Especial para CLARIDAD
No exagero cuando digo que en los tiempos tan difíciles que vive Puerto Rico, las mujeres cargamos sobre nuestros hombros múltiples y pesadas responsabilidades, la mayoría de las cuales no son reconocidas en el aspecto social y tampoco en el económico. Sin su gestión esta amada Patria, no podría sostenerse. Nos crecemos ante las adversidades. Así fue evidenciado tras la desolación y grandes retos que los huracanes Irma y María dejaron a su paso. Quedó al descubierto la ineficiencia gubernamental, ante la cual las organizaciones comunitarias y las no gubernamentales, muchas de las cuales eran timoneadas por lideresas, tomaron las iniciativas. Por ejemplo, las organizaciones feministas y de servicios, se aseguraron de que los albergues para sobrevivientes de violencia contaran con los recursos necesarios para proteger las participantes que ya tenían, al tiempo que pudieran prepararse para acoger a otras pues era previsible, como efectivamente ocurrió, que luego de los desastres la violencia de género se agudizaría. Sin embargo, el gobierno no aprendió la lección y cuando ocurrieron los terremotos del Sur Oeste del país se repitió la historia. El impacto sobre las mujeres y el rol que desempeñaron muchas como lideresas naturales, fue documentada por la Caravana Violeta de la Coordinadora Paz para la Mujer y por el estudio “Cuando tembló la tierra: violencia y resistencias de las mujeres tras los terremotos del sur en Puerto Rico (marzo 2021) llevado a cabo por el Observatorio Contra la Violencia de Género en Puerto Rico. La epidemia del COVID-19 y sus secuelas han marcado el mismo patrón.
Con las medidas de seguridad adoptadas para contener la diseminación del virus, entre ellas la suspensión de clases presenciales, principalmente las mujeres, sumaron a sus tareas las relacionadas con la educación de sus hijas e hijos, asunto más que complicado por las carencias en tecnología, en acceso al internet y en las destrezas de enseñanza.
La crisis económica que hemos sobrevivido por más de una década y cuya exculpación de responsabilidad se disputan los dos tradicionales partidos de mayoría, ha impactado dramáticamente a la población femenina. Recordemos que la Ley 7 del 9 de marzo de 2009 (Ley de Emergencia Fiscal y para Salvar el Crédito de Puerto Rico), entre otras lindezas, conllevó el despido de miles de personas en la fuerza laboral pública, integrada mayormente por féminas. Ahora hay falta de personal para atender las necesidades del Pueblo. Muchas se sumaron entonces a las filas de desempleadas que aceptan dos y hasta tres empleos o gestiones cuentapropistas para mantener a sus familias. Decían que la medida aprobada tenía el propósito de salvar el crédito de Puerto Rico. De poco sirvió porque en el 2016 Estados Unidos aprobó la legislación que, irónicamente, se conoce por sus siglas en inglés como PROMESA, cuya implantación ha estado a cargo de la Junta de Control Fiscal (JCF). Desde entonces cualquier espacio de paz que hubiera en nuestras vidas se fue al traste. En febrero de 2017 el golpe a la clase trabajadora del sector privado vino revestida con el nombre de Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, que arrasó con derechos y beneficios de corte social alcanzados por medio de luchas a través de los años.
Las medidas impulsadas por la JCF tienen un impacto particular sobre las mujeres porque mayormente están dirigidas al sector gubernamental. Uno de los temas medulares es el menoscabo de las pensiones por jubilación. De nuevo, la mayoría mujeres en el magisterio en el sector de la salud y en las gestiones clericales de múltiples agencias. Aunque sorpresivamente la JCF cambió el discurso para decir que aceptaba que no se tocaran las pensiones en el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), lo cierto es que el organismo carece de credibilidad ante nuestra gente. El resultado es incierto, pero mientras la Legislatura, el Gobernador y la JCF mantienen un pulseo verdadero o de libreto-nunca se sabe- sobre el PAD y las pensiones, vemos que en las manifestaciones y en las portavocías de destacan las mujeres, elevando alta la bandera de la indignación ante el intento de menoscabar sus derechos.
El otro tema que mantiene la denuncia y las protestas masivas del Pueblo es el servicio esencial de la energía eléctrica y los continuos apagones en todo Puerto Rico. Sobre el particular las mujeres tenemos mucho que decir pues debido a la asignación de tareas que por estereotipos de género se nos asignan socialmente, administramos el hogar, cocinamos, nos hacemos cargo del cuidado de la salud de la familia, damos seguimiento al desempeño escolar, entre muchas otras gestiones que requieren de electricidad.
†Constituye un peso adicional para nosotras carecer del servicio, además de la reducción del ingreso familiar por el aumento en su costo. Por otro lado, un por ciento considerable de las trabajadoras en la industria privada se desempeñan en el área de servicios, como restaurantes, tiendas, salones de belleza, que sufren pérdidas económicas con la inestabilidad de la luz, lo que tiene repercusiones negativas para quienes allí laboran, así como para los pequeños y medianos comerciantes
En términos de la violencia de género hemos visto con desaliento que continúan los incidentes y también los feminicidios. El Observatorio sobre Violencia de Género en Puerto Rico recoge en su Informe del 14 de octubre de 2021, 43 feminicidios, 11 de éstos íntimos (por parte de la pareja o ex pareja); 1 transfeminicidio y 18 muertes de mujeres que están bajo investigación. Seguimos apostando a la educación con perspectiva de género como la medida que a mediano y largo plazo puede lograr la erradicación de este grave problema social. El gobernador Pedro Pierluisi no ha contestado la carta abierta que le cursó la Mesa sobre Perspectiva de Género en la Educación el pasado 22 de septiembre, requiriéndole que cumpla la palabra que empeñó, para que tan importante proceso comience el próximo semestre escolar. Mientras tanto y como señalé en la columna del 29 de agosto, la agenda retardataria de los sectores ultraconservadores en la Legislatura, sumado a los cobardes y velagüiras de votos, impacta de forma negativa nuestros derechos y su ampliación. En el Senado Thomas Rivera Schatz y Keren Riquelme tienen un proyecto para restringir las clínicas que ofrecen servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la terminación de embarazo.
Ante un panorama tan difícil para las mujeres se destacan la resistencia, el ánimo de lucha y la solidaridad que hemos demostrado. También, la opinión pública se ha ido moviendo en contra de la violencia de género para denunciarla y apoyar los esfuerzos comunitarios. Aunque todavía con algunas fallas, los medios de comunicación editorializan sobre el tema y han abierto un poco la puerta para la educación con perspectiva de género, algo que CLARIDAD hizo y mantiene desde hace mucho tiempo.
Hay que sumar a la agenda la creación de empleos dignos con paga igualitaria y la restauración de los derechos laborales que fueron menoscabados. Por mucho tiempo se ha reclamado, sin éxito, el reconocimiento social y económico de las responsabilidades que realizan las mujeres en el hogar mientras se continúa educando para que los varones compartan esas tareas. De igual forma es necesaria la participación de más mujeres que tengan una clara perspectiva de género en puestos electivos para que la búsqueda de la equidad no sea tan difícil. A pesar de los muchos obstáculos que han enfrentado, aplaudimos el trabajo de aquellas que la tienen y desde la ingrata trinchera de la Legislatura han desempeñado una labor encomiable. Así estamos las mujeres, listas para seguir adelante, no importa lo que cueste.
