Por Alfonso Ramón Naranjo Rosabal
La voz desde Washington: un testimonio inesperado
La visita de los congresistas Pramila Jayapal y Jonathan Jackson a Cuba constituye un hecho singular en el panorama político estadounidense. Ambos, representantes de distritos con tradición progresista, recorrieron hospitales, escuelas y comunidades para constatar los efectos del bloqueo energético. Su declaración fue contundente: impedir la entrada de petróleo durante más de tres meses equivale a un bombardeo económico contra la infraestructura nacional. La imagen que transmitieron es la de un país sometido a una presión desproporcionada, donde la vida cotidiana se ve interrumpida por la falta de combustible y electricidad, y donde la población enfrenta un sufrimiento que no puede justificarse bajo ningún argumento de seguridad nacional.
Las escenas que relataron son desgarradoras: incubadoras apagadas en hospitales, niños sin transporte escolar, pacientes de cáncer sin acceso a tratamientos vitales, familias sin agua ni alimentos refrigerados y una producción agrícola reducida a apenas el 10 % de las necesidades de la población. Tras escuchar voces diversas —familias, líderes religiosos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, embajadores latinoamericanos y africanos, incluso disidentes— concluyeron que existe consenso en un punto esencial: este bloqueo ilegal debe cesar de inmediato. La fuerza de su testimonio radica en que no se trata de un discurso ideológico, sino de una constatación directa de la realidad que enfrentan los cubanos.
Jayapal y Jackson subrayaron además señales de apertura en Cuba: la liberación de más de dos mil prisioneros, reformas económicas que permiten inversión privada, el crecimiento de pequeñas y medianas empresas y la invitación al FBI para investigar un hecho violento. Para ellos, los obstáculos al progreso ya no están en la isla, sino en la persistencia de una política estadounidense anclada en la Guerra Fría. Su llamado fue claro: abrir negociaciones reales que garanticen la dignidad del pueblo cubano y beneficios compartidos para ambas naciones. Este planteamiento introduce un elemento novedoso: la posibilidad de que desde el propio Congreso se impulse un debate sobre la pertinencia de mantener una política que ha fracasado en sus objetivos declarados.
La importancia de esta declaración radica en que proviene de voces dentro del propio Congreso estadounidense. No son diplomáticos extranjeros ni activistas solidarios, sino legisladores que representan a ciudadanos de Estados Unidos. Su testimonio rompe con la narrativa oficial que justifica el bloqueo como medida de presión legítima. Al describirlo como “castigo colectivo” y “bombardeo económico”, introducen un lenguaje que conecta directamente con las categorías del derecho internacional, donde tales prácticas se consideran violaciones graves de los derechos humanos y del principio de soberanía de los Estados.
Además, la presencia de Jayapal y Jackson en Cuba refleja un cambio en la sensibilidad política de ciertos sectores progresistas en Estados Unidos. Ambos han estado vinculados a luchas por la justicia social y los derechos civiles, y trasladan esa perspectiva a la política exterior. Su visita no solo documenta el sufrimiento humano, sino que también abre la posibilidad de un debate interno sobre la pertinencia de mantener una política que ha fracasado en sus objetivos declarados. En este sentido, su voz se suma a la de académicos, organizaciones de derechos humanos y sectores empresariales que consideran el bloqueo una política anacrónica e ineficaz.
La declaración de los congresistas se inscribe en un contexto de tensiones crecientes entre Estados Unidos y el Sur Global. Mientras Washington insiste en medidas coercitivas, países como México, Brasil y China han mostrado solidaridad con Cuba mediante envíos de petróleo, alimentos y paneles solares. La voz de Jayapal y Jackson se suma a ese coro internacional que reclama el fin de una política anacrónica. La paradoja es evidente: mientras la comunidad internacional rechaza casi unánimemente el bloqueo en la ONU, la clase política estadounidense insiste en mantenerlo, ignorando el costo humano y el descrédito que genera.
El bloqueo como acto de guerra prolongada
Lo que los congresistas observaron este 2026 es la consecuencia directa de una política que se arrastra desde hace más de seis décadas. El embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos desde 1962 ha sido definido por Cuba como un acto de guerra en tiempos de paz. Desde la cancelación de la cuota azucarera en 1959 hasta la Ley Helms-Burton de 1996 y las 243 medidas adicionales del gobierno de Donald Trump, la estrategia ha sido privar a Cuba de recursos materiales y financieros para generar malestar social y debilitar el apoyo a la Revolución. La continuidad de esta política demuestra que no se trata de un mecanismo coyuntural, sino de un instrumento estructural de presión.
