CLARIDAD
El proceso político más interesante del planeta ocurre actualmente en Chile, donde 155 personas electas por el pueblo comienzan a deliberar para intentar refundar su país. El vocablo “refundación” ha sido muy usado y abusado, pero es la palabra justa para referirnos al actual proceso chileno. Si la asamblea constituyente, que comenzó el pasado 4 de julio, logra navegar el tumultuoso mar que tiene por delante, podría nacer un nuevo Estado, con noveles instituciones y nuevos criterios para la convivencia social.
Si había alguna duda de que estamos ante un proceso inédito quedó despejada al seleccionarse a Elisa Loncón como presidenta de la asamblea. La particularidad de esta elección no reside tanto en el género (77 mujeres fueron electas como constituyentes) sino en su origen. Loncón es representante mapuche, uno de los pueblos originarios históricamente marginados. También carga en su expediente con dos doctorados – de la Universidad de Lenden, Países Bajos, y la Católica chilena – y un largo historial como académica y luchadora social.
Tanto la historia chilena como las luchas que precedieron al inicio de la asamblea, presagian algunos de los obstáculos que tendrán que superarse para que hacer posible la refundación. Del lejano pasado sobresalen los reclamos de los pueblos originarios, primero esclavizados por los colonizadores y luego marginados por la oligarquía criolla que, con breves y dolorosos lapsus, ha gobernado desde que las tropas de San Martín y O’Higgins expulsaron a los españoles. Intentando comenzar a reparar ese largo historial de abusos, en la asamblea constituyentes se reservaron 17 espacios para aborígenes, pero sus reclamos, en particular de los mapuches, van más allá que esta garantía de representación.
Crear un nuevo marco institucional para la sociedad chilena, junto a una moderna carta de derechos individuales y colectivos, será el gran reto de la asamblea que comenzó el 4 de julio. Cada vez que algún periodista escribe sobre el actual proceso nos recuerda que la constitución vigente fue creación de la dictadura más avasalladora que ha sufrido Chile, la de Augusto Pinochet. A pesar del medio centenar de enmiendas implantadas al legado pinochetista desde la década del ’90, entre las que sobresalen las legisladas en 2005 durante la presidencia del socialista Ricardo Lagos, el marco institucional ha cambiado poco. También, igual que en gran parte de América Latina, sigue enraizada la concepción del estado que impuso la oligarquía criolla cuando advino a la independencia hace más de dos siglos, junto a los principios económicos y sociales del capitalismo clásico y patriarcal. Romper esos nudos no será fácil.
La asamblea constituyente chilena nació de las intensas luchas sociales que estallaron en 2019, destapándose un volcán que estaba en ebullición desde la dictadura. Buscando tranquilizar la erupción las fuerzas tradicionales, controladoras del Congreso y la Presidencia, cedieron ante el llamado a un nuevo proceso político que reformara el Estado. Pensaron que, como ha ocurrido siempre, en última instancia terminarían controlando, asegurando así que los cambios no fueron mayores. Pero hasta ahora no ha sido así.
Uno de los mecanismos de control que se impuso es el requisito de dos terceras partes de votos afirmativos para poder adoptar un artículo. Ese porcentaje de votos es muy similar a lo que, de ordinario, obtiene la derecha en las elecciones presidencial, por lo que esperaban contar con poder de veto ante cualquier cambio. Pero en la consulta apenas pudieron elegir a 38 constituyentes, que representan un 24%, por lo que el pretendido veto desapareció.
Por otro lado, aunque las fuerzas progresistas representan la mayoría de la asamblea, no es una fuerza monolítica. La lucha en las calles a lo largo de 2019 creó nuevas fuerzas, que cambiaron el ambiente político tanto de la derecha como de la izquierda tradicional. La elección de Loncón con 96 votos (62%) confirma la presencia de una mayoría progresista en la asamblea que, sin embargo, tendrá que encontrar la manera de trabajar unida y de llegar a acuerdos para que la refundación de un nuevo estado chileno pueda ser posible.
Dos experiencias históricas saltan a la vista, también relacionadas con procesos fundacionales de un nuevo régimen político. La primera es la de Estados Unidos donde un grupo de constituyentes (designados por los estados, no electos) se reunió en 1787 para redactar y debatir una constitución que terminaría creando un país muy distinto al que salió de la guerra de independencia. A cada rato leemos la alabanza de que aquel grupo de delegados fue tan exitoso que el documento consensuado ha sobrevivido por más de dos siglos, pero ese reconocimiento esconde algo muy importante. En primer lugar, la constitución nació sin carta de derechos porque los delegados se preocuparon más por la estructura que por la gente. Además, ya ha sufrido 27 enmiendas directas y muchas más indirectas para poder mantenerse en vigor. En segundo lugar, aquel consenso logrado en Filadelfia nació manteniendo la oprobiosa esclavitud. Luego fue necesario pelear una guerra civil, con un costo de más de 600 mil muertos, para lograr abolirla, al menos de manera formal.
La otra experiencia histórica es la de España que, en 1978, tres años después de la muerte de un dictador igual o más sanguinario que Pinochet, pudo aprobar una constitución que todavía rige. Pero esa “carta magna” española cambió la dictadura por una monarquía en aras del consenso y, también en aras del mismo consenso, se condonaron todas las atrocidades de la dictadura. Tanto es así que hubo que esperar más de 40 años para poder sacar al dictador de su mausoleo “glorioso”, mientras sus víctimas aún siguen llenando las cunetas peninsulares.
Esas experiencias resumen muchos de los retos que ahora mismo tienen ante sí los chilenos. Tendrán de encontrar la manera de consensuar acuerdos sin perder el norte hacia la fundación de un país muy diferente al heredado.
