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Hay que seguir protegiéndose

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

El aumento de casos de contagio por COVID-19 forzó a que el gobernador emitiera este lunes una nueva Orden Ejecutiva imponiendo más restricciones para contrarrestar el avance de contagios. Según la página del Departamento de Salud (DS), en este mes de agosto, el número promedio de casos por COVID-19 era de 372 casos.

Pero la doctora en epidemiología Cruz María Nazario reiteró en entrevista con CLARIDAD su cuestionamiento sobre la veracidad de los números sobre el COVID- 19 que informa el DS. Para ella, hay dos elementos que le hacen pensar que ese no es un número real. Uno, el hecho de que se están haciendo menos pruebas. Señala que no se puede saber cuántos casos hay en la comunidad esperando solo los resultados de los laboratorios, porque si se están haciendo menos pruebas en los laboratorios, se van a identificar menos casos. Y dos, que no hay un sistema de vigilancia que evalúe cuál es el nivel de contagio comunitario.

En esa dirección señaló que en un sistema de vigilancia comunitaria, uno verdadero, no los que se establecieron en los municipios, se hacen pruebas en la comunidad, independiente de que la persona tenga síntomas o no. Insistió en que solo haciendo pruebas es que se puede identificar cuál es el verdadero nivel de personas contagiadas en la comunidad y saber si se está en un nivel crítico o no. “Así que por esa razón me parece que ese número de casos que está disminuyendo no debe ser real, porque es solo de las personas que necesiten un certificado por una razón particular o que tengan síntomas y lleguen a un hospital o a una sala de emergencia para que le hagan la prueba”, afirmó.

La profesora de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico insistió en que los números del DS ofrecen una mirada sesgada del número de contagios. Explicó que si los que van a un hospital es porque tienen síntomas y el país lo que tiene es una tasa de vacunación de 62 %, con este por ciento es posible que aquellas personas vacunadas que se contagien desarrollen síntomas leves o pocos específicos. Es decir, por lo tanto, que no van a ir a un hospital.

Aclaró que esa cifra de vacunados es de cuando el DS hacia un informe semanal, y el último, que fue en mayo 21, decía cuántos casos positivos fueron entrevistados. En ese último informe se encontró que el 50 % de los vacunados decía que el síntoma que tenía era dolor de cabeza. La doctora Nazario cuestiona cuántas personas con dolor de cabeza van a ir hacerse una prueba. El 44 % decía tener dolor muscular, un 48 % dijo tener tos y congestión nasal. Según ella, la gente con esos síntomas no va a un laboratorio. La razón por la cual la gente va a un laboratorio a hacerse la prueba es porque quiere identificar algún contacto o porque se la piden por alguna otra razón, dijo.

De otra parte, las personas, sobre todo los vacunados, que hayan desarrollado síntomas leves aunque estén positivas y sean capaces de contagiar a otros, muy posiblemente no van a hacerse una prueba. Por ese ángulo, apuntó, se está perdiendo el poder saber cuál es el número real de casos de COVID-19 en el país.

La epidemióloga indicó que ya se sabe que el aumento de este último pico de contagios que se está observando empezó 14 días después de que comenzó una apertura total, se declaró que los vacunados no tenían que usar mascarillas y se dieron otras indicaciones que no ayudaron a controlar la transmisión. Recalcó que el repunte de contagios luego del 4 de julio es uno casi al nivel de lo que pasaba en noviembre pasado cuando se estaba en pleno apogeo de la pandemia. “Hay que mirar cuál es el efecto de cada una de estas ordenanzas en el control o descontrol de la pandemia en Puerto Rico”, insistió.

