apagón ya sea relacionado a un evento natural o por problemas con la red eléctrica del país.
Sin embargo, en los pasados meses, tanto el gobierno federal como el gobierno local han menoscabado la capacidad de múltiples comunidades para tener resiliencia. Específicamente, el Departamento de Energía de los Estados Unidos revocó una subvención federal de $350 millones de dólares destinada a fortalecer con placas solares con batería a 40,000 residencias de personas con discapacidad o empobrecidas. Se reportó que esta acción fue avalada por el gobierno de Puerto Rico. La eliminación de estos fondos es una afrenta en contra de la vida misma de las personas a quienes estaba destinada. Ideológicamente responde a un refortalecimiento de la dependencia a combustible fósiles de parte del gobierno federal y la negación del cambio climático. En Puerto Rico, nuestro gobierno ha decidido invertir en gas “natural” ignorando la información proveniente de comunidades y personas que apuestan a la energía renovable como alternativa.
En esencia, la resiliencia impulsada es la del lucro del sector de combustibles fósiles y sus aliados. Los puertorriqueños hemos sido claros que, para manejar la crisis energética, debemos apostar a la energía renovable en los techos. Esto se ejemplifica por la proliferación de places solares en los techos de residencias, financiadas por las familias o por el establecimiento a través del archipiélago de proyectos de placas solares en centro comunales de comunidades empobrecidas.
La realidad incómoda es que nuevamente la situación colonial de Puerto Rico afecta su habilidad de tomar decisiones ancladas en su realidad. La imposición colonial afecta la resiliencia de personas y comunidades vulnerabilizadas en un contexto de pobreza y en una geografía de alta vulnerabilidad climática. La resiliencia entonces es del sistema que se reconfigura para el lucro de unos pocos. Las comunidades han sido claras en todos los foros organizados por el estado. Su bienestar, su resiliencia, depende de tener los recursos disponibles para garantizar energía constante. Por ende, el gobierno de Puerto Rico y organizaciones locales y en la diáspora, deben abogar por el restablecimiento de estos fondos y por una inversión mayor en formas de energía que minimicen el impacto ambiental y provean justicia energética.
El autor es profesor del Departamento de Psicología Universidad de Puerto Rico en Mayagüez
