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Las dimensiones morales y legales de la controversial piscina en la playa de Rincón

Por

julio 27, 2021

Especial para CLARIDAD

Acogemos con alegría y esperanza la respuesta militante y combativa que un sector de nuestro Pueblo comienza a dar al atropello por la construcción ilegal de la piscina en Rincón. La intención de la asociación de titulares del Condominio Sol y Playa de reconstruir una piscina e instalaciones recreativas accesorias en terrenos del dominio público, y mediante la aprobación de un permiso fraudulento, ha abierto una controversia que trasciende las circunstancias relacionadas a este proyecto, dramatizando el patrón irresponsable e imprudente de construcción en la zona costanera, autorizado por el Estado, en la región del oeste y en muchos otros espacios del litoral. Los destrozos y alteraciones de muchas estructuras construidas en Rincón y en otros lugares de las costas del país, provocados por el huracán María en el 2017, han hecho evidente el proceso desenfocado y desconectado de la realidad natural de las riberas del mar en tiempos del calentamiento del Planeta y cambio en el clima. Insistir en reconstruir, sin tomar en cuenta las experiencias vividas del pasado reciente, constituye una torpeza que el Pueblo rechaza y ha mostrado su disposición de combatir. El caso de la piscina en Rincón es uno ejemplar pues ofrece la oportunidad de articular un nuevo paradigma sobre la forma correcta e inteligente de auspiciar y llevar a cabo el desarrollo de terrenos y de la actividad económica y social en armonía con la cambiante y frágil naturaleza. Es un paradigma donde no debe tener cabida la corrupción, la ineptitud, la incapacidad, la insolencia y la represión violenta de las fuerzas del Estado contra el Pueblo.

Me propongo compartir algún conocimiento y experiencia profesional que he acumulado en el tiempo vivido relacionado al desarrollo de proyectos en la costa y de forma específica, al proyecto de reconstrucción de esta piscina en Rincón. Pero antes, deseo comunicar a modo de desahogo, parte de las emociones que desbordaron mi tranquilidad emocional en días recientes al conocer los acontecimientos que se han desarrollado en la lucha del Pueblo contra este proyecto. Como a muchos, me conmovió profundamente el incidente con la carey de concha en su tortuoso proceso de construir un nido donde colocar los huevos que germinarían para aumentar el número de su amenazada especie. El hecho de que este animal luchara por superar las obstrucciones físicas que imponen la pared y las excavaciones asociados a la construcción ilegal de esta piscina, me hizo pensar en los intensos y a veces dolorosos procesos de parto que nuestras madres y compañeras llevan a cabo para darle continuidad a la vida de nuestra especie. Pensé que la tortuga también sufre, de cierta forma, el “proceso de parto” para acceder a la tierra firme y seca en la playa, construir con sus aletas un nido, depositar los huevos (depositan una media de 100 huevos, aunque en ocasiones, depositan cerca de 200), cubrir delicadamente con sus aletas el nido con arena seca (el nido, a modo de ‘útero’, es una delicada incubadora sensible a la humedad y temperatura ambiental) y tortuosamente regresar al mar impulsándose con sus cuatro aletas (pues no tienen patas). Este proceso lo repiten entre tres y siete veces durante la temporada de anidación y lo hacen en el mismo espacio del litoral donde 20 años antes nacieron de uno de eso huevos depositados en un “útero” similar que construyó la tortuga carey de concha progenitora. Reflexionando sobre este delicado y hermoso proceso, pero incomodado por los hechos que ocurren en Rincón, pensé en la frase “joder el parto”, frase de uso coloquial que tenemos en Puerto Rico para dar el significado a procesos que tienen el efecto de interrumpir o entorpecer el logro de un acontecimiento. Y me excuso con el amigo lector, porque la frase “joder el parto” se considera una frase soez cuando se utiliza en un medio de comunicación social serio como es CLARIDAD, pero las circunstancias de la tortuga y de este torpe de construcción de una piscina en el hábitat natural de una especie en estado crítico por su peligro de extinción, me requería un cierto grado de desahogo emocional. De hecho, consideré titular esta columna con el gerundio de esta frase (“Jodiendo el Parto”) para significar, por un lado, las consecuencias de las intervenciones irresponsables del secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), de Gerentes de la Oficina de Gerencia de Permisos y de la dirección ejecutiva de la Junta de Planificación (JP), y por el otro, de la respuesta comunitaria de resistencia y lucha contra el atropello gubernamental para impedir el proceso de construcción y la intención de privatización de ese pedazo de playa del Pueblo de Puerto Rico. Apuesto a que, con la lucha sostenida, prevalezcan las condiciones para que las tortugas puedan seguir usando su espacio natural y asegurar su reproducción y prevalencia como especie valiosa y, además, que el Pueblo comience a recuperar los bienes comunes y pueda disfrutar libremente de estos recursos naturales.