En términos de orientación sobre los propósitos de la vacuna dijo creer que se ha fallado en las recomendaciones para los vacunados y los no vacunados. Expuso que la evidencia es que las personas vacunadas se están contagiando con la variante Delta lo mismo que los no vacunados. Esto quiere decir que la vacuna no protege contra el contagio, por lo que el mensaje tiene que ser el insistir en el uso correcto de la mascarilla para prevenir el contagio. Recordó que la transmisión del virus se da por medio de las gotas de saliva que se quedan en el aire, sobre todo la variante Delta, la cual ha demostrado que tiene una capacidad mayor de contagio porque tiene más carga viral, comparada con las otras variantes del virus.

“En este momento, el mensaje, si queremos controlar la transmisión tiene que ser el uso de la mascarilla, el evitar ir a lugares donde haya aglomeración, lugares cerrados donde no sabemos si el aire acondicionado está limpio y tiene la capacidad de circular. Si el mensaje tiene como propósito reducir el contagio, tiene que ir dirigido a que se sigan las recomendaciones que evitan el contagio y el lavado de manos, independiente de si se está vacunado o no”.

Por otro lado, si el objetivo del gobernador fuera proteger el sistema de salud, que no haya personas con condiciones severas, de uso de cuidados intensivos, entonces la fuerza del mensaje tiene que ir dirigido a que más gente se vacune, ya que esta protege contra una enfermedad severa que requiera una hospitalización y cuidado intensivo, añadió.

La definición de vacunados fue otro aspecto sobre el que llamó la atención respecto a los números que da el DS. La definición de vacunados, denunció, no es como lo tiene la página del DS, de que el 80 % tiene una primera dosis. Insistió en que esa cifra no quiere decir nada y que es un anuncio del DS para explicar administrativamente que están poniendo dosis. Aclaró que si se quiere hablar de personas vacunadas hay que decir que el 62 % de los puertorriqueños presuntamente tiene su serie de vacuna completada, lo que significa las dos dosis. Esto, independiente de cuál de las dos vacunas que hay contra el COVID-19 sea. Añadió que todavía en el país no hemos llegado a la llamada inmunidad de grupo, que se supone que sea el 85 % de la población.

Sobre la vacunación y desarrollo de nuevas variantes, aclaró que el desarrollo de nuevas variantes ocurre cuando una persona contagiada contagia a otra y al pasar el virus a esa otra puede haber un error en la replicación en el genoma del virus. Eso es independiente de si se está vacunado o no. Si una persona vacunada contagia a otra y el virus comete un error en su carga genética en la transmisión, lo que sucede es que ese error puede convertirse en lo que se llama una variante de preocupación.

La doctora Nazario afirmó que las nuevas variantes en todo el mundo no han sido de gran preocupación porque se han convertido en unas variantes débiles que no han perdurado. Lo contrario lo ha sido la variante Delta, que sí mejoró su replicación. Explicó que la variante Alfa tarda más días en replicarse dentro del cuerpo que la Delta. Una vez entra al cuerpo, la variante Delta tiene en tres a cuatro días suficiente carga viral para contagiar a otras personas.

Aunque mientras más vacunados haya, menor debería ser la posibilidad de contagiar a otros, de lo que depende que una persona contagie a otras no es de la vacuna, sino de las reglas de higiene. Por lo tanto, siempre que alguien se contagia se puede promover la replicación de nuevas variantes.

No obstante. la vacunación es una de las mejores herramientas para evitar la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte por COVID-19, además de tener un buen sistema inmunológico, de protegerse no exponiéndose y practicar las reglas de higiene, subrayó.

El Departamento de Salud debe mejorar su estrategia para la vacunación

La doctora Nazario dijo que es bueno insistir en la vacunación y en que se presente la tarjeta de vacunación en lugares si el objetivo es reducir el número de hospitalizaciones, el número de personas en cuidados intensivos y prevenir una crisis hospitalaria en que los médicos tengan que decidir a quién le van a dar una cama y a quién no.

