CLARIDAD
El Departamento de Educación (DE) recibió, en febrero de este año, una puntuación de 3.10 en su cumplimiento con las estipulaciones del pleito de clase de Rosa Lydia Vélez. La calificación representa una mejora en los servicios que presta el DE en el Programa de Educación Especial, según las métricas establecidas por el Tribunal. No obstante, el Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial advirtió que muchos de estos “logros” no reflejan cambios estructurales profundos.
La directora de la organización, Carmen Warren, recordó que la monitoría a la que está sujeta Educación, dirigida por la Dra. Pilar Beléndez Soltero, analiza los datos provistos por la propia agencia. Luego de una primera evaluación, explicó la portavoz, la monitora corrobora los datos con la retroalimentación de los abogados, el Comité Timón, los padres y todos los agentes de la parte demandante.
“Tienen muchos modos de corroborar. Esas puntuaciones que ellos obtienen no necesariamente son finales. En la mayor parte de las ocasiones, esas puntuaciones bajan después del proceso de monitoría porque se identifican fallos en los informes o información incompleta, duplicada. Son observaciones y señalamientos que realiza la propia monitora”, explicó Warren en entrevista con CLARIDAD.
Entre las formas de corroborar, la monitora recoge, de forma aleatoria, expedientes para comprobar si contienen las firmas de todos los participantes del Comité de Programación y Ubicación (COMPU) que establecen el Programa Educativo Individualizado (PEI) de cada estudiante. Del mismo modo, Beléndez Soltero observa a menudo si estos documentos se archivan adecuadamente.
“Las 87 estipulaciones (del pleito de clase) están divididas por temática. En las evaluaciones que se realizan, el Departamento tiene evaluaciones más o menos aceptables —entre 3 o 4— en las estipulaciones relacionadas con la divulgación o el proceso de registro. Por ejemplo, el derecho de cada padre a que, con la sola sospecha de que su hijo tiene alguna necesidad, pueda registrarlo en el programa”, agregó la directora.
Empero, el registro supone el comienzo del camino. Tras proceder a otros procesos de evaluaciones, Educación determina la elegibilidad del estudiante dentro de las 13 categorías contempladas en Educación Especial. De resultar elegible, la agencia prepara el PEI e identifica una ubicación en donde estudiaría el alumno.
“En esas primeras estipulaciones, en ese orden, el Departamento generalmente obtiene una puntuación aceptable, pero las estipulaciones más dirigidas a servicios directos, que impactan al estudiante diariamente, le bajan esa puntuación en la monitoría. Hay unas estipulaciones en las que siempre salen bien. Las de divulgación, por ejemplo, que cumplen todos los meses de abril con la concienciación del mes del autismo. Ellos hacen campaña anunciando la condición, pero eso es fácil. También van a programas radiales y televisivos, como estipula el pleito de clase. En eso cumplen: las cosas físicas, naturales, que no impactan a la niñez”, argumentó Warren.
De acuerdo con la portavoz del Comité Timón, Educación incumple con la asignación de un maestro cualificado para atender las necesidades particulares del estudiante, con el programa educativo diseñado y terapias que no se limitan a las del habla, ocupacional, física o psicológica. Existen servicios especiales, como la terapia equina, acuática, educativa o procesamiento auditivo del lenguaje, que apoyan el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Estas infracciones de Educación afectan, por ejemplo, la comprensión lectora y escritura de los estudiantes.
“Ocurre que el Departamento muchas veces incumple porque no hay suficientes profesionales para poder ofrecer la cantidad de servicios que los estudiantes requieren o no están dispuestos a pagar los costos de muchas de estas terapias. Por eso ellos tratan de enfocarse en las terapias tradicionales”, comentó.
Para Warren, Educación Especial debe, además de atender las necesidades de estudiantes con métodos alternos de aprendizaje, integrar a esta demografía la comunidad. Que la comunidad tenga la información para insertarse en la vida de los estudiantes. «Por muchísimas malas prácticas», Warren afirma que el país no ha llegado a ese punto de mejora.
El comisionado especial del pleito de clase, el licenciado Carlos Rivera Martínez, celebra vistas mensualmente en las que se reúnen las partes del caso para evaluar los datos sometidos. El informe de la monitora, por su parte, se publica anualmente para pasar al proceso de corroboración. Hasta el momento, la monitora ha adelantado algunos puntos de esa segunda evaluación.
“Aún cuando existían leyes federales y estatales que definen claramente los servicios a los que tienen derecho los estudiantes de educación especial, no se hacía. El que todavía el Tribunal tenga jurisdicción en el pleito es lo que ha logrado que se empiece a dar cumplimiento a todas las leyes que nadie cumple, aun cuando se supone que ocurran sanciones contra esos incumplimientos”, elaboró.
A pesar de reconocer las herramientas que ha brindado la determinación del caso 22 años después, Warren puntualizó que la agencia estatal lo continúa manejando con deficiencias severas. El DE paga, en ese sentido, $11,000 diarios en multas por incumplir con las estipulaciones del caso de Rosa Lydia Vélez. Además, Educación infringe la ordenanza de la jueza Eileen Navas Auger al no sancionar a funcionarios que obstaculizan la prestación de servicios.
Asimismo, Warren arguye que la Oficina de Remedio Provisional y Querella ha cambiado desde que está bajo el manejo del DE. Reconocido como uno de los grandes logros del caso, en el que Educación financia servicios privados que no puede proveer, la portavoz del Comité admitió que el acuerdo “se ha salido de las manos” puesto que la agencia privilegia el remedio provisional en lugar de habilitar condiciones adecuadas en las aulas.
“Se ha vuelto todo un negocio. Son escuelas subsidiadas con fondos de Educación. Nadie (de la agencia) supervisa, nadie visita”, argumentó con relación a cómo las compañías privadas cobran cerca de $2,500 por niño. En muchos casos, estos centros cierran súbitamente y dejan al estudiante en un limbo procesal.
Warren también denunció que los reembolsos que Educación expide para los estudiantes de Educación Especial no han cambiado su tarifa desde que se fijaron por primera vez. La amalgama de deficiencias de Educación con las 87 estipulaciones del caso, sumada a los “logros” que se arroga, le han merecido la broma del «cumpli-miento».
“El cumpli-miento, le decimos: Te cumplo y te miento”, dijo Warren.
La Junta surte efecto
Desde la llegada de la Junta de Control Fiscal (JCF) en 2016, los tres cuerpos encargados de manejar los fondos de Educación —y por consecuencia, Educación Especial— se han tenido que ajustar a las imposiciones del ente federal. La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Síndico federal asignado tras el arresto de la secretaria Julia Kelleher han tenido que apelar ante el organismo.
Sin embargo, la JCF comparte la preocupación con el Comité de los gastos que el DE invierte en servicios que no se proveen por las empresas privadas. Tres de las más de 26 compañías contratadas han enviado cartas a padres en las que avisan de la terminación de servicios para los estudiantes, contó Warren. La portavoz sostiene que la agencia prefiere continuar con estos remedios, “parchos», como con las multas diarias, en lugar de enmendar las causas sistémicas de fondo.