Veamos, someramente, algunos aspectos técnicos, procesales e históricos relacionados a la controversia con el proyecto de la piscina del condominio Sol y Playa. A partir de la década del 1980 se aceleró un proceso de urbanización y construcción de condominios y edificaciones con alegados propósitos turísticos en toda la región oeste, desde Aguadilla a Cabo Rojo. La mayor parte de estas estructuras se promovían con inmuebles para propósitos turísticos recreativos, tomando como atractivo la belleza del paisaje escénico del litoral costero, teniendo como atractivo playas naturales, espacios para la natación recreativa, pesca recreativa y, en ciertos espacios, la práctica del “surfing”. Pero este proceso se llevó a cabo próximo-inmediato a la zona marítimo terrestre, y en muchas instancias, dentro de este espacio del litoral. Cientos de estructuras, sino miles, se han construido en esos espacios con estas características. La posibilidad de esta actividad de construcción en la costa se reconoció y anticipó en el Programa de Manejo de la Zona Costanera de Puesto Rico que preparó el DRN (ahora DRNA) y que adoptó la JP en el 1978 como el componente costero del Plan de Usos de Terreno de Puerto Rico. En el Programa se delimitó la zona costanera como todo el espacio contenido a un kilómetro tierra adentro desde la línea de costa en todo Puerto Rico y en algunos espacios, con una penetración mayor del kilómetro en aquellos sitios donde ubican sistemas y recursos naturales de especial valor e importancia como bosques de mangle, humedales y otros. El DRN y la JP adoptaron normas y políticas públicas para darle dirección y control a las actividades de desarrollo dentro de este espacio geográfico dentro de una filosofía de conservación de recursos. Dado este enfoque filosófico, se le encomendó al DRN la implantación del Programa. En marzo de 1983, con el asesoramiento del DRN, la JP puso en vigor el Reglamento de Zonificación de la Zona Costanera y de Acceso a las Playas y Costas de Puerto Rico, conocido como Reglamento de Planificación Número 17 de la JP. Para que sirva de contexto a la presente administración del gobierno de Puerto Rico, es necesario recordar que, tanto el Programa, como el Reglamento 17, fueron aprobados por el entonces gobernador anexionista, Carlos Romero Barceló. Este Reglamento Número 17, establece los procedimientos y requerimientos específicos para efectuar construcciones y desarrollos en la zona costanera. Entre esos requerimientos del Reg. 17, que desde el 2010 están incorporados en el denominado Reglamento Conjunto del JP-OGP’e, se destacan los siguientes:

En realidad, estos requisitos de separación y delimitación de la zona marítimo terrestre (ZMT), han estado vigentes desde el año 1983. En el concepto de separación se implica que, una vez determinado por un agrimensor profesional y. aprobado por el secretario del DRNA, el proyectista, en este caso debió haber sido el Condominio Sol y Playa, debió transferir 20 metros de su propiedad colindantes a la línea del límite interior de la ZMT y dicha franja debió ser dedicada a uso público y constituirse como tal en una escritura pública a nombre del DRNA como custodio de ese bien. Además, se establece que en los 30 metros siguientes a esos primeros 20 metros una prohibición de construir edificaciones como pueden ser piscinas, gazebos, baños y otras estructuras accesorias, tal como se hizo y se pretende hacer en el Condominio Sol y Playa. Cuando se examina estas distancias de donde hoy se encuentra la ZMT en relación con los edificios del caso en controversia, es evidente que la construcción de la piscina se pretende efectuar en bienes del dominio público. Visto de esta forma, la actividad de construcción que se pretende hacer en Sol y Playa es improcedente e ilegal.

Destaco, además, el planteamiento que se hace el punto número b3 de la cita del Reglamento referente a la vigencia de los deslindes de la ZMT. Desde el 2010 se estableció una vigencia para los deslindes de hasta 5 años, sin embargo, en el Reglamento de 1983, hasta el 2010, esa vigencia era de un año. Pero cabe destacar que el punto b4 reconoce que, cuando por causas naturales o acción humana cambie el perfil de la costa, se puede requerir un nuevo deslinde que reconozca ese cambio, independientemente del término de los 5 años. En el caso actual del Condominio Sol y Playa, como ha ocurrido en prácticamente en todo el litoral de Rincón, el alza en el nivel del mar y los acelerados procesos de erosión costera, han transformado y están transformando continuamente la topografía y la morfología costera. Estos cambios que se aceleraron con el impacto del huracán María, pero ya eran dramáticas desde el paso del huracán Sandy en el 2012, plantean el riesgo de seguridad para las estructuras construidas adyacentes al litoral (las que aún no han colapsado), plantea un problema de modificación significativa del hábitat y áreas de anidaje de las tortugas marinas, y supone, además, un cambio sustancial e irreversible de la situación legal de titularidad de los propietarios de estructuras en todo ese litoral. Si se efectúan los deslindes de “oficio” como correspondería hacer al secretario del DRNA, muchas estructuras existentes van a estar ocupando las zonas que se presume vacante en el litoral y otras estarán propiamente dentro de bienes del dominio público. Es decir, la erosión acelerada en ese litoral costero y la imprudencia histórica de haber construido próximo inmediato dentro de la ZMT cambia el régimen de propiedad privada para miles de titulares.

Pienso que, de fondo, esa es la preocupación no declarada de los titulares del Condominio Sol y Playa y la del propio estado que no quiere asumir sus deberes ministeriales de saneamiento del litoral de forma razonada, ordenada y democrática. Por el contrario, asumen una posición de imposición, otorgando permisos que no tienen fundamento de ley, ignoran los procedimientos de validación técnica y legal requerida, rechazan el asesoramiento científico y técnico sobre las materias aplicables a los problemas en la costa y pretenden acallar las respuestas del Pueblo utilizando la violencia y la intimidación de las fuerzas policíacas para-militares del Estado. Ante este escenario, al Pueblo sólo le queda la respuesta inmediata de protestar, resistir y combatir la corrupción de los procesos legales, la corrupción de las normativas y políticas públicas orientadas al bien común o colectivo y perseverar en esta lucha. Hay que enfrentar con tenacidad a todos los que se ubican del lado que gestionan el “joder el parto” en el litoral costero de Rincón y en todo el País.