Pero contrastó que si ese es el objetivo, la tasa de vacunación por día es apenas de un 2 %. Es decir, que no se está avanzando en la vacunación y, contrario a lo que divulgan algunos medios, todavía los que se mueren son las personas mayores. “Vemos que en el informe de vacunación hay un 25 % de mujeres mayores de 80 años que no están vacunadas y un 30 % de hombres mayores de 80 años. Entonces, les echamos la culpa a los jóvenes. Hay un 32% de hombres entre 20 a 30 años que no se ha vacunado y un 25 % de mujeres de 20 a 29. Si usted quiere aumentar la tasa de vacunación hay que ir a esos grupos de vacunación”.

Observó que sí hay municipios que han vacunado casi el 90 % de sus adultos mayores, pero expresó que es necesario hacer una campaña de vacunación entre los grupos poblacionales que se debería estar atendiendo, que son las personas mayores de edad. En el caso de los jóvenes, sugirió que hay que acercarse a sus centros de trabajo debido a que muchos tienen tres y cuatro trabajos.

Otra preocupación que le provoca la información de la página del DS es que observa que no hay consistencia en las decisiones que se toman y una gráfica que indica los números de contagio. Pero cuando se ve el mapa a nivel de Puerto Rico, lo que se observa es que en términos de la incidencia, del riesgo de contagio en la comunidad, no hay ningún municipio que tenga una tasa de incidencia menor de 10 por cada 100 mil habitantes, que es la medida que se ha señalado es requerida para decir que se ha controlado la pandemia.

Según la información, dijo, el pueblo con menos incidencia, Guayanilla, tiene un 17 %, lo que todavía es más alto de lo que se considera como nivel no crítico. “En términos de nivel crítico tenemos más del 70 % de los municipios con unas tasas altísimas, a nivel crítico. A nivel de lo que se ve por municipio, es un mapa casi pintado de rojo de niveles críticos de contagio comunitario”.

Lo mismo se ve en las tasas de positividad. Una tasa de positividad de 11 % en la Isla está lejos de lo que recomienda el CDC (Centro para el control y Prevención de Enfermedades) para declarar que se ha controlado la pandemia. La tasa que se recomienda es de menos de 5 %, “pero como no se están haciendo pruebas, crea duda la información que provee el DS en su página oficial. No permite llegar a conclusiones correctas. Espero que Salud atienda con una mirada científica lo que pone en su página”.

 

 

 

 

 

 

Mirada al País:Reflexiones sobre nuestra lucha

 

Especial para CLARIDAD

La última semana del mes de agosto y las primeras del mes de septiembre nos traen a la memoria y la acción varias fechas para conmemorar o repudiar. El 30 de agosto de 1985 se desató  sobre decenas de puertorriqueños una brutal represión dirigida a desarticular las acciones que organizaciones políticas en Puerto Rico y en la diáspora llevaban a cabo para adelantar nuestra lucha de liberación.

Este mes de agosto nos recuerda que la nefasta Junta de Control Fiscal lleva cinco (5) años operando en el país al amparo de los poderes imperiales y el interés económico de inversionistas, bonistas y empresarios, todos representantes del capital norteamericano. El primer lunes de septiembre intenta menospreciar la gesta de lucha y sacrificio que la clase obrera conmemora cada 1ro de Mayo como Día Internacional de la Clase Trabajadora. El gobierno norteamericano declara festivo cada primer lunes de septiembre como Día del Trabajo para no reconocer el protagonismo del ser humano dentro de ese valor social.
En estos días miles de empleados públicos y pensionados del gobierno reciben un material para que expresen su opinión sobre el Plan de Ajuste que la Junta ha presentado como hoja de ruta final para pagar la «deuda» en favor del capital.

En la colonia las respuestas son diversas y dispersas. Sobre todo cuando vienen de un sector que uno aspira a que pueda tener un grado de concertación y visión estratégica. La realidad es que estamos sujetos al dictamen imperialista, «divide y vencerás», y como tal actuamos.

