Los mismos asesores involucrados en la polémica otorgación de permisos ilícitos en el Condominio Sol y Playa son ahora los asesores del campo de tiro de Salinas, denunciaron en comunicado de prensa líderes de la comunidad Ranchos Guayama.
Ariel Torres Meléndez, quien preside la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), intenta cambiar el nombre del controvertido campo de tiro propuesto en Salinas a PR Shooting Academy, la cual también preside. Este contrató los servicios del ingeniero Enrique Santiago, del hidrólogo Ángel Román Más y del biólogo Idelfonso Ruiz, asesores de Sol y Playa, para preparar una evaluación ambiental sobre el proyecto.
“Estas tres personas estuvieron involucradas con la escandalosa otorgación de permisos en el caso del Condominio Sol y Playa en Rincón. El ingeniero Santiago mintió diciendo que la construcción no tendría un impacto ambiental significativo para forzar la otorgación de una exclusión categórica; Idelfonso Ruiz fue quien presionó en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para que se otorgara el permiso, escudándose en su puesto en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), y Ángel Román Más era el asesor del Condominio Sol y Playa, quien, casualmente, también fue socio corporativo de Idelfonso Ruiz. Era un equipo mortal cubriendo las tres bases, y ahora llegan a Ranchos Guayama”, manifestó José Cora Collazo, portavoz de Acción Social y Protección Ambiental (ASPA).
El líder comunitario calificó de altamente sospechoso que este trío de asesores ahora esté interviniendo en los polígonos de tiro que quieren construir en la comunidad de Ranchos Guayama. Reveló además que el pasado 10 de octubre el trío sometió una Solicitud para Certificación de Hábitats Naturales para la Vida Silvestre en OGPe, donde en la primera página admiten que la excavación de fosas de sobre 10 pies que se hizo en el lugar es ilegal.
“La comunidad ha denunciado esto desde el principio, e incluso el DRNA confirmó varias violaciones hechas por CODEPOLA. Es altamente sospechoso que el constructor de un proyecto ilegal contrate a personas involucradas en otras acciones ilegales y que de seguro aún tienen contactos en las agencias”, remarcó José Cora.
Por su parte, Miguel Ángel Rivera, residente de Ranchos Guayama, expresó su consternación sobre la insistencia en mantener viva la posibilidad de construir 17 canchas de tiro al aire libre en su comunidad.
“El DRNA confirmó varias violaciones de ley, la propia documentación del proponente acepta la ilegalidad. La comunidad actuó utilizando los canales correspondientes y logró que el municipio retirara su endoso al proyecto y hasta solicitó investigaciones en el Senado y la Cámara de Representantes. Incluso, en el tribunal, el abogado de CODEPOLA fue multado porque, en un caso judicial que entablaron contra la comunidad, llevan sobre 300 días sin presentar evidencia. Hace rato que este proyecto se debió detener y no permitir que siga el intento por violentar nuestra paz, tranquilidad emocional, seguridad y ambiente”, expresó Rivera.
Los activistas comunitarios aseguraron que están evaluando la documentación sometida en OGPe y que seguirán luchando hasta detener finalmente el peligroso campo de tiro de CODEPOLA.
