CLARIDAD
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El contrato de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con LUMA Energy implica la privatización del recurso agua del país, el cual se presume es un bien público. La AEE es la propietaria de11embalses, de los cuales se suple en gran parte la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para luego servirla a los abonados. Esta agua no es gratis, la AAA le compra el agua a la AEE, lo cual representa millones en ingresos para esta última.
Para tener una idea de lo que se trata, el planificador Félix Aponte, quien fue miembro de la Junta de Directores de la AAA, compartió con CLARIDAD el siguiente análisis:
La AEE le vende a la AAA el agua utilizando una medida llamada acre-pie, a razón de $140. 02 por acre-pie. Los contratos le facilitan a la AAA el acceso de un volumen aproximado de 65 millones de galones de agua diarios (65 mgd). El volumen de agua que contiene un acre-pie equivale a 325, 850 galones “americanos” (U.S.customary units), que para propósitos de los cálculos en la conversión de acre-pie a galones, si se redondea a 326,000, significa que el total de caudales autorizados, 64.889 millones de galones diarios, representa un total de cargo anual de $10,173,900. En otras palabras, de ingreso para la AEE.
A pesar de este aspecto tan delicado, desde el punto de vista del derecho al agua, a la vida y constitucional, en el contrato firmado por la AEE, la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AP3) y LUMA no se especifica cómo quedará esta relación.
Aponte expresó preocupación por que una situación que representa asuntos de seguridad pública con cada una de esas instalaciones se deje a la merced del mercado. “La AAA le tendría que seguir comprando el agua a LUMA”, dado el hecho de que hasta el presente tanto la AAA como la AEE son corporaciones públicas que se supone son sin ánimo de lucro; pero una vez LUMA asuma el control de la AEE, será una empresa privada.
Expuso que buena parte de las fuentes de agua del país (11 embalses) son manejadas por la AEE. La AAA es la dueña de las represas de Toa Vaca, Carraízo y La Plata, que son los embalses grandes. La AAA además es dueña del retorno del embalse de Fajardo y de Naguabo, que son fuera del cauce del río por donde se desvía el agua hacia un estanque. Este último no está en uso para la producción de agua. Las demás fuentes de agua son parte del sistema de los tres distritos de riego o de las instalaciones hidroeléctricas de la AEE. Eso incluye a Toro Negro.
La AAA le compra agua a la AEE del lago Patillas, del lago Carite, que es el Distrito de Riego del Este, el primer sistema de riego que se construyó a principios del siglo XX. Además, le compra agua del embalse de Toro Negro, de la parte alta de la cuenca del río Manatí, el cual es parte del sistema que llaman Distrito del Noreste de Guajataca. Este distrito de riego del noroeste se construyó en el año 1923 y se terminó de llenar con el huracán San Felipe en el 1928.
Aponte reveló que hace dos meses habló con la directora legal de la AAA, Raquel Matos, quien le dijo que el asunto de cómo quedará la relación de la AA y la AEE una vez LUMA asuma el control no está reconocido como un asunto particular en el contrato, es decir, la propiedad de los sistemas de riego, la distribución de agua a los agricultores, a la AAA y la seguridad pública.
Los últimos contratos vencieron el 29 de julio del 2020 y, hasta donde se sabe, no se han renovado, ni siquiera se habían iniciado las conversaciones entre las partes para finiquitar los mismos, al menos hasta dos meses atrás. “La interrogante es si en la renovación de estos contratos tendrán alguna participación los empresarios privados de LUMA”.
En los contratos, de los cuales CLARIDAD tiene copia, se hace la siguiente salvedad (acápites 27 y 30): “Las partes hacen constar que ninguno de sus agentes, empleados o funcionarios tiene interés pecuniario, directo o indirecto en el otorgamiento de este Acuerdo”.
“Esas represas se tienen que manejar con un rigor. Y en manos privadas, que yo sepa, en Puerto Rico no hay represas que las operen”, advirtió.
El exmiembro de la Junta de la AAA afirmó que se supone que el agua no se privatice, pero añadió que ese es un asunto legal que nunca se ha resuelto. Aponte, quien también ocupó un puesto en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), dijo que cuando estuvo en ese departamento se trató de someter a la AEE a su jurisdicción, ya que es el DRNA la agencia que administra la Ley de Aguas. La tesis del DRNA es que la ley de agua especifica y declara como dominio público todas las aguas, las que están en vapor, en la atmósfera, en las superficiales y las subterráneas, por lo que obliga a que la AEE tenga una franquicia para el uso y aprovechamiento de las aguas públicas en esos sistemas de riego.
