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Cuba suspende el depósito en efectivo de dólares para burlar el bloqueo

 

Corresponsal de CLARIDAD

 

La Habana, Cuba-Desde este lunes, 21 de enero, las instituciones financieras cubanas dejaron de aceptar el depósito en efectivo de dólares estadounidenses (USD) en sus cuentas, en concordancia con la reciente decisión del Banco Central de Cuba (BCC) de prohibir temporalmente ese tipo de transacciones.

La medida, según la alta institución financiera, es una respuesta a “los obstáculos que impone el bloqueo económico de Estados Unidos para que el sistema bancario nacional pueda depositar en el exterior el efectivo en dólares estadounidenses que se recauda en el país”. La nueva determinación no atañe a las operaciones realizadas vía transferencia ni aplicará a depósitos en efectivo de otras monedas convertibles que operan en la isla.

Al anunciar la medida en el programa televisivo Mesa Redonda, la presidenta del BCC, Marta Sabina Wilson González, se refirió a las dificultades que está enfrentando Cuba para hacer uso en el mercado internacional del dinero recaudado en esa divisa.

“Se ha llegado a una situación en la que para Cuba resulta cada vez más difícil encontrar instituciones bancarias o financieras internacionales dispuestas a recibir, convertir, tramitar o procesar el efectivo en moneda estadounidense como resultado de los efectos extraterritoriales del bloqueo y de las medidas adicionales adoptadas por los Estados Unidos en los últimos cuatro años, las que, hasta el día de hoy, mantienen plena vigencia”, sostuvo la funcionaria.

La normativa llega en momentos en que, sumado a la difícil situación económica que atraviesa la isla –debido en parte a la perdida del turismo por la pandemia–, el país había comenzado a ver el auge de un mercado informal de venta de dólares estadounidenses que llegó a disparar el valor de esa moneda en las calles en casi tres veces más que la tasa de cambio oficial (1 dólar x 24 pesos cubanos) establecida por el propio BCC. A esto se añade un aumento en la inflación en los últimos meses, generado por la escasez de ciertos productos en las tiendas del país.

En la población cubana no ha faltado quien ha especulado sobre las “verdaderas razones” tras la adopción de esta medida. Por su parte, las autoridades bancarias de la nación se apresuraron a aclarar que esta “no se trata de una medida antiinflacionaria ni para recaudar USD” y han asegurado que tendrá carácter temporal.

 “La duración de esta medida –añadió la presidenta del BCC– dependerá de la eliminación de las restricciones que impiden el normal funcionamiento de los procedimientos de exportación de la moneda estadounidense”.

 Lo cierto es que, por ahora, Cuba no está en condiciones de aceptar una mayor entrada de dólares en efectivo a sus entidades bancarias. Turistas y visitantes del extranjero tampoco estarán exentos y previo a su llegada deberán adquirir otro tipo de moneda que no sea el dólar para operar en el país.

 Una situación mucho más crítica

 En entrevista para CLARIDAD, el periodista cubano especializado en temas de Economía, Ariel Terrero, habló del alcance de la decisión del BCC y recordó que ya en el pasado las condiciones de bloqueo económico y financiero contra la isla habían obligado a una medida similar.

“Cuba ya lo aplicó una vez en el 2004 cuando estableció un gravamen del 10% a la entrada de dólares en efectivo. Ese gravamen fue muy polémico también, pero logró que una parte de las remesas en efectivo vinieran en otra moneda, y los turistas, si traían dinero en efectivo lo traían en otra moneda convertible que no fuera el dólar.”

Terrero advierte, sin embargo, que en esta ocasión la situación es “mucho más crítica” y subrayó que “el origen de todo el problema, no lo niega nadie que se respete”, es el bloqueo de los Estados Unidos.

Actualmente, Cuba posee “una cantidad desproporcionada de efectivo” con el que no puede contar para transacciones en el exterior, pues en el mercado global de hoy prácticamente ningún banco acepta dinero “cash” –y a los pocos que han osado hacerlo les ha caído el castigo de Washington.

