Claridad
El llamado Proyecto Esencia que se pretende desarrollar sobre dos mil cuerdas de terrenos en la costa de Cabo Rojo, no es uno estratégico ni crítico. El proyecto privado, que conlleva la construcción de tres hoteles de lujo, un hospital, 900 residencias fastuosas, una escuela de preescolar hasta el grado 12 y hasta un aeropuerto, recibió la calificación de ‘estratégico’ por parte de la Junta de Planificación (JP).
“La Junta de Planificación, de una manera muy frívola, ha estado utilizando términos como estratégicos, críticos o proyectos esenciales sin que medie una justificación válida para esa designación”, apuntó el arquitecto Pedro Cardona Roig, a preguntas de CLARIDAD sobre si el Proyecto Esencia se puede clasificar como uno estratégico o crítico.
Cardona Roig, quien fue presidente de la JP, expuso que la clasificación de proyectos estratégicos responde a proyectos que representen una necesidad o una pieza esencial de infraestructura, destruida ya sea por un huracán o un terremoto. No obstante, la JP lo ha estado utilizando para otros asuntos, y al clasificarlo bajo una de estas categorías, lo que hace es que disfrazar sus intenciones. “En el caso específico de Esencia, este es un proyecto de lucro de unos inversionistas. Este no es un proyecto que sea necesario para la comunidad ni tampoco se ha demostrado en un estudio económico que va a redundar en un beneficio para los municipios donde se ubica ni para las comunidades”, denunció.
Conocido por su activismo como El Urbanista, Cardona Roig advirtió que la designación de estratégico por la JP da paso y establece un peligroso precedente para que el que esté enchufado al Gobierno pueda tener el privilegio de ser tratado de una manera distinta a cualquier otro inversionista en el país. “Eso tiene consecuencias para todos nosotros. Creo que nosotros, en el caso de Esencia, tenemos que cuestionar esa designación de la JP y tenemos que exigir que ese proyecto se analice con el rigor necesario”.
Lo que plantea el citado proyecto violenta múltiples leyes ambientales que están vigentes en el Plan de Uso de Terrenos (PUT) y el Plan Territorial de Cabo y afecta reservas naturales. El proyecto no puede darse por ser contrario a la política pública, alerta Cardona Roig, porque el Reglamento Conjunto sobre el cual descansa el proyecto es el Reglamento Conjunto de Emergencia adoptado en el 2020, para el cual, a la fecha, no se ha cumplido con el debido proceso para validarlo.
El proyecto ya recibió unos decretos de exención contributiva previo a presentar la documentación necesaria que valide que puede levantarse en dicho lugar, por lo que ya le está constando al pueblo de Puerto Rico. En ese aspecto, Cardona observó que la industria turística es una altamente subsidiada por el Gobierno y está exenta del pago de contribuciones, por lo que esos proyectos acaban constándole al pueblo y el beneficio es muy bajo. Se estima que por cada dólar que se concede en beneficio contributivo, el pueblo de Puerto Rico obtiene un beneficio de tres centavos, lo que es una inversión poco rentable, concluyó.
Por su parte, el planificador Félix Aponte, también exmiembro de la JP, planteó que desde el punto filosófico y de acuerdo al marco de la Constitución, el Estado tiene tres funciones primarias hacia el ciudadano: salud, proveer para la seguridad y que sus actuaciones provean para el bienestar colectivo. Eso es lo que justifica que utilice los recursos públicos y los bienes patrimoniales; tienen que estar enmarcados, al menos, dentro de una de esas tres categorías.
En el caso de los intereses privados de individuos y corporaciones, de ordinario, aunque son actuaciones legítimas, necesarias, de buena fe, ya sea para beneficio privado particular o, en algunos casos, el beneficios sea con lucro o sin lucro, lo que el Estado no puede hacer en una sociedad que se dice democrática es privilegiar intereses particulares sobre los intereses colectivos y poner en juego la salud, la seguridad y el bienestar.
Al respecto, expuso que de ordinario se considera, por ejemplo, un proyecto crítico apremiante socialmente la reparación de una represa. Lo crítico implica que hay unos riesgos inminentes medibles o de fácil observación que involucran a mucha gente, en este caso, de manera negativa, y que no se puede posponer actuar. A juicio del exmiembro de la JP, equiparar un proyecto de un grupo de inversionistas de crítico para desarrollar un espacio geográfico, con serias implicaciones, con el solo objetivo de examinar sin rigor lo que se propone y en el sitio en que se propone es negligente.
“La JP en los últimos años ha asumido la posición de usar el criterio de esas circunstancias de ‘crítico’ para darle curso a proyectos privados que realmente no tienen esa implicación. Esa actuación, si no es ilegal, es inmoral”, puntualizó.
La definición de proyecto crítico está en la Ley 19 del 2017, la cual se aprobó luego del azote del huracán María con el propósito de agilizar los permisos debido a la infraestructura colapsada de la energía, las comunicaciones, el agua, de decenas de puentes y miles de carreteras afectadas por derrumbes, situaciones que sí son críticas apremiantes.
La posible clasificación de la Junta de Planificación y de la Oficina de Gerencia de Permisos de un proyecto, ya sea de crítico o de estratégico, de un proyecto privado para beneficio de unas corporaciones extranjeras es ignorar acuerdos sociales como el Plan de Uso de Terrenos, el Plan del Manejo de la Zona Costanera, los planes territoriales, la legislación de las Reservas Naturales. Además, es ilegal. El proyecto incluso toma parte de los terrenos de la Reserva del Valle de Lajas, para el cual se desarrolló un mapa. Aponte comentó que él dirigió las vistas públicas para desarrollar dicho mapa.
Para concluir, cuestionó los méritos que pudiera tener el proyecto desde la perspectiva social. A su juicio, el que el Estado pretenda utilizar el agua de una reserva agrícola designada y la desvíe para que Acueductos la venda a unos proyectistas que no les interesa la agricultura y que la infraestructura eléctrica, que ya es un servicio precario para la gente del suroeste, en cierta medida afecte una actividad económica ya establecida, “independiente de cómo se mire, utilizar el criterio de crítico es absurdo e incorrecto”.
