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La Parguera quiere retener su escuela Alejandro Tapia y Rivera

 

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

“Los padres estamos deseosos de que se abra la escuela para que esos estudiantes puedan tener sus clases de lunes a viernes en horario regular”.

Lourdes Rodríguez, madre de tres estudiantes de nivel intermedio, se expresa entre urgente y enérgica para que el Departamento de Educación (DE) de una vez se disponga a llevar a cabo los trabajos de reparación que requiere la Escuela Alejandro Tapia y Rivera en el conocido poblado La Parguera de Lajas. Junto a la líder comunitaria, Marangely Torres Mercado, ambas contaron sobre los esfuerzos para la reapertura de la escuela y la labor de custodio de la comunidad durante los años en que estuvo cerrada.

La Escuela Tapia y Rivera data de antes de los años 50 del siglo pasado y es la única que había en La Parguera. El plantel fue cerrado en el 2018 por la entonces secretaria, Julia Keleher. Torres Mercado destacó que la comunidad siempre se ha ocupado de mantener sus áreas verdes y los alrededores. Denunció que la excusa para cerrarla fue la baja en s la matrícula, pero antes del cierre habían trasladado 100 estudiantes a la Escuela Superior Urbana.

“La comunidad nunca dejó que la escuela estuviera abandonada, aquí no hay vandalismo para nada, el patio siempre estuvo arreglado. Hace poco más de un año hicimos una alianza con Para la Naturaleza, que nos ha ayudado en el manejo de la flora, la poda de árboles y nos construyó un domo para un salón sin paredes”.

En la actualidad, el problema es que a pesar de que el secretario del DE cedió a la reapertura de la escuela bajo el programa Montessori, los trabajos de reparación que se necesitan todavía no se han realizado. Torres Mercado precisó que desde junio 23 se autorizó a la Oficina de Manejo de las Escuelas Públicas (OMEP) a hacer las reparaciones necesarias para la reapertura y que dos ingenieros fueron a evaluar la escuela por dentro y por fuera. En sus informes se dio el visto bueno para la utilización de dos salones. Esos informes los tiene el DE. Como sucede en otras escuelas, las reparaciones mayores que requiere la Tapia y Rivera es el de las llamadas columnas cortas, en dos edificios de los seis que tiene la escuela. Los otros cuatro son de una sola planta.

Torres Mercado, quien es psicóloga escolar y residente de La Parguera, aclaró que ahora mismo hay tres salones que están en buenas condiciones y que han sido los padres quienes los han reparado, pintado y  limpiado para poder facilitar el  regreso oficial a la escuela.  Se supone que la escuela figura  como que abrió, pero como no se le han hecho las reparaciones de OMEP, no puede recibir a los estudiantes.

El Comité de Padres también ha estado solicitando donaciones a ferreterías de la comunidad y la comunidad misma ha donado pintura para los salones, zafacones para la basura, piletas y fuentes de agua. Hasta el presente, el trabajo de la OMEP se ha limitado a ir a la escuela a abrir los salones, porque no se encontraban las llaves e instalar algunas cerraduras; otras las donó la comunidad.

Además de la reparación de las columnas cortas, el trabajo que se supone le corresponde a OMEP es el empañetado de paredes y los trabajos de plomería y electricidad, en particular los contadores, debido a que hay partes que no tienen luz o agua. Rodríguez destacó que fue un padre de la escuela quien pagó la fianza para la instalación del servicio de luz eléctrica.

Torres Mercado sostuvo que el problema que ha habido es que aun cuando el DE escucha,  incluso se han reunido con la Secretaría del Programa Montessori y no ha habido una negativa a sus peticiones, no  dicen cuándo van a tomar acción. También denunció y reconoció que OMEP tiene muy poco personal.

Se conoce que para esa región sur la agencia tiene solo 14 empleados a medio tiempo para atender a 18 municipios. Dijo no saber si es lo mismo para otras regiones.

La Escuela Montessori Alejandro Tapia y Rivera

La portavoz de los padres y madres de los estudiantes, Lourdes Rodríguez, describió que los estudiantes de nivel intermedio y superior trabajan de forma alterna de tres a dos días en la semana.  Por ejemplo, una semana los estudiantes asisten lunes, miércoles y viernes y  la otra van martes y jueves.