En primer lugar, la represión del 30 de agosto de 1985 todavía prevalece por medios abiertos o sofisticados y el movimiento independentista busca expresarse en todos los espacios posibles para actuar, pareciendo a veces que no hay capacidad para golpear al enemigo donde le duele.
La realidad es que la base ideológica que nos llevaba a organizarnos ha sido debilitada y debe ser construida por aquellos y aquellas que han asumido este compromiso. La clase trabajadora no está organizada desde una visión de izquierda y enfrenta los retos del capital en un escenario legalista o mediante piquetes y marchas que no ponen en riesgo los intereses económicos.  Así continuaremos celebrando muchos primeros de septiembre en lugar de muchos 1ro de Mayo.

Mientras algunas organizaciones políticas convocan a enfrentar la presencia de la Junta con una marcha en la zona del Condado el 31 de agosto, otras organizaciones sindicales marchan hacia la sede de la Junta el primer lunes de septiembre. ¿Es difícil coordinar un solo acto? Si, lo es cuando no existe voluntad. Se ataca la Junta pero se acepta su presencia. Se denuncian sus actos, el negocio que representan, lo nefasto que son para el pueblo pero se legitima su presencia cuando se combate desde el tribunal, se recurre al cabildeo en el Congreso imperial y se pide auditar la deuda reconociendo cierta legalidad y la posibilidad de mejores acuerdos.

Otro elemento real es el interés electoral que se promueve hacia las elecciones del 2024. Ello nos lleva a la dispersión del movimiento independentista y su incapacidad para incidir e influenciar en la masa trabajadora. Hace cincuenta años, cuando el Movimiento Pro Independencia se convierte en Partido Socialista Puertorriqueño y el Partido Independentista Puertorriqueño instaba «arriba los de abajo», la clase obrera encontraba alternativas sindicales y políticas.

Hoy, el reclamo de un mísero aumento al salario mínimo proviene de partidos coloniales mediante una legislación trunca y nebulosa. Y los sindicatos no se escuchan. No hay propuesta organizativa, no se presentan como propuesta para transformar la sociedad.

El 12 de septiembre celebraremos el natalicio de Don Pedro Albizu Campos. Una marcha contra la estadidad y por la descolonización ha sido reprogramada para ser realizada el mismo día. Razones suficientes para debatir, disentir y dividirnos una vez más.

Vendrán nuevas oportunidades para aprender de lo caminado, mejorar nuestras propuestas y llenarnos de esperanzas. No obstante, tenemos que reconocer las debilidades, errores y limitaciones que padecemos para poder crecer. Esta reflexión tiene el objetivo de motivarnos a ser mejores en todo, distinguirnos de los colonialistas y poder cumplir los objetivos sociales y políticos a que aspiramos.

Dedican a María Dolores “Tati” Fernós la Asamblea Anual del Colegio de Abogados y Abogadas

 

 gortiz@claridadpuertorico.com

Especial para Claridad

Bajo el lema “Los rostros de la violencia”, del 6 al 11 de septiembre de 2021, se celebrará la Convención y Asamblea Anual 181 del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, según ha anunciado la presidenta actual del colectivo, la licenciada Daisy Calcaño. Por todo lo que ha aportado a la práctica del Derecho en Puerto Rico a través de sus más de 50 años de servicio, sobre todo desde las áreas de vivienda pública y derechos para las mujeres, será la licenciada María Dolores “Tati” Fernós a quien le dediquen la Asamblea, que en esta ocasión y ante la pandemia que aún enfrentamos, será en formato híbrido.

En entrevista telefónica con CLARIDAD, la homenajeada expresó sentirse sorprendida por ese reconocimiento que le otorgan. Sin embargo, su trayectoria profesional al servicio de los derechos humanos comprueba que este homenaje lo tiene más que merecido. Desde que comenzó su carrera laboral en Servicios Legales de Puerto Rico en 1971 hasta el presente, cuando colabora voluntariamente en varios colectivos feministas, Fernós ha utilizado el Derecho como una herramienta importante para lograr cambios sociales y atender las luchas que ha impulsado junto a compañeras y compañeros que trabajan a favor de la justicia y la equidad.

