Por Damaris Suárez

Poco se ha discutido sobre qué ocurrirá con la entrada de la empresa LUMA Energy a la administración del servicio esencial de la energía eléctrica. ¿Se publicarán los contratos que esta haga? ¿Las reuniones y minutas en las que participe LUMA, serán públicas? ¿Sabremos en qué y cómo se utiliza el dinero público?

¿A quién va a llamar la prensa en momentos de emergencia para que dé cuenta de la situación y cómo se está atendiendo? ¿A la dirección de la AEE o a la de LUMA?

Son muchas las interrogantes que tiene la ciudadanía, especialmente quienes defendemos el libre acceso a información pública, sobre cómo se podrá fiscalizar el uso de los fondos con los que se operará el sistema eléctrico a partir de este 1ro de junio de 2021 y por los próximos 15 años a un costo de $1,500 millones.

La alianza público-privada convierte a LUMA en la operadora de una compleja estructura que va atada a importantes decisiones de política pública y la otorgación de contratos. El manejo de decenas de miles de millones de dólares en fondos federales provenientes de FEMA, destinados a la transformación de nuestro sistema eléctrico obsoleto y devastado por el huracán María, también está en juego.

Si fiscalizar las decisiones de una corporación pública como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha sido cuesta arriba durante estos años, ¿qué podemos esperar a partir de hoy, que la transmisión y distribución pasa a manos de una empresa privada?

Si bien es cierto que LUMA Energy asegura en su página que sus empresas matrices, ATCO y Quanta “están comprometidas con la transparencia y la integridad”, lo cierto es que desde que se oficializó el contrato sus directivos han actuado contrario a ese principio de transparencia al negarse una y otra vez a ofrecer información tan básica como sus salarios.

El CEO de LUMA Energy LLC., Wayne Stensby ha evadido responder públicamente sobre a cuánto asciende su salario y el de los directivos de la empresa. Este reclama que esos datos son confidenciales. Durante una maratónica vista pública en la Cámara de Representantes, Stensby tampoco quiso decir los nombres de los abogados que representaron a la empresa al momento de negociar el contrato, ni qué empresa de relaciones públicas o mercadeo fue contratada por LUMA en Puerto Rico.

Pese a que la Comisión de Desarrollo, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara de Representantes le requirió el pasado 21 de marzo esa y otra información a esta fecha LUMA no la ha entregado, confirmó al Centro de Periodismo Investigativo el presidente de la comisión, Luis Raúl Torres Cruz quien dijo que no descarta acudir a los tribunales para exigirla. “Se negaron tres veces. Solo entregaron información parcial alegando que son una empresa privada y que la información requerida es confidencial”, explicó Torres Cruz.

LUMA divulga parcialmente información sobre los salarios de sus directivos en las facturas mensuales que somete a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Sabemos que paga por hora $325 a los 13 vicepresidentes, $300 y $275 la hora a los 3 directores “senior” y 10 directores, respectivamente, $210 y $200 la hora a sus 8 gerentes “senior” y 11 gerentes, y $160 la hora a los 3 ingenieros, entre otros, según la última factura disponible. No obstante, de esa factura sometida en marzo de 2021 no se puede precisar quiénes ocupan los puestos.

Una de las alegaciones de LUMA es que no tienen obligación de hacer pública esa información porque la Ley de Datos Abiertos los exime de divulgar información que revele detalles privados de terceros o afecte sus derechos fundamentales; e información confidencial perteneciente a terceros. En una moción al Negociado de Energía, que emitió una orden para que LUMA desglosara las facturas sometidas al Gobierno que ascienden a $116.5 millones por los primeros siete meses de transición, la empresa plantea que no puede revelar los nombres de su personal ni el de los que trabajan con sus suplidores para proteger su derecho a la privacidad, aunque su operación es sufragada con fondos públicos.

Entonces, si estando en el proceso de transición no podemos conocer información básica como es quiénes dirigen la operación y cuánto se les paga porque forman parte de una empresa privada, ¿qué podemos esperar cuando asuman la transmisión y distribución del sistema de servicio eléctrico? ¿Sabremos a quiénes contratan y en qué condiciones? ¿Se harán públicos esos acuerdos contractuales como hasta ahora viene obligada por ley toda corporación pública?

“La información que LUMA ha provisto en las reuniones de la Junta de Gobierno de la AEE en los pasados meses durante el proceso de transición se ha limitado a un informe verbal de aproximadamente 10 minutos por parte del Director de LUMA. Esto es el resultado de que el administrador del contrato es la Autoridad para las Alianzas Público Privadas,” denunció Tomás Torres Placa, representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE.

