CLARIDAD
Las protestas contra el contrato de LUMA Energy continuaron este lunes siete de junio. Esta vez, con ocupación por espacio de una hora y media del vestíbulo del edificio Seaborn, en Hato Rey, donde ubican las oficinas de la Junta de Control Fiscal (JCF). Las manifestaciones, enfrentamientos entre personal de LUMA Energy y extrabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), de ciudadanos y campamentos frente a instalaciones claves, como la central eléctrica Monacillo en San Juan y la planta de Palo Seco en Cataño, en Utuado y en Caguas marcaron el inicio de la toma por LUMA Energy de la operación del Sistema de Transmisión y Distribución de la AEE. Ante esto, la empresa acudió al tribunal en busca de un interdicto que prohíba las manifestaciones.
El viernes cuatro de junio, el juez Alfonso Martínez Piovanetti concedió un interdicto provisional a favor de LUMA para que tanto la UTIER (Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego), su presidente, Ángel Figueroa Jaramillo, y otros terceros se abstuvieran de limitar o bloquear de manera directa o indirecta el acceso a las instalaciones de la AEE o cualquier componente de su Sistema de Transmisión y Distribución.
Aunque en las manifestaciones hubo presencia de trabajadores de la UTIER, los campamentos fueron iniciativa de la Jornada se Acabaron las Promesas. El movimiento obrero también llevó a a cabo una caravana el sábado cinco de junio, la cual salió del frente de Playas pal Pueblo (antes Balneario de Carolina), que recorrió la avenida Isla Verde, el área de Ocean Park, y El Condado, hasta llegar al Viejo San Juan.
“Vamos a seguir manifestándonos, vamos a seguir en la calle como nos hemos manifestado consistentemente en los pasados días. La única opción que el Gobierno le ha dejado a la gente es tirarse a la calle; no nos ha dejado otra alternativa. Se le dieron opciones a través de la Legislatura al Ejecutivo, y ellos se han dejado llevar por el mollero que le está metiendo la Junta de Control Fiscal. El contrato de LUMA tiene que ser revertido y la AEE tiene que volver a manos de las y los puertorriqueños”, expresó a CLARIDAD Jocelyn Velázquez, portavoz de Se acabaron las Promesas.
Velázquez catalogó de falta de respecto al pueblo de Puerto Rico la orden del juez, ya que limita nuestro derecho a libre expresión. Afirmó que no tienen vislumbrado dejarse llevar por ningún mecanismo legal ni por pautas impuestas a sus manifestaciones. Respecto a la preparación dirigida a un paro nacional, dijo que por parte de la Jornada ya están sentando las bases y orientando a la gente a que entienda la gravedad de lo que está pasando con el contrato de LUMA.
“Yo creo que si seguimos insistiendo en el trabajo en la calle, poco a poco convenceremos al pueblo de que la única manera de revertir este contrato y todas estas medidas de austeridad es salir a las calles”.
La semana pasada, en conferencia de prensa, más de 15 organizaciones sindicales advirtieron tanto al gobernador, Pedro Pierluisi, como a la JCF de un paro general si no se cancela el contrato con LUMA.
En tanto, por parte de la UTIER, el presidente Figueroa Jaramillo indicó a CLARIDAD que se preparan para otras acciones y continúan haciendo presión en otros foros, como cartas a FEMA (siglas en inglés de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) y al presidente Biden, de que la privatización de la AEE viola la política pública ambiental y las leyes sobre las uniones de trabajadores.
Por otra parte, el representante legal de la UTIER, Rolando Emmanuelli Jiménez, informó que este viernes será la vista del interdicto preliminar en la cual LUMA tendrá que presentar pruebas y testigos y notificar a las partes, principalmente a Figueroa Jaramillo y a la UTIER. Dijo que entiende que es obvio que no ha habido la oportunidad de que la UTIER presente sus argumentos. No será hasta que la UTIER sea emplazada en que pueda presentar y entrar en detalles sobre los elementos a su favor. El emplazamiento es responsabilidad de LUMA Energy, y hasta que este no ocurra, no se puede ver el entredicho, el cual está vigente por solo 10 días. Respecto al hecho de que el emplazamiento no había ocurrido —al menos al momento de la entrevista—, Emmanuelli Jiménez reparó en que este es una orden del Tribunal que está en manos de LUMA exclusivamente.
Se solidarizan con un paro nacional
Mientras, las organizaciones ambientales y comunitarias que apoyan la propuesta de Queremos Sol, que han batallado contra la privatización de la AEE y el contrato con LUMA ante el Negociado de Energía (NEPR), también expresaron su solidaridad con los trabajadores de la AEE y con un posible paro nacional.
“Las organizaciones que apoyan la propuesta Queremos Sol nos solidarizamos con el pueblo trabajador y con su llamado a un paro nacional. Reiteramos el atropello y el pillaje que implica el contrato de LUMA Energy, el cual ha sido cruel e inhumano contra los trabajadores y trabajadoras de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Esta transacción es un ataque al país, en el que entregan un servicio esencial a manos privadas a la vez que lo compensan con dinero que debían asignarle al principal centro docente, institución que ha sido el motor de movilidad socioeconómica de los puertorriqueños”, declaró en comunicado de prensa Queremos Sol.
Al igual que otros sectores que rechazan el contrato, Queremos Sol acusó a los partidos políticos que han estado al mando del país de la mano de la JCF de ser los gestores de esta nefasta transacción con sistema eléctrico, “que ha venido a violentar derechos de los trabajadores y trabajadoras, a desplazar y a menospreciar el recurso humano y a negarle al pueblo de Puerto Rico una transformación del sistema eléctrico que adopte la energía renovable en techos como norte”.
La organización que impulsa el uso de energías renovables reconoció que a la AEE requiere una transformación; pero una que responda al pueblo y a los mejores intereses del pueblo y no una de lucro, como lo es el contrato de LUMA.
“LUMA no es un asunto aislado, como tampoco lo son las reducciones a la Universidad de Puerto Rico y los recortes a los pensionados. Es parte de un esquema para mantener a nuestro pueblo sometido y empobrecido. Los tiempos requieren unión y apoyo mutuo. La lucha por la trasformación sostenible y justa de nuestro país continúa”.
Otro sector que también se manifestó esta semana en contra del contrato fue la Coalición Amplia de Diversidad Funcional por la Igualdad (CADFI), la cual agrupa varias entidades que representan la población de personas con diversidad funcional, a líderes sindicales y comunitarios, amigos y familiares. La Coalición anotó que según el Censo del 2015, esa población era de aproximadamente 700,000 personas.
“Nos expresamos en contra de que se haya aprobado el contrato entre Puerto Rico y LUMA Energy. Durante la devastación ocasionada por los huracanes Irma y María y, posteriormente, por los terremotos, los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica estuvieron identificando los casos de personas encamadas y aquellas que dependían de equipo asistido para su supervivencia, y nos dieron prioridad. Muchos compañeros de nuestra población reciben subsidio y se verán afectados, esto, sumado al aumento que se avecina en los costos del servicio, será detrimental para nuestra población. Comienza la temporada de huracanes y queremos que el sistema se encuentre en manos de puertorriqueños y puertorriqueñas que conocen el mismo, y sabemos que con los recursos necesarios pueden y sabrán atender la crítica situación de energía en nuestra isla”.