Finalmente, traigo a la atención de todos algunos datos históricos de la secuencia de acciones seguidas en el proceso de este proyecto Sol y Playa. Tal como lo recuerdo, en mis muchos años de funciones como Secretario Auxiliar de Planificación en el DRN y como Miembro Asociado de la JP, el Proyecto Sol y Playa comenzó en el DRN a finales de 1980, como un proyecto turístico que con el tiempo convirtió en un proyecto residencial. Desde el 1987, cuando se sometió el primer deslinde la de ZMT (que según el reglamento tenía una vigencia de un año) surgieron conflictos internos en el DRN porque no se aplicaron las normas de separación que requería el Reglamento17 de la JP. El deslinde fue oficialmente catalogado como incorrecto. Cuando el proyecto se radica como residencial en la década de 1990, el DRN endosó esa gestión incluyendo la aprobación del deslinde deficiente (a mi juicio caduco) aprobado previamente. Hasta donde conozco, no se designó como espacio público los 20 metros desde la ZMT y no se formalizó una escritura pública en el Registro de la Propiedad a esos efectos. Mi entendimiento es que proyecto Sol y Playa se construyó sin dar cumplimiento cabal a las normas del Reglamento 17 (que citamos arriba) y de la Ley Orgánica del DRN. En el espacio público que debía estar libre de construcción, se ubicó la piscina con otras estructuras accesorias. Transformado el espacio del litoral por el proceso continuo de erosión, y alterado dramáticamente en septiembre de 2017 por el huracán María, con una playa más estrecha, ahora se pretende reconstruir las instalaciones accesorias del condominio en el mismo lugar donde antes estuvo sin que mediara una evaluación del impacto ambiental de la intervención propuesta en el espacio a construirse, ni del impacto de las obras sobre el ambiente y los recursos naturales del litoral, ignorando el espacio como hábitat crítico para especies protegidas por ley por estar amenazadas y en peligro de extinción, sin evaluar el riesgo y vulnerabilidad del proceso erosivo y de las marejadas ciclónicas sobre lo que se quiere construir y sobre lo ya construido, y como si fuera poco, sin un deslinde actualizado de la ZMT.

Como persona observadora de estos procesos, me surge la curiosidad si las relaciones personales entre funcionarios y actores sociales involucrados tienen alguna relación causal en esta controversia tan álgida y, probablemente, innecesaria. Considérense los siguientes datos:1) el proyecto Sol y Playa se evaluó y endosó con el deslinde de la ZMT deficiente bajo la gestión como secretario del DRN, del ingeniero Daniel Pagán, que tengo entendido que actualmente se desempeña como contratista y asesor técnico principal del secretario del DRNA, Rafael Machargo; 2) el actual secretario Machargo se desempeñó como sub-secretario del DRNA cuando Pagán era secretario; 3) la Lcda. Shirley Vocak, que públicamente se ha identificado como representante legal de los titulares del Condominio Sol y Playa, fue la directora de Asuntos Legales del DRNA cuando el ingeniero Daniel Pagán era secretario y Machargo sub-secretario del Departamento. Es decir, estas tres personas han estado vinculadas y relacionadas al proyecto Sol y Playa, desde el interés público representado por el DRNA y por el sector privado como entes contratados. Habrá que ver cómo se considera el posible conflicto ético de estos funcionarios, si alguno, en los expedientes y memoria oficial que se realicen para documentar los procesos controvertibles de la piscina del Condominio Sol y Playa en Rincón, del uso y aprovechamiento ilegal de los bienes del dominio público de la ZMT, de la responsabilidad y función de poner en vigor las leyes y políticas públicas que protegen especies y hábitats en peligro de extinción, y de la función y responsabilidad de proteger vida y propiedad de seres humanos, entiéndase titulares legítimos de bienes inmuebles ubicados en el litoral, incluyendo los residentes del Condominio Sol y Playa.

Ojalá haya explicación honesta y correcta, tanto científica como técnicamente para los procesos gubernamentales seguidos en la toma de decisiones de los permisos de este caso tan delicado, pero a la vez ten importante para el presente y el futuro de Puerto Rico. El escenario de discusión y reflexión que plantea el caso de la piscina del condominio Sol y Playa establece precedente para los otros cientos o miles de casos que habrá que adjudicar en el litoral costero de Rincón y del resto de Puerto Rico. Es impostergable un saneamiento de los usos de terreno en el litoral costero, según progrese el alza en el nivel del nivel del mar y el calentamiento del Planeta. También se requiere un saneamiento en las políticas gerenciales y administrativas de los funcionarios públicos en quienes delegamos para que protejan el bien común, el patrimonio natural, incluyendo las especies en peligro de extinción. Ese es el deber de los funcionarios públicos; no están ocupando puestos públicos para “joderle el parto” al Pueblo. La iniciativa que ha tomado un sector del Pueblo para protestar y cuestionar el atropello en Rincón debemos apoyarlo y hacerlo extensivo a otras luchas de reivindicación de las riquezas y de los valores superiores del Pueblo. Me siento convocado en esa gesta de repudio a las actuaciones ilegales, corruptas y de violencia contra el Pueblo. ¡Nos vemos en Rincón!

Numancia en el Caribe

Por

manuel-de-j-gonzalez

julio 27, 2021

CLARIDAD

“A private survey made recently in Cuba showed that less than 30 percent of the population are still with Fidel. In this 30 percent are included the Negroes who have always followed the strong men in Cuba, but will not fight…” CIA, Report No. 00-A3177796, January 30, 1961. (Peter Wyden, Bay of Pigs, The Untold Story, Simon & Schuster, 1979, P 94)

El informe de la CIA antes citado se produjo a dos meses de la invasión de Playa Girón, hace sesenta años. Dejando de lado el evidente prejuicio racial que destilan las palabras, esas tres líneas resumen bastante bien la opinión de Estados Unidos sobre la Revolución Cubana, que ya había mostrado su “carácter socialista”. Se trataba de una “dictadura”, con escaso apoyo popular, que se mantenía precariamente en el poder reprimiendo a la población. Sólo “los negros” la apoyaban porque, según la CIA, a ellos les gusta que los manden.

