El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) presentó dos acciones legales contra la gobernadora, Jenniffer González Colón, y su secretaria de prensa, Marieli Padró, ante la reiterada práctica de negar la entrada a sus periodistas a cubrir conferencias de prensa en La Fortaleza por no presentar una credencial expedida por el Departamento de Estado.
En comunicado de prensa, el CPI señaló que la exigencia de la credencial del Departamento de Estado para cubrir conferencias es un requisito que es inconstitucional y constituye una violación a la libertad de prensa. A esos efectos, el CPI presentó un injunction preliminar y permanente, así como una sentencia declaratoria, para impugnar la constitucionalidad de esta actuación contraria a la libertad de prensa y para lograr que sus periodistas puedan acceder a cubrir las conferencias de la gobernadora y sus funcionarios en La Fortaleza solo con la credencial de prensa del CPI, como siempre ha ocurrido.
La organización periodística relató que en noviembre, la directora editorial, Wilma Maldonado Arrigoitía, y el periodista Luis Valentín Ortiz, ambos del CPI, enfrentaron trabas en el puesto de seguridad de La Fortaleza cuando se les exigió el carnet de prensa para entrar a las actividades en La Fortaleza. Aunque ese día tuvieron acceso al evento luego de una larga espera, el personal de seguridad y oficiales de prensa de La Fortaleza les aseguraron que la identificación del Estado es un requisito para acceder a las conferencias de prensa. A pesar de que Maldonado Arrigoitía solicitó el protocolo, reglamento o ley en el cual basan su directriz, hasta el presente ninguno de los funcionarios de la administración de la gobernadora ha presentado ningún documento o certificado la información.
“La identificación del Departamento de Estado es un documento que el o la periodista solicita y lo lleva consigo si quiere, porque no es un requisito para ejercer el periodismo. Esa identificación, que en realidad la única utilidad práctica que tenía era acceder a los estacionamientos de prensa en ciertos lugares, puede ser útil para periodistas que trabajan de manera independiente porque puede ayudarle a acceder a lugares o fuentes y, tal vez, a periodistas que viajan fuera de Puerto Rico. Así que requerirlo, como una condición para la cobertura a la gobernadora, es solo un capricho. Durante décadas, los periodistas han acudido a las conferencias de prensa de los gobernadores mostrando las identificaciones de sus medios, sin problemas”, señaló Maldonado Arrigoitía.
La demanda argumenta que “el poder delegado al Departamento de Estado para emitir certificaciones de prensa está limitado a determinar quiénes pueden solicitar una tablilla especial o rótulo removible para periodistas interesados en acceder a estacionamientos habilitados para la prensa en lugares públicos; la Certificación de Prensa expedida por el Departamento de Estado no constituye un mecanismo válido para determinar qué periodistas pueden acceder a una conferencia de prensa convocada por la gobernadora o cualquier otro funcionario y limitar el acceso a conferencias de prensa convocadas por las codemandadas, sean estas celebradas en La Fortaleza o en cualquier otro lugar, a periodistas que posean una certificación de prensa vigente expedida por el Departamento de Estado, viola el derecho a la libertad de prensa del CPI y los periodistas codemandantes”.
El CPI es representado legalmente en este caso por los licenciados Luis José Torres Asencio, Judith W. Berkan Barnett y Steven P. Lausell Recurt, del Proyecto de Acceso a la Información de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