En Lajas hay una sola escuela superior tradicional, la Escuela Superior Urbana, que es la que comparte su espacio con la Tapia y Rivera.  La mudanza a la comunidad La Parguera tiene el propósito de desarrollar la escuela especializada en ciencias marinas y agricultura bajo el modelo Montessori. Para esto, las líderes comunitarias ya tienen alianzas con el Departamento de Ciencias Marinas del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (RUM), que dirige el doctor Roy Armstrong, y con el Instituto para la Investigación Social Ecológica. También cuentan con la colaboración de los profesores Ilse Sanders y Richard Appeldoorn, ambos biólogos marinos, para desarrollar el proyecto de un museo marino. Cuentan, además, con la colaboración de la Fundación Para la Naturaleza para la parte ecológica.

CLARIDAD conversó con Sanders y Appeldoorn, quienes se encontraban de visita en la escuela. Estos informaron que el proyecto contempla un museo de arqueología marina, ya que entienden que hay suficiente material en el área e que incluso se sabe que hay dos yacimientos subacuáticos. Aunque todavía no han tenido la oportunidad de tener contacto con los estudiantes, expresaron que esperan que haya entusiasmo por parte de estos con el proyecto, que les serviría de apoyo al proceso de aprendizaje. Respecto a lo que se requiere, dijeron que hay que preparar el salón con los anaqueles de exhibición para lo que  igual requieren de donaciones.

La escuela ya tiene  la facultad  Montessori y los estudiantes son de la matrícula que sale de la Escuela Elemental Urbana hacia los niveles intermedio y superior. De hecho, estos tuvieron su primera semana de clases del modelo Montessori, conocida como Semana Vivencial, al aire libre en los predios de la escuela. Otra iniciativa en torno a la escuela es Biblioteca Solidaria, a cargo de las maestras Carla González Cobos, maestra de Taller III y  de Leslie Ostolaza.

Rodríguez y Torres Montalvo plantearon que otra  escuela superior es una necesidad en el sur y que la Tapia y Rivera  tiene espacios abiertos con gazebos que se pueden utilizar ahora en la pandemia. De hecho, ya tienen estudiantes de otros pueblos, como Cabo Rojo, Hormigueros, Guánica, San Germán y Yauco. Incluso hay un lista de prematrícula que no se pudieron aceptar por la falta de equipo, como mesas y sillas, debido a que cuando se cerró la escuela, el DE se llevó todo, incluido un equipo nuevo de cocina.

Las líderes comunitarias reiteraron la necesidad de que el DE les ayude a agilizar el proceso de las reparaciones para poder ocupar la escuela. También subrayaron la necesidad de que los estudiantes regresen los cinco días a la escuela para minimizar el rezago académico. Ambas insistieron en la importancia de que la comunidad La Parguera retenga su escuela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Este es el único País que negocia en su contra”.

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Las alianzas público privadas (APP) en las que ha incurrido el Gobierno de Puerto Rico ni han sido exitosas ni han resultado beneficiosas para el pueblo. Así se desprende de entrevista a dos conocedores de estos procesos.

Recientemente, el gobernador, Pedro Pierluisi, participó como orador principal en la Novena Conferencia y Expo de Alianzas Público Privadas, efectuada en Dallas, Texas. Allí según sus palabras la experiencia de Puerto Rico con las APP, ha sido una “exitosa”. Entre otras expresiones, el gobernador invitó a inversionistas de desarrollo e infraestructura “para que contribuyan a la reconstrucción de Puerto Rico”.

Para el economista Heriberto Martínez Otero, a la pregunta de si en efecto se puede decir que las APP han sido exitosas, señaló que el problema que ha habido  en Puerto Rico  es que este tipo de alianza se ha utilizado para poner en manos privadas activos públicos que  generaban ingresos. Por el contrario,  la discusión sería distinta si se dijera que se va a poner en las APP todas las áreas que son perdidosas porque el sector privado va invertir más, para buscar algún tipo de ganancia.

“Pero  ha sido lo opuesto lo que se ha hecho en Puerto Rico. La práctica ha sido poner en manos privadas activos que generaban ingresos como la PR 22, PR 5, el aeropuerto, y nos hemos quedado con activos que son pérdidas. Eso dificulta poder decir que el modelo de  APP  ha sido exitoso”.

Subrayó que el último ejemplo que tenemos es el de la privatización de la transmisión y distribución de la energía con la empresa LUMA Energy, la cual todavía hoy, a pesar de que se dice que no hay relevos de carga por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica  (AEE), sigue habiendo mucha gente sin luz y levantando quejas. “Como economista, no usaría el término de exitoso para describir la relación de la economía de Puerto Rico  con respecto a las APP”.