Esa visión presidió la invasión de 1961. Basándose en su análisis los planificadores de la CIA daban por sentado que tan pronto los invasores pusieran un pie en tierra cubana se produciría un levantamiento popular apoyando a los invasores. Semanas antes infiltraron agentes por toda la isla quienes, además de intentar acciones de sabotaje en apoyo al desembarco, dirigirían el masivo alzamiento. Aquellos infiltrados, que en su mayoría resultaron capturados, efectivamente presenciaron una gran movilización popular, pero con propósitos distintos a los esperados. Una vez se confirmó la noticia de la invasión, la gente abandonaba sus oficios y salía a la calle, pero fue para tomar el fusil e integrarse a la milicia en defensa de su revolución frente a lo que consideraban una fuerza “mercenaria”. (El libro de Peter Wyden, citando las descripciones de los propios infiltrados, describe con bastante detalle lo que ocurrió en muchas poblaciones cubanas en aquellos días de abril de 1961.)

Desde el punto de vista oficial, el fiasco de la invasión de Playa Girón no cambió el narrativo estadounidense. Tanto la CIA como los forjadores de la política exterior siguieron con su discurso sobre la “dictadura” y su menguado apoyo popular. Algunas de sus acciones parecían basarse en esa narrativa porque partían del supuesto de que, con sólo mover una ficha, el castillo de naipes se derrumbaría. Por ejemplo, en más de 200 ocasiones trataron de asesinar a Fidel Castro pensando que, como había ocurrido en tantos lugares de América Latina, si moría el “dictador” desaparecía la dictadura. También mantuvieron el bloqueo y desestabilizaron la economía cubana buscando aumentar el descontento que acelerara un estallido social.

Pero ¿realmente siguieron creyendo lo que dice el informe de la CIA de 1961? Si menos del 30% de la población estaba con “el régimen”, ¿por qué, después de la experiencia de Girón. no intentaron otra invasión, esta vez con tropas estadounidenses, apoyándose en esa masa descontenta?

Cuatro años después de Girón Estados Unidos invadió la República Dominicana para quitar y poner un gobierno. En esa misma década del ’60 se hundieron en la guerra de Vietnam “para detener el comunismo”, llegando a enviar allá, al otro lado del mundo, a más de medio millón de soldados.

Sé que muchos afirman que fue el disuasivo soviético, y el miedo a una tercera guerra mundial, lo que evitó otra invasión a Cuba después de Girón, pero ese mismo disuasivo no impidió la larga guerra de Vietnam, que estaba mucho más cerca de China y la URSS. Además, la presencia intimidatoria de la Unión Soviética despareció en 1991, hace ya 30 años.

La decisión de no volver a invadir a Cuba tampoco fue porque el imperio hubiese recapacitado, decidiéndose por respetar la política de no intervención. En 1983 invadieron la isla de Granada para quitar un gobierno y poner otro. Lo mismo hicieron en Panamá seis años después, donde detuvieron y secuestraron al gobernante. Más recientemente, ya en pleno siglo XXI, invadieron Irak y Afganistán, también para quitar un gobierno y poner otro.

De modo que si no han enviado sus tropas “libertadoras” a Cuba no es porque respeten la política de “no intervención”. Irak está lejos y el costo en dinero de la invasión fue enorme. Cuba, en cambio, está casi a tiro de fusil, a 90 millas. ¿Por qué no han enviado sus “marines”, para quitar y poner un gobierno que, según el discurso público estadounidense, resulta ser impopular y dictatorial?

La explicación la dio Fidel en 1990: “Lo yanquis saben el precio que tendrían que pagar por una agresión a Cuba. Eso los frena, porque los aplausos vienen fáciles cuando hacen aventuras militares ingloriosas y mandan divisiones y escuadras a apoderarse de Granada o de Panamá. Las cosas cambian cuando empiezan a llegar los féretros con los cadáveres de los invasores muertos. Entonces cesa la alegría, la fiesta; viene el llanto, vienen las lágrimas. Nosotros estamos seguros, porque durante años hemos estado preparando a nuestro pueblo para la defensa del país. Está todo el país organizado, todos los rincones, hombres y mujeres, hasta los niños saben adónde tienen que ir… porque nosotros defendemos el país con el pueblo armado… eso es lo que garantiza la existencia de la Revolución Cubana.”

En 1961 la Revolución Cubana no se había consolidado. Buena parte de los opositores, que luego emigrarían, vivían en el país. Sus fuerzas armadas estaban en proceso de organización y carecían de armamento moderno. Apenas había fuerza área o naval. A pesar de esas enormes limitaciones derrotaron fácilmente la invasión organizada por Estados Unidos contando, sobre todo, con un poderoso fervor popular. Tras la preparación que describió Fidel en 1990 el costo par el invasor sería mucho más alto.

En el discurso del cual extraje el párrafo previamente citado, Fidel habla del ejemplo de Numancia, la mítica ciudad celtíbera que se enfrentó a un poderoso ejército romano, comandado por Escipión “El Africano”. La diferencia en fuerzas era abismal, pero los defensores pelearon hasta el último hombre, nunca se rindieron. Por eso la historia los convirtió en mito. La Cuba revolucionaria se preparó para ser otra Numancia. Independientemente de lo que los analistas de la CIA siguieron hablando para las gradas, comprendieron muy bien la realidad cubana. Por eso no se intentó otra invasión y por eso los cubanos han mantenido su revolución por otros sesenta años luego de Girón, aunque a poca distancia permanecen desplegadas las legiones de Roma.