Aunque se hagan alegatos de confidencialidad, la Ley 159 de 2013 ordena a toda Corporación Pública a transmitir vía internet, todas las reuniones de sus respectivas Juntas donde se deliberen los asuntos de la Corporación Pública, sostuvo. Según el ingeniero, la Ley 159 no exime asuntos delegados a operadores privados. “Todos los asuntos relacionados a la AEE, aun los delegados a un operador privado, son públicos y deben transmitirlos vía internet como parte de sus reuniones mensuales”, recalcó.

“Se requiere que se enmiende el contrato para que toda factura, contratos, y documentos ante el Negociado de Energía y la Junta de Supervisión Fiscal sea aprobado por la Junta de la AEE”, advirtió Torres Placa sobre los cambios necesarios para poder fiscalizar la implantación de la APP.

Una carta enviada por la Oficina del Contralor de Puerto Rico al representante Luis Raúl Torres sostiene que esa oficina mantiene su rol de auditar los fondos públicos manejados por LUMA. No obstante, el principio de la transparencia no reside únicamente en saber del manejo de los intereses públicos a posteriori, sino conocer cómo se toman las decisiones públicas en tiempo real o antes de que se firmen acuerdos que pudieran ir en contra del mejor interés público. Pero a preguntas del CPI, la Contralora no respondió si LUMA estaría obligada a publicar los contratos que otorgue durante su operación como hasta el momento vienen obligadas las agencias, corporaciones públicas, municipios y todo organismo gubernamental.

El Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, en inglés) y la organización ambiental sin fines de lucro, CAMBIO presentaron un recurso de mandamus en el tribunal para obtener información sobre la Autoridad de Energía Eléctrica y el proceso de privatización que está en curso. Según Ingrid Vila, portavoz de CAMBIO, lo único que la AEE entregó “fueron unos ‘powerpoints’ y una certificación de que no habían hecho un estudio de costo beneficio o costo resultante de la privatización”.

Como consecuencia de esta transacción, que deja casi desmembrada a la UTIER, también tenemos que preguntarnos: cuando llegue la emergencia, ¿a quién vamos a llamar para contrastar la información oficial que se ofrezca, si ya el sindicado no estará en la calle? ¿O es que ya se nos olvidó que la dirección de la AEE comunicó cifras oficiales incorrectas durante cinco meses sobre la reconexión eléctrica después del huracán María? El estudio “Satellite-based assessment of electricity restoration efforts in Puerto Rico after Hurricane María”, utilizó imágenes nocturnas satelitales de la NASA para identificar la conexión eléctrica real, y concluyó que la AEE informó en promedio cifras que eran un 17% más altas que la conexión eléctrica real.

Este lunes, el CPI solicitó una entrevista a LUMA para hablar sobre sus políticas de transparencia. Tratándose de una alianza público-privada que operará un servicio esencial y sufragada en su totalidad con fondos públicos, intentamos obtener información sobre los mecanismos que implantarán para hacer pública toda la información y contratos, y cómo se canalizará la información a la prensa en momentos de una emergencia. No recibimos una respuesta.

Si algo queda claro es que el rol de la prensa en este periodo de la privatización será fundamental. No se puede tirar la toalla y aceptar con ojos cerrados la premisa de que “como es una empresa privada, no hay nada que hacer”. Hay que fiscalizar todavía con más empeño para que nuestra gente tenga el servicio que merece, a un precio razonable, para atender necesidades esenciales, como la vida, la salud, la alimentación y el trabajo.

CLARIDAD

La coalición Queremos Sol calificó de medias verdades, mentiras y arrogancia las expresiones del director de  LUMA Energy. Wayne Stensby.

En una conferencia de prensa virtual, este domingo 30 de mayo, el director de LUMA alegó que están listos para comenzar a dar servicio el 1.⁰ de junio,  que ya tenían a unos 2,200 trabajadores, de estos, 1,200 de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), de los cuales 350 son celadores y atribuyó a acciones de sabotaje por un “puñado de delincuentes”  los apagones ocurridos durante la semana.

“Los tiempos que enfrentaremos requerirán de gran unidad de país. En la tarde de hoy escuchamos la conferencia de prensa del señor Wayne Stensby, director de LUMA. La misma estuvo plagada de mentiras, medias verdades y arrogancia”, reaccionó por su parte Queremos Sol, en comunicado de prensa.

La organización comenzó por desmentir la alegación de Stensby, de que la solicitud de relevo de responsabilidad absoluta que presentó LUMA ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR),   es la práctica en la industria. Los propios consultores de LUMA, reveló Queremos Sol, tuvieron que admitir ante el Negociado de Energía que esto no es práctica común en los Estados Unidos. Por el contrario,  solo pudieron ofrecer un ejemplo de una empresa pública en Canadá, que tiene algo que se parece y aún así no es tan amplio como la solicitud de LUMA. Aparte de que el estado de derecho en Canadá es muy distinto al de aquí.

