“Este es el comienzo del final de la bancarrota de Puerto Rico”, anunció pomposamente el presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión III, al resumir para la prensa y el País lo que es el plan de ajuste de la deuda de Puerto Rico que el organismo se propone presentar y defender ante el tribunal que atiende los casos de Título III de PROMESA, presidido por la Jueza Laura Taylor Swain. Las expresiones de Carrión implicaron un ánimo celebratorio. Muchos medios de prensa, siguiéndole la corriente, intentaron presentar el plan bajo una luz positiva. “Un punto de inflexión”, “una nueva era”, o hasta “un paso histórico para Puerto Rico” fueron algunas de las frases rimbombantes utilizadas en los partes de prensa y en las expresiones entusiasmadas de ciertos analistas. Hasta Moody´s Investors Services, la casa acreditadora que desató la debacle, degradando los bonos de Puerto Rico a chatarra, catalogó la propuesta de la JCF como “un paso importante” para la reestructuración de la deuda. Todo un tinglado que prueba que- al grito de Moody´s y compañía- comenzarán a alinearse los planetas del mundo financiero para lanzarse nuevamente como aves de rapiña sobre Puerto Rico, tan pronto se decrete su regreso a los mercados de capital.
El plan incluye el anunciado golpe a nuestros pensionados. Comencemos por lo obvio. Un país donde el 60% de sus retirados del servicio público reciben pensiones de menos de $1, 200.00 al mes es una vergüenza. Además, es un brutal indicador de dónde están las prioridades de los que gobiernan y hacen planes económicos y fiscales para Puerto Rico. Ni $1,200 al mes alcanzan, ni $1, 800 tampoco, porque el costo de vida se come sus pensiones y los deja mensualmente deshojando la margarita para decidir cuáles de sus gastos pagar y cuáles aplazar hasta el próximo mes. Quitarle $50 o más de su pensión a un retirado boricua para pagárselos a un bonista multimillonario es un crimen de lesa humanidad. Nunca como hoy había sonado más trillada e hipócrita la frase de “que todos tenemos que hacer un sacrificio para pagar la deuda”. El 90% de los pensionados de Puerto Rico llevan décadas haciendo sacrificios, primero, porque no se les pagó lo justo cuando trabajaban, y ahora, porque se les quita de lo poco que les corresponde en su retiro. Claro que esto no lo viven Carrión, ni Jaresko, ni los demás encumbrados miembros de la JCF, ni tampoco su corillo de consultores, abogados y alcahuetes. A quienes toman las grandes decisiones a nombre de un pueblo que ni siquiera los eligió, por qué habrían de importarle las penurias de nuestros pensionados del servicio público.
El propuesto plan de ajuste se presenta también bajo un manto de gran incertidumbre sobre el futuro económico de Puerto Rico. No hay una sola medida importante de desarrollo económico que la JCF haya impulsado para nuestro país, y en seis meses, el gobierno de Puerto Rico deberá presentarle al Tesoro de Estados Unidos su plan para sustituir el impuesto de 4% que pagan las empresas foráneas. Esto representaría $2mil millones, o un 20% de reducción en los recaudos actuales del fisco. Los dos partidos que se han turnado el poder, y el liderato político y del gobierno, están secos de ideas. Su gran estrategia económica- tanto del PNP como del PPD- es seguir ahondando la dependencia feroz que tiene nuestro pueblo de los fondos del gobierno de Estados Unidos. Ya todos y todas en Puerto Rico sabemos hasta dónde nos ha traído esa dependencia.
Puerto Rico necesita un cambio de paradigma que derrote la dependencia y el pesimismo. No habrá desarrollo económico sostenible para Puerto Rico con Ley PROMESA, ni con JCF, ni con leyes de cabotaje, ni con la subordinación de nuestros intereses a los del Congreso o el Presidente de Estados Unidos. El coloniaje nos amarra, nos destruye y permite planes injustos contra nuestro pueblo como el que acaba de aprobar la Junta de Control Fiscal con el aval de este gobierno anexionista.