Recuerda Fernós que fue a principio de los ’70 y durante su tercer año de estudios en Derecho cuando comenzó la experiencia práctica en Servicios Legales de Puerto Rico, organismo inaugurado hacía poco para aquella época y auspiciado por el Colegio de Abogados. “Llegué a practicar en momentos en que había sobre la mesa una demanda de Servicios Legales en representación de los residentes de Piñones en Loíza porque había un desarrollo de un mega proyecto que implicaba sacar a un montón de familias de sus residencias”, contó la licenciada.

“A mí esos temas de [expropiaciones y derecho a vivienda] siempre me han parecido cruciales en la vida de los pueblos y en las estrategias que se tienen que desarrollar para que la gente no sufra tanto”, dijo quien con la otorgación de la beca Reggie fue que comenzó en Servicios Legales. “Estaba el movimiento del rescate de terrenos en su momento más álgido. Me había convencido de que tenía que envolverme en el área de vivienda y esa terminó siendo mi área de especialización por los 20 años que estuve en Servicios Legales”, recordó.

En este organismo también formó parte de la Unión independiente de empleados de Servicios Legales, en donde abogó porque el convenio colectivo tuviera cláusulas que velaran por los derechos laborales de las mujeres. “Me designaron para estar en el primer comité negociador del primer convenio colectivo. Me encargué de que hubiera cláusulas que no estaban en ningún convenio de la época: para la lactancia, para el derecho al aborto, para adopciones, todas esas situaciones de salud de las mujeres que ameritaban que se trataran de forma diferente a las de cualquier otro trabajador”.

 

Fernós expresó sentirse muy orgullosa de lo logrado desde ese espacio sindical porque no se veía ni entendía que las mujeres trabajadoras necesitaban (necesitan) un apoyo para desarrollarse cuando tenían (tienen) tantas otras responsabilidades impuestas socialmente.

Otro de los puestos de liderato que ha ejercido y desde el que ha ejecutado el Derecho para adelantar los caminos que considera más justos fue como directora de la Unidad de litigio de la Oficina legal de la Inter Derecho en 1993. Allí se les permitía a estudiantes de Derecho adentrarse en la experiencia práctica. Fue en 1998 cuando asumió en la Inter la responsabilidad de ser profesora a tiempo completo de cursos que combinaban el Derecho con el cambio social, la vivienda o la pobreza.

Legislaciones a favor de los derechos de las mujeres

De igual manera, otro momento importante en su trayectoria profesional fue cuando, bajo el gobierno de Sila María Calderón, dirigió la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, que se acababa de poner en vigor porque “habíamos pedido esa legislación y la Gobernadora quiso que se aprobara durante los primeros 100 días de su mandato”. Quedó constituída, entonces, como la Ley 20 del 11 de abril de 2001.

La idea de la conformación de una procuraduría que tuviera poderes de fiscalización surgió dentro de la Comisión de Asuntos de la Mujer, desde donde se venían logrando legislaciones importantes con relación al hostigamiento sexual y la violencia doméstica.

María Dolores Fernós describió las semejanzas y diferencias entre el momento en que se consolidó la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y el actual, cuando se decretó un Estado de Emergencia ante la ola de violencia de género que nos arropa. “En aquel entonces, las ayudantes legislativas de la gobernadora Calderón coincidieron con los reclamos de las mujeres. Ahora, aunque hay muy buenas compañeras dentro del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE), es más difícil porque hay más resistencia [en la Legislatura] con Proyecto Dignidad que lo que nosotras tuvimos en nuestro tiempo. Siempre había machismo, pero no con el odio fuerte que estamos viendo en estos momentos”.

Y continuó aseverando la licenciada: “No ha habido retrocesos en términos de legislaciones. Donde ha habido cambio es en que los grupos machistas fundamentalistas religiosos no estaban organizados en contra de nuestra lucha. Lo que tenemos que enfrentar ahora es un sector muy de derecha, muy conservador, muy retrógrada y con mucho foro y poder económico”.

