CLARIDAD
“Lo que está detrás es facilitar a los inversionistas de afuera que hagan lo que les dé la gana porque, no nos hagamos de ninguna ilusión, esto no es para los puertorriqueños”, denunció a este medio el presidente de (CK) en referencia al proyecto de la Cámara PC 1079, que propone derogar la Ley 292 de protección de la zona del karso.
El presidente de Ciudadanos del Karso, el planificador Abel Vale, quien depuso en la primera vista pública sobre el PC 1079 que llevó a cabo la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, presidida por la representante, Elinette González Aguayo, advirtió que su aprobación tendría consecuencias perjudiciales para la protección del karso. Al respecto, describió que la combinación de una nueva política pública, la redefinición territorial, la redistribución de facultades institucionales y la incertidumbre sobre la continuidad de las protecciones del Plan y Reglamento del Área de Planificación del Carso (PRAPEC) podría facilitar intervenciones en áreas ambientalmente sensibles, zonas de recarga de acuíferos, terrenos con riesgos geológicos y espacios de alto valor ecológico y paisajístico. Dicho reglamento fue elaborado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), por disposición de la Ley 292.
En su ponencia, el presidente de CK indicó que había unas evidencias que la Comisión debería exigir antes de modificar la Ley 282. Entre estas, identificar las fallas específicas de la Ley 292 y del PRAPEC, que se pretende corregir, con datos de permisos, cumplimiento y fiscalización. Además, presentar estudios hidrogeológicos, geológicos y ecológicos que justifiquen la nueva definición territorial y demuestren que no se perderán áreas de alto valor. Explicar por qué se trasladan facultades del DRNA, cómo se preservará su peritaje y qué recursos tendrán las agencias para fiscalizar.
Otra información que debería ser requerida es presentar una evaluación científica que determine si las enmiendas conservarían las funciones hidrológicas y ecológicas del karso, tomando en consideración los objetivos internacionales de conservación de la biodiversidad, incluida la meta mundial de conservar al menos el 30 % de las áreas terrestres y marinas para 2030. Por último, presentar un análisis económico que compare los beneficios alegados de las enmiendas con los costos potenciales de contaminación de acuíferos, pérdida de servicios eco sistémicos, daños a infraestructura y remediación ambiental
Vale comentó que una de las cosas que salió a relucir durante la vista y que también está en el proyecto de la reforma de permisos es que se eleva a la “categoría sacrosanta” la propiedad privada. “En Puerto Rico la propiedad privada no es algo absoluto. El Estado se reserva el derecho de limitar la propiedad privada en aras de los intereses del bien común”. Acotó que tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos hay jurisprudencia al respecto.
Otro aspecto de la medida que denunció es que en el texto se quita la palabra conservar y se cambia por aprovechar. “En el fondo, uno puede argumentar las contradicciones que hay en este proyecto de ley, pero a ellos no les importa, inclusive lo pasan y lo llevan a a los tribunales y en lo que los tribuales resuelven ‘ya el daño está hecho’”, denunció.
En la mañana también depusieron la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico (SEPRI) y la Sociedad Espeleológica Unida del Sur (SEUS), las cuales pidieron que no se aprobara el proyecto, debido a que esto desmantela la protección de un recurso natural no renovable del que dependen el agua, la biodiversidad y la economía del país.
En comunicado de prensa conjunto, Julio Rodríguez Planell, presidente de SEPRI, indicó que a su juicio, el proyecto parte de un error donde se confunde la roca con el sistema geológico, hidrológico y ecológico que la rodea. Señaló no es la ley del Karso la que deben enmendar, sino la ley de corteza terrestre y la ley de minas.
Las organizaciones científicas expusieron que el Karso ocupa cerca del 28 % del territorio de Puerto Rico y está presente en 50 municipios donde se encuentran los acuíferos que abastecen buena parte de la población del norte y a la zona metropolitana.
De acuerdo con SEPRI, la calidad y la presión de esos acuíferos atrajeron a la industria química y farmacéutica a la isla, por lo que su protección está directamente vinculada al empleo y a la estabilidad económica.
Al igual que CK, el SEPRI y SEUS denunciaron que el proyecto cambia la política pública de la ley de proteger y conservar, a proteger, aprovechar y manejar. Elimina las referencias al karso como recurso no renovable y lo describe como fuente de materia prima para el desarrollo. También suprime la prohibición de instalar torres y antenas sin autorización en los mogotes, cuyas cimas albergan los últimos remanentes de bosque primario y especies endémicas en peligro.
Otro punto de preocupación que advirtieron las organizaciones es que el proyecto le quita el poder al DRNA de delimitar las zonas kársicas y fiscalizar la ley y lo entrega a la JP y a la OGPe.
Rodríguez Planell también llamó la atención a que el proyecto “coloca el interés particular sobre el bien común, la seguridad pública, la salud pública y los derechos de las actuales y futuras generaciones”.
Mientras, Díaz Pérez, de SEUS, insistió en que el proyecto “lejos de velar por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, a todas luces está concebido para destruir la protección de nuestra zona del karso para beneficiar al sector industrial y de poder económico”.
Otra organización ambiental que participó en las vistas fue el Sierra Club. La directora de Sierra Club de Puerto Rico, Hernaliz Vázquez, advirtió que el proyecto no es la única amenaza que enfrenta el karso ya que también teme que la reforma de permisos debilite las salvaguardas que protegen estas áreas.
“El karso no es un obstáculo para el progreso ni un terreno vacío en espera de ser explotado, sino una infraestructura natural indispensable que sostiene acuíferos, bosques, cuevas, biodiversidad y comunidades. Presentar su protección como enemiga del desarrollo ignora que la economía y la calidad de vida del país dependen del agua, de ecosistemas funcionales y de territorios capaces de sostener la vida”, puntualizó.