Según el BCC, 24 bancos de terceros países cerraron sus operaciones con Cuba durante los cuatro años de la pasada administración de Donald Trump y 12 bancos extranjeros fueron penalizados con multas multimillo­narias por violar las regulaciones estadounidenses y negociar con la mayor de las Antillas.

Esto no es todo, a mediados del año pasado y con el propósito de cortar el flujo de remesas a la isla, el Departamento de Estado de EE.UU. incluyó a las empresas Fincimex y American International Services (AIS) –instituciones financieras designadas por el gobierno cubano para gestionar el envío de remesas– en su lista de entidades cubanas restringidas.

“Ese conjunto de medidas se combina con el efecto extraterritorial del bloqueo, agravado en los últimos años por las listas ilegítimas y difamatorias, tanto del Departamento de Estado, como del Departamento del Tesoro”, sentenció el director general de relaciones exteriores de Cuba para Estados Unidos, Carlos Fernández de Cossío, al referirse a la inclusión de su país en la lista del gobierno norteamericano de países patrocinadores del terrorismo.

 Nuestro pueblo y la comunidad internacional –añadió de Cossío– conocen que el propósito del bloqueo es causar daño a la economía cubana, asfixiarla. Con ese fin, procura deprimir los ingresos y el nivel de vida de la población”.

 Acostumbrarse a vivir en bloqueo

 Contrario a lo que han vaticinado algunos economistas y analistas en redes sociales, el periodista Terrero no piensa que la solución del BCC tenga un efecto antiinflacionario en la economía “porque –explicó– lo que determina la inflación que hay hoy es la situación crítica de la economía, el desabastecimiento del comercio minorista”.

“Estamos en una situación anómala, producto de la contracción de casi a cero del turismo, que era la principal exportación después de los servicios médicos. En una economía, se cae una de sus principales actividades económicas casi a cero y colapsa”, sostuvo el profesional de la comunicación.

Terrero tampoco sigue la línea de agoreros que apuntan a la restricción del depósito en efectivo de dólares estadounidenses para culpar al gobierno de los padecimientos de la población.

“Yo creo que se ha exagerado un poco el posible agravamiento de la situación por esta medida. Obviamente, crea algunas dificultades, como el que la gente tenga que estar asumiendo el costo del cambio de la moneda […] Yo no creo que vayan a disminuir mucho las remesas desde el exterior, porque la remesa es una motivación familiar que busca la gente para apoyo de la familia”.

En concreto, sobre la medida del BCC, Terrero insinúa que su carácter temporal pudiera extenderse más de lo esperado, teniendo en cuenta la poca voluntad de la administración Biden en retomar las relaciones con su país vecino.

“Cada vez se lee más que Cuba tiene que acostumbrarse a que va a vivir siempre con bloqueo y que cuando diseñamos políticas, programas, medidas, tenemos que hacerlas sabiendo y contando con que este es un país bloqueado.”

“¿Es real que vamos a ser siempre un país bloqueado? –se pregunta– Es un poco pesimista, pero no le falta alguna razón, porque puede cambiar un presidente en Estados Unidos pero evidentemente no basta con eso.”

Cabe recordar que con el acercamiento entre ambos países durante la era Obama se aliviaron muchas políticas, pero poco o nada en materia económica cambió del bloqueo.

“No basta con que llegue un presidente de buena voluntad y de buenas ínfulas que venga a acercarse a Cuba y a salir hasta en un programa humorístico cubano jugando dominó con los artistas cubanos. Con Obama se dieron una serie de pasos importantes para una normalización de relaciones, pero no se eliminaron las medidas de bloqueo en el tema financiero, recordó a este periódico.

Resta entonces la pregunta: ¿Podemos desarrollarnos en Cuba con bloqueo, sí o no? Ese es el desafío.