El economista expuso que conceptualmente las APP se dividen en dos: construcción verde (build green) y construcción marrón (build brown). Las marrones son las APP  a las cuales se le otorga la administración de un activo público existente, que es lo que se ha practicado en Puerto Rico. Las verdes son el construir una alianza, es decir una infraestructura. Martínez Otero comentó que  ese ha sido el debate que han  tenido los círculos de economistas en el país debido a que el país carece de inversión privada en conjunto con la inversión pública para establecer nuevos proyectos y nuevas estrategias.  No hay APP para desarrollar proyectos nuevos y el Gobierno lo que ha hecho es  traspasar activos  que dan rendimiento. El  ejemplo más duro, dijo, es la privatización de la autopista  PR 22, que ha hecho en extremo oneroso para la gente que vive en el lado norte poder transitar hacia áreas de trabajo como en Bayamón y el Área Metro.  “La preocupación es que cada vez que se vaya a poner en manos privadas una autopista se disparen los costos”.

En el caso de las APP verdes, Martínez Otero dijo  entender que en alguna medida eso es necesario. No obstante, expresó reservas respecto  a los proyectos anunciados por el gobernador, como las extensiones de  autopistas,  dragado de cuerpos de agua, proyectos de tecnología de banda 5G, el nuevo hospital de trauma para el Centro Médico, entre otros.

“Me cuestiono si de verdad hay tanto dinero para la infraestructura. Es la misma lógica de LUMA, de que quien va a financiar serán los CBGDR”.  Reveló que un argumento que el gobernador va a usar, aunque no se ha dicho públicamente, pero se ha discutido, es que las agencias federales, por falta de  confianza en la estructura gubernamental, son las que han pedido la participación del sector privado en los proyectos de reconstrucción y han solicitado que sea la empresa privada, mediante APP, las que  gestionen la solicitud de esos activos.

Martínez Otero considera que la participación del gobernador en el citado foro para buscar inversionistas responde a una  visión de desarrollo “bien poco desarrollada”, debido a que en realidad con las APP  no se está creando nada. Según el economista, lo que el país necesita es que venga inversión para desarrollar manufactura, que pueda enlazarse con otras cadenas de producción e intercambio. Una vez más subrayó que pasar la administración de un activo público a una APP no genera actividad económica.

Mientras, para el abogado Mario Pabón, el calificativo de “exitoso” depende de quién lo miré. “Hasta ahora, Metropistas ha sido exitosa para Metropistas. Si es exitoso para el pueblo de Puerto Rico  es otra historia. El aeropuerto, conociendo lo que se prometió, de exitosa tampoco ha tenido mucho. Quizás un éxito para Aerostar, pero ciertamente, un montón de promesas incumplidas para lo que se le ofreció a Puerto Rico”.

El conocedor de primera mano de la privatización del aeropuerto Luis Muñoz Marín añadió el ejemplo  de la APP para la construcción de las llamadas Escuelas del siglo XXI. Este lo describió como un total fracaso y cuestionó el que todavía nadie ha dicho cuándo es que se van a comenzar a pagar los  $750 millones que se tomaron prestados para construir esas escuelas.

Para Pabón, los proyectos de los que está hablando ahora Pierluisi son  propuestas que incluso algunas han estado dando vuelta desde los tiempos del gobernador Alejandro García Padilla, como por ejemplo,  la privatización del puerto de turismo. Eso representaría  un problema similar al que se está confrontando con el puerto de carga de San Juan, que es básicamente el concepto de monopolio para la administración de los puertos. Precisó que esta propuesta lleva más de cinco años dando vueltas en el Gobierno y aún no se ha adelantado.  También recordó  que cuando  Omar Marero  fue director de la AP3, cada cierto tiempo anunciaba su privatización.

El licenciado reparó en que el gobernador habla de las alianzas, pero no deja claro si es para la construcción o para la administración.  A la luz de la experiencia, no duda de que se trate de una privatización, si es que algún  proyecto  se llegase a construir.

