Un segundo episodio de feminicidio ocurrió luego de que una jueza negara otorgar una orden de protección a una fémina que acudió al Tribunal Municipal de Carolina.
Gemillies Lozada Navarro, de 25 años fue asesinada por su expareja, el 26 de mayo en la avenida Baldorioty de Castro, salida hacia Río Piedras. En una vista el 14 de abril, la jueza del tribunal de Carolina, Geisha Marrero, se negó otorgarle a Lozada Navarro una orden de protección contra su expareja, José Carlos Sanjurjo Dávila. El feminicida se suicidó tras disparale a Lozada Navarro.
La organización Proyecto Matria, así como otras organizaciones feministas, repudiaron el proceder del tribunal. En comunicado de prensa la directora ejecutiva de Matria, Enid Pérez Rodriguez, denunció que los tribunales de Puerto Rico tienen que asumir con mayor compromiso el gran deber de salvar vidas de mujeres víctimas de violencia doméstica que les solicitan órdenes de protección, y que en esa responsabilidad hubo un grave retroceso con el feminicidio de Lozada Navarro.
“Acabamos de tener un retroceso bien grande. Es como si estuviéramos hablando del caso de Andrea Ruiz Costas, a quien hace unos años le negaron una orden de protección y fue asesinada. El poder judicial había hecho unos ajustes internos y adiestramientos al personal, luego de ese feminicidio y de los trabajos del Comité PARE, pero ahora con esta joven madre asesinada por su pareja estamos viendo que los jueces y juezas no están haciendo el análisis de riesgo y letalidad de la víctimas”, declaró la directora ejecutiva de la organización feminista Proyecto Matria.
Pérez Rodríguez explicó que en los casos de órdenes de protección por violencia doméstica se requiere un análisis de riesgo y letalidad, con un formulario de análisis que ya utilizan las organizaciones sin fines de lucro que atienden estos asuntos. El formulario permite ver que, aunque el caso tenga otros asuntos de relaciones de familia, si esa persona que está ahí al frente del juez tiene una situación de riesgo inminente de que pueda ser asesinada y, en efecto, necesita una orden de protección.
“Este formulario de análisis de riesgo y letalidad es parte de un proceso que yo entendía que el poder judicial estaba incluyendo en los adiestramientos de su personal. Es importantísimo, sobre todo para las personas que toman las decisiones sobre las vidas de las mujeres”, indicó.
La directora de Matria coincidió con la hermana de la víctima, que expuso las fallas del tribunal. “La hermana tiene toda la razón en hacer esta denuncia. Es muy lamentable que esta familia tenga que vivir este dolor en este momento y que esos niños queden en orfandad, que veamos las fallas del sistema con un nuevo feminicidio. Este feminicidio nos demuestra que queda mucho trabajo por hacer. Y esta decisión de este tribunal en esa vista de protección final retrocedió en lo poquito que se había logrado y ahora el Poder Judicial tiene ante sí la responsabilidad de un feminicidio, nuevamente, como pasó con Andrea Ruiz Costas”.
Al respecto, destacó que los adiestramientos en los tribunales deben revisarse y recalcar cuán importantes son las órdenes de protección y que en casos de riesgo de violencia hay que otorgarlas aunque haya otros asuntos pendientes en las salas de relaciones de familia.
Por su parte, la Colectiva Feminista en Construcción llevó a cabo el jueves 28 de mayo una manifestación frente a la Administración de Tribunales, la que denominó “Estado feminicida”. La organización calificó de “negligentes e irresponsables”, las expresiones emitidas por la Administración de Tribunales.
En declaraciones escritas a la Prensa, el vicepresidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, el juez Roberto Rodriguez Casillas, defendió la decisión de la jueza y alegó que “las decisiones judiciales se emiten a base de la evidencia disponible durante los procedimientos y dentro de los parámetros establecidos por nuestro ordenamiento jurídico”.
La Colectiva denunció que el caso de Lozada Navarro no es el único y que, a diario, víctimas de violencia de género acuden a los tribunales y no reciben la “protección ni sensibilidad que merecen”.