Fidel Castro lo describió en 1994 como una “guerra económica universal” contra toda gestión cubana en el mundo. Las pérdidas acumuladas superan los 147 mil millones de dólares, afectando sectores estratégicos y limitando el acceso a alimentos, medicinas y tecnologías. La comunidad internacional ha rechazado en múltiples ocasiones esta política en la ONU, calificándola de ilegal, anacrónica y violatoria de los derechos humanos. Sin embargo, las sucesivas administraciones estadounidenses han insistido en mantenerla, alegando razones que van desde la nacionalización de propiedades hasta supuestas violaciones de derechos humanos.
El bloqueo no es un embargo técnico, sino un entramado de sanciones que busca aislar diplomáticamente a Cuba y castigar a terceros países que comercien con ella. La persecución de navieras, aseguradoras y bancos ha encarecido los costos de transacción y ha obligado a recurrir a intermediarios, elevando artificialmente los gastos de las empresas cubanas. Pese a ello, la isla ha resistido, sosteniendo programas sociales universales, avances en salud y educación, y una política exterior basada en la cooperación y la solidaridad. La paradoja es que, a pesar de las pérdidas multimillonarias, Cuba ha logrado sostener indicadores sociales superiores a los de muchos países de la región.
La lógica del bloqueo responde a un memorándum de 1960 del funcionario Lester Mallory, que proponía privar a Cuba de recursos para provocar hambre y desesperación. Esa estrategia, diseñada en plena Guerra Fría, se mantiene vigente más de sesenta años después. La persistencia de esta política demuestra que no se trata de un mecanismo coyuntural, sino de un instrumento estructural de presión. La continuidad histórica del bloqueo revela que su objetivo no es la defensa de intereses económicos, sino la imposición de un cambio de régimen.
Las consecuencias han sido devastadoras: escasez de alimentos, medicinas y combustibles; dificultades para acceder a tecnologías de punta; deterioro de la producción nacional; y afectaciones monetarias y financieras que han limitado el desarrollo económico. El bloqueo ha impactado incluso en la emigración, al generar condiciones de vida más difíciles y obligar a muchos cubanos a buscar alternativas en el exterior. La dimensión humana de estas consecuencias es lo que los congresistas estadounidenses pudieron constatar en su visita, y lo que la comunidad internacional denuncia cada año en la Asamblea General de la ONU.
Sin embargo, la resistencia cubana ha sido notable. A pesar de las pérdidas multimillonarias, el país ha logrado sostener programas sociales universales, erradicar la pobreza extrema, reducir la mortalidad infantil y alcanzar altos índices de desarrollo humano. Estos logros, obtenidos en condiciones de hostilidad permanente, refuerzan la narrativa de que el bloqueo no ha logrado sus objetivos políticos. La voluntad de resistir y de buscar alternativas ha sido una constante en la historia de la Revolución, y constituye uno de los elementos que explican la capacidad de Cuba para enfrentar el cerco energético actual.
La denuncia actual del gobierno cubano
En enero de 2026, el gobierno cubano anunció que la isla era objeto de un “bloqueo petrolero” tras la imposición de aranceles adicionales a países que suministraran crudo. La interrupción total del abastecimiento agravó los apagones y la inestabilidad del sistema eléctrico, afectando la vida cotidiana en todos sus aspectos. Esta medida busca cortar las fuentes de ingresos y debilitar la imagen internacional de Cuba, pero también ha generado muestras de solidaridad desde otros países y organizaciones. La denuncia del gobierno cubano se inscribe en la continuidad histórica del bloqueo, pero introduce un elemento nuevo: la utilización del suministro energético como arma de presión.
La escasez de combustible repercute en la salud, la educación, el transporte y la producción de alimentos, mientras el gobierno acelera la transición hacia fuentes renovables y el aprovechamiento del crudo nacional. El cerco llega en un momento paradójico: Cuba gana espacios en un mundo multipolar, pero se convierte en objetivo central de la política estadounidense en el hemisferio. La paradoja es que, mientras la comunidad internacional reconoce la necesidad de diversificar las fuentes de energía y avanzar hacia modelos sostenibles, Estados Unidos utiliza el petróleo como instrumento de coerción política.
Convergencia de testimonios y realidades
La declaración de los congresistas estadounidenses no es un hecho aislado: se suma a décadas de denuncias sobre el carácter ilegal y deshumanizante del bloqueo. Lo que ellos observaron en hospitales, escuelas y hogares cubanos es la consecuencia directa de una política que, desde los años sesenta, ha buscado rendir a la isla por hambre y desesperación. El presente se enlaza con el pasado: las mismas estrategias de presión, ahora recrudecidas con un cerco energético, siguen teniendo como objetivo quebrar la resistencia de un pueblo.
