CLARIDAD
Aun cuando la adopción de un Plan de Uso de Terrenos (PUT) fue aprobado por la Ley 158 del 2004, no fue hasta el 2015 en que se concretó y aprobó el plan y su revisión obligatoria cada 10 años.
Dos planificadores del equipo que trabajó en la confección del PUT, en entrevista con CLARIDAD, coincidieron en que si bien hay que revisarlo cada diez años no es por las razones que ha esgrimido en declaraciones públicas el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez. Entre sus expresiones, el Secretario ha dicho que hay áreas que revisar y que “no hay suficiente terreno para desarrollo”, expresiones que tienden a favorecer reclamos de sectores como el de la construcción.
“El asunto aquí es que a los sectores de la industria de la construcción y la banca, igual que a grandes propietarios, les interesa que el PUT flexibilice o modifique las clasificaciones del suelo para que se les permita construir en lugares donde la política pública que está contenida en el PUT no les favorece”, afirmó el planificador José Rivera Santana.
El PUT se aprobó en el 2015 a pesar de la oposición de esos tres actores, quienes utilizaron a varios alcaldes como portavoces para que presentaran su oposición, denunció. El planificador describió la oposición de estos sectores como una feroz, que no ha cesado de tratar de descarrilar el PUT, algo que en alguna medida han logrado. Atribuyó a la presión de estos actores la forma laxa y poco rigurosa en que la JP y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGP) han manejado lo que establece el PUT y sus disposiciones.
Trajo a la atención el dato de que desde el 1942, cuando se creó la Junta de Planificación (JP), se suponía que la Junta hiciera lo que entonces se nombraba como un “Plan regulador del uso de terrenos”, lo que en la práctica era un PUT. En aquel entonces, igual que en el presente, los grupos de interés como la asociación de productores de azúcar y la banca se opusieron a la creación de la JP y a su intervención en la ordenación del territorio. “No se pudo hacer por esa oposición que se mantuvo constante por más de 80 años”.
Los cambios al PUT
Preguntado por CLARIDAD sobre qué cambios debiera tener el PUT, Rivera Santana expuso que luego de la experiencia de los huracanes Irma y María y las marejadas que ocurrieron en el 2017, que fueron eventos intensos, hay que revisar el Plan debido a que su adopción en el 2015 se hizo con la información que se tenía en ese momento y que, por causa de estos eventos climáticos y el recrudecimiento del calentamiento del planeta, el plan debe revisarse para ser todavía más riguroso en la protección de terrenos que hoy se sabe que son más vulnerables a eventos catastróficos, como lo es, por ejemplo, la zona costanera.
Se sabe además que por la situación del cambio climático es vital proteger más terrenos para uso agrícola. El PUT lo que protegió fueron 600 mil cuerdas, a pesar de que cuando se hizo ya se sabía que era para garantizar la seguridad alimentaria. Por lo menos, se deberían haber reservado 1 millón de cuerdas de terrenos para la actividad agrícola.
Rivera Santana reveló que se llegó a las 600 mil cuerdas en una especie de negociación para bajar la presión de los opositores, pero que, de todas formas, 600 mil cuerdas no son suficientes para una seguridad alimentaria. Reconoció que aunque la población está bajando, los factores principales por el riesgo del alza en el nivel del mar son factores que afectan el potencial agrícola, entre otros. También está el hecho de que el gobierno ha abandonado las recomendaciones del Comité del Cambio Climático (CCC), las cuales están directamente relacionadas con el PUT, que incluso considera el cambio climático y el calentamiento del planeta como parte de sus factores.
Rivera Santana desmintió expresiones del secretario del DRNA y lo acusó de deliberadamente querer engañar la opinión pública al decir que hacen falta más terrenos urbanizables. El planificador hizo énfasis en que el PUT ya contiene el suelo urbanizable necesario para acomodar la demanda de vivienda por los próximos años y que incluso muchas de esas tierras que no se han urbanizado están disponibles, por lo que no hay que hacer cambios a los terrenos que tienen la clasificación de suelo urbano o suelo urbanizable, que son las categorías que tienen que ver con proyectar las construcciones urbanas. Afirmó que las razones para que no se hayan utilizado son económicas. El PUT tiene clasificado el 15 % de todo el territorio como suelo urbano, suelo urbanizable.
“Así que no se justifica de ninguna manera, ¡pero de ninguna manera!, el decir del Secretario de Recursos Naturales que solo el 1% del territorio está clasificado urbanizable. Eso es falso y él lo sabe, y si no lo sabe, debe renunciar por ser un incompetente”, subrayó.