Ariel opina que sí y argumenta que “ya se están dando pasos importantes” en ese camino, “pero todavía se pueden hacer muchas cosas más si se hacen en un panorama económico favorable desde otro punto de vista que no es el de la pandemia.”

Francisco (Paco) Guzmán 

Con profunda pena, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido compañero y abogado  Francisco (Paco) Guzmán, quien fuera por muchos años un luchador indispensable en los múltiples frentes de nuestra lucha patriótica. Siempre colocó la libertad de nuestra Patria entre sus primeras prioridades, defendiendo en los tribunales a las y los perseguidos políticos y discriminados, y participando activa y entusiastamente en todas las tareas patrióticas que se le encomendaron.
Durante muchos años presidió el Comité Organizador del Festival de Apoyo a CLARIDAD y su presencia conciliadora y cálida fue muy valiosa para la celebración exitosa del 50 aniversario de nuestro periódico.
Nos unimos en solidaridad con su familia y numerosos amigos y allegados, y siempre recordaremos a Paco con cariño y agradecimiento por la firmeza y convicción con que vivió y luchó.
Junta Directiva y Colectivo de Trabajo de Claridad, Periódico de la Nación Puertorriqueña
Reunión preparatoria para la celebración del 50 Aniversario. Foto: Pucho Charrón

En vísperas de votación en la ONU, cubanos vuelven a marchar contra el bloqueo

Luis De Jesús Reyes

Corresponsal de CLARIDAD

 La Habana, Cuba-En vísperas de la votación en la Asamblea General de las Naciones del proyecto de resolución que pide el cese del bloqueo estadounidense contra Cuba, cientos de personas participaron este domingo, 20 de junio, de la más reciente edición de la ‘Caravana Contra el Bloqueo’ en las provincias de Matanzas y Holguín.

Con pancartas y camisas que leían “Cuba Contra el Bloqueo”, “#NoMásBloqueo” y el “Bloqueo es un crimen”, en las calles, a bordo de embarcaciones o desde paracaídas, matanceros dijeron presente en la cuarta edición de esta caravana mundial, que busca llamar la atención sobre los efectos de las políticas hostiles de Washington contra el pueblo cubano.

Mientras tanto, en la provincia de Holguín, cientos también se sumaron a las acciones anti-bloqueo con una bicicletada que recorrió las principales calles de esa ciudad.

La víspera, sendas concentraciones para condenar las agresiones del gobierno estadounidense también tuvieron lugar en diversas ciudades en Irlanda, España, Reino Unido, Nueva Zelanda, Italia y Australia, entre otros países.

El próximo miércoles, 23 de junio, la Asamblea General de la ONU votará por vez 29° la resolución sobre la ‘Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América contra Cuba’.

Como en previas ocasiones, se espera que el proyecto sea aprobado por la gran mayoría de países miembro, dejando una vez más al descubierto el amplio rechazo internacional a una medida injerencista y extraterritorial, que ya cumple seis décadas de vigencia y que viola las leyes internacionales.

La medida fue votada por última vez en 2019 –debido a la pandemia, la resolución no fue discutida en 2020– y en esa ocasión fue aprobada con 187 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. Los votos en contra fueron de Estados Unidos, Israel y Brasil; las abstenciones fueron de Colombia y Ucrania.

Un gran signo de interrogación está sobre la mesa en la votación de este año. Excepto 2016, cuando se abstuvo durante el mandato del expresidente Barack Obama, el gobierno estadounidense siempre ha votado en contra de la medida. Con la presidencia del Demócrata Joe Biden, quien ya ha dicho que Cuba no está entre sus prioridades y quien recientemente renovó la decisión de su antecesor Donald Trump de incluir a la isla en su lista de países patrocinadores del terrorismo, la postura de Washington es hoy una incertidumbre.