Un dato particular sobre las pretensiones de una APP para los aeropuertos regionales Aguadilla y Ponce que al Gobierno se le olvida es que para que una privatización de este tipo de facilidad sea viable  tiene que pasar por el programa de privatización de la Administración Federal de Aviación, observó Pabón. Hasta el presente, solo dos aeropuertos en todo Estados Unidos han sido privatizados. Advirtió que en el caso del aeropuerto de Aguadilla no solo se tiene que pasar el programa de la AFA, sino también las cláusulas de no competencia del contrato con Aerostar. En cuanto al  aeropuerto de Ponce, dijo que hay oposición, dado que  existe un consorcio de municipios del sur que están interesado en operarlo.

Respecto a la participación del gobernador en la Conferencia P3 y sus expresiones, Pabón observó que Pieruisi ha seguido la misma narrativa del entonces gobernador Luis Fortuño, de que Puerto Rico tenía la mejor ley de las APP aprobada. “No hay una disposición de tener un ente fuerte que negocie de forma equitativa. Este es el único país que negocia en su contra”.

 

Mirada al País: Por una nueva Ley de Costas

 

Especial para CLARIDAD

En el 2013, el Senado de Puerto Rico realizó una vista pública sobre un proyecto de Ley de la senadora María De Lourdes Santiago para establecer una nueva ley de costas en Puerto Rico.  Este proyecto de ley fue el resultado de conversaciones, reuniones y aportaciones de un conjunto de científicos, expertos en los temas de las costas y la zona marítima terrestre.

A dicha vista, comparecieron funcionarios del Departamento de Recursos Naturales quienes solicitaron tiempo para evaluar la medida y proponer alternativas a la misma. Nunca llegaron las propuestas, ni enmiendas, por lo que el proyecto no se consideró. Así las cosas, terminó ese cuatrienio y el país no tuvo un nuevo ordenamiento jurídico que protegieras nuestras costas, playas y bienes de dominio público.  Por ello, continuamos con la arcaica definición de zona marítimo terrestre.

El cuatrienio pasado, junto al compañero Juan Dalmau, radicamos nuevamente el proyecto de Ley para una nueva Ley de costas y un proyecto para establecer una moratoria en la construcción en las costas del país.  Desafortunadamente, corrieron con la misma suerte; nunca se aprobaron, a pesar que vivimos la catástrofe del huracán María que provocó grandes cambios y daños a lo largo y ancho de la zona costanera de país.

Posteriormente, un equipo de investigadores y estudiantes graduados de la Escuela Graduada de Planificación, el Departamento de Historia y Departamento de Ciencias Ambientales, de los recinto de Río Piedras y Carolina de la Universidad de Puerto Rico,  de la Universidad Central de la Florida -siendo los investigadores principales Maritza Barreto (UPRRP), Aurelio Castro (UPRRP), Rafael Méndez Tejeda (UPRC) y Luis Santiago (UCF)- evaluaron el estado de las playas post huracán María en los 44 municipios costeros. Como resultado, publicaron sus hallazgos del primer grupo de municipios examinados, tales como “migración de secciones de playa en varios municipios de la isla’’, que consiste en “en el movimiento tierra adentro de la playa a partir del desplazamiento de las líneas costa tierra adentro de manera permanente”.

Desde el 2019 la profesora Barreto ha expresado que se debe declarar una moratoria inmediata para que no se expidan permisos de construcción en la zona marítimo terrestre y así evitar que empeore el problema que afecta al 60% de las 1,225 playas en la isla.

Ejemplo de esos terribles permisos otorgados, es la construcción de la piscina del condominio Sol y Playa en Rincón, que además de las violaciones a la ley, los nebulosos procesos internos en las distintas agencias de gobierno y la negligencia del Secretario del DRNA, es el vivo ejemplo de la realidad de nuestras costas; de como la “naturaleza ha recobrado lo que le pertenece” y la imperante necesidad de aprobar una nueva ley de costas en Puerto Rico.

Este cuatrienio el Partido Independentista Puertorriqueño ha radicado nuevamente el proyecto para una nueva Ley de costas (P. del S. 32 y P. de la C. 115), insistiendo en ambos cuerpos que es necesario la discusión y consideración de los mismos.

Además, la compañera María de Lourdes Santiago ha iniciado una jornada de visitas y orientaciones por los pueblos costeros para discutir el contenido de los proyectos de Ley.

Actualmente, la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) está definida por la Ley Núm. 151 de 28 de junio de 1968, Ley de Muelles y Puertos de 1968, 23 L.P.R.A. §§2101: “la zona marítimo terrestre significa el espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde son sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales en donde las mareas no son sensibles, e incluye los terrenos ganados al mar y las márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean navegables o se hagan sensibles las mareas; y el término, sin condicionar, significa la zona marítimo terrestre de Puerto Rico”.

