CLARIDAD
“Estamos ante un caso la mar de interesante que creo que en los próximos dos meses, cuidado si antes, se termine de resolver porque el juez termina indicando en su sentencia que hay que atender el caso de manera expedita”, señaló el presidente de la Junta de Retiro del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, Luis Vicenty Santini, tras la desestimación del caso presentado por la Junta de Gobierno y Administración de la UPR por el plan de pensiones universitarios.
“Una vez más, nuestros tribunales han declarado no ha lugar las intenciones de la Junta de Gobierno y de la administración universitaria de querer menoscabar nuestro plan de pensiones y de intentar que no se vea en su fondo el caso que va a determinar. Ciertamente, aquí se ha cometido una implementación de un plan 401K que, a todas luces, carece de legalidad, que es ultra vires y que afecta a todos los participantes activos y jubilados de nuestro Sistema de Retiro, así como a los nuevos empleados universitarios”, expresó el presidente de la Junta de Retiro de la UPR tras conocer la decisión del Tribunal.
En la Resolución y Orden de 34 páginas, emitida por el juez Alfonso Martínez Piovanetti, se cita el Artículo 3 de la Ley de la UPR, que dicta que “la facultad de la Junta de Gobierno de mantener un sistema de retiro en la UPR no se deberá interponer a los poderes de la Junta de Retiro”. Además, ha hecho referencia a la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, el 30 de septiembre de 2020, que nombró a la Junta de Retiro UPR como fiduciaria del Sistema de Retiro UPR, lo cual supone que cualquier decisión de la Junta de Gobierno UPR con relación al Fideicomiso deberá contar con el aval de la Junta de Retiro UPR.
En expresiones a CLARIDAD, Vicenty Santini apuntó que si la Junta de Gobierno de la UPR (JG-UPR) no hubiese utilizado el subterfugio de ir a la corte federal y radicar una moción de remoción del caso cuando la Junta de Retiro radicó su caso en mayo del 2023 para impugnar las intenciones de la JG de cerrar el plan de beneficios definidos del Sistema de Retiro UPR para nuevos participantes, ya se hubiese detenido. Repasó que la JG de la UPR fue primero ante la sala de jueza Taylor Swain, quien se tardó dos meses en determinar que no tenía jurisdicción, y luego acudió al juez René Delgado. En enero, la Junta de Retiro presentó una moción al juez Delgado, en la cual reclamó que el caso tenía que ser atendido. Dos semanas después, el juez bajó una decisión bastante completa en la que recoge otros aspectos en los no tenía que entrar y donde explica que la JG de la UPR estaba intentado utilizar la intervención del tribunal para cometer actos ilegales en contra de las leyes de Puerto Rico; que este caso no tenía nada que ver con la ley PROMESA. Incluso, el juez señaló que la Junta de Control Fiscal (JCF) no acudía al tribunal a defender el plan.
Sobre la vista en la que se desestimó el caso de la JG de la UPR contó que hubo un elemento que no se pudo ver, ya que fue una vista argumentativa privada, y es que los propios actores que se supone monten el nuevo plan de pensiones “le dieron la espalda a la UPR”. Life Solution y Banco Popular le dijeron al juez que si decidía que eso es ilegal, ellos no tenían ningún daño, por lo que no querían formar parte del pleito. “Ahí donde la Junta de Gobierno decía que eran una parte indispensable del caso, en plena corte abierta le dijeron al juez que no tenían ningún interés en el caso. Así se va develando la verdad que todo el tiempo nosotros estábamos planteando: que la JG de la UPR hizo esto sin consultar a nadie en contra de todos los actuariales que habíamos llevado, sin darnos participación”.
Vicenty Santini comentó que un aspecto bien interesante es que tanto el juez René Delgado como el juez Martínez Piovaneti cuestionan por qué la JG y la administración universitaria corren la UPR como si estuviera bajo el Título III de la Ley PROMESA cuando no lo está, y cuestionan todo el tiempo por qué la UPR no se defiende de los recortes que quiere hacerle la JCF.
El presidente de la Junta de Retiro cuestionó que si en los últimos años el secretario de Hacienda ha estado diciendo que Puerto Rico tiene superávit en su caja, qué impedimento han tenido los dirigentes de la UPR para solicitar que se le otorgue el 9.6 % del presupuesto del país, que es la fórmula en virtud de la Ley 2, que todavía está vigente. “Los jueces hacen ese cuestionamiento porque la administración universitaria que prepara su propio plan fiscal lo hace en detrimento de la propia universidad”.