Mirada al País: Rincón: Punta de lanza

Por

maria-de-lourdes-guzman

julio 27, 2021

Por Maria de Lourdes Guzman

Al momento de redactar estas líneas, se desata en la playa los Almendros en el costero pueblo de Rincón, un movimiento de pueblo que busca detener la construcción de una piscina en el Condominio Sol y Playa de ese municipio. No es, precisamente, la construcción de ese proyecto recreativo lo que ha enardecido a enormes sectores del pueblo puertorriqueño, sino lo que ello ha representado y representa para el litoral costero de nuestro país. De muchos es sabido, que Rincón es uno de los pueblos mas afectados por la erosión costera, la que viene afectando también a muchos otros pueblos de la costa de nuestro País, tales como, Loíza, San Juan, Luquillo y Barceloneta. A pesar de ello y de los embates del cambio climático que hemos venido experimentando, el gobierno ha dado luz verde al desarrollo en áreas de alto valor ecológico, como son las playas y los terrenos agrícolas. Muy particularmente, el gobierno del PNP, ha favorecido el desarrollo de proyectos en áreas vulnerables que, por disposición de nuestra Constitución, deberían estar, no solo exentas de edificaciones, sino decididamente protegidas por las agencias públicas encargadas de velar por su preservación.

Los titulares del Condominio Sol y Playa, con la excepción de unos tres que han impugnado el deslinde hecho para permitir la construcción de la susodicha piscina y otras áreas recreativas, se han empecinado con reconstruir un proyecto que fue destruido por el oleaje creado por la fuerza del huracán Maria a la costa de Rincón, donde destruyó casas y condominios residenciales que, ilegal e insensatamente, fueron erigidos en la zona marítimo terrestre. El excandidato independiente a la gobernación, el ingeniero Eliezer Molina, dio la voz de alerta y con la colaboración de un puñado de residentes del sector, iniciaron una protesta para detener la reconstrucción. Alegaron que el permiso de construcción emitido por la oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) era ilegal, pues aprobaba la construcción de la edificación en zona marítimo terrestre y, además, de que en la concesión, medió corrupción por cuanto el funcionario de la OGPE que lo emitió, Idelfonso Ruiz, era socio del asesor ambiental del condominio Angel Román Mas. Molina denunció la existencia de lo que llamó el cartel de los permisos. Esa denuncia fue confirmada cuando salió a relucir que Ruiz y Román Mas son socios de la firma Purple Leaf Farms, la cual está registrada para el cultivo de cáñamo. A raíz de la divulgación de esta información, Ruiz tuvo que renunciar a su posición lo que, hasta ahora, no ha tenido ninguna otra consecuencia. En su lucha por evitar un desastre ambiental en la playa Los Almendros, Molina y otros dos manifestantes, fueron arrestados, procesados y luego exonerados.

Para colmo, poco después de hacerse la denuncia, un carey que fue a desovar en el área de la construcción, fue descubierta al quedar atrapada por varias horas dentro de las varillas colocadas en la arena donde se erigía el muro de cemento hasta el cual se extendió la edificación. El carey se convirtió en la muestra más elocuente de la ilegalidad de la construcción, que no solo ocupaba áreas de playa, que son de dominio público, sino el hábitat de una de las especies más protegidas en nuestro país y que se encuentra en peligro de extinción. La aparición del carey fue el detonante que se necesitaba para que todo un pueblo se levantara indignado y exigiera la paralización de la edificación. Varios funcionarios del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), fueron al lugar y expresaron que la construcción debía ser detenida. La final aprobación de la construcción por parte del secretario de la agencia, Rafael Machargo, en abierto incumplimiento con su deber ministerial y haciendo caso omiso a leyes, reglamentos y a las opiniones de los funcionarios de la agencia, irritó aún más al pueblo y cientos de personas acudieron al lugar a detener la construcción impidiendo, exitosamente, el depósito de cemento en el área. El gobierno, en su ya habitual defensa del interés privado, ha enviado una enorme cantidad de efectivos de la policía, incluyendo los antimotines, para enfrentar y reprimir al pueblo, más el pueblo no se amedrentó. La protesta lejos de disminuir, se fortaleció. Mientras estas y otras luchas se desarrollan, el gobernador Pierluisi disfrutaba de unas inmerecidas vacaciones, a solo siete meses de ser juramentado.

La resistencia popular fue tal que la Junta de Condóminos del Condominio Sol y Playa, decidió paralizar “voluntariamente” las obras de construcción, aduciendo que lo hacía por las amenazas recibidas de parte de los manifestantes y el acoso al que habían sido sometidos durante las protestas. Lejos de informar que habrían de suspender la obra y mucho menos reconocer que la misma es ilegal, reclamaron la defensa de su derecho a la propiedad privada. No obstante esta determinación, la lucha no ha concluido. No se puede bajar la guardia. Aun cuando Rincón no es el único lugar amenazado por los desarrolladores inescrupulosos y los gobiernos que actúan en complicidad con ellos, Rincón es hoy punta de lanza en la defensa de nuestro medio ambiente, de nuestras playas, de nuestra fauna, de nuestra flora, de nuestros abastos de agua, de nuestras tierras agrícolas. La mecha que se encendió en la defensa de la playa Los Almendros de Rincón tiene que extenderse a la defensa de la playa Jauca en Santa Isabel, al área de Playuela en Aguadilla, al reclamo por la salida de la carbonera AES en Guayama, en contra de la reclasificación de 3,000 cuerdas de terreno agrícola en el área oeste de Vieques y por la limpieza de los terrenos envenenados con material tóxico por la marina de guerra de los EE. UU y otros espacios amenazados por el desarrollismo desenfrenado y criminal. La lucha tiene que continuar en contra de todo intento de privarnos del uso y disfrute de los recursos naturales los que, por definición, son nuestros y que deben ser protegidos de los depredadores que pretenden adueñarse de lo que nos pertenece. Como en la playa Los Almendros en Rincón: ¡No Pasarán!