 

El proyecto, en primer lugar, amplía la definición de ZMT estableciendo como una nueva definición:

  1. Espacio en las costas que cubre desde la línea de bajamar escorada hasta donde alcanzan las olas de alta peligrosidad (olas de hasta tres pies (3’) de altura que se propagan por encima de la marejada ciclónica durante el huracán de cien (100) años de recurrencia que produzca la máxima inundación en cualquier lugar en específico).
  2. En el caso de los acantilados, se consideran 50 metros desde el borde hacia el interior.
  3. Se extiende también por los márgenes de los ríos, sus tributarios y cualquier otro cuerpo de agua hasta el sitio en que sean navegables o se puedan medir los cambios en las mareas.

Además, estableciendo que la zona marítimo terrestre comprenda:

  1. Terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar
  2. Zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas formadas por la acción del mar o viento marino, u otras causas naturales.
  3. Terrenos sumergidos bajo los ríos, hasta donde se pueda medir la influencia del mar.
  4. Todo cuerpo de agua interior donde se pueda medir la influencia del mar
  5. Manglares, lagunas, salitrales y cualquier otro humedal costero
  6. Accesiones a la ribera del mar por depósito de materiales o por retirada del mar, cualesquiera que sean las causas
  7. Terrenos ganados al mar como consecuencia directa o indirecta de obras, y los desecados en su ribera
  8. Terrenos invadidos por el mar que pasen a formar parte de su lecho por cualquier causa
  9. Terrenos deslindados como dominio público que por cualquier causa han perdido sus características naturales de playa, acantilados, o zona marítimo-terrestre
  10. Terrenos colindantes que se adquieren por compra, cesión, expropiación o disposición y se incorporan al dominio público marítimo-terrestre
  11. Islotes y cayos ya formados o que se formen por causas naturales o artificiales en las aguas territoriales, en aguas interiores o en los ríos donde se pueda medir la influencia del mar

Los proyectos, además, reconocen la variabilidad de la zona marítimo-terrestre la cual será libre, pública y gratuita, establece procedimientos estrictos, específicos especiales para permitir la ocupación del dominio público, con amplias prohibiciones.

Continuaremos trabajando para la aprobación de estos proyectos de ley, fundamentales para el presente y futuro del país, igual en los múltiples temas y proyectos ambientales que hemos radicado, como también en toda nuestra agenda legislativa de fiscalización y defensa de nuestra nación, nuestra gente, y los derechos humanos, y continuar batallando por la independencia de Puerto Rico para construir la patria nueva.

Puerto Rico se levanta

 

 

A 4 años de Maria esta columna escrita por Carlos Gallisá en noviembre del 2017 es igual de pertinente que en el momento  que se escribió.

La clase empresarial a través de sus anuncios ha impuesto la consigna “Puerto Rico se Levanta” como respuesta a la crisis que se ha profundizado en el país con el azote del huracán María. La consigna, como era de esperarse de la clase dominante, es una hueca, sin contenido alguno, ni defi nición de cuál es el Puerto Rico que debemos levantar. ¿O es que lo único que vamos a levantar son las casas o techos destruidos por el huracán? ¿O los puentes y carreteras?.

La pregunta que nos debemos hacer es que Puerto Rico queremos levantar. Solo así podemos unirnos como pueblo y darle contenido a un trabajo de futuro. Ese proyecto de futuro no está en la mente de la clase empresarial, beneficiaria del Puerto Rico que hemos tenido.

 

¿Qué Puerto Rico queremos levantar?

Definitivamente para nada queremos levantar el Puerto Rico que hemos vivido hasta ahora.

La gran mayoría de nuestro pueblo rechaza:

1) El Puerto Rico colonial gobernado por una Junta impuesta por el Congreso.

2) El Puerto Rico donde la mitad de la población vive en la pobreza y la miseria y depende de los cupones de alimento para su sustento.

3) El Puerto Rico de decenas de miles de desempleados donde trabaja menos de la mitad de la fuerza obrera.

4) El Puerto Rico que expulsa de su tierra a miles de compatriotas.

5) El Puerto Rico de una enorme injusticia en la distribución de la riqueza donde el 20% mas rico obtiene el 60% de los ingresos que produce el país y el 20% mas pobre solo recibe el 1.7%.

