La delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), advirtió que la Ley para limitar el uso de imágenes captadas por los Sistemas Aéreos No Tripulados (antes P. de la C. 402), se presta para la criminalización de iniciativas para defender el ambiente que se están dando a través de todo el archipiélago. La medida fue convertida en ley por el gobernador este 30 de diciembre.
El PC 402 establece el requisito de obtener una orden de registro o consentimiento para poder grabar personas o propiedades mediante la utilización de drones, exceptuando solo situaciones de emergencia, como las operaciones de búsqueda y rescate u operaciones militares. En comunicado, el MVC reparó en que la medida, al no excluir, como mínimo, propiedades que no están ocupadas por personas o que estén en construcción y en las que se sospeche la comisión de delitos ambientales o de violaciones a los procesos de permisos, esto provocará un sinnúmero de controversias legales y pondrá en aún mayor desventaja a las comunidades y las personas que luchan por la protección del ambiente.
“En tiempos de emergencia ambiental y de ausencia e inacción deliberada de las agencias llamadas a proteger nuestros recursos naturales, nuestro territorio y nuestro patrimonio histórico, arqueológico y cultural, como el DRNA, la OGPe y la Junta de Planificación, el gobernador firma esta medida que le arrebata al pueblo una valiosa herramienta de lucha y que indudablemente está dirigida contra el sector ambientalista y diríamos que contra personas particulares que se han destacado por denunciar irregularidades con el apoyo de evidencia audiovisual, tales como Lorenzo Delgado, mejor conocido como el León Fiscalizador”, denunció la portavoz del MVC en la Cámara.
Mariana Nogales Molinelli, advirtió que independientemente de cómo se pretenda implementar la ley, el MVC no va a permitir injusticia, persecución o procesamiento selectivo contra persona o grupo alguno que recurra a obtener imágenes desde el aire para probar sus reclamos.“Vamos a estar fiscalizando a las agencias con la gente mano a mano”, añadió.
Además de establecer como un delito menos grave su violación, la ley también crea una causa de acción civil para la persona o entidad ‘perjudicada’ por la acción. Esto tiene el propósito de convertirse en un nuevo tipo de litigación estratégica (SLAPP suit, en inglés) y obstaculizar la participación ciudadana frente a desarrollos con impacto social.
A lo anterior, el portavoz alterno en la Cámara del MVC, José Bernardo Márquez, trajo el ejemplo de que en los pasados meses se ha visto lo complicado que resulta oponerse a proyectos como el de Rincón o la planta de asfalto en Guaynabo, aun cuando las comunidades tienen de su lado evidencia y argumentos legales de peso.
“La disparidad ya era inmensa. El MVC presentó y en la Cámara se aprobó la Ley de Legitimación Activa Ambiental (P. de la C. 474) precisamente con el objetivo de empezar a subsanar esta desigualdad en los procesos administrativos y legales. Esperamos que el Senado le dé prioridad a ese proyecto en la sesión que empieza en enero. Por ahora, con esta nueva ley, la gente de a pie se verá en aún mayor desventaja ante las empresas e individuos que usualmente están detrás de proyectos destructivos y perjudiciales, y que son quienes tienen el poder y los recursos para contratar a grandes bufetes legales. Tenemos que tener muy presente que litigar contra un bufete grande cuesta tiempo, dinero y energía porque implica contestar innumerables mociones, requerimientos e interrogatorios, comparecer a reuniones, deposiciones y vistas y hasta defenderse de ataques personales y a la reputación,” afirmó la portavoz del MVC en el Senado, Ana Irma Rivera Lassén.
La delegación el MVC trajo a la atención que se ha visto cómo, sin permisos o con permisos mal habidos, talan árboles, remueven corteza terrestre, destruyen el carso, se construyen muros y muelles en la playa, contaminan cuerpos de agua, muchas veces en zonas lejanas o de difícil acceso. La única manera de constatar la destrucción y hacer las querellas correspondientes es mediante la utilización de este equipo, lo cual facilita a las personas y grupos ejercer su deber ciudadano de cuidar y proteger el medioambiente.
Todo esto ocurre —denunciaron— en momentos en que el Cuerpo de Vigilantes no cuenta con suficiente personal y en que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) son dirigidos por funcionarios que incumplen con sus deberes ministeriales y se cruzan de brazos para no realizar la debida diligencia.
Las legisladoras y legisladores también mencionaron que, al establecer un lenguaje tan amplio, la ley afectará los derechos de artistas que inofensivamente tomen visuales de espacios o propiedades en la producción de obras. Esto crea una regulación excesiva sobre la libertad de expresión y la creación artística en Puerto Rico.
Ante esta ley reclamaron que se atienda cuanto antes el P. de la C. 474, que le daría mayores herramientas al público para involucrarse en la protección de los recursos naturales.