El gobierno cubano, consciente de esta continuidad, ha denunciado el “bloqueo petrolero” como una nueva fase de la agresión. La interrupción del suministro de crudo no solo afecta la vida cotidiana, sino que pretende cortar las fuentes de ingresos y aislar diplomáticamente a la isla. Sin embargo, la respuesta ha sido acelerar la transición hacia energías renovables y fortalecer alianzas con países del Sur Global, mostrando que la resistencia no es pasiva, sino creativa y adaptativa.
La comparación con el Período Especial de los años noventa es inevitable. En aquel momento, la caída de la Unión Soviética provocó una contracción del PIB del 37 %, y la sociedad cubana enfrentó apagones prolongados, escasez de alimentos y transporte paralizado. Hoy, aunque las condiciones son distintas, el impacto del bloqueo energético evoca esa memoria colectiva. La diferencia es que Cuba cuenta ahora con una base productiva más diversificada y con aliados internacionales que han mostrado solidaridad frente al cerco.
La solidaridad internacional se ha expresado en múltiples formas: envíos de petróleo desde México y Rusia, donaciones de alimentos y paneles solares desde China, y caravanas de ayuda humanitaria organizadas por movimientos sociales de Estados Unidos, Europa y América Latina. Estos gestos no solo alivian la crisis, sino que también refuerzan la legitimidad de la denuncia cubana en el escenario internacional. La llegada del convoy “Nuestra América” en marzo de 2026, con cientos de activistas y toneladas de ayuda, es un ejemplo de cómo la sociedad civil global desafía las políticas coercitivas.
En la Asamblea General de la ONU, la resolución que exige el fin del bloqueo ha sido aprobada en 29 ocasiones con apoyo casi unánime. Sin embargo, la política estadounidense se mantiene inalterable. Esta contradicción entre el consenso internacional y la persistencia de Washington refleja el carácter unilateral de la medida y su falta de legitimidad. La voz de Jayapal y Jackson, al sumarse a ese reclamo, introduce un elemento nuevo: la posibilidad de que desde el propio Congreso se impulse un cambio.
El impacto social del bloqueo es profundo y multifacético. En el ámbito de la salud, ha impedido la adquisición de medicamentos y tecnologías de punta, provocando la muerte de pacientes que podrían haber sido tratados con equipos disponibles en Estados Unidos. En la educación, ha limitado el acceso a materiales y recursos, afectando la calidad de la enseñanza. En el transporte, la escasez de combustible ha paralizado servicios básicos y ha dificultado la movilidad de la población. Estos efectos, documentados por organismos internacionales, confirman que el bloqueo constituye una violación masiva de los derechos humanos.
Resistencia cubana
Frente a esta hostilidad prolongada, Cuba ha desarrollado una estrategia de resistencia basada en la creatividad y la solidaridad. La inversión en biotecnología y en la producción de vacunas propias ha permitido al país enfrentar epidemias y contribuir a la salud global. Durante la pandemia de COVID-19, Cuba produjo vacunas nacionales y envió brigadas médicas a decenas de países, demostrando que la cooperación puede prevalecer incluso en condiciones de asfixia económica.
La educación universal y gratuita, la igualdad de género, la reducción de la mortalidad infantil y el alto índice de desarrollo humano son logros que han resistido el embate del bloqueo. Estos avances, obtenidos en condiciones de hostilidad permanente, refuerzan la narrativa de que el bloqueo no ha logrado sus objetivos políticos. La voluntad de resistir y de buscar alternativas ha sido una constante en la historia de la Revolución, y constituye uno de los elementos que explican la capacidad de Cuba para enfrentar el cerco energético actual.
La cultura también ha sido un espacio de resistencia. La masificación del deporte, el acceso universal a la educación artística y la promoción de la identidad nacional han fortalecido el tejido social frente a la adversidad. En este sentido, la resistencia no se limita a la supervivencia material, sino que se expresa en la defensa de valores y principios que forman parte de la cultura nacional.
La cooperación internacional ha sido otro pilar de la resistencia. Programas como PetroCaribe, el ALBA y la colaboración médica han permitido a Cuba insertarse en dinámicas regionales de solidaridad y complementariedad. Aunque muchos de estos programas han sido debilitados por las sanciones estadounidenses, su legado demuestra que es posible construir alternativas al modelo hegemónico.
La transición hacia energías renovables es una muestra de cómo Cuba busca adaptarse a las nuevas condiciones. La instalación de parques fotovoltaicos y el aprovechamiento del crudo nacional son pasos hacia la diversificación de la matriz energética. Aunque insuficientes para cubrir toda la demanda, estas iniciativas reflejan la voluntad de encontrar soluciones propias frente al cerco.