Reflexiona su trayectoria desde su retiro laboral

En el presente, tras haberse retirado del mundo laboral, reflexiona sobre la oportunidad de vida que ha tenido de poder aunar las luchas personales con el trabajo social gestado y ejecutado.

“Lo maravilloso para mí es que veo la importancia de haber adquirido la experiencia de más de 50 años como abogada y activista feminista y social porque, ahora, participo (y aporta) en distintos grupos voluntariamente. Estoy en las juntas directivas de la Fundación de Mujeres en Puerto Rico, la Fundación Comunitaria, el Proyecto 85, y veo que mi experiencia ayuda en las reflexiones que hacemos en las reuniones”, comentó.

Concluyó que, en este momento, su fuerza y la de las organizaciones que abogan por hacer valer los derechos de las mujeres en Puerto Rico está en una nueva generación educada, que tiene más conciencia de que la violencia por razón de género es inaceptable. “Siempre hemos dicho que es importante incorporar al movimiento jóvenes. Hace algunos 10 años que se ven esas jóvenes, incluso ahora hay muchas más voces masculinas valientes y educadas hablando sobre igualdad, equidad, y perspectiva de género.

 

Vetar rima con abusar

 

CLARIDAD

“Vetar” viene del latín vetare que significa prohibir. Cuando alguien veta, prohíbe. En castellano es un verbo con mucho peso o, más bien, mucho poder, que casi siempre se ejerce al final de un proceso. Alguna gente actúa, hace o dice, y al final viene otro y, de golpe y porrazo, elimina lo hecho. Ese otro u otra, de ordinario está investido con el poder de imponer su voluntad por encima de todos los demás. Tanto poder tiene que ni siquiera está obligado a explicar el por qué de su acto.

Ese poder para vetar nació de las sociedades patriarcales y en los gobiernos existe desde los tiempos de la monarquía absoluta. En Estados Unidos, a pesar de que es una república, el poder forma parte de las prerrogativas presidenciales. Luego de que un proyecto de ley pasa por el largo y muchas veces difícil proceso legislativo, en el que intervienen cientos de personas electas por los ciudadanos, se hacen vistas públicas y se debate en comisiones, el presidente, sin estar obligado a consultar con nadie ni dar explicaciones, impide que el proyecto se convierta en ley. Puede detenerlo diciendo explícitamente que lo veta o puede sencillamente dejar que se ponga viejo sin firmarlo. De un plumazo, o sin necesidad de darlo, hace que toda la tinta derramada y saliva gastada, se pierda.

El poder del veto llegó a Puerto Rico desde Estados Unidos donde la joven república, cuando adoptó su constitución a finales del siglo XVIII, lo incorporó como una reminiscencia del absolutismo monárquico. Es fácil entender que aquel nuevo gobierno republicano incorporara elementos de la monarquía que era entonces el régimen dominante en el mundo. De hecho, en la convención constitucional se consideró un presidente vitalicio, y parte del liderato independentista favorecía una nueva monarquía americana. Lo grave es que esa reminiscencia monárquica todavía persista y si acepte como la cosa más normal más de dos siglos después.

No sólo existe en el sistema federal estadounidense, sino que desde allí se extendió a sus estados y colonias. En otros países, mayormente los que tienen sistemas parlamentarios, donde el Ejecutivo nace del Legislativo, no se le da ese poder extraordinario del jefe del gobierno. Allí lo que sale del trabajoso proceso legislativo se

Muy pocas veces el ejercicio de ese enorme poder resulta positivo. Lo común es que el veto se utilice para el abuso de poder, para que el ejecutivo, como el monarca absoluto, actúe en beneficio de algún grupo y en contra de la mayoría. De ordinario ese grupo que mueve la mano del gobernante, o la detiene para dejar que la legislación muera lentamente, tiene mucho poder económico, que siempre se traduce en control político. Para complacer ese sector se lanza al zafacón el esfuerzo de muchos.

