Por Cándida Cotto/CLARIDAD
Si en efecto la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, interesaba proteger las pensiones de los empleados públicos, en vez de convocar a la Legislatura a una sesión extraordinaria para enmendar la Constitución, debió enviar los proyectos PC 2434 y el PC 2572 para su aprobación.
La gobernadora optó por convocar a la Legislatura para que apruebe la celebración de un referéndum para que el pueblo vote si modifica la cláusula de la Constitución de Puerto Rico para elevar a rango de prioridad el pago de las pensiones.Además presentó el proyecto PS 1447 que propone crear la Ley de Responsabilidad en la Emisión de Deuda.
El Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda (FCAD) y el Frente en Defensa de las Pensiones y Construyamos Otro Acuerdo (FDPCOA) desmintieron que la propuesta enmienda a la Constitución tenga algún efecto sobre las actuales pensiones.
El portavoz del FCAD, licenciado Luis José Torres Asencio, declaró a CLARIDADque contrario a lo señalado por los proponentes, alterar el orden de pago en la Constitución no va a tener impacto alguno sobre los procesos de reestructuración de la deuda que se llevan al presente en la Corte de Quiebras bajo la Ley Promesa. El profesor de Derecho Constitucional expuso que incluso dependiendo de cómo decidan estructurar la enmienda, la Junta de Control Fiscal (JCF) la va a impugnar y va a decir que viola la sección 303 de la Ley Promesa, la cual prohíbe precisamente que el Gobierno haga traslados de dinero relacionados con la deuda o que haga reajustes a las prioridades en los pagos. Eso es lo que a fin de cuentas hace esa cláusula.
“Así, pensaría que la única manera que esto podría sobrevivir es que no le aplique para nada a los trámites y deudas que se están reestructurando en el proceso de quiebra actual. Eso le quitaría gran parte de la fanfarria y la importancia que le está dando la gobernadora a la enmienda, porque no va a tener nada de lo que está proponiendo”.
Añadió que la misma Ley Promesa tiene una sección que dice que la Junta de Control tiene que aprobar los planes de deuda que protejan las garantías constitucionales, pero las que estaban vigentes a la fecha de la quiebra. Así que, en definitiva, una enmienda como esta no podría incidir sobre esos acuerdos o sobre la propuesta que ha hecho la Junta de imponer un recorte de 8% en las pensiones de más de $1,200.
Torres Asencio reclamó que de haber un compromiso con una estrategia para defender las pensiones como están ahora mismo, se debió considerar la alternativa del PC 2434 que han estado trabajando los grupos de pensionados y otros interesados. Este proyecto sí tiene una estrategia para proteger las pensiones de ahora, ya que obligaba a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) a que promoviera la cancelación de las deudas ilegales en el tribunal y prohibiría al Gobierno que dé pasos al ajuste de deuda y reducción de pensiones.
Aunque el proyecto se aprobó en Cámara y Senado, se aprobaron versiones distintas y no fue posible que ambos cuerpos llegaran a un acuerdo para una versión final. En la Cámara se aprobó la versión que trabajaron las distintas organizaciones de jubilados, la campaña Construyamos otro Acuerdo, en la que también está el Frente Ciudadano. El proyecto establecía la política pública que le ordenaba a la Autoridad de Asesoría Financiera a no dar su aval a planes de ajuste de deuda que impondrían recortes adicionales a las pensiones, lo que aumentaría el costo de vida en Puerto Rico por el aumento en el costo de los servicios públicos (utilidades), como lo establece el acuerdo de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que todavía está pendiente. La medida además le requería a AFFAC que, como política pública, promoviera la cancelación de toda deuda emitida que ya ha sido identificada como ilegal por la misma JCF y por algunos bonistas o comités de acreedores.
Esta deuda ilegal incluye $14 mil millones que algunos informes de auditoría han señalado viola las disposiciones de la Constitución de Puerto Rico, dinero que la propia JCF y los mismos bonistas reconocen que es ilegal. Pero el Gobierno de Puerto Rico se ha negado a promover esos reclamos de invalidad aunque el proyecto le ordenaba hacerlo.
