CLARIDAD
Hacer un balance entre los servicios a los colegiados, fortalecer su membresía, así como fortalecer el rol público de tener voz en los asuntos del país son dos de las prioridades de la nueva presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), licenciada Vivían Godineaux Villaronga.
La quinta mujer en ocupar la presidencia del CAAPR, quien juramentó a su cargo el 16 de septiembre, narra su motivación para querer presidir a las y los togados. La licenciada Godineaux Villaronga cuenta que desde sus años de estudiante siempre ha estado cerca del Colegio y que aunque no proviene de una familia de abogados, siempre le gustó el Derecho “antes de saber que quería ser abogada”. Por esto, cuando llegó a la Universidad de Puerto Rico (UPR), estudió en Humanidades en el Programa Prejurídico del Departamento de Estudios Interdiciplinarios. Luego estudió Derecho en la Facultad de la Universidad Interamericana (UIA). Allí fue primero miembro de la directiva de la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho, que es el brazo estudiantil del CAAPR, y luego presidenta.
Su primera experiencia en la profesión y donde se formó fue en el Bufete Emmanuelli, de Rolando y Rafael Emmanuelli, en Ponce. Después se trasladó a San Juan a trabajar en el Instituto de Derecho Laboral, junto al licenciado Jorge Farinacci, que le dio la oportunidad de llevar casos de la Unión de Tronquistas.
Ya hace varios años que practica el Derecho Civil, en particular como profesora de la Clínica del Proyecto de Justicia para la Niñez, de la Facultad de Derecho de la UIA. Este proyecto representa a personas a quienes el Departamento de la Familia (DF) les remueve sus hijos en casos de maltrato de menores para recuperar la custodia. La licenciada Godineaux Villaronga expuso que el tema de la remoción de menores es uno que hay que explicar. El DF, que es el Estado, tiene el poder inherente de remover niños de sus hogares sin embargo, esas situaciones se pueden trabajar de manera distinta. Antes del 2023, la legislación era una ley más punitiva, pero ahora, bajo la Ley 57, se tiene la visión de lo que es preservar la unidad familiar. Destacó que se ha comprobado que las remociones causan más traumas que el propio problema interno de la familia.
“El Estado tiene la obligación de realizar esfuerzos razonables para dar servicios a los familiares para evitar una remoción de un niño, por situaciones diversas. Hay problemas de pobreza, abuelas, madres solteras. El Estado tiene que dar oportunidades antes de llegar a una remoción”, defendió.
En cuanto a sus prioridades, la presidenta del CAAPR comentó que en los últimos años han aumentado los colegiados debido a la creación de una comisión que permite que un estudiante de Derecho pueda pertenecer al Colegio y a sus comisiones. No obstante, expresó su deseo de promover las colegiaciones dado a que el Colegio tiene muchos servicios y hay que darlos a conocer. En esa dirección, indicó su interés en tener a alguien que trabaje en el contenido de las redes sociales.
En cuanto al rol público del CAAPR, su presidenta resaltó la importancia de que se entienda y reconozca el papel pertinente que tiene el Colegio en una sociedad. “El Colegio históricamente siempre ha sido voz de los que no tienen voz, ha orientado al país de lo que son los derechos de las personas, los derechos humanos, los derechos constitucionales y los asuntos que son relacionados al Derecho. El colegio siempre se ha expresado sobre ellos, contra la pena de muerte, sobre los derechos reproductivos, en los movimientos estudiantes como observadores, en los asuntos ambientales. Por eso se tienen comisiones que se dedican al estudio del Derecho en diversas áreas”.
Sobre los estudiantes y colegiados también señaló a la importancia de la organización: “Que haya una organización, dedicada al desarrollo y estudio del Derecho, a ser una voz de la abogacía del país y de la abogacía internacional, que tengamos contacto con otras organizaciones de abogados. Que desde que seas estudiante te veas identificado y veas que tu trabajo, no es solo una labor individual, sino colectiva. Que tú te debes al país, a las personas que no tienen acceso a la justicia”.
La presidenta del CAAPR trajo a la atención que una vez juramentó tuvo dos conferencias de prensa. La primera para anunciar la creación de una comisión que realizó un estudio jurídico de los contratos de Genera PR y LUMA Energy. El objetivo es que la comisión pueda proveer un documento disponible a los candidatos y para el país; un documento de una institución que no es política, que ofrezca más confianza. La comisión tiene un plazo de 30 días para llevar a cabo el estudio, por lo que la expectativa es que esté listo antes de noviembre.
La segunda conferencia fue junto al Capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, siglas en inglés) y Amnistía Internacional , Capítulo de Puerto Rico, en la que entre otros aspectos se anunció la creación de un cuerpo de observadores del proceso electoral.
A la pregunta de cómo ve el presente panorama electoral, la licenciada Godineaux expresó que hay una atmósfera de desconfianza y lamentó que el Tribunal Federal en Puerto Rico haya desestimado el recurso presentado por la ACLU para extender el periodo de inscripciones.
Señaló que el Colegio está bien pendiente del proceso electoral, por lo que sostuvo reuniones con los presidentes de cada delegación para que sean voluntarios observadores en el proceso, “precisamente, por lo que está ocurriendo todos los días de las quejas y denuncias que ha habido en el proceso electoral. Que haya más transparencia, más credibilidad de los resultados para que puedan tomar nota de cualquier incidente que ocurra”.
Otro asunto que la presidenta trajo a colación es la postura del CAAPR de que las personas aspirantes a ejercer la profesión en Puerto Rico tomen la reválida de aquí. Esto ante la acción del Tribunal Supremo de Puerto Rico de aceptar que una persona que estudió en EE. UU., pero que no ha tomado la reválida de Puerto Rico, ejerza la profesión. A esos efectos en la asamblea se aprobó una resolución donde fija su postura y crea una comisión para que presente un informe al Comité de Reputación del Tribunal Supremo.
“Estamos comenzando con muchas ganas de echar hacia adelante el Colegio. Puedo decir que tengo una gran junta de gobierno, con personas que quieren trabajar por el Colegio, que son colegiados; una junta de personas que son muy conocedores, que creen en la colegiación, que tienen mucho compromiso con el país y con la clase togada, que reconocen la importancia del rol que desempeñan”.