En Puerto Rico vivimos esa experiencia hace unos días cuando el gobernador Pedro Pierluisi vetó un proyecto aprobado con amplia mayoría en Cámara y Senado que establecía una moratoria en desahucios y ejecuciones de hipotecas cuando se declare un estado de emergencia. Nótese que el proyecto no se dirigía a atender cualquier situación, sino que para que entrara en vigor la moratoria, tenía que haber antes una declaración de estado de emergencia por parte del gobierno. Esa declaración pública supone una situación de grave perjuicio social, la que de ordinario se produce luego de un huracán de gran poder, de un terremoto o de una pandemia de gran impacto humano. Además, la moratoria que declaraba la ley es por sólo 90 días, para que el lanzamiento a la calle no se produzca en medio del evento y la gente tenga un periodo mínimo para tomar medidas.

El proyecto de ley fue una iniciativa de Ayuda Legal Puerto Rico, una entidad sin fines de lucro que, en los años luego del huracán María, ha tenido contacto directo con los sufrimientos de quienes se enfrentan a perder el techo que los protege. Esa experiencia los motivó a peticionar la legislación y a invertir un enorme esfuerzo hasta lograr su aprobación en Cámara y Senado.

No fue un proceso fácil porque los prestamistas, particularmente los bancos y hasta algunas cooperativas, cabildearon con fuerza en contra de la medida. El Banco Popular, el más grande de Puerto Rico, fue uno de los más activos. Al filo de la sesión legislativa donde se consideró la medida, para poder aprobarla se le incorporaron los pedidos del banco, pero, aun con estas limitaciones, lo aprobado daba protección a la ciudadanía. La terrible angustia que se siente luego de un desastre natural quedaba reducida porque la gente tendría un respiro de 90 días durante los cuales no podían ser lanzados de sus viviendas.

El alivio duró poco. Al emitir su decreto de muerte Pierluisi dijo que el proyecto “altera derechos de los acreedores” y, además, que “pudiera ser confiscatorio”. Tal parece que ni siquiera se ocupó de leerlo. Nada de lo que allí se dice afecta la acreencia del prestamista, ni mucho menos altera el contrato de préstamo suscrito entre las partes. Tan solo se prorrogan los términos por 90 días, al cabo de los cuales el acreedor tiene sus acciones disponibles sin que su acreencia sufra menoscabo alguno.

Los prestamistas y usureros están de plácemes porque el individuo que ayudaron a poner en Fortaleza les está siendo fiel.

 

«Los desalojos no esperan a que la emergencia pase.»

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

La organización Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) presentó un Mandamus ante el Tribunal de San Juan para exigir que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) le entregue la información pública sobre la asistencia al desempleo durante la pandemia. Esta información la ha estado solicitando por más de un año.

La licenciada Pamela Bernard Boígues, indicó a CLARIDAD que el DTRH no les ha dado nunca ninguna explicación o excusa por no suministrar la información respecto al número de reclamaciones recibidas por desempleo regular y por desempleo pandémico (PUA), las reclamaciones pendientes y las no atendidas por el Departamento. La petición, subrayó, se hace urgente debido a que apenas quedan dos semanas para que el 4 de septiembre se detenga la asistencia de desempleo por COVID-19.

Según relató, en enero de 2021 hicieron una petición informal, en un principio al DRHA, con preguntas sobre cuántas apelaciones había y cuál era el proceso a seguir, entre otras. Ante la falta de contestación, en marzo ALPR decidió hacer una solicitud más formal y tampoco recibieron   contestación. En mayo y junio volvieron a solicitar la información en cartas abiertas en los periódicos y hasta en las redes sociales para llamar la atención del secretario. Pero tampoco lograron una contestación. Después de todos esos intentos, Ayuda Legal decidió presentar el recurso al amparo de la Ley 141, Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública.

