Especial para CLARIDAD
Se viven, aquí y en todo el mundo, “tiempos revueltos”. Son muchos los males que coinciden en estos tiempos. Baste mencionar el calentamiento global, la pandemia, las continuas guerras, la violencia generalizada, las interrupciones en las cadenas de suministros, la inflación en precios, la desigualdad socioeconómica, la pobreza, el desamparo… Todo esto, y mucho más, se traduce en inseguridad, en incertidumbre. Siempre hace falta un gobierno efectivo, pero si en algún momento se ha hecho patente tal falta es justo ahora. En estos “tiempos revueltos” es dominante la transición del gobierno al desgobierno. Desde hace ya varias décadas todo parece ir de mal en peor.
El gobierno tiene, como mínimo, la indelegable responsabilidad de garantizarle a la ciudadanía una infraestructura física y social adecuada. La primera se resume en servicios vitales como los del agua y la luz así como los correspondientes a la transportación (redes de calles y carreteras) y al necesario albergue; la segunda está encabezada por la salud, la educación, el orden público y la seguridad social. Esto, huelga recalcarlo, tiene que apoyarse en una buena estructura de tarifas y en un justo y amplio sistema tributario.
Demás está decir que hay diferentes formas de organizar el descargue de tales servicios. La diversidad de resultados es igualmente abundante. En los muchos países de este mundo hay ejemplos que se pueden juzgar positivos, ejemplos a seguir; y también hay ejemplos notoriamente negativos, ejemplos que no se deben imitar.
El espectro de posibilidades organizativas en la prestación de los servicios públicos es extremadamente amplio y complejo. No obstante, puede reducirse a dos modelos: agencias y corporaciones públicas organizadas para tales efectos o empresas privadas especializadas y debidamente reguladas en función de salvaguardar el interés público. Adviértase que en ambos casos el papel del gobierno es clave, ya sea como productor o como regulador. Desafortunadamente, el neoliberalismo – la doctrina política de mayor alcance global en estos “tiempos revueltos” – impugna ambos modelos.
El neoliberalismo postula el protagonismo de la empresa privada inscrita en un mercado autorregulable. La fuerza motriz en tal orden es el lucro. El entusiasmo de sus portavoces es tal que en ocasiones se refieren a la propiedad privada como algo “sagrado”. La “libertad” a la que se refieren es a la del empresario, para que haga y deshaga a gusto y gana a nombre del sacrosanto “empresarismo”. Olvidan, convenientemente, que el mercado es una institución social, con su cuota de defectos, y no una deidad.
A la luz de tal ideario no resulta sorpresiva la oposición de los neoliberales – Junta de Control Fiscal, líderes del bipartidismo gobernante, organizaciones empresariales, consultores – al modelo en que las agencias y corporaciones públicas juegan un papel protagónico. Favorecen, claro está, al espacio privado sobre el público, a lo individal sobre lo común, a la competencia sobre la solidaridad. Pero también se oponen al modelo, aunque con menos saña, de las empresas privadas debidamente reguladas. Para ellos la gula no debe tener riendas. Debe estar abierta a la cacería de rentas: ganancias excesivas a base de contratos leoninos, de subsidios y exenciones tributarias, de incumplimiento de órdenes, de degradación ambiental, de privilegios monopolistas, de creatividad contable, de subterfugios jurídicos, de manipulación de precios… Por lo tanto, son los campeones de la desregulación, es decir, del desgobierno.
El desgobierno – eso sí, con presupuesto – es lo que impera en Puerto Rico. Por un lado, se torpedea al espacio público y, por el otro, se la abre el camino a la “libertad” del espacio privado. Basta ver la experiencia con servicios como el de energía eléctrica para apercibirse de esto. Los hoyos en las carreteras – no olvidemos al puente atirantado – resultan emblemáticos. Al descuido con la infraestructura física se añade la tragedia de la infraestructura social. El desastre en los campos de la salud y de la educación es vergonzoso. Los cazadores de rentas se tragan sus presupuestos. A esto hay que sumar el desmantelamiento de la seguridad social (planes de retiro). En fin, no se trata únicamente de privatización, sino de la más descarada claudicación de la gestión gubernamental.