Distinto a lo informado el viernes, 28 de mayo, ante la Junta de Gobierno de la AEE por los propios empleados de la AEE que serán empleados de LUMA el 1.⁰ de junio, no hay prueba alguna de que los apagones surgidos en las pasadas semanas sean producto de vandalismo o de actos ilegales, como implicó el señor Stensby en la conferencia.

“Y queremos aclararle al señor Stensby que quienes nos manifestamos en contra del pillaje que implica esta transacción no somos unos “thugs” o maleantes como implicó en su conferencia. De hecho, somos clientes del sistema eléctrico que él viene a administrar. El señor Stensby debe aprender rápido que en Puerto Rico la democracia se vive y se ejerce. Esta lucha por una transformación sostenible y justa de nuestro sistema eléctrico apenas comienza”, afirmaron las organizaciones de Queremos Sol.

De hecho, la semana anterior, miembros de Queremos Sol advirtieron que a LUMA Energy todavía le faltan todas las aprobaciones del NEPR que tuvo que solicitar como requisito del contrato. En específico, el Negociado todavía no ha aprobado el presupuesto inicial de la empresa, su plan de principios, indispensables o necesarios para remediación del sistema, principios para la operación del sistema y métricas de rendimiento. Tampoco ha tomado determinación sobre la cláusula de exoneración de responsabilidad solicitada por LUMA. El contrato establece estas aprobaciones como condiciones precedentes a la puesta en vigor del contrato. Sin embargo, la Autoridad de Alianzas Público-Privadas y LUMA pueden acordar omitir estos requisitos.

“Es muy preocupante el que LUMA tomaría el control del sistema sin presupuesto aprobado y sin ninguna confirmación, independiente de que está preparada para operar el sistema”, dijo Ingrid Vila Biaggi, presidenta de la organización CAMBIO y una de las portavoces de Queremos Sol.

Vila Biaggi destacó que, durante las vistas sobre el presupuesto inicial propuesto por LUMA, un portavoz de la empresa explicó que las “eficiencias” incluidas en el presupuesto de la compañía (más de $100 millones para el año fiscal 2024) no precisan iniciativas específicas de ahorro. Al contrario, las eficiencias fueron calculadas para llegar a un presupuesto que no aumentara la tarifa. “Esto no da garantía alguna de que LUMA podrá lograr esos ahorros y, por ende, que no suba la tarifa”, afirmó.

En tanto, el licenciado Pedro Saadé Lloréns señaló también que el plan para responder a emergencias (Emergency Response Plan) presentado por LUMA contradice las declaraciones públicas de la empresa de que la falta de celadores no será un problema. Su plan admite que la llegada de brigadas de refuerzo desde Estados Unidos puede retrasarse si un desastre provoca daños a los sistemas de transportación. “Todos recordamos el retraso en la llegada de asistencia después del huracán María debido a los retos de transportación y logísticos. Y aunque el plan de emergencias de LUMA reconoce esa realidad, siguen diciendo que es suficiente tener solamente 250 celadores con experiencia en pleno inicio de la temporada de huracanes”.

La coalición Queremos Sol reclamó a la Legislatura que pase por encima del veto del gobernador, Pedro Pierluisi, a la Resolución Conjunta de la Cámara 88. Esto retrasaría la implementación del contrato hasta enero de 2022, después de la temporada de huracanes, y ofrecería oportunidad de atender las crasas deficiencias de este esquema de privatización.

Desde la Junta Directiva y el Colectivo de Trabajo de CLARIDAD, Periódico de la Nación Puertorriqueña, lamentamos profundamente el fallecimiento de la doctora Sylvia Viera, catedrática retirada de la facultad de Pedagogía de la Universidad de Puerto Rico, distinguida intelectual y académica, maestra de maestros y universitaria por excelencia. Fue también una consecuente patriota puertorriqueña, siempre presente en la lucha por la independencia y demás reivindicaciones de nuestro pueblo.

En CLARIDAD la recordaremos siempre con especialísimo afecto y agradecimiento. Apreció e hizo suya la misión de nuestro periódico, al cual se mantuvo cercana por muchos años y desde muchos frentes, colaborando generosamente a su sostenimiento hasta el final de su vida.

Reciban nuestro abrazo solidario sus hijas y queridas compañeras Sylvia y Diana Rivera Viera, y Roberto, Anita y demás familiares. ¡Hasta siempre Sylvia, y gracias por todo!