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Quieren quitarnos el karso

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

El  proyecto PC 1079 es  un cambio de política pública para permitir la destrucción de la zona del karso, afirmó a CLARIDAD el licenciado Pedro Sadeé Lloréns. El PC 1079, presentado por el presidente de la Cámara Johnny Méndez, propone la derogación de la Ley 292 de protección de la zona del karso.

En las vistas ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, que preside la representante Elinette González Aguayo, estuvieron siempre presentes la presidenta  y la representación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); los otros representantes entraban y salían.

Sadeé Lloréns,  quien participó en el primer día de la vista pública sobre la medida  junto a la organización Ciudadanos del Karso (CK), expresó que, en general, el consenso no niega la importancia del karso para el agua, la protección de hábitat, la seguridad, para el turismo por los ríos subterráneos y las cuevas: son muchas las razones por las cuales se debe proteger y conservar el karso.

No obstante, ,dijo, el  propósito del proyecto quedó claro, sobre todo con las preguntas que le hicieron al presidente de la Junta de Planificación (JP), Héctor Morales Martínez, la delegación del PIP Adriana Gutiérrez y Dennis Márquez Lebrón. “Admitió que ese era el objetivo, un cambio de política pública para permitir más desarrollo y, básicamente, más destrucción en el área karso; no lo dijo así, pero el cambio de política pública se constata por varias razones”.

El abogado en Derecho Ambiental señaló que, en primer lugar, el PC 1079 cambia los conceptos de  conservación y  protección  a uso o explotación y aprovechamiento. El otro aspecto que evidencia el cambio de política pública es que, como está ahora la ley, el karso se define como un área de valor para recarga de las aguas, como hábitat, como lugar de valor arqueológico y otros. La medida elimina todo eso y el único valor que se le reconoce es el agua; pero se enfatiza como materia prima para la construcción, lo que representa es un cambio fundamental de protección como materia prima.

Continuó con que la otra razón por la que el proyecto es un cambio de política pública es que, sin decirlo, lo que hace es despachar y revocar el Plan y Reglamento del Área de Planificación Especial del Carso (PRAPEC). Explicó que el PRAPEC es  producto de una discusión y un estudio que tomó años para identificar las áreas de valor en el karso.  El reglamento establece un área protegida que no admite explotación de canteras y comerciales, salvo autorizaciones específicas: es una política pública para proteger el área.

Explicó que el PC 1079, sin decirlo,  lo que hace es despachar y revocar ese reglamento especial para, supuestamente, hacer uno nuevo con las nuevas definiciones y nuevas políticas públicas. Otro aspecto que es un cambio de política pública es que da  prioridad  a la propiedad privada por encima de la protección o planificación de las  áreas.

El último elemento en apoyo a esa conclusión de como el proyecto es un cambio de política pública grande y dañina, subrayó Sadeé Lloréns,  es que  se le quita la facultad al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), para administrar el área especial y  se le da a la JP.

El ambientalista narró que ese fue uno de los puntos interesante ante las preguntas de la delegación del PIP sobre cuántos ecólogos y  espeleólogos tenía la JP. Morales Martínez admitió que no tiene esos recursos y dijo que sí tenía planificadores que podían hacer algunas  de esas funciones. “Pero, en realidad, la agencia que tiene el conocimiento y conoce el área del karso son los técnicos del DRNA”, aclaró Sadeé Lloréns.

“En conjunto, esto es un proyecto de ley que va a tener unos efectos nefastos en las áreas del karso porque ese es precisamente su objetivo: traspasarlo a una agencia que no tiene la especialidad y convertirla de protección a materia prima”, reiteró.

En cuanto al DRNA, comentó que aunque no ha testificado todavía, en su ponencia —la cual ya fue presentada por escrito— desafortunadamente, no objetan el proyecto en términos del cambio de política pública, pero sí objetan que se le traspasen sus facultades relacionadas al karso a la JP. Por su parte, la JP sí favorece tanto el proyecto como el traspaso de las facultades del DRNA.