A 533 años desde la conquista española, y 128 años desde el inicio de la ocupación de Estados Unidos – Puerto Rico se enfrenta a un presente de insostenibilidad que amenaza la viabilidad misma del país puertorriqueño al que aspira la inmensa mayoría de nuestro pueblo.
Basta una mirada a los asuntos más apremiantes que nos afectan para percatarse de la involución que ha sufrido Puerto Rico en todos los órdenes, particularmente durante las últimas dos décadas, marcadas por la parálisis en la gestión pública, la decadencia y desprestigio de la clase política de los dos partidos que se han turnado el gobierno, y el saqueo creciente y descarado de nuestro patrimonio natural y edificado en beneficio de grandes intereses, mayormente extranjeros.
Ya no se trata solamente de la racha de desastres naturales o provocados que nuestro pueblo ha tenido que afrontar en los últimos años. Se trata de algo más deliberado y perverso, de una agenda fraguada en las cúpulas políticas del recortado poder colonial, para salvarse ellos, aunque el país y el pueblo se hundan. Se trata de que esa agenda política de alguna manera amenace permanentemente el futuro de Puerto Rico y su gente. Y se trata también de que, en este momento, es nuestro propio presente el que está amenazado.
Al cierre de esta edición de CLARIDAD, miles de familias, vecindarios y comunidades en todas partes de Puerto Rico, pero particularmente en el Área Metropolitana de San Juan y otros municipios aledaños- donde se concentra la mayoría de la población- no tienen acceso continuo al agua potable de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ( AAA). Esto, en medio de una insólita racha de averías, roturas y desperfectos que ha servido para destapar la realidad de una infraestructura de aguas en ruinas por la falta de inversión y mantenimiento, y por la mala gestión y decisiones de los gobiernos incompetentes y corruptos que «apagan fuegos y ponen parchos» para salvar sus pellejos políticos mientras le fallan continuamente al pueblo.
Una racha similar de averías y roturas sigue rampante también en LUMA Energy, GeneraPR y la carbonera AES, que durante los últimos días han anunciado los temidos «relevos de carga», o sea, apagones indiscriminados y súbitos en distintas áreas de Puerto Rico, precisamente en medio de la peor ola de calor que hemos sufrido en los últimos tiempos. Como resultado de esta conjunción de eventos, miles de familias en Puerto Rico ahora mismo no tienen servicio de agua ni de luz, como si estuviésemos atravesando por un desastre natural de grandes proporciones.
Estas vivencias que parecen surreales son la triste realidad de miles de familias puertorriqueñas hoy, porque tanto la AAA como LUMA, Genera PR, y AES siguen brindando un servicio precario. La precariedad de AAA es por la politiquería interna y la incompetencia gerencial a través de las décadas. Y la de LUMA Energy, GeneraPR y AES es porque son empresas privadas que responden al interés de sus accionistas y no al interés del pueblo de Puerto Rico ni de sus clientes. Estas empresas privadas, sin embargo, se han beneficiado de cientos de millones de dólares de dinero asignado al pueblo de Puerto Rico tras el paso del huracán María en 2017 para rehacer nuestro sistema eléctrico. LUMA, además, ha solicitado y se le han concedido numerosos aumentos de tarifa que pagan sus abonados residenciales y comerciales, y a AES, el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal ( JCF) le extendieron un rescate millonario hace apenas un tiempo para que no cayera en el impago de sus deudas y así sostener artificialmente su «viabilidad financiera». Todo esto es indicativo de un gobierno de Puerto Rico sin métricas de ejecución, sin visión y sin agallas para defender el interés del pueblo al que le piden los votos. De una Junta de Control Fiscal negligente en sus funciones, y unos operadores de servicios privados que solo les importan sus ganancias y no el servicio a sus abonados.
Pero, no solo es la inestabilidad de la energía eléctrica y la falta de acceso al agua potable lo que amenaza la sostenibilidad de Puerto Rico. Durante los últimos meses, CLARIDAD ha venido denunciando cómo, poco a poco, el actual gobierno de Puerto Rico, mediante legislación, decisiones ejecutivas y judiciales, y mediante componendas de cuartos oscuros, ha ido acomodándose a los intereses externos y de cabilderos del patio, y cediendo importantes derechos del pueblo sobre nuestros recursos y patrimonio. La ofensiva para privatizar, sobre todo las costas, y desplazar comunidades, se siente con fuerza en todo el país.
El proyecto Esencia pretende enajenar 2,000 cuerdas de tierra protegida en Cabo Rojo para un mega complejo residencial y recreativo, con unas exigencias de agua y otros recursos que no pueden suplirse sin hacer un daño irreversible a la actual población del área y a la Reserva Natural de Boquerón, uno de nuestros tesoros ecológicos.
El proyecto para la ampliación del hotel Normandie, en plena isleta de San Juan, implica afectar el acceso público a la popular playa del Escambrón y convertir el histórico Parque Sixto Escobar en un estacionamiento privado.
Igualmente sospechoso y nocivo es el conjunto de medidas legislativas presentadas que, de ser implantadas, implicarían un retroceso en importantes protecciones ambientales existentes, como las de la zona del Karso, o los límites marítimo terrestres, o los mega proyectos hoteleros o comerciales que conllevarían el desplazamiento de vecindarios o comunidades de raíces históricas.
En una excelente columna de opinión publicada recientemente en un diario del país, un pasado director de la Agencia Federal de Protección Ambiental ( EPA, por sus siglas en inglés) advirtió sobre las consecuencias nefastas permanentes de los crímenes ambientales sobre los ecosistemas afectados, tomando como ejemplo lo que llamó la «masacre ambiental» de Bahía Jobos en Salinas. Dice el experto que se necesitaría una inversión de cientos de millones de dólares para poder revertir el daño que se le hizo a esta incalculable Reserva Natural de manglares en nuestra costa suroeste con las construcciones ilegales que allí se levantaron durante muchos años.
Este fue uno de los muchos crímenes ambientales que se encubrió por años, a la vista de todos, y sin que ninguna de las autoridades concernidas tomaran acción hasta que la situación se les fue de las manos.
Puerto Rico no ha tenido una sola oportunidad en toda su historia para decidir sobre su propio destino, ni para controlar su realidad. Pero, aunque tarde, el fruto siempre madura. Y nuestro pueblo no debe ni puede permitir que la realidad insostenible del presente se convierta en una profecía devastadora para nuestras futuras generaciones.
