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“Con el regreso de la escuela es que se va a empezar a ver lo que han pasado los niños y niñas en este tiempo de pandemia en los que estuvieron desconectados, de falta de apoyo en la escuela, familia extendida, amigos, con gente con los cuales ellos pudieran expresarse”. Así lo afirmó la trabajadora social doctora Rita Córdova, ante los continuos casos de maltrato a menores divulgados por la prensa del país.

Córdova, quien fue asesora en el Departamento de la Familia, explicó respecto al caso del menor de Aguas Buenas que murió bajo la custodia del padre, que el padre acudió al tribunal bajo un estado de derecho de la ley especial para emergencia y fue directo a la Sala de Investigaciones a levantar una querella por la Ley 140. “Eso lo hacen los padres mucho, aun cuando tienen casos activos en el Tribunal de Primera Instancia (TPI), para darle la vuelta a la custodia”. Aunque observó que nadie tiene los detalles, según el padre, el niño le dice de un abuso sexual. Este va en un recurso de emergencia a la Sala de Investigaciones del tribunal y pide la custodia del niño. Aclaró que no se trata del Departamento de la Familia (DF), sino de la Unidad de Investigaciones Sociales (UIS) de la Administración de Familias y Niños (ADFAN)) la que se supone lleve a cabo la investigación, dado que todo indica que ya había un referido de maltrato en la agencia.

Al el padre acudir al tribunal y pedir la custodia, la juez se la otorga y entonces le pide al DF una evaluación. En la segunda etapa no se da la vista porque el trabajador social de ADFAN no llevó un informe escrito.

“Aquí tenemos el primer problema: un experto, un perito de ADFAN no tiene que hacer un informe escrito para dar una recomendación pericial y mucho menos de protección. Así que lo que había que hacer era sentar al trabajador social y tomarle juramento y que testificara por qué estaba recomendando que se le diera la custodia a la madre. Pero el tribunal decide no tomar en consideración la recomendación y pide un informe por escrito. Y pone una fecha posterior. Ahí es que muere el menor. Por qué se decide sin evaluar ni aquilatar la prueba del trabajador social, no entiendo”.

De acuerdo con el procedimiento, si la Unidad de Investigaciones encuentra fundamento, se supone que tiene un modelo de calidad que calibra los niveles de maltrato, negligencia, falta de supervisión, negligencia escolar y abuso sexual, de manera que si la situación es que el menor está en un peligro inminente, se tiene que hacer la remoción de inmediato, de emergencia. Para ello se evalúa el recurso familiar. En ese caso se le advierte que no puede tener contacto con sus custodios y luego se hace una evaluación más completa. Si la investigación de la UIS dice que hay fundamento porque ha determinado algún tipo de maltrato, entonces es que el caso pasa a la oficina local de ADFAN que le corresponda, a base del área de residencia de la familia donde reside el menor. Esa oficina local es la que trabaja el plan de servicios dirigido a que a la familia corrija su conducta. Se estima que en seis meses o un año le niño podría regresar a la familia si esta cumplió con su plan de servicio.

La trabajadora social expuso que en este caso hay varias situaciones en las cuales “la ira de los adultos, la falta de juicio, de madurez, hasta la maldad de los adultos se está desplazando con los niños en este año de pandemia. Eso debió estar paseando en silencio en el ámbito doméstico”. Advirtió que con el regreso a clases es que se va a empezar a ver lo que han pasado los niños y niñas en este tiempo de pandemia, apartados de amigos y otras personas con las cuales ellos pudieran expresarse.

Ante su advertencia y los casos divulgados señaló que ADFAN y el DF tienen que hacer una revisión de sus protocolos, de la carga de casos que se les está asignando a los trabajadores sociales. “El Departamento tiene esas deficiencias, eso es histórico. He tenido que darle servicios a ADFAN en cuatro décadas diferentes y es el mismo servicio, se le acumulan los referidos de alegaciones de maltrato”.

Falta de expertos en los tribunales

Al igual que otras entrevistadas, la doctora Córdova censuró el que a los jueces no se les prepara en este campo. “Hay una falta de juicio y sensibilidad de parte de los jueces. Eso es así, lo estamos viendo en los jueces de las salas de familia. Ellos entienden que están bregando con leyes y que con conocer la ley conocen lo que es la especialidad de violencia familiar, de género, salud mental, las conductas disfuncionales”.

