El acceso y disfrute de energía eléctrica estable es un signo de desarrollo y madurez económica y social de un País. Esa no ha sido la realidad en Puerto Rico durante los pasados diez años, una década marcada por el colapso financiero y físico de nuestro sistema eléctrico, lo cual ha desatado una prolongada situación de incertidumbre, inestabilidad y deterioro económico y social, que está teniendo un impacto devastador sobre la vida de nuestras familias, comunidades, y el país entero.
Al momento, nadie da respuestas claras ni mucho menos, explicaciones. Al pueblo puertorriqueño se le mantiene a oscuras, y no sólo por los apagones a todas horas del día y la noche, ni por los aumentos sin justificar en la factura eléctrica, ni por las polémicas y dimes y diretes entre los diferentes componentes del sistema, ni por las investigaciones pro forma que se realizan para entretener, y no para solucionar, sino porque nuestro pueblo sabe que, detrás de todo el ruido, se esconden las componendas en cuartos oscuros, las agendas escondidas, la corrupción, el encubrimiento, las medias verdades y la realidad de un sistema eléctrico prendido a duras penas, y que en cualquier momento puede colapsar.
Ni el Gobierno de Puerto Rico, ni la Junta de Control Fiscal que rige nuestro país a nombre del gobierno de Estados Unidos, la metrópolis colonial, ni mucho menos las compañías privadas que han sido contratadas o que están licitando por contratos para operar los distintos componentes del sistema eléctrico, quieren enfrentar a nuestro pueblo. Por eso, ignoran a los medios de prensa que les cuestionan, se escudan tras comunicados insulsos y datos imprecisos, y se reúnen y defienden unos a otros en foros afines a ellos. Todos se han colocado de espaldas al pueblo de Puerto Rico.
Veamos en datos la realidad de la que no se quiere hablar :
En el 2016, se decretó la quiebra de la AEE, por una deuda de $8.3 mil millones. Al día de hoy, y tras cuatro propuestas de Plan de Ajuste de Deudas, varias rondas de mediación y cientos de millones de dólares pagados por el pueblo de Puerto Rico a abogados, peritos y consultores de todo tipo, la quiebra no se ha resuelto. Los bonistas buitres, que compraron la deuda de AEE en baratillo, están amotinados, y respaldados por el Tribunal de Circuito de Apelaciones en Boston, y exigiendo que la deuda se les pague con intereses, lo que sumaría $12 mil millones y aumentos astronómicos en la factura de luz que pagan los abonados del sistema eléctrico. Más allá de los argumentos legales que hasta ahora no han tenido éxito, desde acá no ha habido voluntad ni empuje para frenar ese atropello.
En 2022, la carbonera AES, una empresa privada que aún suple carbón contaminante a nuestro sistema eléctrico, cayó en el impago de $17 millones de su deuda de $144 millones. Amenazó con cerrar su operación en Puerto Rico y la respuesta del Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal en 2024 fue aprobarle un rescate financiero de $185 millones a dicha compañía delincuente, pagadero a 4 años con dinero del pueblo de Puerto Rico. En otras palabras, que se está utilizando dinero que pudo haber ido a mejorar las pensiones irrisorias que reciben nuestros pensionados del servicio público, a brindar servicios esenciales al pueblo, o al presupuesto de una entidad imprescindible como la Universidad de Puerto Rico, para solventar las finanzas de una empresa privada, cuya operación además contribuye a las tasas elevadas de enfermedades respiratorias y cáncer, que se han encontrado en las comunidades aledañas a los pueblos de Guayama y Peñuelas donde la carbonera lanza sus emisiones y se almacenan sus cenizas.
La última quiebra por $ 8 mil millones es la de New Fortress Energy, ocurrida en estos días en un Tribunal de Inglaterra, en un confuso proceso de «reestructuración» que encubre el desplome calamitoso de la compañía que provee gas metano licuado en Puerto Rico, con barcaza y tubería submarina en la Bahía de San Juan. A esta compañía, a sabiendas de que se encontraba en serios aprietos financieros, se le contrató en 2025 por 7 años, a un costo de $4 mil millones para suplir gas metano licuado a las plantas de AEE. New Fortress es también la compañía matriz de Genera PR, que está a cargo de la generación eléctrica en Puerto Rico, ahora mismo en precario, porque 8 de los 14 generadores de energía temporera que tienen a su cargo, y que se adquirieron en 2023, están fuera de servicio, y la compañía no puede ni quiere explicar por qué. Esta falla inexplicada y prolongada en la generación eléctrica es la responsable principal por los continuos apagones (relevos de carga) de las últimas semanas, y la excusa que llevó a las oficinas del Zar de Energía, la Autoridad de las Alianzas Público Privadas, y la llamada oficina independiente de licitación y negociación de contratos a saltarse todas las salvaguardas y contratar a la nebulosa Power Expectations, contrato que canceló la Junta de Control Fiscal.
Tambaleante y apenas sobre sus pies, ¿a quién se le ocurre que New Fortress y su subsidiaria Genera PR son las compañías que Puerto Rico necesita para garantizar la estabilidad de la generación eléctrica y el funcionamiento y mantenimiento adecuado de plantas, generadores y demás infraestructura crítica de generación?
Entre las deficiencias y errores de LUMA Energy y la insuficiencia de generación e incompetencia de Genera PR, nuestro sistema eléctrico se encuentra en una encerrona. Los llamados relevos de carga no pueden ser la norma de funcionamiento. Un sistema eléctrico frágil e intermitente no le sirve bien a nadie, ni al gobierno, ni a la empresa privada, ni a las familias e individuos.
Lo peor es que no se plantea solución a corto y mediano plazo. Nadie de los que tomaron la decisión de privatizar el sistema eléctrico se responsabiliza ahora por las consecuencias que ha tenido este proceso de privatización improvisado, fallido y disfuncional. Lo que en el pasado fue una de las mayores ventajas competitivas de Puerto Rico, ahora se hunde en un pantano fangoso y profundo, a merced de buscones, truhanes y farsantes que sólo persiguen el beneficio para ellos y otros como ellos. Puerto Rico exige un sistema eléctrico estable, sin chanchullos ni colapso.