El propósito, según planteó Torres Asencio, es que liberado ese dinero, canceladas esas deudas luego de un proceso judicial, el Gobierno ya no tendría que imponer recortes adicionales a las pensiones, seguir desmantelando servicios esenciales y presupuestos de agencias. Además, se promovía la creación de un sistema unificado de retiro y garantizaba unas aportaciones al sistema. Ahora hay tres sistemas: el de los maestros, el de la judicatura y el de los empleados de las agencias.
El proyecto de la Cámara se aprobó por unanimidad. Por parte del Senado, las enmiendas introducidas le quitaban garras a AAFAF para promover la cancelación de la deuda. La representante Lourdes Ramos, cuya comisión fue la que trabajó el proyecto, no concurrió con las enmiendas y el Senado no cedió. Aunque llegaron a unos puntos de encuentro, al final no fue posible lograr la aprobación del proyecto en la sesión ordinaria.
“Por eso es que había mucha presión para que se incluyera el proyecto en una sesión extraordinaria, para que hubiese tiempo para zanjarlas, pero la gobernadora no optó por eso y adoptó esta estrategia que no tiene ninguna relevancia para lo que está pasando ahora con el artículo tres de la Ley Promesa”, afirmó.
En tanto, el otro proyecto aprobado en la Cámara, el PC 2572, Ley para Sistema de Retiro de la UPR, que también fue trabajado con los grupos interesados, disponía para que se mantenga el plan de retiro de beneficios definidos vigente, detener el aumento de edad para jubilarse y detener cualquier intención de congelar las aportaciones de los empleados al Fideicomiso de Retiro de la UPR.
Javier Córdova, portavoz de la Asociación de Profesores Universitarios (APU), indicó que la propuesta de enmienda a la constitución no garantiza que el Sistema de Retiro de la UPR no sea alterado como intenta hacer la JCF.
Por su parte, Torres Asencio comentó que aun cuando las objeciones no quieren decir que no valga la pena enmendar la Constitución para fortalecer las garantías constitucionales relacionadas a las pensiones, si se tuviera la oportunidad de reescribir la Constitución, entre las múltiples cosas que se añadirían o cambiarían sería lo relacionado a la prioridad en el pago, no solo a las pensiones, sino a los servicios esenciales y a los gastos de operación del Gobierno por encima del pago de la deuda. Este no es el momento para esa discusión política, con una Ley Promesa y a tres meses antes de las elecciones.
“Esos cambios son una mirada en el futuro. Nos parece verdaderamente lamentable y bochornoso que se esté utilizando este momento, donde la mayoría del país está encerrado producto de la pandemia y a semanas de una campaña primarista y una gobernadora siendo investigada por el Fiscal Especial, para escoger impulsar una medida que parece más populista que cualquier otra cosa porque parece tener consecuencias importantes a corto plazo”.
Además de censurar la idea de un referéndum, el FCAD desmintió que el otro proyecto enviado a la Legislatura por la gobernadora, el PS 1447, sea uno que se inventó el Gobierno de Puerto Rico, sino que es una ley que le está exigiendo la JCF. La ley responde a que en uno de las más recientes versiones del Plan de Ajuste de Deuda se incorporaron unas medidas que la JCF entiende que se deben adoptar en el futuro para mejorar el proceso del Gobierno de emisión de bonos. El proyecto procura establecer garantías para evitar que se emita deuda en circunstancias en que, según la Junta, el Gobierno no debería estar emitiendo deuda.
A la pregunta de si la Constitución no tiene ya esta prohibición, Torres Asencio explicó que lo que dice la Constitución es que el presupuesto tiene que ser balanceado, y la mejor interpretación de la Constitución también prohíbe que el dinero que recibe el Gobierno, producto de las emisiones de bonos, se use para balancear el presupuesto; pero no prohíbe expresamente que se utilice el dinero de bonos para pagar nómina. Aunque es una mala práctica, no está directamente prohibido. Objetó que la medida no incluya el que se establezca un límite a las deudas de entidades como COFINA. El hecho de que eso nunca se haya incluido, dijo, es otra controversia.
La posibilidad de que en efecto se llegue a tener el pretendido referéndum parece depender de dos escollos. Uno, dado a que su aprobación por la Legislatura requiere el voto de ¾ partes, eso significa que al menos dos integrantes de las minorías en la Cámara de Representante tendrían que votar a favor. De la minoría prestarse para ese juego, el otro escollo es que dependiendo de cómo se articulen las cláusulas, no se descarta la impugnación en el tribunal por parte de la JCF.
