Especial para CLARIDAD

El pasado viernes continuaron las negociaciones en Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR). Durante los pasados dos años y medio, la dirección del bufete y la Unión Independiente de Trabajadores de Servicios Legales (UITSL) han tratado de marcar las pautas para pactar un nuevo convenio. Sin embargo, el proceso de negociación se ha dilatado por la incapacidad de ambas partes de llegar a un acuerdo final.

Son varios los asuntos que continúan sobre la mesa. Entre ellos figuran las vacaciones, el bono de Navidad y las subcontrataciones. Los trabajadores quieren conservar la mayoría de sus beneficios, pero el patrono argumenta que el mundo laboral ha cambiado, dijo a CLARIDAD la presidenta de la UITSL, Leticia Ortiz Matías.

A pesar de que en muchas ocasiones el patrono se ha mostrado renuente a las propuestas presentadas por los representantes de la Unión, el jueves 27 de octubre aceptó la mediación del Departamento del Trabajo en las negociaciones. No obstante, el patrono presentó una propuesta que la Unión no estuvo dispuesta a aceptar.

Actualmente, cada unionado tiene derecho a acumular un máximo de 30 días con cargo a vacaciones y tiene derecho a consentir su traslado a cualquiera de los 15 centros que mantiene la corporación de Servicios Legales en la Isla. La Ley Taft-Harley dispone que mientras se negocia un convenio nuevo se tiene que cumplir con los beneficios del convenio expirado. A cambio de mantener ese beneficio sobre vacaciones y traslado, la condición del patrono es que la Unión acepte los artículos respectivos a las reposiciones de trabajo, los horarios y las subcontrataciones.

El problema con la propuesta del patrono –según explicó Ortiz– es que quieren cargar a vacaciones los días que un empleado no pueda presentarse a trabajar en caso de que Servicios Legales paralice sus labores por un estado de emergencia. La Unión modificó el artículo sobre las reposiciones de trabajo, acordando que el empleado cumplirá con sus horas de manera remota en caso de una emergencia, siempre y cuando disponga de los medios y las condiciones necesarias.

“Ellos están trancados en que si hay una emergencia y Servicios Legales no puede abrir, esos días se le van a cargar a los trabajadores a una licencia especial, que no sabemos lo que es, o a vacaciones”, dijo la representante sindical. “La propuesta de vacaciones que ellos tienen sobre la mesa es dividir la matrícula en dos y, aparte de eso, eliminar todo lo que tenga que ver con los recesos administrativos”, añadió.

En lo que respecta a los horarios, el problema radica en que en el primer caso el patrono pretende quitarle a los paralegales la flexibilidad de sus horas de trabajo, flexibilidad que es necesaria, ya que, igual que los abogados,necesitan salir a representar clientes fuera de las oficinas

Por otra parte, las plazas congeladas desde 2015 se han estado sustituyendo con empleados temporeros. Mientras que el patrono propone la subcontratación de empleados privados por tiempo indefinido, lo más razonable para la Unión es subcontratar por 6 meses. Ortiz mencionó que muchos de los empleados subcontratados no están preparados para hacer la labor que les corresponde y terminan yéndose antes de que se les termine el contrato. Esta práctica se ha realizado con conserjes, secretarias y entrevistadoras.

Sobre lo anterior, Ortiz sostuvo que “con esto lo que buscan es ir minando la Unión”. También reclamó en varias ocasiones que mediante sus propuestas el patrono busca tener poder de decisión absoluto sobre los trabajadores de Servicios Legales.

La propuesta del patrono sobre el bono de Navidad es ofrecer $600, como la Reforma Laboral del Gobierno (el derecho actual de los unionados al bono es de un nueve porciento). Con el fin de llegar a un acuerdo y poner fin a las negociaciones, los unionados han hecho concesiones reduciendo la acumulación de días de enfermedad y eliminando muchos de los días feriados. Por otra parte, aceptaron el pago de unos bonos de $150 como un aumento de salario (el último fue en 2015); pero no están dispuestos a continuar cediendo beneficios.

Por último, Ortiz reclamó que no se puede estar discutiendo un artículo por cada sesión. El proceso de negociación se ha dilatado mucho, lo que parece lógico si se considera que se han contratado abogados patronales externos a los que se les sigue pagando mientras no se llegue a un acuerdo.

“Es hora de hablar de lo que realmente es importante”, concluyó Ortiz.

 CLARIDAD 

En medio del drama colonial que nunca cesa, que ahora está a punto de ebullición, aparecen con frecuencia tragedias y tragicomedias que nos impactan o nos distraen. Cada una de ellas refleja a su modo la permanente crisis del país. Porque esos dramas trágicos, o esos pasos de comedia, no llegan por azar, sino que nacen de la realidad social que vivimos cada día y proyectan nuestras insuficiencias.

