La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) recomendó hoy que el gobierno de Puerto Rico tome las medidas necesarias para “ajustar” las operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para que fluctúen según el ciclo electoral y reestructurar su organización para que sea más eficiente.
En una carta al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez, la Junta declaró que si bien la CEE realiza un trabajo esencial para reforzar la democracia al registrar a los votantes y administrar el proceso electoral, las operaciones actuales de la CEE no coinciden con las necesidades que atiende o con la realidad fiscal de la Isla.
“Las elecciones se celebran cada cuatro años. La CEE debe ser más activa en el año previo a una elección, pero puede y debe reducir significativamente sus operaciones en los tres años restantes de un ciclo electoral. Esto es lo que hacen las comisiones electorales comparables en la mayoría de los estados”, escribió en la carta el presidente de la Junta, José Carrión.
La JSF señaló que la estructura de la CEE es “altamente burocrática y costosa” en comparación con las comisiones y oficinas de elecciones estatales, que incluye “un organigrama complejo, con un presidente, tres vicepresidentes, un comisionado electoral por partido (actualmente tres), comisionados alternos, una secretaria, subsecretaria, personal y más de 85 juntas locales de registro (JIP) en la isla, cada una de las cuales incurre en gastos de personal y administrativos”.
El organismo agregó que, de acuerdo con los últimos datos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la CEE tiene aproximadamente 700 empleados, pero no brinda a los residentes de Puerto Rico la capacidad de aprovechar la tecnología para registrarse para votar en línea o renovar sus tarjetas de votación como se hace en los estados y otros países.
La Junta dijo que es consciente de las expresiones recientes de funcionarios del gobierno que están alineadas con la recomendación de la JSF y dio la bienvenida a las medidas legislativas y administrativas para transformar las operaciones actuales de la CEE.
La JSF emitió su recomendación sobre el CEE conforme con la Sección 205 (a) de la Ley Promesa, que le permite presentar recomendaciones al gobernador o a la Legislatura sobre las medidas que el gobierno de Puerto Rico puede tomar para garantizar el cumplimiento con el plan fiscal o para de otro modo promover la estabilidad financiera, el crecimiento económico, la responsabilidad de la administración y la eficiencia de la prestación de servicios del gobierno.
Bajo la Sección 205 (b), el gobierno tiene 90 días para proporcionar una respuesta a la recomendación de la Junta.