6) El Puerto Rico donde el capital extranjero se lleva anualmente del país $35,000 millones libre de impuestos.

7) El Puerto Rico donde el sistema de salud es un desastre, controlado por unas aseguradoras que atentan contra la salud del pueblo negando cubierta a tratamientos y medicinas para acumular ganancias millonarias.

8) El Puerto Rico donde 6.000 mil familias son lanzadas anualmente de sus hogares por los bancos cuando no pueden pagar sus hipotecas.

9) El Puerto Rico de la clase política corrupta y traidora que ha administrado el país durante las últimas décadas y que nos ha llevado al colapso.

Ese Puerto Rico no es el que quiere y necesita nuestra gente. Por eso hay que estar alerta para distinguir entre izar la bandera para afirmar y defender los intereses nacionales y el uso de la bandera para promover un patriotismo falso bajo el cual se protejan unos intereses económicos. No hay que ser un genio para saber que cuando Walgreens coloca en la entrada de sus farmacias una gran bandera puertorriqueña es porque beneficia los intereses comerciales de esa empresa norteamericana, no del país.

El capital extranjero y el de aquí no tienen vergüenza alguna de presentarse con los símbolos nacionales nuestros si ello es bueno para sus estados financieros. Como nos dijera hace tiempo el viejo Marx, “el capital no tiene patria”, por lo que debemos estar alerta para no ser víctimas de sus manipulaciones propagandistas. Especialmente, en momentos de desesperanza como los que vive el pueblo puertorriqueño.

Puerto Rico se levanta cuando los puertorriqueños y las puertorriqueñas logremos acumular una fuerza política honesta y comprometida con los intereses de la gran mayoría de los puertorriqueños. Cuando termine la injerencia extranjera y podamos recobrar nuestras libertades para actuar y decidir el presente y futuro de la nación puertorriqueña.

Cualquier proyecto de “levantar” a Puerto Rico que no incluya como su primera prioridad el rescate de la soberanía y la terminación del coloniaje está destinado al fracaso y a repetir el Puerto Rico que rechazamos.

Levantar a Puerto Rico tiene que ser además de un proyecto descolonizador un proyecto de justicia social dirigido a sacar de la pobreza a la mitad de nuestra gente. Estemos alerta a la publicidad y consignas del capital empresarial en su llamado a la unidad para levantar a Puerto Rico. Con sus campañas pretenden proyectar que todos somos una gran familia con intereses comunes y por lo tanto todos compartimos los problemas del País. Con ese discurso falso persiguen presentarse como defensores del País y del pueblo y apagar la voluntad de lucha de los de abajo.

 

No culpables Carlos Severino y Urayoán Walker

Foto cortesia: Pedro Adorno

 

En la tarde 21 de septiembre, con la absolución de todos los cargos y la declaración de no culpables por el juez del Tribunal Superior de San Juan Aldo González, llegó a su fin el juicio contra el exrector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el  doctor Carlos Severino Valdés y el expresidente de la Universidad, el doctor Urayoán Walker.

Ambos enfrentaban acusaciones por supuestas violaciones de ley en el proceso de  otorgación de Becas Presidenciales de la UPR. En el caso de Walker, este estaba acusado de tres cargos por violación al artículo 264 del Código Penal, por alegada malversación de fondos, violación al artículo 262 de incumplimiento con el deber y violación al artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental (LEG), que prohíbe a los servidores públicos utilizar las facultades de su cargo para beneficiar a terceros. Contra  Severino Valdés pesaban dos cargos por violación a la Ley de Ética , tres violaciones a la sección 254 del Código Penal, que prohíbe la intervención indebida en operaciones gubernamentales, y un cargo por  violación al artículo 262 del Código Penal, sobre  incumplimiento del deber.

Horas antes de haberse producido el fallo del juez, la organización ciudadana Vamos lanzó una declaración en la que  urgió a las y a los puertorriqueños a reflexionar sobre el futuro de la Universidad de Puerto Rico,  el futuro de nuestro país, sobre  la manera en que se administra la “justicia” en Puerto Rico y a un compromiso con la verdad frente a los medios de comunicación ante el  uso de estos por personas inescrupulosas.

La declaración de Vamos ofreció  un breve  recuento del modo y las motivaciones político-partidistas que llevaron a las acusaciones por los que describieron como un “puñado de rufianes”.