Como ejemplo, planteó que recién se aprobó una ley sobre la enajenación parental y aunque a los y las juezas se les adiestra sobre los alcances de la ley, no entienden que en estas situaciones hay trastornos de personalidad que complican lo que son las dinámicas intrafamiliares. La enajenación parental se refiere a cuando uno de los padres indispone al menor en contra del otro. En el caso del menor de Aguas Buenas, indicó, vimos un caso de alienación parental. El menor fue influenciado por su padre para que dijera lo del abuso. El niño accede para protegerse porque el niño está indefenso ante su padre.

Insistió en que en las reuniones que están sosteniendo, la secretaria del DF y la juez presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico deberían procurar que la academia judicial cuente con los expertos que tienen que ver con las dinámicas familiares. “Hay que hacer las aproximaciones con seriedad a nivel de la familia, hay que tener personas expertas que entiendan lo que son las dinámicas intrafamiliares”.

En esa misma línea criticó el que siempre la soga parte por lo más fino, al criticar la labor del trabajador social, el cual reparó no puede hablar porque la Ley 246 no se lo permite, pero el administrador de la judicatura “se llenó con la boca ancha defendiendo a las jueces que intervinieron”.

Inacción del Estado ante los estragos de la Junta de control Fiscal

En entrevista por separado, la presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico (CPTS), Mabel López Ortiz, subrayó que el Estado debe reconocer que la violencia intrafamiliar es un asunto que va a estar presente en nuestra sociedad en la actualidad en sumo agobiada y compleja debido tanto a la crisis económica y de salud que hay en el país.

A la luz de los continuos casos de maltrato, resaltó que lo que se ha visto en estos procesos es que hay un Estado que aparenta no estar cumpliendo con su responsabilidad, su deber y, más que nada, con la protección, la seguridad y el bienestar de las poblaciones en general. No solo de la niñez y la juventud, igual se puede incluir adultos mayores y mujeres de todas las poblaciones, que se convierten en poblaciones vulnerables.

Describió que “en ese hilo fino donde descansan y van a tener todas las violencias en el país” los casos que han salido a la luz pública son reflejo de que el Estado no tiene un plan social adecuado que se alinee a las necesidades que tienen las poblaciones vulnerables. Al respecto, denunció que lo que hemos tenido los ciudadanos ante nuestras manos “es un plan de la política pública dirigido específicamente a la austeridad, a pagar una deuda. Un organismo sobre nosotros que se llama la Junta de Control Fiscal que al fin y a la cantada o al final del camino, termina con los servicios que tenemos la ciudadanía”.

Carentes de apoyo los trabajadores sociales

La presidenta del Colegio de trabajo social denunció que la labor de los trabajadores sociales se ha visto sesgado o intervenido por los recortes a los sistemas de apoyo que los ayudan a dar servicios de calidad en sus escenarios de trabajo. “Eso termina violentando el derecho de la ciudadanía de tener acceso a sus derechos sociales: educación, salud, protección social, que es el caso que nos trae a la discusión, entre otras cosas”.

En cuanto a los casos del menor fallecido y el retiro a una madre de sus dos hijas, dijo creer que es necesario tener una investigación de todo el proceso. “He dicho en muchos espacios que me parece sumamente injusto establecer una cacería de brujas contra los profesionales del campo de trabajo social en el DF, en particular cuando en el DF hay un problema de retención y reclutamiento en el campo, no porque falten en el país. Lamentable, la agencia que protege a las familias, la juventud y los adultos mayores carece de unas buenas condiciones laborales”. Acotó que cuando dice condiciones laborales no se refiere a salario, lo cual solo es una parte. Comentó que varias investigaciones hechas por el Colegio han revelado que sus profesionales tienen unas escalas de salario por debajo de los riesgos que asumen día a día. “Eso por un lado, cuando hablamos de condiciones laborales es que tenemos que tener unos recursos que nos apoyen en dar servicios. Desde la Ley 7 en el DF hubo recortes de choferes, secretarias, de todo el personal de apoyo”, denunció.

López Ortiz, recalcó que el estado de desigualdad social y precariedad en que se encuentra la ciudadanía se vio primero con el huracán María y ahora con la pandemia. “Aquí hay una precariedad, con el único propósito de pagar la deuda del país, que ha deteriorado los servicios. En el caso de estas situaciones en sumo lamentables, que nos han dolido a todos y a todas, yo creo que nos debemos indignar como país y pedirle al Gobierno que tenga un proyecto de país, un plan de país, que atienda la protección de la niñez, juventud, adultos mayores. Esa es la prioridad que debe haber de proyecto de país y no adelantar el pago de una deuda que no hemos auditado”.