Otro proyecto a la medida de los intereses desarrollistas se acaba de aprobar por descargue en el Senado de Puerto Rico, sin vistas públicas ni participación adecuada de las organizaciones ambientales, y sin pasar el crisol de los profesionales de reconocida experiencia y conocimiento en materia de planificación y conservación ambiental, y de comprobada ética profesional.
El nuevo proyecto fue presentado hace sólo una semana para sustituir dos piezas legislativas anteriores que habían tenido amplia discusión en vistas públicas desde el pasado mes de abril. A última hora, se trajo al pleno del Senado para aprobación expedita un proyecto sustituto de 868 páginas, cargado de nueva información técnica y compleja, y redactado a toda prisa tras reuniones a puertas cerradas con representantes de las principales organizaciones que agrupan a desarrollistas, contratistas y constructores. El PS del S 1073, sustituye los originales proyectos del Senado 1073 y 1083 para crear un nuevo Código de Planificación y Permisos que dejaría sin efecto 46 instrumentos legales y administrativos y modificaría 50 leyes que hasta ahora habían formado parte de la reglamentación de permisos de construcción y desarrollo en Puerto Rico. A cargo de la redacción del mismo, y a un costo para el erario de $63 mil, estuvo el cabildero y contratista del Senado, Anthony Maceira, quien fue también la persona encargada de las reuniones de última hora con los líderes empresariales.
Por supuesto que levanta sospechas la prisa y el modo en que se condujo el trámite legislativo, sobre todo porque el Presidente del Senado ni siquiera se dignó contestar a la solicitud, que mediante carta le hiciera un grupo de connotados profesionales, científicos, planificadores y expertos ambientales para que les concediera un tiempo adicional para leer y analizar la información y cambios contenidos en el proyecto sustitutivo. Levanta sospechas también que la redacción de dicho proyecto se hiciera y se presentara tras reuniones a puertas cerradas con los representantes de las organizaciones de empresarios. Si el liderato legislativo quiere demosrrar que trabaja con transparencia y en el mejor interés público ¿ por qué no darle tiempo adicional a los expertos en la materia para que examinen el documento? ¿ por qué no celebrar vistas públicas donde coincidan conjuntamente los sectores empresariales interesados en alterar el sistema de permisos para beneficiarse económicamente, junto a los planificadores y ambientalistas que propulsan un desarrollo compatible con el ambiente, y que la prensa y el país puedan presenciar el intercambio y llegar a sus propias conclusiones? Hacer vistas públicas para proyectos de permisos, y luego sustituirlos por un tercero, y presentarlo para aprobación a toda prisa en el Senado, sin que medie el beneficio de una discusión sosegada y pública entre todas las partes interesadas, es lógico que levante sospechas y cree recelos. Después de todo, ¿por qué no se propicia la expresión abierta de las opiniones y recomendaciones de los líderes empresariales que están detrás del proyecto? Si dicho proyecto sustitutivo salvaguarda el interés público, ¿ a qué le temen los políticos y los empresarios? ¿ Por qué éstos se escudan y rehuyen la discusión frente a frente ?
Los intereses empresariales que están detrás de este proyecto son privados, y así prefieren mantenerse y no darle la cara al pueblo. Los profesionales que quieren saber más de este proyecto también son entes privados, pero, en cambio, se ponen en récord y firman una carta solicitando más tiempo para estudiarlo, demostrando que no tienen nada que esconder.
Ante las protestas del pasado martes contra el proyecto sustitutivo de permisos, el Presidente del Senado reaccionó con su agresividad de siempre. Se negó a atender la prensa y a reunirse con los representantes de organizaciones ambientales allí presentes. «Puerto Rico no puede ser rehén de los vagos» escribió despectivo en la página de una red social, en medio de uno de sus acostumbrados arranques de soberbia. Valdría la pena preguntarle: ¿ y quiénes son «los vagos»? Porque no creemos que se refiera a la portavoz del Sierra Club de Puerto Rico, ni al líder de Ciudadanos del Karso, ni al liderato de la Coalición Defiende a Cabo Rojo que se opone al proyecto Esencia, ni tampoco a las demandantes contra el Municipio de San Juan por el proyectado edificio multipisos de estacionamiento en la Playa del Escambrón, todos presentes en la protesta. Y mucho menos creemos que tal falta de respeto se dirija a figuras de gran reconocimiento público como los doctores y ambientalistas Pedro Gelabert y Ariel Lugo o la ingeniera ambiental Ingrid Vila, todos ex funcionarios públicos de alto nivel y probada valía profesional y firmantes, entre decenas de otros excelentes profesionales, de la carta que él no contestó y donde se le pedía tiempo adicional para examinar y reaccionar al proyecto sustitutivo PS del S 1073, antes de que fuera sometido a votación en el Senado.
En Puerto Rico, cada vez más se deslindan los campos. Este gobierno sirve y apoya a los grandes intereses que insisten en saquear lo que queda de nuestros recursos más valiosos y protegidos. Del otro lado, cada día crece más la oposición y resistencia de nuestro pueblo al despojo descarado y al gobierno que lo facilita.
Llamar «vagos» a académicos, científicos y defensores del ambiente, y de la integridad de nuestro suelo y recursos naturales, es mucho más que una falta de respeto. Es la respuesta desesperada de un gobierno y unos políticos cuya gobernanza se desploma bajo el peso de la corrupción y las pugnas internas, el desgaste de un modelo colonial atávico y atrasado y el tutelaje aislado e indiferente de una Junta de Control Fiscal que no conoce a Puerto Rico ni responde a las necesidades de nuestro pueblo.
