CLARIDAD
El nombre de Juan Hernández Vallé lo encontramos con frecuencia en los libros de historia de Puerto Rico, particularmente en la sección donde se reseña la lucha del nacionalismo puertorriqueño y la represión que este movimiento libertador enfrentó entre 1936 y 1956. Casi siempre vemos el nombre mencionado entre los abogados que asumieron la defensa de los dirigentes y militantes acusados de delito. A lo largo de esas dos décadas, fue un consecuente defensor de muchos de los imputados, incluyendo de forma destacada a Pedro Albizu Campos, antes y después de la insurrección de 1950.
En ningún libro de historia, sin embargo, se verá el nombre de Juan Hernández Vallé representando a algún perseguido con posterioridad a 1954. La razón para ese vacío es que, en marzo de ese año, las identificaciones cambiaron y el consecuente abogado defensor fue acusado de violar la misma ley que se utilizó para acusar a sus representados: la Ley 53 de 1948, más bien conocida como la infame Ley de la Mordaza. Como resultado de la imputación Juan Hernández Vallé perdió la libertad y el título de abogado.
En el reciente libro de Samuel Silva Gotay, Protestantismo Evangélico y Política en Puerto Rico, 1930-2000, en lo que a mi juicio es un acto de justicia histórica, se dedica un capítulo a rescatar la figura de Hernández Vallé quien además de ser abogado defensor y militante nacionalista fue pastor de la Iglesia Metodista. Silva Gotay nos presenta la figura del abogado-pastor puertorriqueño, reseñando su vida y sus sacrificios, como un ejemplo de los cambios que se producen en el protestantismo a partir de 1930. El movimiento que desde 1898 fue parte del esfuerzo de Estados Unidos para “americanizar” a Puerto Rico, comenzó a reflejar cambios en dirección contraria a partir de los años treinta. (Esa tesis de Silva Gotay, expuesta en su excelente libro, debiera ser objeto de mayor discusión. Esos cambios que se producen en un sector religioso tan cercano a lo “americano” como el protestantismo, dramatizan la fortaleza que fue ganando la nacionalidad puertorriqueña en las primeras cuatro décadas del siglo XX. Como he señalado en otros escritos, Puerto Rico es ejemplo de una nacionalidad que creció y se fortaleció mientras trataban de destruirla.)
Además de defender a Albizu Campos, en 1951 Hernández Vallé figura como principal defensor del poeta Francisco Matos Paoli, también víctima de la infame ley. Dos años después en una reseña de El Mundo, aparece como defensor de Luis Rivera Hernández uno de los nacionalistas que participó en la toma del pueblo de Jayuya en 1950. En el juicio a Matos Paoli la reseña de El Mundo resume su respuesta al informe del fiscal, a quien le imputa incapacidad para comprender el pensamiento poético del imputado quien en el discurso que se utilizó para acusarlo hablaba de la figura de Ramón Emeterio Betances.
Esa defensa tuvo consecuencia y en marzo de 1954 el abogado-pastor fue arrestado y encarcelado imputado de violar la infame Ley y conspirar para derrocar por la fuerza el gobierno de Puerto Rico. Durante el juicio. el fiscal leyó como evidencia incriminatoria un informe escrito por Hernández sometido a Naciones Unidas para denunciar el colonialismo puertorriqueño. El 4 de enero de 1955, junto a otros acusados, fue condenado a entre tres y diez años de cárcel.
Tras la condena, la estadía de Hernández Vallé en la prisión de Puerto Rico fue corta porque apenas doce días después de llegar a la Penitenciaría Estatal, un alguacil del Tribunal Federal, distrito de Nueva York, lo sacó para llevarlo a esa ciudad donde también se le acusaba de conspirar para derrocar el gobierno por la fuerza, en este caso al propio gobierno de Estados Unidos. Junto a Hernández se acusó a otros catorce militantes vinculados a la Junta Nacionalista de Nueva York. El proceso en Nueva York fue más rápido porque en abril de 1955 el abogado-pastor sería condenado a seis años de cárcel, el máximo que permitía la legislación bajo la cual se acusó. Las dos penas, la federal y la de Puerto Rico, se cumplirían concurrentemente. Esa fue la segunda condena al abogado defensor en apenas cuatro meses.
La tercera condena se produjo ese mismo año de 1955 cuando fue desaforado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico luego de que el fiscal Rafael Idrach Yordán presentara una querella. Según el fiscal, las violaciones de ley imputadas a Hernández implicaban “depravación moral”. Curiosamente, el presidente de ese Tribunal Supremo era Cecil Snyder quien, como fiscal federal montó y logró la encarcelación de Albizu Campos en 1936.
Juan Hernández Vallé cumplió su condena casi completa, salvo algunos meses por “buena conducta”. Luego recobraría su título de abogado y su práctica como pastor metodista manteniendo hasta su muerte, inalterado, su compromiso patriótico.