La autora es la presidenta Movimiento Unión Soberanista(MUS).

La peligrosa variante Delta del COVID-19

Por

carlos-perez-morales

julio 27, 2021

Una característica que tienen los virus es que mutan. Es normal que los virus evolucionen con el tiempo a través de mutaciones por lo que es de esperar la aparición de nuevas variantes. Una mutación es un cambio real en la secuencia genética del virus. Un virus modificado se denomina variante del virus original. Varias cepas de SARS-CoV-2, el coronavirus que causa la enfermedad COVID-19, han surgido en todo el mundo. Los virus mutan todo el tiempo, por lo que estas nuevas variaciones no fueron sorprendentes; sin embargo, cuando una versión modificada se convierte en una cepa dominante en una región o en una con características preocupantes, los expertos en salud pública nombran y siguen esas versiones. Muchos de los llamados mutantes SARS-CoV-2 muestran modificaciones en la proteína de pico, que el virus usa para adherirse e invadir las células humanas. Como tal, las diversas mutaciones genéticas en algunos casos han aumentado la transmisibilidad e incluso posiblemente la gravedad de la enfermedad asociada con esas variantes particulares. Según los datos del Reino Unido, la variante Delta es aproximadamente un 60% más transmisible que la variante Alfa, que anteriormente se llamaba B.1.1.7. Alpha, a su vez, más transmisible que la cepa previamente dominante en el país.

De acuerdo con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés), la variante Delta representaba el 99% de los casos de COVID-19 en el Reino Unido. según Public Health England. Además, se prevé que represente el 90% de los casos en Europa a finales de agosto, de acuerdo con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés). En Estados Unidos la variante Delta ya alcanzó más del 50% de los casos de contagios aparecidos recientemente.

Las variantes pueden presentar una o varias mutaciones. Las mutaciones pueden aumentar la transmisibilidad del virus, aumentar la gravedad de la enfermedad o influir en la eficacia de las pruebas diagnósticas, los tratamientos o las vacunas. Cuando estas variantes aumentan el riesgo para la salud humana, se consideran variantes preocupantes. Cuando hay muchas infecciones en una población, la probabilidad de que el virus mute aumenta. El SARS-CoV-2) ha mutado en múltiples ocasiones. Algunas de estas mutaciones han sido denominadas por la Organización Mundial de la Salud utilizando el alfabeto griego. Una variante del SARS-CoV-2 con cambios genéticos que se predicen o se sabe que afectan las características del virus, tales como transmisibilidad, gravedad de la enfermedad, escape inmunológico, escape diagnóstico o terapéutico. La variante Delta ha sido identificada como que causa una transmisión comunitaria significativa o múltiples grupos de COVID-19, en varios países con una prevalencia relativa creciente con un número creciente de casos a lo largo del tiempo u otros impactos epidemiológicos aparentes que sugieren un riesgo emergente para la salud pública mundial.

Hay preocupaciones, particularmente en el Reino Unido y Estados Unidos, de que la variante Delta podría dar lugar a otra ola de COVID-19, retrasando así los esfuerzos nacionales e internacionales para aliviar las restricciones a la pandemia.

Afortunadamente todas las vacunas disponibles en el mercado farmacéutico son eficaces contra todas las variantes surgidas hasta hoy. Por tal razón es un imperativo vacunarse lo más pronto posible.

*El autor no es un profesional de la salud, pero este artículo está escrito utilizando fuentes científicas.

#S.O.S. América

Por

Rebelion

julio 27, 2021

Por Andrés Sal.lari

El asesinato del presidente de Haití, Juvenel Moïse, ofrece una serie de elementos que bien vale valorar desde una perspectiva continental, ya que sientan un peligroso precedente de gran impacto institucional y psicológico.

Como podremos observar en el desarrollo de esta columna, distintos espacios de la derecha y la ultraderecha americana con posibilidades de acceso al poder por vías que pueden ser democráticas o no, se acercan peligrosamente a sectores que no dudan al momento de apostar por la eliminación física de sus adversarios, la lógica incluye invasiones de mercenarios contra sus propios territorios, planes que solían impulsarse en el marco de la Guerra Fría pero que ya parecían haber quedado en los anales de la historia.

Adicionalmente sigue observándose –tal como en los años de plomo- que toda esta maraña fascista resulta incentivada por apoyos que van desde vistos buenos hasta involucramientos financieros, logísticos y culturales provenientes de distintos estamentos de la institucionalidad y/o la sociedad estadounidense. Demasiadas poderosas energías al servicio de la promoción y/o naturalización de estas acciones extremistas.

Magnicidio

El 7 de julio Moïse es asesinado de 12 balazos en su residencia, donde por lo menos 26 mercenarios colombianos entraron como Juanes por su casa disfrazados de agentes de la DEA. Dos estadounidenses de origen haitiano los acompañaban como traductores y otros tres resultaron detenidos posteriormente.