URGENTE ELIMINAR EL BLOQUEO A CUBA

 En casi 60 años de bloqueo, Cuba ha sufrido pérdidas por el orden de 144 mil 413 millones de dólares, que le han impedido avanzar en su desarrollo económico y social. Sólo en el período que comprende de abril de 2019 a marzo de 2020, la mayor de las Antillas perdió 5 mil 570 millones de dólares, debido al bloqueo, según un informe presentado por el gobierno cubano.

“Habría que ver cómo otra economía pudiera haber reaccionado ante este escenario. No creo que quedaría otra alternativa que el neoliberalismo, el desempleo y la inflación galopante”, analizaba recientemente el ministro de Economía de la isla, Alejandro Gil Fernández.

En reiteradas ocasiones bloques de países como el Grupo de los No Alineados, el G77 más China, la CARICOM o la Unión Europea han pugnado por el “levantamiento sin dilación” de lo que han catalogado como una “política obsoleta”, considerando que tiene un alto impacto humanitario en la población cubana, además de que impide que ese país alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible trazados por la ONU.

Los defensores de eliminar esa política han coincidido también en la urgencia de derogar las leyes de efecto extraterritorial como la Ley Helms-Burton, que afecta la soberanía de otros Estados, los intereses legítimos de entidades o personas bajo su jurisdicción y la libertad de comercio y navegación.

 

 

 

 

 

Abrazo eterno para Juan Forn

Un gran escritor ha muerto. Un gran tipo. Queríamos publicarlo en En Rojo y la directora de CLARIDAD lo contactó. «Publicá todo» dijo. Nunca lo conocimos pero era nuestro querido y admirado amigo. Ojalá pueda uno tomarse un café en un mundo alterno, en un cielo como el que describía Swedenborg.

La Junta Directiva y el Colectivo de CLARIDAD sienten el duro golpe por el que están pasando los y las colegas de Pagina 12 ante la muerte inesperada del escritor Juan Forn. Un abrazo eterno.

Foto tomada de www.pagina12.com.ar

¡Once recintos, una UPR!

 

 

Por Cándida Cotto

ccotto@clariddpuertorico.com

Estudiantes, docentes, empleados no docentes, exalumnos y aspirantes a llegar a la Universidad, en fin, una amplia diversidad de miembros de la sociedad puertorriqueña marchó este pasado viernes 11 de junio —por cierto, Día de la Bandera Puertorriqueña—en defensa de la permanencia de la Universidad de Puerto Rico con sus once recintos.

Al son de consignas como “La UPR no se vende, la UPR se defiende” y  “Once recintos, una UPR”, una entusiasta multitud salió pasadas las cuatro de la tarde en marcha, desde el frente del Capitolio hasta los portones frente a la Fortaleza bajo una persistente lluvia, para exigir la restitución del presupuesto de la UPR y la permanencia de los 11 recintos.

El plan fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal (JCF) le asignó un presupuesto a la UPR de $407 millones para este año. Este presupuesto, denunció el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Ángel Rodríguez Rivera,  es menos de la mitad del presupuesto que le corresponde por ley a la UPR. “Este último recorte de 94 millones es insostenible, y muchos recintos corren peligro de quedar inoperantes como instituciones educativas en Puerto Rico”.

Frente a la postura de la JCF, la APPU, la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (HEEND) y el estudiantado abogan y exigen la aprobación del proyecto del Senado PS 172 para una nueva ley universitaria. “Este proyecto eliminaría el abuso que tiene la JCF con la Universidad, al volver a la fórmula presupuestaria.” dijo  Rodríguez Rivera.

Tanto la APPU como la HEEND y el estudiantado denunciaron que quienes únicamente se oponen al PS 172 son el presidente de la UPR, algunas personas de la Junta de Gobierno y los rectores, que son los puestos de confianza.  Trajeron a la atención, además, que el gobernador  tiene el poder de  proteger la Universidad si la declara servicio esencial. “Por  eso decimos que él habla mucho, pero en la acción no hace nada, porque si él quisiera proteger la UPR la declararía servicio esencial y respetaría la Ley 2 que garantiza el 9.6 % del Fondo General.  Si al país le va bien, tenemos más presupuesto; pero si le va mal, tenemos menos presupuesto”.