De entrada, Vamos dejó establecido que el llamado “escándalo” de las becas presidenciales fue una mentira construida y difundida con el fin de privar a la Universidad de un liderato comprometido con defender a la institución frente a la agenda neoliberal para su desmantelamiento. Durante el proceso judicial quedó demostrado que los únicos dos aspirantes a becas presidenciales que la Rectoría de Río Piedras certificó como elegibles para solicitarlas, en efecto, cualificaban para optar por becas. También quedó demostrado que, como Rector, la potestad de Severino se limitaba a canalizar esas solicitudes a la Presidencia y que toda determinación adicional sobre la concesión de las mismas se trataba de un asunto discrecional exclusivo del Comité de Becas de Presidencia.

Vamos  resaltó  que el evento que dio  paso a la cadena de mentiras y verdades torcidas por los responsables de crear falsamente el llamado escándalo tuvo que ver con las lamentables dinámicas de luchas de poder y personalismos que con demasiada frecuencia se tejen al interior de las unidades académicas universitarias. En particular, personas dentro de la Escuela de Derecho de la UPR con hachas que amolar contra el pasado Presidente de la UPR, Lcdo. Antonio García Padilla, se opusieron al nombramiento que hizo el doctor Severino de uno de los dos becarios para ocupar la plaza vacante de bibliotecario de la Escuela de Derecho. Ese nombramiento respondió a que uno de los propósitos de las becas es que los beneficiados se hagan disponibles para trabajar con la Universidad.

Como ese grupo entendía que esa persona, (no obstante estar totalmente cualificada para el puesto pues tenía una maestría en Bibliotecología y otra en Derecho) se convertiría en un aliado del expresidente en las mezquinas luchas internas de poder en esa facultad, promovieron que esta rechazara el nombramiento. Al conocer de la referida objeción al nombramiento, y a pesar de ser su prerrogativa como autoridad nominadora, el rector retiró el nombramiento. El resultado fue que pasaron mas de tres años sin que la Escuela de Derecho pudiera llenar la plaza con otra persona idónea para la posición, lo cual nos dice mucho de las verdaderas prioridades que encierran tales absurdas luchas de poder.

Tanto Vamos  como la defensa del rector denunciaron como un chisme interno en la Escuela de Derecho el asunto de la plaza de bibliotecario, que nada tenía que ver con el programa de becas presidenciales ni con principios de sana administración pública. Ello fue entonces utilizado por el pseudoanalista y profesor universitario, también excandidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Carlos Díaz Olivo, para redoblar su campaña de mentiras difamatorias sobre el proceso de otorgación de becas universitarias, fabricando un alegado escándalo, donde nada había. Fue tanta la presión mediática, que la Junta de Gobierno de la UPR terminó destituyendo al presidente de la UPR, Urayoán Walker, y al rector Severino, de manera sumaria.

Durante el proceso judicial, reclamó Vamos, quedó demostrado que nunca hubo una investigación institucional del Programa de Becas Presidenciales, pues solo se investigó de forma selectiva y discriminatoria las becas otorgadas a estudiantes del Recinto de Río Piedras, sin considerar ninguno de los procesos habidos en los otros 10 recintos universitarios. De tal modo, a pesar de que la Universidad otorgó 16 becas, solo esas 2 becas de Río Piedras fueron objeto de investigación. Al respecto, se nombró un comité de tres investigadores que carecían absolutamente de conocimiento alguno de la normativa universitaria (uno de ellos ni siquiera contaba con una licencia de abogado activa) y que hicieron recomendaciones basadas en normas inexistentes y en opiniones de personas sin ningún conocimiento personal de los hechos. Estos cobraron por su informe sobre $165,000, muchísimo más dinero que el recibido por los becarios para su educación.

Ese “informe” original fue objetado por el rector Severino, con lo que la Universidad eventualmente ordenó una investigación a fondo por parte de la exjueza Mercedes Bahuermister, quien gozaba de intachable reputación y había incluso dirigido la Oficina de Administración de los Tribunales de Puerto Rico. El resultado fue que la Lcda. Bahuermeister exoneró totalmente a Severino de responsabilidad delictiva y de cualesquier falta administrativa. Ese segundo informe fue  acogido por la Junta de Gobierno de la UPR y adoptado como la determinación oficial de la institución.

