Otra víctima de feminicidio sucumbe ante su asesino. Con apenas tres meses y unos días transcurridos de este año 2025, seis mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en Puerto Rico, en un patrón fatal de violencia machista que no da tregua. Tras cada mujer asesinada en tales circunstancias, la sociedad entera se estremece, el foco mediático se posa en el suceso y surgen las expresiones de distintas voces, oficiales y no oficiales, sobre los antecedentes, el asesino, la víctima y el entorno que propició la violencia que acabó con su vida. Lo que no ocurren son soluciones. Solo excusas y la reacción lenta y tardía de un sistema fracturado que le falla una y otra vez a las mujeres en situaciones de violencia. En Puerto Rico, hemos visto un incremento escalofriante de estos casos. Se suceden uno tras otro, y ni los protocolos, ni las leyes, ni los reglamentos, ni las políticas públicas, ni las diferentes instancias del Estado que se supone que proteja a las mujeres parecen tener respuestas y, mucho menos, soluciones para prevenir y evitar que las actitudes y conductas de violencia machista tengan un desenlace fatal.
En el caso que nos ocupa – el de Caroline Bou de Adjuntas- hay otras siete víctimas: sus siete hijos e hijas menores que presenciaron como el padre de seis de ellos golpeó y estranguló a la mujer que llamaban mamá. A la hija mayor, de tan solo 12 años, le tocó el triste deber de llamar a la línea de emergencia, cuyo personal llegó al hogar de la víctima y rompió la noticia que ha cambiado para siempre las vidas de esos siete niños y niñas, las de varias familias y de una comunidad, a la vez que dejó al descubierto las fallas de coordinación, comunicación y respuesta rápida de las agencias gubernamentales encargadas de dar servicios a las mujeres en situaciones de violencia que así los solicitan. En este caso, sabiéndose en riesgo, la víctima había pedido información y orientación a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, agencia sin Procuradora en propiedad durante muchos años y hasta hace apenas dos semanas.
Implantar programas y estrategias efectivas contra la violencia de género en una sociedad, requiere una gran motivación, voluntad política y un esfuerzo común entre el gobierno, el sector privado, los albergues y demás organizaciones y entidades no gubernamentales con conocimiento y experiencia en el servicio y manejo de estas complejas situaciones. La Ley 54, las órdenes de protección, las salas judiciales especializadas, los albergues, todas las redes de apoyo a las mujeres en situaciones de violencia son instrumentos importantes que contribuyen a salvar vidas. Pero mientras persista la enquistada renuencia al cambio de actitudes y conductas machistas, los incidentes de violencia y los feminicidios seguirán rampantes.
En 2018 se publicó el primer estudio de referencia realizado en Puerto Rico sobre la violencia contra las mujeres y los feminicidios. ‘ La persistencia de la indolencia: Feminicidios en Puerto Rico 2014-2018″ es el título del extenso trabajo científico que documenta con rigor los incidentes de violencia contra las mujeres y feminicidios ocurridos en Puerto Rico durante los cuatro años en que se enmarcó el estudio. El mismo fue una colaboración entre las organizaciones no gubernamentales Kilómetro Cero y Proyecto Matria, utilizando los datos y estadísticas recopilados por la principal investigadora del tema en Puerto Rico, Carmen Castelló.
El estudio señala como el factor principal tras la violencia contra las mujeres y los feminicidios la «persistente indolencia» que manifiestan el gobierno, el sistema social y económico y la sociedad puertorriqueña en general, ante la violencia de género y la falta de equidad y oportunidades para las mujeres que la propician. Un dato notable del estudio establece que las mujeres en condición de pobreza son desproporcionadamente afectadas por los incidentes de violencia machista y los feminicidios, lo cual abre una brecha aún mayor de inequidad para nuestras mujeres económicamente desventajadas.
En este momento, la recién confirmada Procuradora de la Mujeres, tiene la oportunidad de imprimirle un nuevo liderazgo a dicha oficina, rescstarla del marasmo y la inacción en la que está sumida desde hace mucho tiempo, y devolverle su propósito y razón de ser: » fiscalizar,promover y hacer cumplir las políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las mujeres, promuevan la equidad y erradiquen la discriminación y la violencia de género».
Las mujeres somos más de la mitad de la población de Puerto Rico. El gobierno tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde para atajar este mal. No puede seguir permitiendo que las fisuras de un sistema de apoyo fracturado nos siga costando valiosas vidas de mujeres.