Hay varias versiones sobre estos hechos, las publicadas más recientemente incluyen a asesinos haitianos. Se publicó que Moïse fue salvajemente torturado porque se habría negado a firmar su renuncia, su cuerpo tenía un brazo y una pierna quebrados.

El testimonio de su esposa podría poner en duda la tortura previa: “En un abrir y cerrar de ojos, los mercenarios entraron corriendo a mi casa y mataron a mi esposo”.

Otras publicaciones aportaron detalles adicionales: el cuerpo de Moïse fue hallado en su dormitorio con heridas de bala en la frente, el pecho, la cadera y el abdomen y con el ojo izquierdo arrancado, una práctica relacionada con el vudú, para evitar que el asesinado te pueda ver desde el otro mundo. Esta mutilación podría también ser un método de tortura pero no es habitual en la lucha contra la guerrilla colombiana.

Algunos mercenarios declararon que no tenían intenciones de asesinar al presidente, aseguraron que ingresaron a su residencia en horas de la madrugada para ejecutar una orden de detención en su contra.

El grupo de sicarios fue contratado por la empresa de “seguridad” CTU Security con sede en Miami; es propiedad del ultraderechista venezolano, Antonio Enmanuel Intriago Valera.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció tener «algunos indicios» de que CTU «estuvo involucrada en todos los eventos logísticos» en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, ocurrido el 4 de agosto de 2018.

Rodríguez aseguró que Intriago tiene una vinculación con el mandatario colombiano, Iván Duque, con quien participó en la organización del concierto que se realizó en Cúcuta en 2019, denominado Venezuela Aid Live, una iniciativa de Washington para desestabilizar a Venezuela.

La Presidencia de Colombia negó la presunta vinculación del mandatario con Intriago y que ambos se hayan encontrado en un evento el 10 de febrero de 2018, en Miami, Florida, al que acudieron más de 1.200 personas.

Duque se refirió al hecho y declaró que a la mayoría de los colombianos involucrados en el operativo se les dijo que iban como guardaespaldas, pero que un grupo más pequeño de ellos tenía conocimiento detallado de los planes de asesinato. Dijo que la información se basó en el testimonio de hombres que fueron reclutados y finalmente no fueron, así como de un sujeto que había ido a Haití y regresó a Colombia antes del homicidio.

Uno de los mercenarios resultó ser primo de Rafael Guarín, consejero de Seguridad del presidente colombiano. Guarín aclaró que no lo conoce, que es hijo de uno de los 10 hermanos de su padre.

Un haitiano estadounidense de 63 años con aspiraciones presidenciales aparece entre los principales autores intelectuales del magnicidio. Christian Emmanuel Sanon, médico físico y pastor evangelista. Relata el dueño del hotel donde Sanon se hospedó en junio rodeado de escoltas colombianos, que el hombre se la pasaba rezando y rezando mientras planificaba el complot secretamente. En la lista de acusados también aparece un ex senador, John Joel Joseph.

Los conspiradores planificaban pagar las cuentas de la expedición con activos del estado haitiano una vez derrocado el presidente, tal como se proponían los mercenarios contratados por el presidente designado desde Washington para Venezuela, Juan Guaidó, en la llamada Operación Gedeón.

¿Una nueva doctrina?

El 3 de mayo de 2020 un grupo de mercenarios capitaneados por un ex marine estadounidense desembarcó en Venezuela con el declarado propósito de detener al presidente Nicolás Maduro. Se la llamó Operación Gedeón. Cinco semanas antes el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, había estimulado el imaginario de los aventureros al ofrecer recompensa de 15 millones de dólares a quien “facilite información para lograr el arresto” de Maduro.

Las autoridades estadounidenses colgaron un aviso en las redes patrocinado por la DEA, como en las mejores épocas del lejano oeste. La invasión fue totalmente desarticulada.

La empresa encargada para esa misión había sido Silvercorp, también con sede en la Florida. Los combatientes se entrenaban en la Guajira colombiana, muy cerca de la frontera con Venezuela, con total conocimientos de los servicios de inteligencia del gobierno de Duque. Un ex Boina Verde que lideró la fallida invasión y permanece detenido en Venezuela aseguró que la operación fue autorizada por la Casa Blanca de Donald Trump. La administración del entonces presidente negó cualquier vinculación.

En noviembre de 2019 también quisieron “detener” y hacerle firmar la renuncia a otro presidente latinoamericano, Evo Morales. Esa vez el redactor de la carta fue un líder cívico de Santa Cruz de la Sierra que pocos días antes había recomendado seguir los métodos de Pablo Escobar a sus enfervorizados seguidores. La encargada de ejecutar la orden de detención era la policía boliviana pagada por ese referente “cívico”, hoy gobernador departamental.

Moïse es la prueba de lo que hubiera sucedido con Morales sino hubiera sido protegido por los campesinos del Trópico de Cochabamba y por líderes como Alberto Fernández y AMLO en las horas previas y posteriores al anuncio de su renuncia.

Seis meses más tarde de esos hechos que derivaron en un golpe de Estado, el principal asesor comunicacional de aquella gesta democrática, transformado en Ministro de Defensa de los golpistas, comenzó a negociar una invasión de mercenarios –vía Miami- idéntica a las mencionadas con anterioridad, para evitar que el MAS regrese al poder (las grabaciones están disponibles en la web). La idea de Fernando López era instalarse él mismo en la presidencia. Hasta hoy permanece prófugo de la justicia y es protegido por el gobierno de Jair Bolsonaro.

