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No por el hecho de ser mujeres las nominadas al Departamento de Justicia (DJ) y a la Superintendencia de la Policía (SP) esto representa que habrá un cambio de visión hacia una reafirmación y extensión de los derechos civiles y humanos, más allá de los ciudadanos, de las comunidades pobres, y ciudadanos vulnerables, entiéndase, las mujeres en situación de violencia doméstica, la comunidad LGBTTIQ, y otros muchos aspectos sociales.
“Siempre favorecemos la nominación de mujeres a puestos directivos en áreas de interés público, tradicionalmente asignada a hombres, como es seguridad y justicia. Por tanto, reconocemos el valor de la nominación de mujeres realizada por el gobernador electo, Dr. Ricardo Rosselló. Pero tanto la Superintendencia de la Policía como para la Secretaría de Justicia, los méritos deben hablar por las candidatas” reparó la licenciada Eva Prados, portavoz del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR).
El Movimiento Amplio de Mujeres advirtió que se oponía a la designación de Wanda Vázquez, y le atribuyó un mal desempeño en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y una falta de compromiso con la protección de los derechos humanos.
“En el caso de la Lcda. Wanda Vázquez nos oponemos a su nombramiento por su deficiente desempeño como Procuradora de las Mujeres y su demostrado rechazo a la protección de los derechos humanos. La Licenciada Vázquez ha actuado de forma desatinada, discriminatoria y anti obrera, en constante violación de la ley orgánica de la OPM, Ley 20 del 2001. A su vez, su postura a favor de la pena de muerte y de eliminar el derecho constitucional a la fianza muestran una persona sin compromiso con la protección de los derechos humanos que debe tener una Secretaria de Justicia.” añadió la abogada y experta en derechos humanos.
Tanto Prados como la licenciada Josefina Pantoja, expresaron la consternación, del Movimiento Amplio de Mujeres con el nombramiento del DJ ya que esta agencia es el principal organismo gubernamental responsable de distribuir los fondos federales para intervenir y atender a las víctimas del crimen, incluyendo la violencia doméstica y la violencia sexual.
Al abundar sobre este particular la licenciada Prados comentó a CLARIDAD, que existe temor entre las organizaciones que integran el Movimiento debido a que el DJ ha recibido un aumento de 400% en su presupuesto mediante la asignación de fondos del gobierno de Estados Unidos para el programa de servicios a víctimas del crimen OVC. Este dinero se supone que se distribuya tanto entre organizaciones de base comunitaria como programas gubernamentales. En los últimos años pese a el aumento en la cantidad de estos fondos la Procuradora aun cuando recibió fondos para víctimas de abuso sexual el dinero estuvo en riesgo de perderse porque ella no los asignó, bajo la premisa de que no había proyectos de trabajo que atendieran a estas víctimas. Prados denunció que esto es falso y que además en caso de que no los hubiese es responsabilidad de la Procuradora crearlos. Además, como Procuradora ha demostrado parcialidad en la distribución de fondos y perjudicando a organizaciones que se han atrevido hacer denuncias públicas en su contra.
Una de las reglas impuestas por la Procuradora a las organizaciones a las cuales les ha asignado fondos es a cambiar la condición de empleados permanentes por empleados por contrato, aspecto que no es requisito de la asignación de los fondos federales.
Las activistas dejaron saber además que Vázquez ha mostrado un claro rechazo al trabajo en colaboración con las organizaciones de mujeres y de base comunitaria como promueve la ley orgánica de la OPM y las agencias federales.
Prados explicó que la Ley 20 de 2001 que creó la OPM dispone la creación de un consejo consultivo con el propósito de que sirva de enlace entre las organizaciones comunitarias que ofrecen servicios a las mujeres y promueven los derechos humanos precisamente para que la agencia tuviera ese enlace, recibiera insumos y así poder desarrollar estrategias validas. Acotó que incluso la reforma de la Policía tiene este componente. No obstante al presente no se sabe si la Procuradora constituyó el consejo en su agencia, o si lo hizo quiénes son sus miembros y mucho menos si en efecto se formó el consejo qué ha hecho.
Pero muy contrario a lo que dispone la ley Prados reveló que quien ha convocado a las organizaciones comunitarias que prestan servicios a las mujeres ha sido el DJ.
La designación de la Superintendencia de la Policía
En tanto sobre la nominación de la actual decana de la Academia de la Policía, la coronel Michelle Hernández Fraley a dirigir la Superintendencia de la Policía, Prados, expresó su preocupación por el perfil militar de la designada.
“Hay que tener cuidado de la disciplina militar no es lo ideal para un cuerpo policiaco son cuerpos muy distintos y los mas perjudicados con un cuerpo policiaco militarizado es la ciudadana”.
Aunque dijo que no se puede descartar que es un puesto que nunca ha sido ocupado por una mujer, por ese lado ve el nombramiento como uno positivo. No obstante reconoció que hay que evaluar los méritos de la designada, la cual ha manifestado que no ha trabajado antes con una policía civil. “Para los independentista debe ser una bandera roja”, advirtió Prados.
En tanto la Unión Americana de Libertades Civiles, (ACLU, siglas en inglés) capítulo de Puerto Rico, organismo que inició la acción judicial para lograr una reforma policíaca expresó sus expectativas de lo que debe ser el desempeño de una o un superintendente de la Policía.
El licenciado Josué González Ortíz, dijo a CLARIDAD que tanto en lo que es la Superintendencia como en la Academia de la Policía a pesar de los avances, tomando en cuenta que ya van cuatro años de trabajo, la reforma ha estado lenta.
Sobre los criterios de la persona que ocupe la SP, González Ortiz, destacó que ACLU entiende que la personas que ocupe la superintendencia, primero debe ser una persona que respete y le de una enérgica continuidad al trabajo de la reforma; dos que se enfoque en establecer la policía comunitaria; que se establezcan canales de comunicación entre los procesos de implantación de la reforma y la comunidad para que se sepa qué es lo que se está haciendo; y que se establezcan mecanismos de rendición de cuentas.
González Ortiz calificó como una contradicción los comentarios públicos de Hernández Fraley, de promover la “mano dura y la policía comunitaria”. Puntualizó que esos dos enfoques son incompatibles y la experiencia ha demostrado que el enfoque de mano dura es un fracaso. El abogado de ACLU llamó la atención que con la reforma hay el mandato del Tribunal de que la reforma tiene que adoptar el enfoque de la policía comunitaria. “Eso impacta (se refiere a la mano dura) a las comunidades y sectores vulnerables, precisamente para combatir los efectos de esa mano dura es que se establece la policía comunitaria, la policía comunitaria no es enemigo de las comunidades es un agente del gobierno cuya función es un ente de cambio, de ayuda a todas las comunidades y sectores”, abogó.
En un sentido similar se manifestó en cuanto a la nominada al DJ. González Ortíz aludió a que grupos activistas han expresado sus reservas sobre Vázquez por su ejecutoria como fiscal y en la OPM. “El Departamento de Justicia son los abogados del pueblo es la agencia llamada adelantar el interés público y el que se proteja los derechos civiles y derechos humanos de todos los sectores”.
