CLARIDAD
Las alianzas público privadas (APP) en las que ha incurrido el Gobierno de Puerto Rico ni han sido exitosas ni han resultado beneficiosas para el pueblo. Así se desprende de entrevista a dos conocedores de estos procesos.
Recientemente, el gobernador, Pedro Pierluisi, participó como orador principal en la Novena Conferencia y Expo de Alianzas Público Privadas, efectuada en Dallas, Texas. Allí según sus palabras la experiencia de Puerto Rico con las APP, ha sido una “exitosa”. Entre otras expresiones, el gobernador invitó a inversionistas de desarrollo e infraestructura “para que contribuyan a la reconstrucción de Puerto Rico”.
Para el economista Heriberto Martínez Otero, a la pregunta de si en efecto se puede decir que las APP han sido exitosas, señaló que el problema que ha habido en Puerto Rico es que este tipo de alianza se ha utilizado para poner en manos privadas activos públicos que generaban ingresos. Por el contrario, la discusión sería distinta si se dijera que se va a poner en las APP todas las áreas que son perdidosas porque el sector privado va invertir más, para buscar algún tipo de ganancia.
“Pero ha sido lo opuesto lo que se ha hecho en Puerto Rico. La práctica ha sido poner en manos privadas activos que generaban ingresos como la PR 22, PR 5, el aeropuerto, y nos hemos quedado con activos que son pérdidas. Eso dificulta poder decir que el modelo de APP ha sido exitoso”.
Subrayó que el último ejemplo que tenemos es el de la privatización de la transmisión y distribución de la energía con la empresa LUMA Energy, la cual todavía hoy, a pesar de que se dice que no hay relevos de carga por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), sigue habiendo mucha gente sin luz y levantando quejas. “Como economista, no usaría el término de exitoso para describir la relación de la economía de Puerto Rico con respecto a las APP”.
El economista expuso que conceptualmente las APP se dividen en dos: construcción verde (build green) y construcción marrón (build brown). Las marrones son las APP a las cuales se le otorga la administración de un activo público existente, que es lo que se ha practicado en Puerto Rico. Las verdes son el construir una alianza, es decir una infraestructura. Martínez Otero comentó que ese ha sido el debate que han tenido los círculos de economistas en el país debido a que el país carece de inversión privada en conjunto con la inversión pública para establecer nuevos proyectos y nuevas estrategias. No hay APP para desarrollar proyectos nuevos y el Gobierno lo que ha hecho es traspasar activos que dan rendimiento. El ejemplo más duro, dijo, es la privatización de la autopista PR 22, que ha hecho en extremo oneroso para la gente que vive en el lado norte poder transitar hacia áreas de trabajo como en Bayamón y el Área Metro. “La preocupación es que cada vez que se vaya a poner en manos privadas una autopista se disparen los costos”.
En el caso de las APP verdes, Martínez Otero dijo entender que en alguna medida eso es necesario. No obstante, expresó reservas respecto a los proyectos anunciados por el gobernador, como las extensiones de autopistas, dragado de cuerpos de agua, proyectos de tecnología de banda 5G, el nuevo hospital de trauma para el Centro Médico, entre otros.
“Me cuestiono si de verdad hay tanto dinero para la infraestructura. Es la misma lógica de LUMA, de que quien va a financiar serán los CBGDR”. Reveló que un argumento que el gobernador va a usar, aunque no se ha dicho públicamente, pero se ha discutido, es que las agencias federales, por falta de confianza en la estructura gubernamental, son las que han pedido la participación del sector privado en los proyectos de reconstrucción y han solicitado que sea la empresa privada, mediante APP, las que gestionen la solicitud de esos activos.
Martínez Otero considera que la participación del gobernador en el citado foro para buscar inversionistas responde a una visión de desarrollo “bien poco desarrollada”, debido a que en realidad con las APP no se está creando nada. Según el economista, lo que el país necesita es que venga inversión para desarrollar manufactura, que pueda enlazarse con otras cadenas de producción e intercambio. Una vez más subrayó que pasar la administración de un activo público a una APP no genera actividad económica.
Mientras, para el abogado Mario Pabón, el calificativo de “exitoso” depende de quién lo miré. “Hasta ahora, Metropistas ha sido exitosa para Metropistas. Si es exitoso para el pueblo de Puerto Rico es otra historia. El aeropuerto, conociendo lo que se prometió, de exitosa tampoco ha tenido mucho. Quizás un éxito para Aerostar, pero ciertamente, un montón de promesas incumplidas para lo que se le ofreció a Puerto Rico”.
El conocedor de primera mano de la privatización del aeropuerto Luis Muñoz Marín añadió el ejemplo de la APP para la construcción de las llamadas Escuelas del siglo XXI. Este lo describió como un total fracaso y cuestionó el que todavía nadie ha dicho cuándo es que se van a comenzar a pagar los $750 millones que se tomaron prestados para construir esas escuelas.
Para Pabón, los proyectos de los que está hablando ahora Pierluisi son propuestas que incluso algunas han estado dando vuelta desde los tiempos del gobernador Alejandro García Padilla, como por ejemplo, la privatización del puerto de turismo. Eso representaría un problema similar al que se está confrontando con el puerto de carga de San Juan, que es básicamente el concepto de monopolio para la administración de los puertos. Precisó que esta propuesta lleva más de cinco años dando vueltas en el Gobierno y aún no se ha adelantado. También recordó que cuando Omar Marero fue director de la AP3, cada cierto tiempo anunciaba su privatización.
El licenciado reparó en que el gobernador habla de las alianzas, pero no deja claro si es para la construcción o para la administración. A la luz de la experiencia, no duda de que se trate de una privatización, si es que algún proyecto se llegase a construir.
Un dato particular sobre las pretensiones de una APP para los aeropuertos regionales Aguadilla y Ponce que al Gobierno se le olvida es que para que una privatización de este tipo de facilidad sea viable tiene que pasar por el programa de privatización de la Administración Federal de Aviación, observó Pabón. Hasta el presente, solo dos aeropuertos en todo Estados Unidos han sido privatizados. Advirtió que en el caso del aeropuerto de Aguadilla no solo se tiene que pasar el programa de la AFA, sino también las cláusulas de no competencia del contrato con Aerostar. En cuanto al aeropuerto de Ponce, dijo que hay oposición, dado que existe un consorcio de municipios del sur que están interesado en operarlo.
Respecto a la participación del gobernador en la Conferencia P3 y sus expresiones, Pabón observó que Pieruisi ha seguido la misma narrativa del entonces gobernador Luis Fortuño, de que Puerto Rico tenía la mejor ley de las APP aprobada. “No hay una disposición de tener un ente fuerte que negocie de forma equitativa. Este es el único país que negocia en su contra”.