En tanto, aun cuando el gobernador asignó los $94 millones, la comunidad universitaria denunció y aclaró que esta asignación no resuelve el problema presupuestario debido a que fueron restringidos  a un fondo especial, dejando el mismo resultado neto para los recintos.

“Pierluisi cree haberlo resuelto todo sacando unos fondos especiales, que son como ponerle una curita a una herida de bala, porque no protegen el presupuesto y el resultado neto para los recintos es el mismo. Los recortes siguen abonando al deterioro de las condiciones de trabajo de las empleadas y los empleados de la Universidad. La situación presupuestaria de la UPR ha provocado que elementos fundamentales en nuestro convenio colectivo, como el plan médico, derechos de maternidad, exenciones de matrículas para hijos de empleadas y empleados y nuestro sistema de retiro se vean trastocados”.

El presidente de la APPU afirmó a CLARIDAD que la administración universitaria tampoco ha dicho para qué o cuál va a ser el uso de ese fondo restricto. Respecto a los presupuestos de los recintos, señaló que, por voz de los propios rectores, le han dicho que ni siquiera dan atención a lo que plantean las rectorías, que es la Administración Central con la Junta de Gobierno quienes  determinan qué cantidad de dinero se les va a dar a cada  recinto. “En muchas ocasiones, los rectores nos han planteado en reuniones de los consejos académicos y juntas universitarias que no entienden la fórmula para concederles el presupuesto. ¡Es un misterio!”

En tanto, el reclamo de “Once recintos, una UPR”, no solo viene por la falta de presupuesto, sino por la insinuación expresa por parte de la secretaria de la gobernación, Noelia García Bardales, de vender algunos recintos.  En un audio que circuló en las redes sociales días antes de la marcha se escucha a García Bardales decir: “¿Por  qué tenemos 11 recintos, por qué no cuatro y vendemos tres y recaudamos dinero y concertamos … digo, estoy aquí pensando a lo loco, como si esto fuera mi compañía”.

De inmediato, el gobernador Pierluisi defendió que las expresiones de la Secretaria de la gobernación habían sido sacadas de contexto.

La estudiante Marina Rodríguez, representante ante la Junta de Gobierno del Recinto de Río Piedras, desmintió en la conferencia de prensa en la que se anunció y convocó la marcha el que la secretaria de la gobernación hubiera sido sacada de contexto: “El contexto está claro. Yo estuve presente en la reunión y entiendo que no fue sacado de contexto, como está diciendo el gobernador Pierluisi”.

Agregó que la reacción de los estudiantes presentes fue tomar la propuesta como inaceptable, “porque no vamos a permitir que se cierre ningún recinto ni que se cierren cuatro o tres. No podemos creer que vean a la Universidad como un negocio, como una compañía. O sea, la educación la ven como una compañía, así que ya sabemos cuáles son las intenciones del Gobierno de Pierluisi y le decimos que no lo vamos a permitir”. Dijo que la única reforma que los estudiantes van a permitir es la reforma universitaria de cómo se maneja la universidad y como la dirigen, en referencia al PS 172.

Rodríguez reveló que luego de la contestación, la secretaria siguió con otros temas y fue brincando de una cosa a otra y a veces la encontraron como un poco perdida. Habló sobre la situación de los docentes, que había que quitar las exenciones. La estudiante tuvo que aclararle que las exenciones ya no existen. Para ella, la conducta de la Secretaria de la gobernación revela su desconocimiento de lo que ocurre en la UPR y de cómo opera esa institución.