El propio clan Bolsonaro fue salpicado por su probable vinculación con el grupo parapolicial que acribilló a la concejala Marielle Franco en mayo de 2018 en Río de Janeiro. En particular el actual senador Flavio Bolsonaro aparece relacionado con el principal acusado del crimen.

La derecha argentina no pierde pisada, es público su compromiso armado con los golpistas bolivianos y en mayo pasado Mauricio Macri se hizo presente en cuerpo y alma en Miami para asistir a un encuentro organizado por el masacrador boliviano Carlos Sánchez Berzaín, activo conspirador vinculado desde hace casi 30 años a la inteligencia estadounidense y responsable directo de ordenar la represión que costó la vida a decenas de ciudadanos en el altiplano boliviano durante la llamada Guerra del Gas en 2003.

En Miami Macri se parqueó demasiado cerca de la ultraderecha paramilitar. Y su sucesora Patricia Bullrich no tiene la menor intención en perderle pisada.

El 29 de noviembre de 2019 (el golpe había sido el 10) el citado ministro Fernando López fue recibido en la embajada argentina en el marco de un acto de despedida al agregado naval del gobierno de Macri en La Paz. Las fuentes indican que hubo clima de algarabía entre los uniformados de ambos países -las mismas fuentes indican que la algarabía no habría sido compartida por el embajador jujeño Normando Álvarez, quien aparece en la foto con gesto de pocos amigos-. Existen versiones encontradas sobre la postura asumida por el citado funcionario en torno al golpe.

Al revelar el plan de invasión mercenaria planificado por López en Bolivia, la revista The Intercept informó sobre una comunicación en la que los organizadores evidenciaban un seguimiento a Evo Morales durante su exilio en Buenos Aires y comentaban una mudanza realizada en esos días en la localidad de La Lucila.

“Qué macana. Qué macana que se nos ha ido nuestro amigo Evo de este lugar. Qué pena”, dice uno de los paramilitares que habría formado parte del ejército de Estados Unidos. “Vamos a tender las redes para ver por dónde anda”, responde otro. “En algún lado está”.

Imposible que no venga a la cabeza el nombre de Juan José Torres, ex presidente de Bolivia asesinado en Buenos Aires el 2 de junio de 1976.

A este nivel de referencias nos está llevando la ultraderecha continental.

Ya han pasado 5 años desde que Rafael Correa hablara de un nuevo Plan Cóndor regional y el azote no podía no alcanzarle, condenado e inhabilitado de por vida para ser candidato. Como el equipo de fiscales no pudo encontrar pruebas en su contra, lo sentenciaron por haber “influido psíquicamente” en sus subalternos para que cometan actos de corrupción. Sus perseguidores también pertrecharon a los golpistas bolivianos.

Jovenel Moïse

El asesinado presidente de Haití no era un líder progresista, de hecho había contado con el apoyo de Donald Trump, pero es importante agregar algunos apuntes sobre lo sucedido.

Al menos 7 de los ex militares colombianos que participaron en el magnicidio recibieron entrenamiento del Ejército de Estados Unidos, lo confirmó el Pentágono.

Uno de los sicarios que resultó muerto durante el magnicidio, Duberney Capador, fue señalado como uno de los cerebros del operativo. Ex militar experto en contrainsurgencia; su hermana informó que había hecho un curso de Derechos Humanos en Estados Unidos.

El general Jorge Luis Vargas, jefe de la policía colombiana, informó en base al testimonio de dos mercenarios que estos habían sido contactados inicialmente para integrar servicios de seguridad a personas ricas y poderosas.

Tres días antes del magnicidio habría habido un cambio de planes sobre el pedido de renuncia y detención a Moïse y un ex funcionario del Ministerio de Justicia, Joseph Félix Badio, que trabajó en la unidad de lucha contra la corrupción con el servicio general de inteligencia, le indicó a los mercenarios que la misión en realidad era asesinar al Presidente.

Según CNN los mercenarios llegaron disparando al aire y gritando, en inglés: «¡Operación de la DEA! Todo el mundo atrás!», mientras avanzaban por una calle hacia la residencia presidencial en el exclusivo distrito de Petion-Ville, de Puerto Príncipe.

El organismo negó enfáticamente haber participado en la acción mientras el jefe de la policía colombiana declaró que el plan inicial era detener al presidente para ponerlo a disposición de la DEA. La policía de Haití informó que los sospechosos llevaban gorras de la DEA y un documento que pretendía ser una orden de arresto.

Tras consumar el asesinato uno de los sicarios se comunicó con un agente de la DEA en Haití, se informó que este funcionario del gobierno de Estados Unidos lo instó a que se entregara a las autoridades locales.

Washington confirmó que ese agente de la DEA y otro funcionario del Departamento de Estado, proporcionaron información al gobierno haitiano que ayudó para la entrega y el arresto de ese sospechoso y de otro individuo.La DEA también admitió que otro de los mercenarios fue “en ocasiones, una fuente confidencial” de la agencia.

En base a los vínculos aceptados públicamente, resulta por demás improbable que la organización de estas acciones se haya perpetrado sin el conocimiento de los servicios de inteligencia estadounidenses.

El 10 de julio primer ministro interino, Claude Joseph, pidió a Estados Unidos la intervención de sus tropas militares para estabilizar la situación. Hay especulaciones acerca de la participación de Joseph en el asesinato. No cuenta con consenso dentro del grupo de países con más influencia en Haití por lo que fue reemplazado por Ariel Henry, quien debe convocar a elecciones.

El 14 de julio el canciller de Estados Unidos, Antony Blinken dialogó con el secretario General de la OEA, Luis Almagro y le aseguró su compromiso para “restaurar” la seguridad en Haití.

Reproducido de www.rebelion.org