CLARIDAD
La vida de Puerto Rico está en juego en este proceso. Esto nos va afectar ahora y va afectar el futuro. Esto va a impactar a todos, tenga o no tenga placas solares…
El Junte Multisectorial, que agrupa a más de 45 organizaciones de la sociedad civil, desde religiosas comunitarias, comerciales, profesionales, sindicales hasta ambientales, advirtió sobre las consecuencias nefastas del aumento en la luz que están exigiendo los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
En conferencia de prensa el martes, 9 de julio, portavoces participantes del Junte anunciaron que enviaron una carta a la jueza Laura Taylor Swain con copia a la Junta de Control fiscal (JCF) en la que recalcan las consecuencias que tendría un aumento en la tarifa para pagar la totalidad de los $8.5 mil millones que reclama un grupo de bonistas. Esto tras la decisión del Tribunal Apelativo del Primer Circuito en Boston, el pasado mes de junio, que dictaminó que los bonistas tienen derecho sobre los gravámenes de los bonos de la AEE. La carta del Junte a la jueza Swain se envió el día antes de que esta atendería la vista judicial en la cual escucharía los argumentos de las partes tras el fallo del Tribunal Apelativo.
Ramón Monchito Ortiz, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, recordó que muchas de las organizaciones del Junte y casi 800 individuos habían presentado objeciones al plan de ajuste (PAD), presentado por la JCF, por lo que ahora “estamos seriamente preocupados de que los bonistas de la AEE, animados por el fallo reciente del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, están insistiendo en recibir un pago aún mayor”.
Dio como ejemplo que el impacto para una gasolinera promedio en 35 años sería de $175 mil. “Eso es un préstamo que no tomamos. Creo que el mensaje es claro: estamos haciendo un llamado al pueblo, a la gente de a pie. Si usted cree que no le va a afectar, sí le va afectar. Porque cuando vaya a la estación, a la farmacia, cuando vaya a comprar el pan, la leche, azúcar, sepa también que la cervecita le va a costar más”
En tanto, la reverenda Dra. Lizette Gabriel Montalvo, obispa de la Iglesia Metodista, denunció que los reclamos de los bonistas no pueden ir por encima de las necesidades de nuestro pueblo. “Nuestro sistema eléctrico está en una condición inaceptable, provocando apagones frecuentes, particularmente durante períodos de calor intenso, lo que pone en riesgo la salud mental y física, bienestar y vida humana. También hay que dar prioridad a resolver la situación del Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE, que no tiene dinero para seguir pagando las pensiones a partir de septiembre de este año. Los pensionados de la AEE merecen justicia”.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Titulares de Condominios insistió en que el sistema eléctrico necesita mantenimiento y miles de millones de dólares de inversión, más allá de los fondos federales disponibles, para proveer un servicio adecuado. Denunció que desviar miles de millones de dólares para pagarles a los bonistas perpetúa un sistema eléctrico disfuncional. “Esto va a impactar al país. Se va afectar, se va afectar ahora, se va afectar en el futuro. Te afecta aunque tengas placas solares porque lo demás lo vas a tener que seguir pagando igual que los demás”, expresó. No dejó pasar por alto que en Puerto Rico hay más de 500 mil personas que viven en condominios, que pagan su luz individual, pero en los que las áreas comunes no se pueden sacrificar.
Pérez Riera, quien dijo que fue presidenta de la Junta de Directores de la AEE, apuntó que los bonistas que compraron bonos sabían que iban a tener problemas porque ya en el 2011 se veía en los estados financieros que la AEE estaba perdiendo $300 y $400 millones todos los años. “Eso quiere decir que cuando esa corporación va a los mercados de bonos, el que compra lo sabe. Todo el mundo se atiene a las inversiones que hace y todas las inversiones tienen un riesgo, y esa inversión de la AEE tuvo su riesgo”. La licenciada recalcó que Puerto Rico no va a poder pagar la suma de $8.5 mil millones.
Otro sector del Junte que se manifestó categórico contra un aumento para pagar la suma que reclaman los bonistas fue la Asociación de Farmacias de Comunidad. Linda Ayala, presidenta recalcó que “las tarifas más altas que los bonistas quieren imponer para pagar la deuda, sumado a un servicio pésimo, redundará en cierres de negocios, despidos y migración fuera de Puerto Rico, socavando el futuro de nuestra isla. Nuestro sector de salud depende de energía confiable para poder brindar servicios al pueblo”.
Mientras, Cecil Blondet, directora de la organización Espacios Abiertos, trajo a la atención que los bonistas que acudieron al Apelativo quieren reiniciar el proceso del PAD. “Nosotros ya invertimos sobre $200 millones en asesores y servicios legales de la JFC que han salido del bolsillo de pueblo de Puerto Rico. Nosotros no nos podemos dar el lujo de reiniciar un proceso de la reestructuración de deuda de la AEE”. Observó que dicho proceso debió de haber concluido con las presentaciones que se hicieron en febrero, que estaba sobre el escritorio de la jueza tomar una determinación. El grupo de bonistas que acudió al Apelativo es liderado por la firma GoldenTree Asset Management.
El coordinador de la Mesa de Diálogo Martin Luther King, profesor Jimmy Seale Collazo, indicó que ese planteamiento llegó a Boston por la sola razón de que “este grupo de bonistas tiene tanto dinero, que pueden presentar los argumentos que les dé la gana, sencillamente, a cuesta de mollero del dinero, para sacarle al pueblo de Puerto Rico lo que nosotros no podemos pagar. Esto es un abuso en todo el sentido de la palabra, no es posible quedarse callado”.
El Junte no descartó convocar a manifestaciones u otras actividades dirigidas a lograr que la jueza Swain mantenga su postura de favorecer el PAD de la JCF para el pago de $2.5 mil millones.
Al respecto, el portavoz del Frente en Defensa de las Pensiones de los retirados de la AEE, Armando Quintero, en tono sarcástico señaló que quienes van a representar al pueblo de Puerto Rico frente a los bonistas es la JCF. “A ellos les toca hacer buena su palabra y decir que el pago es $2.5 mil millones. Y nosotros sabemos que ese acuerdo también es injusto porque en este momento, dado la propuesta de nosotros, es no resignarnos. Pasamos de la protesta a la propuesta, y necesitamos ser escuchados. Es posible que si nos quedamos en nuestras casas tengamos que ser responsables de un dinero que se determinó que era ilegal pagarlo. Hay que proteger al país”.