A pesar de ello, la campaña mediática difamatoria sobre el llamado “escándalo de las becas presidenciales” continuó y el Lcdo. Díaz Olivo incluso tuvo la desfachatez de cuestionar la integridad de la Lcda. Bahuermeister. Ello fue utilizado entonces por carreristas políticos dentro del PNP para prometer que con su llegada al Gobierno habrían de iniciar procedimientos criminales al respecto.

Carlos Severino en entrevista con CLARIDAD 2016. Foto Alina Luciano

Esa promesa de campaña sobre el inicio de una persecución política contra Walker y Severino se cumplió. Al entrar la administración del gobernador Ricardo Rosselló,  la nueva secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, procedió a referir el asunto a la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI),  a base del informe original y ocultando el informe exculpatorio adoptado formalmente por la UPR. El caso fue entonces asignado a un grupo de fiscales “independientes”, que incluyó como figura central a la Lcda. Zulma Fuster, esposa del Lcdo. Leo Díaz Urbina (expresidente del PNP) y quien a pesar de sus funciones como fiscal especial nunca ha tenido empacho en continuar participando abiertamente de actividades proselitistas y en campañas políticas del PNP. Así se juntaron el hambre y la glotonería. Por una lado, se incoó un proceso acusatorio con claras motivaciones político-partidistas y, por otro, se instaló una pluma abierta para la generación de ingresos al matrimonio Díaz-Fuster.

La organización Vamos instó a la prensa investigar cuánto se ha gastado el erario público en toda esta persecución política, la cual no dudan que  excede a  la del informe inicial que fuera descartado por la UPR ante su total carencia de méritos. “Ciertamente, la Universidad pudo haber puesto todo ese dinero a buen uso, para beneficio del país y no de personas que han hecho fortuna mamando de la teta gubernamental”.

Expresó, además, esperar que el calvario al que fueron sometidos estos buenos puertorriqueños al menos nos sirva para reflexionar sobre varios asuntos vitales para nuestro pueblo.

Primero, hay que reflexionar sobre el futuro de nuestra Universidad y su importancia para nuestro país. “Reiteramos que un objetivo principal de todo este asunto fue privar a la Universidad de un liderato institucional que ya se había expresado abiertamente en contra de las medidas de austeridad que se contemplaban imponerle a la UPR asumiendo posturas anti neoliberales y en defensa de una Universidad al servicio del país y de sus sectores menos privilegiados”.

Repara en que no era lo mismo para los promotores de esa agenda de desmantelamiento universitario destituir a Walker y Severino por defender a la UPR de las medidas de austeridad y desnaturalización que se avecinaban que el destituirlos por alegadas prácticas ilícitas, destruyendo de paso sus reputaciones y lo construido hasta entonces. Vamos  lamentó que demasiada gente se dejó engañar con tales manipulaciones mediáticas a pesar del demostrado compromiso universitario de los afectados.

Segundo, debemos meditar sobre la forma y manera en que se administra la justicia en Puerto Rico y sobre cómo se han corrompido nuestras instituciones. “¿Podemos darnos el lujo de permitir la utilización del sistema de justicia para promover agendas políticas, sin que ello tenga repercusiones contra quienes corrompen el sistema de ese modo? ¿Continúa el FEI cumpliendo con su misión original? ¿Cómo se escogen los y las fiscales que se contratan para llevar los casos? ¿Qué tipo de comportamiento ético se les debe de exigir para aceptar fungir como fiscales especiales? ¿Podemos darnos el lujo de mantener un país donde este tipo de cosas continúen ocurriendo?

Tercero, pensemos sobre cuánto compromiso con la verdad queda en un país donde, a cambio de aumentar las audiencias, los principales medios de comunicación les entregan sus micrófonos a personas inescrupulosas que se sienten en libertad de mentir y difamar de manera irresponsable  a otras, tales como Díaz Olivo y La Comay? ¿Hasta cuándo continuar vendiendo falsedades seguirá siendo más importante que informar verdades?

Cuarto, ¿cuál es el ejemplo que les dan a sus estudiantes cierto profesorado de la excelsa Escuela de Derecho, cuando anteponen sus peleas de poder e intereses personales  sobre el bienestar institucional, los principios del debido proceso de ley y del trato justo y no discriminación? ¿Cuán comprometidos se encuentran, en general, los miembros de la comunidad universitaria con promover el bien común por encima de sus pequeños intereses inmediatos?

La organización reiteró lanecesidad de reflexionar con honestidad sobre todos estos asuntos antes de que se nos haga demasiado tarde.