En entrevista por separado, el planificador Pedro Cardona Roig, exmiembro de la JP, coincidió en destacar la necesidad de la revisión del PUT frente al cambio climático, acción que está establecida como prioridad en el documento, y denunció la inacción de la JP, así como la falta de adopción por parte del gobierno de las recomendaciones del CCC.
El planificador conocido como El Urbanista también censuró las declaraciones del Secretario del DRNA sobre la disponibilidad de terrenos urbanizables: “El Secretario carece de credibilidad e ignora conocimientos que debiera saber y que ha demostrado que no los tiene. Cuando el secretario dice que no hay suficientes terrenos para construir viviendas, tenemos que entender que el PUT tiene 35 mil cuerdas de terrenos reservadas para nuevos desarrollo. Esas 35 mil cuerdas están en suelos urbanos y suelos urbanizables que están certificados”.
Cardona Roig explicó que eso equivale a dos veces la isla de Manhattan, por lo que, si se fuera hacer un desarrollo de alta densidad, se podrían construir cerca de 3 millones de unidades viviendas en esas cuerdas. En el caso de construcción suburbana, no cree que sea un modelo sostenible para Puerto Rico. Se podrían construir 380 mil unidades de vivienda en esas 35 mil cuerdas. Observó que en los 500 años de historia urbana que tiene Puerto Rico, eso quiere decir que el país ha consumido el 14 % del territorio para atender la necesidad de 4 millones de personas. Lo contrastó con que hoy la población del país está por debajo de 3 millones de personas, lo que demuestra que no hay una necesidad adicional a las 35 mil cuerdas ya designadas.
A juicio del exmiembro de la JP, el secretario del DRNA se hace eco de los argumentos de la
Asociación de Constructores: “El secretario Waldemar Quiles Pérez debiera ser honesto y decir que el propósito de sus expresiones es garantizar el repago de los que financiaron la campaña de Jenniffer González Colón, que ha permitido que él ocupe una posición para la cual devenga un sueldo de sobre $100 mil y para el cual ha demostrado no tener la capacidad. Debiera ser honesto y decir que los datos no apuntan a la necesidad de más terreno; mas sin embargo, la fijación que tiene de repagar le hace promover los cambios”.
Todavía agregó que el secretario del DRNA no ha mencionado ni un solo criterio científico que valide su argumento y tampoco ha invocado ninguna de las responsabilidades que obliga la ley al DRNA a proteger, por ejemplo, las reservas naturales designadas por la misma agencia y que están integradas al PUT.
Cambios ilegales
A pesar de que se supone que la revisión del PUT debe traer a la discusión pública abierta los criterios de política pública de la protección de los espacios naturales, de hábitat crítico, las áreas con prioridad de conservación —las consideraciones respecto al cambio climático que no han sido consideradas—, el exmiembro de la JP vaticinó que no espera que eso suceda.
Al respecto, narró la experiencia de la revisión del plan territorial del Municipio de Aguadilla en vistas públicas hace unas cuantas semanas. Según reveló, unos suelos inundables al sur del municipio que son parte de la cuenca del río Culebrinas fueron clasificados como suelos urbanos, urbanizables, lo que potencia el desarrollo en áreas de riesgo de inundaciones y la pérdida de vida y propiedad. “Eso es lo que hace el plan territorial de Aguadilla y eso establece un precedente que no se sostiene en el rigor de la planificación y en las política públicas del PUT; pero, sobre todo, que violenta lo que establece la ley que debe ser el proceso para revisar el PUT”. Esta situación, denunció, se ha estado repitiendo en vistas públicas de los planes territoriales de Adjuntas, Canóvanas y Cayey.
Sobre cuánto tiempo estima debería tomar el proceso de revisión del PUT, de hacerse con respeto a la ley y los procedimientos, dijo que debería tomar unos 18 meses tener un documento atemperado. “Menos de eso es muy difícil; esto debe tener una discusión amplia” y afirmó que hay muchos grupos de la sociedad civil con interés en la protección de los recursos naturales.
Por último, Cardona Roig denunció que los ataques al PUT en la JP han emanado de colegas planificadores que “han comprometido la integridad del PUT por su actos irresponsables y por ser cómplices de la ilegalidad que han promovido las administraciones PNP desde que entró Rosselló Nevares hasta el presente”.
La Junta de Planificación anunció que la revisión del PUT comenzará el próximo 4 de noviembre, con la citación de agencias de gobierno como el DRNA y el Departamento de Vivienda.
