Roberto Carrasquillo Ríos
La distancia entre los gobiernos de Pedro Rosselló y Jenniffer González se mide en décadas. Sin embargo, las controversias actuales obligan a preguntarnos cuánto ha cambiado la cultura política del Partido Nuevo Progresista. Cambian los rostros y las consignas, pero persiste el peligro de confundir el gobierno con una maquinaria al servicio del partido y de sus allegados.
La era de Rosselló dejó un historial de casos de corrupción ampliamente conocido. Víctor Fajardo, su secretario de Educación, se declaró culpable de delitos vinculados al desvío de fondos federales. También hubo condenas de figuras cercanas a Rosselló, entre ellas su ex-ayudante María de los Ángeles “Angie” Rivera.
El llamado “supertubo”, el Superacueducto del Norte, dejó otro ejemplo. René Vázquez Botet y Marcos Morell, figuras vinculadas al liderato del PNP, fueron condenados a prisión por delitos relacionados con un esquema de extorsión a contratistas del proyecto. En ese caso, se probó que utilizaron su influencia sobre el gobierno para exigir dinero.
Hoy, bajo JGo, nuevas controversias plantean preguntas sobre las influencias políticas, los controles administrativos y la contratación pública. La investigación del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente que incluye a Secretario y a la ex-Sub-Secretaria de la Gobernacion, Francisco Domenech e Itza García es un ejemplo. En septiembre se añadió otro fiscal para reforzar esta pesquisa.
Pero la responsabilidad política exige explicaciones desde ahora. Mientras la investigación seguía su curso, JGo agradeció públicamente la labor de ambos y anunció que Domenech dirigiría su campaña. ¿Qué mensaje recibe el país cuando un funcionario investigado sale del gobierno y conserva semejante confianza política? La pregunta no presupone culpabilidad penal; pero cuestiona fuertemente el criterio político de la gobernadora.
A estas controversias se suma el caso de la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig. La destituida administradora de ADSEF, Blanca Medina Díaz, alega que Roig la presionó para firmar un contrato de aproximadamente $38.5 millones que consideraba ilegal. Medina atribuye su destitución a su negativa firmar dicho contrato.
Roig rechaza esa explicación y sostiene que la separación respondió al desempeño de Medina. También ha afirmado que no se formalizó un contrato ni se desembolsaron fondos públicos para el Proyecto; pero luego apareció un borrador de contrato y una carta firmada por Roig donde le daba el visto bueno a la contratación que habia negado que existia. La controversia exige esclarecer qué documentos existían, qué autorizaciones se habían emitido y qué actuaciones correspondían a cada funcionaria.
También está el caso de Power Expectations. La AEE canceló el contrato de generación temporera, valorado en aproximadamente $5,900 millones por diez años, después de que la Junta de Supervisión Fiscal retirara su aprobación. Entre los señalamientos figuraba la declaración de ERock, empresa matriz de Enchanted Rock, de que su nombre y firma habían sido utilizados sin autorización.
Hay diferencias que debemos reconocer. En el Superacueducto hubo extorsión probada y condenas. En Familia existen versiones encontradas sobre un proceso de contratación que, según la secretaria, nunca se formalizó. En Power Expectations hubo un contrato firmado y posteriormente cancelado, cuya controversia también llegó a los tribunales. El valor de esos contratos no equivale a dinero robado. Llamarlos «tumbes» consumados antes de establecer los hechos confundiría la denuncia política con una sentencia judicial.
Sin embargo, esas diferencias no eliminan la pregunta fundamental: ¿por qué seguimos enfrentando controversias sobre influencias, presiones y controles deficientes en la contratación pública? Si las investigaciones acreditan actuaciones ilegales, corresponderá determinar su naturaleza y las responsabilidades individuales.
La cobertura periodística ha contribuido a someter estas controversias al escrutinio público y a exigir explicaciones. Por eso, el acceso oportuno a documentos oficiales resulta indispensable. Toda medida que dificulte ese acceso merece un examen crítico: el gobierno tiene la obligación de facilitar la fiscalización de sus decisiones.
A mi juicio, la comparación entre las épocas de Rosselló y JGo plantea una preocupación sobre la relación entre la lealtad política y la responsabilidad pública. Las condenas históricas y las controversias actuales son distintas, pero permiten evaluar cómo responde el liderato cuando sus funcionarios y aliados enfrentan señalamientos graves. La responsabilidad penal corresponde a los tribunales; la obligación de explicar decisiones, proteger los recursos públicos y rendir cuentas existe desde ahora.
Reconozco que hay personas serias y líderes respetables en ese partido, verdaderos estadistas por convicción. Pienso en Orlando Parga, a quien considero un ejemplo de esa tradición. Los estadistas no están obligados a justificar decisiones cuestionadas ni a guardar silencio ante denuncias que merecen una investigación rigurosa. Exigir transparencia también puede ser una forma de defender sus convicciones.
Estas controversias pueden perjudicar la propia aspiración estadista. Si obtener el favor del Congreso ya representa un desafío, considero que los antecedentes de corrupción y las dudas sobre la administración de recursos públicos debilitan la credibilidad política necesaria para defender esa propuesta.
¿Cómo puede un liderato reclamar confianza para su proyecto de estatus mientras enfrenta cuestionamientos sobre la gestión del gobierno? El PNP debería comprender que responder con documentos, explicaciones y medidas correctivas fortalece más su posición que limitarse a defender a sus funcionarios.
Puerto Rico merece superar esa imagen. Cuando se desvían recursos educativos, se les roba una oportunidad a los estudiantes. Cuando falla la contratación energética, se dificulta atender la crisis eléctrica. Cuando se cuestiona el manejo de programas sociales, se afecta la confianza en las instituciones que deben proteger a los más vulnerables.
De Rosselló a JGo, el PNP ha tenido tiempo suficiente para reflexionar y aprender de las condenas y los escándalos del pasado. A mi juicio, respaldar políticamente a funcionarios investigados sin ofrecer explicaciones suficientes debilita la confianza pública y la propuesta de estadidad que el partido dice defender. Exigir rendición de cuentas no requiere anticipar el resultado de una investigación.
A quienes no somos estadistas puede no preocuparnos que el PNP pierda credibilidad ni que sus actuaciones debiliten la estadidad. Pero sí nos preocupa el daño que la corrupción probada y la falta de respuestas ante señalamientos graves causan a Puerto Rico. El descrédito del PNP puede favorecer políticamente a quienes rechazamos la anexión, pero el desvío de recursos públicos jamás favorece a nuestro pueblo.
Quienes creemos en la descolonización y en nuestra propia soberanía aspiramos a construir una Patria Nueva con instituciones confiables y recursos para sostenerla. No queremos recibir como herencia un país debilitado por la corrupción y la desconfianza. Por eso debemos documentar los hechos, investigar las denuncias y reclamar responsabilidad. Lo que está en juego supera la credibilidad de un partido o la viabilidad de una propuesta de estatus: es el país que todos tendremos que reconstruir.