De parte de la AEE, su cuestionamiento legal es que ellos operan con unas leyes especiales, que cada distrito de riego tiene una ley en particular, pero básicamente son los mismos conceptos de ley para los tres proyectos, y que estas le daban jurisdicción sobre esos caudales.
La postura de Aponte es que, en la práctica, la Ley de Agua del siglo 19 (1896) define como de dominio público las aguas y que la empresa de energía original (Fuentes Fluviales) nunca tuvo dominio de las aguas, por lo que el uso es uno público legítimo, y no le otorga un dominio a la AEE. Puntualizó que el hecho de que la AEE como corporación pública no tenga que pagar por el agua es un área de examen que no se consideró en el proceso de privatización debido a “toda la secretividad que tuvo el proceso de privatización, que en la práctica fue secuestrado por el Gobierno, y esos cuatro individuos se ve que ya tenían una agenda decidida”.
La AEE también les vende agua a los agricultores a $5 dólares el acre-pie, lo mismo a la multimillonaria Monsanto que a un agricultor de guineo. Esta tarifa a los agricultores data del 1914 y se adoptó para favorecer los latifundios de la caña. En tanto, la AEE le vende a la AES a $500.00 el acre-pie.“Dicho de otra forma, la cantidad de agua que la AAA compra representa millones de ingresos a la AEE”.
El planificador cuestionó cuál es el costo de operar los sistemas y cuál es el ingreso que recibe la AEE. “Mi especulación es que teniendo a la AAA de cliente, a AES y las otras industrias, ese programa le genera más ingresos a la AEE que el costo que pueda mantener. La AEE no lo quiere soltar porque es una fuente de ingresos”.
Más aun, dio a conocer que en el 2011, la AAA estuvo en conversaciones con la AEE para que le transfiriera los embalses. Para ello se hizo un estudio que reveló que el kvh (kilovatio hora) que produce la AEE con las hidroeléctricas le cuesta de dos a cuatro centavos y lo vende a más de 20 centavos. “Así que es un negocio redondo, porque aun cuando es una tecnología vieja que le genera energía barata, ellos la venden cara. Para LUMA va a ser un negociazo. Aunque hay que invertir en esas instalaciones, para LUMA va a ser un negociazo porque va a producir kvh barato que se va a vender a precio de termoeléctrica”.
El veterano planificador está convencido de que nada descarta que LUMA le suba el precio tanto a la AAA como a todos los demás. “Mi opinión es que eso requiere de una revisión profunda del marco legal de los tres sistemas de riego. Hay que conceptuarlo al siglo XXI”. Hizo la salvedad de que independientemente de LUMA, las hidroeléctricas son indispensables para el sistema y siguen siendo un buen negocio porque es energía renovable que no genera contaminantes atmosféricos. Es una producción limpia en términos ambientales, por lo que hay que mirarlas desde la perspectiva del cambio climático y la transición que hay que hacer a la energía renovable.
“Están expropiando al pueblo un bien patrimonial para un lucro desmedido. Vamos a estar más en precario de lo que estamos con la AEE”, sentenció.
Nada en el contrato
En entrevista por separado a licenciada ambientalista Ruth Santiago Quiñones, quien ha examinado el contrato de LUMA, esta afirmó que, en efecto, es preocupante el cómo quedará esa relación debido a que el contrato es tan abarcador, que su título engaña. LUMA irá a ejercer todas las funciones del sistema eléctrico que ahora ejerce la AEE, con la excepción de lo que es la generación. Todo lo demás que se desprende del contrato es que LUMA lo acapara. “Así que la interrogante es precisamente eso, qué va a pasar con los embalses que la AEE administra, que son la mayoría del país, y cómo va a afectar eso el servicio”.
La licenciada Santiago Quiñones, quien es miembro del Consejo de Cambio Climático (CCC) nombrado por el presidente Biden, cuestionó el cómo quedará esta relación, más cuando inclusive hay planes de rehabilitar las hidroeléctricas de la AEE. Añadió que LUMA se propone tomar control de lo que llaman el despacho, que es cuánta generación eléctrica va a tener cada planta, incluyendo las hidroeléctricas. Eso representa el control de todo el sistema.
