Marcos A. Quiñones Otero, PPL
Junio marca el inicio oficial de la temporada de huracanes en el Atlántico. Como ocurre cada año, los meteorólogos, las agencias gubernamentales y los profesionales del manejo de emergencias comienzan a monitorear las condiciones atmosféricas y a compartir pronósticos sobre la actividad ciclónica esperada. Sin embargo, más allá de los números, las probabilidades y las estadísticas, existe una realidad que nunca debemos olvidar: no importa cuán activa o tranquila se proyecte una temporada, basta un solo evento para cambiar la historia de un país.
Puerto Rico conoce muy bien esa realidad. Nuestra memoria colectiva está marcada por fenómenos atmosféricos que han transformado comunidades, economías y paisajes. Hemos enfrentado huracanes devastadores, inundaciones repentinas, derrumbes, tormentas severas, sequías prolongadas y fuegos forestales. Cada uno de estos eventos ha dejado pérdidas, pero también enseñanzas. Nos han obligado a reflexionar sobre nuestra vulnerabilidad, nuestra capacidad de respuesta y la importancia de construir comunidades más resilientes.
De esas experiencias surgieron conversaciones necesarias sobre la importancia de fortalecer nuestras comunidades, diversificar las fuentes de energía, proteger la infraestructura crítica, promover la autosuficiencia y desarrollar planes de emergencia familiares y comunitarios. Durante años hemos hablado de resiliencia, mitigación, adaptación y preparación. Sin embargo, hoy debemos hacernos una pregunta incómoda pero necesaria: ¿hemos convertido esas lecciones en acciones concretas?
La preparación no comienza cuando se emite una vigilancia o una advertencia. Tampoco cuando las góndolas de los supermercados quedan vacías o cuando las filas en las gasolineras se extienden por horas. La preparación comienza mucho antes, durante los meses y años de calma. Comienza cuando una familia desarrolla y practica su plan de emergencia, cuando una comunidad identifica a sus residentes más vulnerables y organiza redes de apoyo, cuando los municipios fortalecen sus capacidades de respuesta y cuando los negocios evalúan sus riesgos para garantizar la continuidad de sus operaciones.
Vale la pena reflexionar sobre cuánto hemos avanzado desde las lecciones que nos dejaron los desastres del pasado. ¿Contamos con planes de emergencia actualizados? ¿Conocemos los riesgos específicos de nuestras comunidades? ¿Hemos reducido las vulnerabilidades de nuestros hogares y vecindarios? También debemos preguntarnos si la preparación ha sido equitativa para todos los sectores del país y si la ciudadanía ha tenido una participación real en las decisiones relacionadas con la gestión de riesgos y desastres.
La realidad es que el riesgo no desaparece porque el cielo esté despejado. El riesgo permanece latente. Está presente en una quebrada que puede desbordarse, en una ladera susceptible a derrumbes, en una infraestructura envejecida o en una comunidad que aún no ha fortalecido su capacidad de preparación.
Es importante comprender que los huracanes, las inundaciones, los terremotos y otros fenómenos son amenazas naturales. Los desastres, en cambio, no son naturales. Ocurren cuando una amenaza encuentra condiciones de exposición y vulnerabilidad acumuladas durante años. Una tormenta no se convierte automáticamente en un desastre. Se convierte en desastre cuando impacta comunidades sin preparación, infraestructura frágil, sistemas vulnerables y poblaciones con capacidades limitadas para responder y recuperarse.
Por esa razón, hablar de resiliencia va mucho más allá de recuperarse después de una emergencia. La resiliencia implica la capacidad de anticipar, resistir, adaptarse y transformarse frente a los riesgos. Una comunidad resiliente no es aquella que simplemente sobrevive a un huracán. Es aquella que ha identificado sus vulnerabilidades, ha fortalecido sus capacidades y ha desarrollado mecanismos para proteger a sus residentes antes, durante y después de un evento.
Sin embargo, la resiliencia también debe ser justa y equitativa. No todas las comunidades enfrentan los mismos riesgos ni cuentan con los mismos recursos para prepararse. Existen sectores donde la pobreza, el aislamiento, el deterioro de la infraestructura o el acceso limitado a servicios esenciales aumentan significativamente la vulnerabilidad. Por ello, la preparación, la respuesta y la recuperación ante desastres deben garantizar que nadie quede rezagado. La gestión de riesgos no puede limitarse a proteger infraestructura. Debe proteger personas.
La construcción de resiliencia también requiere fiscalización y participación ciudadana. No basta con reaccionar cuando ocurre una emergencia. Es necesario evaluar críticamente las políticas públicas, los proyectos de desarrollo y las decisiones que afectan nuestro territorio. En momentos en que se discuten cambios al sistema de planificación y permisos, así como propuestas y proyectos con posibles impactos sobre nuestros recursos naturales y comunidades, resulta indispensable preguntarnos si estas decisiones contribuyen a reducir riesgos o si, por el contrario, aumentan las vulnerabilidades existentes. La planificación no debe verse como un obstáculo para el desarrollo, sino como una herramienta para garantizar que el desarrollo ocurra de forma segura, justa y sostenible.
Por eso, la planificación y el manejo de desastres deben caminar de la mano. Una planificación estratégica, participativa y basada en la reducción de riesgos permite identificar amenazas, orientar el desarrollo hacia lugares más seguros, proteger recursos críticos y fortalecer la capacidad de las comunidades para enfrentar futuros eventos. Una comunidad preparada no surge por casualidad. Es el resultado de decisiones conscientes, inversiones responsables y una visión de futuro que coloca la seguridad y el bienestar colectivo en el centro del desarrollo.
Los desastres nos ponen a prueba, pero también revelan las consecuencias de nuestras decisiones colectivas. Muchas veces hasta construimos el riesgo. Cada proyecto mal ubicado, cada riesgo ignorado, cada ecosistema degradado y cada vulnerabilidad desatendida aumentan el costo humano, social y económico de la próxima emergencia. En un país expuesto constantemente a amenazas naturales, prepararnos no consiste únicamente en responder cuando ocurre una crisis. Significa asumir la responsabilidad de fiscalizar, planificar y actuar con visión de futuro. Significa construir comunidades más seguras, más justas y más resilientes antes de que llegue la próxima tormenta. El costo de la inacción siempre termina siendo mayor que el costo de la prevención.
El autor es geógrafo, planificador y consultor en manejo de desastres