Bernard añadió que el Departamento del Trabajo está obviando la ley federal del PUA, la cual establece que tiene que mantener datos estadísticos sobre las apelaciones y los procesos pendientes y enviarlos al Departamento del Trabajo Federal. “Tenemos conocimiento de que los informes de Puerto Rico no están llegando al Departamento del Trabajo Federal”.

En otras palabras, la falta de esta información significa que ni el Departamento del Trabajo ni el pueblo de Puerto Rico sabe cuánto dinero del PUA no ha sido desembolsado y por qué. “En ese sentido, sabemos que hay apelaciones corriendo que el DTRH no ha atendido, hay puntos controvertibles que tampoco no ha atendido e, igual, hay solicitudes de recobro que están siendo apeladas. El problema es que el Departamento no responde a tiempo o simplemente no ha emitido ningún tipo de respuesta”, reiteró Bernard Boigues.

La petición de información de Ayuda Legal surge ante el hecho de que la mayoría de las personas     —más de la mitad— que les han solicitado ayuda por sus reclamaciones ante el Departamento son mujeres; entre ellas, trabajadoras solteras jefas de familias con hijos, en trabajos que no reciben buena remuneración, trabajadoras que al momento de la pandemia no habían cumplido con el tiempo en el empleo para poder recibir el desempleo regular y se vieron obligadas a renunciar y otras que perdieron sus empleos.

La licenciada Bernard Boígues indicó que el énfasis en conocer cuántas apelaciones hay pendientes, cuántos sobrepagos hay pendientes por resolver y cuántas personas todavía no han recibido su asistencia es importante para poder identificar estrategias o políticas públicas que adelanten el que las personas que lo necesiten tengan una recuperación justa.

Censuran veto del gobernador

 A la par, Ayuda Legal censuró que el gobernador vetara el proyecto 429, que buscaba prohibir los desahucios y ejecuciones por hasta 90 días tras la declaración de un estado de emergencia. En comunicado de prensa, criticó que el veto se dé a la vez que se anuncian nuevas restricciones para atender una pandemia cuya principal recomendación fue #QuédateEnCasa.

«Nos parece inverosímil e insensible que mientras en Estados Unidos y Puerto Rico la primera plana es la crisis de desahucio, el gobernador elija vetar un proyecto sin siquiera reconocer en sus expresiones la crisis de vivienda, la gente que no sabe cómo pagar renta o hipoteca, a las personas sobrevivientes de desastres que siguen desamparadas. Escogió proteger a la banca, ponerla sobre las familias puertorriqueñas desesperadas.» recalcó la directora ejecutiva de la entidad, la licenciada Ariadna Michelle Godreau Aubert.

Aclaró que la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, emitida el 27 de agosto, que detuvo la aplicación de la moratoria federal de desahucios, no establece que la moratoria sea inconstitucional. Lo que señala es que los Centros para el Control y Detección de Enfermedades (CDC) no tienen autoridad para establecer un alto a los desahucios y que defender ese interés apremiante requiere acción legislativa. Es decir, señala que le toca al Congreso tomar acción para proteger los techos ante el COVID-19. Ante esto, el presidente Joe Biden salió al paso a pedirle a los estados y las jurisdicciones que actúen desde sus legislaturas para aprobar medidas que protejan el derecho al techo ante la emergencia.

En tanto, la licenciada Verónica González Rodríguez señaló que entre el 2017 y el primer trimestre del 2021, mientras numerosos desastres nos azotaban, en la isla se ejecutaron sobre 13,248 viviendas. En los últimos diez meses se han presentado 668 nuevos desahucios. «Los desalojos no esperan a que la emergencia pase.» acotó. A su vez, las licenciadas agradecieron a las personas legisladoras de los partidos PPD, PIP, PNP y MVC que avalaron y se hicieron coautores de la medida. El proyecto peticionado por Ayuda Legal Puerto Rico contó con el aval multipartita e incluyó enmiendas presentadas por la principal institución financiera del país.