“Nosotros tenemos más de 6 mil megavatios de generación instalada, es decir, que tenemos plantas suficientes, incluyendo la compra de energía a EcoEléctrica y AES, para casi triplicar lo que es nuestra demanda. Entonces a una le pueden comprar más que a otra, esa es precisamente una de las preocupaciones con el contrato”.
La incertidumbre permanece. Se supone que el agua es un bien público y ya la AAA no le estaría comprando el agua a otra corporación pública, sino a un ente privado. Según entiende —ya que recalcó que no hay nada en el contrato— sería un arreglo como el de una contribución, en lugar de impuestos, como sucede ahora con los municipios, que la AEE les brinda energía a cambio del pago de contribuciones. Se supone que el consumo humano tiene prioridad según la Ley de Agua. “Ese debe ser el uso principal, así que al ser controlado por LUMA tendría que regirse por la ley. No podrían disponer del agua como quieran. Pero eso no es lo que indican, porque LUMA inclusive ha retado al Negociado de Energía”.
La licenciada Santiago Quiñones, quien también fue una de las deponentes en una vista pública sobre la AEE celebrada el pasado año por el Comité de Recursos Naturales del Congreso de EE. UU., reiteró que el contrato no dice nada de cómo será esa relación. Aparte de generalidades y de que LUMA va a controlar todo lo de la AEE, no se especifica nada sobre las hidroeléctricas y los embalses.
“A la luz del contrato y de cómo debe ser esa relación, el país está en riesgo de que, si a LUMA le da la gana, puede aumentar el precio y/ o hasta vender las plantas hidroeléctricas. Uno se pregunta cómo el Gobierno fue capaz de firmar un contrato con tanto beneficio para LUMA y tanta penalidad para el Gobierno”, expresó.
Puso como ejemplo la experiencia de su pueblo, Salinas, que en tiempos de sequía, las plantas de AES y Aguirre se mantienen corriendo con agua del Acuífero del Sur, que es la única fuente de agua que tienen los residentes, y a ellos les racionan el agua por dos y tres días.
El planificador ambiental José Rivera Santana, uno de los primeros en traer a la luz pública este aspecto, también fue entrevistado por CLARIDAD y subrayó: “Precisamente porque no se mencionan los embalses es que levanta dudas. Si se mencionara que no están incluidos, dejaría claro que no hay posibilidades de que LUMA se meta”. Pero eso no se menciona y el contrato tiene la flexibilidad de que LUMA puede solicitarle a la AEE que expanda su injerencia a otras operaciones de la AEE. Por otro lado, el anejo1del contrato incluye todos los activos de la AEE como parte de lo que LUMA va a considerar para el manejo de facturación y cobro. Además, la ley 120 establece claramente que uno de sus objetivos es que la AEE pueda vender sus activos. “Pues, cuando uno hace una composición de lugares, se ve que los embalses no están seguros y están propensos a ser intervenidos por LUMA”, concluyó.
Resumen contractual por fuente de agua:
- Distrito Riego del Sur- caudal autorizado: 25.889 millones de galones diarios; cargo anual: $4,058,681.
- Distrito Riego Valle de Lajas- caudal autorizado: 11 millones de galones diarios; cargo anual: $1,724,479.
- Distrito de Riego Isabela: caudal autorizado, 19 millones de galones diarios; cargo anual: $2,978,646.
- Sistemas Hidroeléctricos- caudal autorizado: 9 millones de galones diarios; cargo anual: $1,412, 094.
Total caudales autorizados: 64.889 millones de galones diarios; total cargo anual: $10,173,900.
Los sistemas hidroeléctricos y fecha de construcción:
- Sistema Dos Bocas-1949, Caonillas I-1950 y Caonillas II-1942
- Yauco: Yauco I-1956, Yauco II-1954
- Toro Negro-1917,Toro Negro I y Toro Negro II
- Garzas: Garzas I y Garzas II-1941
- Naguabo-Río Blanco-1928
- Patillas-1983
- Comerío: Comerío I-1909, Comerío II-1913-1989
- Carite: Carite I-1915-1942, Carite II-1922, Carite III-1937
- Isabela: Isabela I- 1928, Isabela II- 1940, Isabela III- 1947, Isabela IV- 1950.
No todos están operando.
