El 24 de agosto de 2017 la Junta de Control Fiscal, JCF, anunció el inicio formal del proceso de evaluación de proyectos de infraestructuras al amparo del Título V de la Ley PROMESA. Esta sección de la ley permite catalogar como proyectos críticos las propuestas del sector privado para desarrollar proyectos de infraestructuras en áreas de energía, transportación terrestre y marítima, así como acueductos. Como consecuencia, estos proyectos pueden recibir ayuda financiera del gobierno o ser eximidos de permisos o requisitos ambientales, entre otros.
Esta sección de la ley PROMESA es vital para el objetivo de la ley en cuanto a cobrar la deuda pública. Según la directora ejecutiva de la JCF, la Sra. Natalie Jaresko, “aun implementando el plan fiscal certificado en su totalidad este no ayudará a la economía de Puerto Rico”. Es decir, que después de reducir gastos de la nómina del gobierno en un 30%, reducir gastos de salud en $1,000 millones, $500 millones adicionales a la UPR, reducir las pensiones en otros 10 % y aprobar otros $1,500 millones en impuestos, la economía de Puerto Rico no tendrá mejoría.
La directora ejecutiva de la JCF, que recibe una compensación anual mayor a la que recibe el presidente de EUA, la canciller de Alemania, la jefa del Fondo Monetario Mundial, el ministro de Japón, el presidente de Francia, el presidente del Banco Mundial y los líderes de la mayoría en el congreso de los EUA, entre otros funcionarios de gobierno, nos confirma que después de 10 años de austeridad no vamos a tener mejoría. La pregunta obligada es, ¿para qué la austeridad?
Esta es la primera pata de una mesa redonda, al amparo del Título II, nos contesta la Ley PROMESA. La segunda pata de la mesa redonda es el Título III de la Ley PROMESA invocado desde el mes de mayo de 2017 para evitar demandas de los bonistas y buscar acuerdos voluntarios o por vía del tribunal federal en cuanto a cómo dirimir las deudas entre bonistas, gobierno, corporaciones públicas, sistemas de retiro y acreedores. Y lo de acreedores es importante, ya que un empleado público que está reclamando un aumento de salario por motivo de una reclasificación de su puesto, o los salarios dejados de recibir ante un despido injusto e ilegal, entre otras causas que implican un desembolso del gobierno, se convierten en acreedores y sus reclamos se paralizan, según el gobierno.
Así las cosas, tenemos una mesa redonda al amparo de la Ley PROMESA que tiene tres patas. La primera pata nos quita dinero ya sea del salario, las pensiones, los servicios de salud y educación o mediante impuestos. La segunda pata busca reestructurar la deuda pública para que los bonistas sigan en el juego formal de la deuda, donde siempre ganan, más o menos, pero siempre ganan a costa de la pérdida del pueblo.
Y la Sra. Jeresko nos recuerda, que cumplir con el plan no mejora la economía. Y preguntamos, ¿reestructurar la deuda, ayuda a la economía? La contestación de la Ley PROMESA es, todavía no. Falta la tercera pata de la mesa redonda. Esa tercera pata es el Título V, que trata de la revitalización de la infraestructura de Puerto Rico. ¿Cómo estas tres patas sostienen la mesa redonda?
La fórmula es la siguiente. Con el dinero obtenido con las economías del plan certificado, (primera pata) se hacen reservas para llegar a acuerdos voluntarios con los bonistas o mediante el tribunal. Es decir, el pueblo paga mediante el recorte de salarios, pensiones, servicios o impuestos los acuerdos con los bonistas (segunda pata). Ya establecidos los acuerdos para pagar la deuda, la JCF espera que el crédito de Puerto Rico esta rehabilitado por lo cual existe la capacidad para seguir tomando prestado o que sea el propio gobierno quien financie las obras de infraestructuras. Esta es la tercera pata que se le ofrece al sector privado mediante los proyectos críticos o las llamadas Alianzas Públicas Privadas.
Son tres patas que sostienen un círculo vicioso donde el pueblo paga la deuda una y otra vez. Donde el objetivo no es el desarrollo económico del país, sino pagar una deuda que se sostiene por el sistema colonial y el modelo capitalista imperante.
No es de extrañar que la JCF aprovechara el paso del huracán Irma para solicitar financiamiento con fondos federales para impulsar el Título V de la Ley PROMESA. Parecería que deseaban la llegada del ciclón y como consecuencia sus daños para dar rienda suelta a sus proyectos de infraestructura en la energía, sistema vial y acueductos, entre otros. Esa es la esencia de la “política del shock”, aprovechar los desastres, las guerras y la inseguridad del ciudadano para adelantar la agenda económica del capitalismo. La Ley PROMESA es solo el vehículo en Puerto Rico para mantener esa agenda por las próximas décadas. No obstante, si un huracán ayuda, la mesa redonda está servida.