Epílogo: continuidad y ruptura
El artículo revela tres planos complementarios: la mirada externa de congresistas estadounidenses que constatan el sufrimiento humano y llaman a un cambio de rumbo; la memoria histórica de un bloqueo que se ha prolongado por más de seis décadas y que Cuba define como un acto de guerra; y la denuncia actual del gobierno cubano frente al cerco energético que agrava las condiciones de vida de la población.
Lo que comenzó como un embargo azucarero en 1959 se ha transformado en un cerco energético en 2026, pero la voluntad de Cuba de resistir y buscar alternativas sigue intacta. La declaración de Jayapal y Jackson añade un elemento inesperado: desde dentro de Estados Unidos se reconoce que esta política es cruel, obsoleta y debe terminar. La paradoja es que, mientras la comunidad internacional reclama el fin del bloqueo, la clase política estadounidense insiste en mantenerlo, ignorando el costo humano y el descrédito que genera.
Hoy la crisis energética se traduce en un país prácticamente paralizado. La falta de combustible ha dejado a miles de ómnibus y camiones fuera de servicio, lo que impide que los trabajadores lleguen a sus centros laborales y que los estudiantes asistan regularmente a las escuelas. El transporte público funciona de manera intermitente y las familias deben caminar largas distancias o recurrir a medios alternativos, lo que incrementa el desgaste físico y emocional de la población. Esta situación recuerda los años más duros del Período Especial, pero con un agravante: ahora el cerco energético es deliberado y forma parte de una estrategia de presión política.
Los apagones prolongados han alterado la vida cotidiana. En muchas provincias, la electricidad solo está disponible unas pocas horas al día, lo que afecta la conservación de los alimentos y la preparación de las comidas. Las familias deben improvisar fogones de leña o carbón, lo que incrementa los riesgos para la salud y deteriora el medio ambiente. La falta de refrigeración ha provocado pérdidas en la producción agrícola y en el comercio minorista, reduciendo aún más la disponibilidad de alimentos. La población enfrenta un círculo vicioso: escasez de combustible, apagones, deterioro de la producción y encarecimiento de los precios.
La crisis también golpea al sistema de salud. Los hospitales carecen de electricidad estable para mantener en funcionamiento equipos vitales como incubadoras, respiradores y máquinas de radioterapia. Los médicos deben enfrentar la angustia de ver cómo pacientes con cáncer o bebés prematuros corren riesgos innecesarios por la falta de energía. La escasez de medicamentos, agravada por las restricciones financieras, ha obligado a suspender tratamientos y a depender de donaciones internacionales. La paradoja es que un país con capacidad científica para producir vacunas y medicamentos propios se ve impedido de acceder a insumos básicos por el bloqueo.
En el ámbito económico, la falta de combustible ha paralizado industrias y ha interrumpido cadenas logísticas. La producción nacional se ha reducido drásticamente y las exportaciones han caído, lo que limita la entrada de divisas. El turismo, uno de los principales motores de la economía, se ve afectado por la escasez de combustible para la aviación y por las recomendaciones de algunos países a sus ciudadanos de evitar viajar a Cuba. La crisis energética se convierte así en un obstáculo para la recuperación económica y en un factor que incrementa la vulnerabilidad del país.
La vida cotidiana de las familias refleja la magnitud del problema. Sin transporte, sin electricidad estable y con alimentos a altos precios, la población enfrenta un desgaste constante. La inflación, alimentada por la escasez y la depreciación del tipo de cambio, ha reducido el poder adquisitivo de los salarios. La emigración se convierte en una opción para quienes no ven perspectivas de mejora, lo que genera un impacto adicional en la estructura social.
Frente a esta realidad, la resistencia cubana adquiere un nuevo significado. No se trata solo de mantener programas sociales o de sostener indicadores de salud y educación, sino de sobrevivir en condiciones de asfixia deliberada. La creatividad popular, la solidaridad comunitaria y la cooperación internacional son los pilares que permiten enfrentar la crisis. La llegada de ayuda humanitaria desde México, Rusia, China y otros países demuestra que la comunidad internacional reconoce la injusticia del bloqueo y busca aliviar sus efectos.
La conclusión es clara: el bloqueo constituye un acto de guerra prolongado que ha fracasado en sus objetivos políticos, pero que ha causado un sufrimiento incalculable. La resistencia cubana, basada en la creatividad, la solidaridad y la defensa de valores nacionales, ha permitido al país sostener logros sociales y enfrentar nuevas formas de agresión. La voz de los congresistas estadounidenses, al sumarse a este reclamo, abre la posibilidad de un cambio. El desafío es transformar esa posibilidad en realidad, trazando un nuevo rumbo que garantice la dignidad del pueblo cubano y beneficios compartidos para ambas naciones.
El autor es periodista, Investigador de temas históricos y escritor cubano.