Por su parte, el  presidente de la APPU agregó que no hay una sola razón académica que se haya presentado para justificar el cierre de cualquiera de los recintos. Todas las razones que se han esbozado para el cierre están ligadas siempre al recorte presupuestario que se le ha impuesto a la Universidad.  “No hay una sola razón académica. Si nos dieran alguna razón académica, se tendría que estudiar con la comunidad académica, con la comunidad universitaria. Sin embargo, en ninguna de las instancias se ha planteado vamos a cerrar recintos porque el recinto no funciona bien, vamos a cerrar recintos porque la educación no es de calidad. Esas no son condiciones para cerrar recintos, esas son condiciones ligadas a un proceso impuesto por la JCF”.

Rodríguez además censuró la postura del presidente Haddock de justificar el aumento de $164 por crédito decretado también por la JCF. “Lo increíble del caso es que el presidente hizo declaraciones públicas argumentando que todavía no estaba igual que las universidades privadas”. Acotó que el parámetro debe ser si todavía sigue siendo una universidad accesible para la población.  Aun cuando reconoció que puede haber una baja en matrícula por diversas razones, señaló que en el sistema hay  una reducción considerable. Precisó que, por ejemplo, en el Recinto de Río Piedras, en 1988 había 21 mil estudiantes;  hoy son 13 mil. Cuando comenzó a dar clases para esa misma fecha en el recinto de  Cayey, había 4 mil. Este semestre hay 2,200, lo que es una reducción considerable. En cuanto a los docentes por contrato, la administración nunca ofrece los números exactos, pero pueden estar cerca del 40 % de todos los profesores del sistema.

Un ejemplo de lo anterior nos lo presentó la estudiante Brenda Ferrer, presidenta del Consejo General de Estudiantes del recinto de Aguadilla. La joven compartió con CLARIDAD que Aguadilla es un recinto pequeño  con 2,140 estudiantes y es uno de los que más se afectaría con el recorte de presupuesto, aunque hay otros, como el de Utuado. Añadió que la capacidad operacional de Aguadilla se vería afectada porque son más los profesores que están por contrato. Actualmente, hay 88 profesores con plaza permanente y 75 bajo contrato, mientras que en el 2015, había 176 permanentes y 71 por contrato.

La mayoría de los estudiantes del recinto proceden de pueblos aledaños como Moca e Isabela. “Por   eso es importante que los 11 recintos se mantengan. Están en áreas estratégicas. Por algo la población estudiantil de Aguadilla en el 2015, un 80 %, no se hospedaba, era de pueblos aledaños. No todo el mundo cuenta con los recursos para ir a San Juan o Mayagüez, por eso es importante que los 11 recintos se mantengan”.

Añadió que en este año, el 95 % de los estudiantes de Aguadilla fueron recipientes de la beca Pell, lo que significa que se encuentran en nivel económico excepcional, bajo los niveles de pobreza: “La mayoría de los estudiantes venimos de bajos niveles de pobreza”.

Alejandra Rodríguez Aponte, presidenta del CGE del recinto de Carolina, dijo que el recorte de presupuesto le deja al recinto  un déficit de $4 millones que no les daría para gastos operacionales. En el caso de los estudiantes, expresó que ya hay muchos que no puede costear la matrícula con la beca. Debido a que Carolina tiene un sistema de cuatrimestre, pagan matrícula cuatro veces, y hay cursos que requieren bastantes laboratorios.

La estudiante de Justicia Criminal indicó que se tuvo que hacer un reajuste en lo que serían algunos  cursos por trimestre. Eso significa que se atrasan  con el alza de matrícula de ahora.  La población estudiantil  en estos momentos ronda entre los 1,300 a 1,400, y en  este cuatrimestre, por primera vez en tres años, tienen un alza en estudiantes de nuevo ingreso.

Las dificultades para terminar un bachillerato parecen extenderse a todos los recintos. La presidenta del CGE del recinto de Río Piedras reafirmó que es difícil terminar un bachillerato en cuatro años y que aunque las facultades más afectadas son Humanidades y Educación, la falta de oferta académica ya se ha generalizado.