La última de las tragedias me tocó de cerca porque hace exactamente 30 años que cada vez que tengo que guiar a alguna persona hacia mi oficina sólo le digo: es frente a El Hipopótamo. Casi siempre no es necesaria ninguna otra indicación porque el restaurante (o tasca o cafetería o centro de tertulia y hasta lugar para bodas) ha estado en el mismo lugar por más de medio siglo y buena parte del país lo conoce.

El secuestro y posterior pedido de rescate que recientemente ocurrió en el restaurante, que se cerró con la muerte de un muchacho inocente, nos consternó tanto por el desenlace como por la modalidad del crimen. Ese tipo de evento no es común en Puerto Rico. Sin embargo, las particularidades del drama trágico y de algunos de los que lo protagonizaron, no tienen nada de especial. Todo lo contrario, resultan bastante común. El individuo que estuvo en el centro del drama llevaba una década delinquiendo y a todas luces beneficiándose de la negligencia de quienes debieron encerrarlo. En varias ocasiones los federales lo enjuiciaron y luego lo dejaron ir, a pesar de su reincidencia. En una de esas entradas y salidas del sistema federal cayó en la red de las autoridades puertorriqueñas, que actuaron con similar negligencia. En esta última ocasión, la paralización judicial que impuso la pandemia facilitó su salida de prisión, al transcurrir seis meses sin ser llevado a juicio, y luego su caso cayó en el olvido. Nadie supo más de él hasta que protagonizó el secuestro el dueño de El Hipopótamo y mató un adolescente.

La desidia que demuestra ese historial conmueve. Supongo que una vez el delincuente fue identificado tras su nueva fechoría, algún burócrata federal examinó el expediente de su última probatoria y un fiscal del Departamento de Justicia de Puerto Rico recordó que debía ser sometido a juicio. En ambos casos ya era un poco tarde porque la vida de un muchacho de 16 años estaba perdida, mientras empleados y dueños de El Hipopótamo trataban de sobreponerse al trauma de un secuestro y un asesinato.

Tras este nuevo crimen vuelve a cobrar vigencia una palabra muy presente en el en el léxico puertorriqueño: IMPUNIDAD. No me refiero únicamente a la impunidad de que ha estado gozando el delincuente de este caso, que ha sido mucha y constante, sino a la que seguramente también disfrutarán los burócratas federales y nacionales que lo dejaron en la calle. Cada uno de ellos es fácilmente identificable. Están los que debieron supervisar su probatoria en el sistema federal y los fiscales de esa jurisdicción que debieron promover su encarcelamiento ante las reiteradas violaciones. Sus nombres se conocen. En cuanto al sistema de procesamiento criminal puertorriqueño también son fácilmente identificables los que, tras su salida de prisión, debieron promover de inmediato el inicio del juicio.

Me atrevo a decir que ninguno de esos actos de clara negligencia tendrá consecuencias a pesar del efecto trágico que han tenido. Tanto allá como acá la impunidad sigue siendo norma. Los federales con frecuencia nos quieren dar lecciones de diligencia, pero, como dice la rumba, son buche y pluma no más. Y a veces su desidia tiene resultados trágicos. En cuanto al gobierno puertorriqueño ya sabemos que la impunidad es norma.

Al principio hablaba de que en Puerto Rico nos impactan o nos distraen tragedias y tragicomedias, y ha llegado el momento de hablar de las segundas. Entre las más recientes pudiera mencionar el último dislate de Pedro Pierluisi al querer sacar los carros destartalados de las carreteras reduciéndole impuestos a los ricos. Esas declaraciones, aunque dan risa, también tienen su lado trágico. La torpeza e insensibilidad de un gobernante no es algo jocoso, sobre todo cuando habla de beneficiar a los de su clase social burlándose de los pobres.

Mientras la tragedia del crimen y los dislates del gobernador nos distraen, todos los puertorriqueños estamos a punto de asumir una hipoteca 40 años, pagando más de mil millones anuales. Ese es el resultado del llamado “plan de ajuste de la deuda pública” acordado por la Junta de Control Fiscal. Mientras escribo este artículo, una juez de Nueva York, asignada por el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, está presta a comprometer nuestro futuro, aprobando el plan de la Junta. La protesta del pueblo, con los estudiantes otra vez a la vanguardia ha sido grande, pero de todos modos el plan se impondrá.

La colonia nos hipoteca y nos mata, mientras el gobernador trata de distraernos.