CLARIDAD
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¡Urgente, nos roban el salario! Con esta consigna jóvenes, estudiantes, grupos comunitarios, sindicatos, trabajadores y trabajadoras se manifestarán el jueves,11 de junio, frente al Capitolio en defensa de la Ley Ley 47 del Salario Mínimo y su Comisión Evaluadora.
El proyecto PC 1115, presentado por el representante del Partido Nuevo Progresista, Roberto López Morán, propone derogar la Ley 47-2021, conocida como la Ley de Salario Mínimo, que logró aumentar el salario mínimo en Puerto Rico de $7.25 a $10.50 y estableció la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, compuesta por académicos, personas expertas y representantes de distintos sectores con el poder para revisar el salario mínimo cada 2 años. La eliminación de la Comisión es promovida por sectores empresariales como la Asociación de Bancos, la Cámara de Comercio, la Asociación de Restaurantes y el Centro de Detallistas.
A ellos también se ha unido la Junta de Control Fiscal (JCF). En carta enviada el 4 de junio al presidente de la Cámara, Carlos Méndez Núñez, el ente fiscal da su aval al proyecto bajo el argumento de que no es inconsistente con el Plan Fiscal.
“Según redactado, el P. de la C. 1115 altera el mecanismo para aumentar el salario mínimo en el futuro, pero no altera la tasa del salario mínimo actual ni exige aumentos futuros a la tasa salarial. Por consiguiente, la Junta de Supervisión ha determinado que no es inconsistente con el Plan Fiscal. Por supuesto, cualquier cambio futuro al salario mínimo puesto en marcha mientras la Junta de Supervisión ejerza funciones será revisado por la Junta de Supervisión en el momento apropiado para determinar su cumplimiento con el (los) plan(es) fiscal(es) correspondiente(s) y PROMESA”. Lee parte de la carta de la Junta.
Al director ejecutivo de la JCF, Robert Mujica, no le afecta en lo más mínimo ni el salario mínimo, ni la eliminación de la Comisión. Si contamos su sueldo de $ 625 mil al año, desde el 1.0 de enero del 2023 en que inició sus funciones, en tres años ya se ha ganado $1 millón 875 mil, dinero del pueblo de Puerto Rico.
En tanto, amplias organizaciones de la sociedad civil, afirman su oposición a la eliminación de la Comisión Evaluadora y a que sea la Legislatura, como propone el PC 115, la que revise cada cuatro años el salario mínimo.
La manifestación de este jueves fue convocada por Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Coalición Sindical, Construyamos Otro Acuerdo (COA), Democracia Socialista, Federación de Trabajadores de PR AFL-CIO, Federación de Trabajadores de la Empresa Privada, Hermandad Independiente de Empleados Telefonicos (HIETEL), Movimiento Victoria Ciudadana, Mentes Puertorriqueñas en Acción, Movimientos Solidario Sindical, Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Sembrando Sentido, Taller Salud, United Auto Workers (UAW), Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE).
A ellos se les unió la Mesa de Diálogo Martin Luther King: “La eliminación de esta Junta busca debilitar a la clase trabajadora en sus justos reclamos de mejoras salariales y condiciones de trabajo en una economía en contracción y en que el costo de vida ha aumentado año tras año. Por esa razón condenamos todo intento de continuar eliminando derechos humanos y económicos cuya consecuencia será el empobrecimiento de la clase trabajadora del país”, denunció.
Por su parte, la Juventud de Movimiento Victoria Ciudadana (La Jota), advirtió que el efecto de la eliminación de la Comisión “sería devolverle a la Legislatura, regida por los intereses político-partidistas, la ejecución de la política pública sobre el salario mínimo. Por casi 25 años, la Legislatura no había revisado el salario mínimo, sino que los aumentos se habían dado a través de la legislación federal y por medio de la Ley 47-2021, que ahora está en peligro”.
